SALA CIVIL PRIMERA

AUTO SUPREMO N° 12 Sucre, 26 de enero de 2005

DISTRITO : Cochabamba PROCESO: Ordinario sobre divorcio

PARTES : María Esther Maldonado Rodríguez c/ Vladimir Osvaldo Muñoz Salaverry

RELATORA : Ministra Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez

 

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Vladimir Osvaldo Muñoz Salaverry en folios 337-338, contra del auto de vista de fs. 330 y contra el Auto Complementario de fs. 332 y vlta., pronunciados en fecha 23 y 29 de mayo de 2003 por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso ordinario de divorcio sustentado entre María Esther Maldonado Rodríguez y el recurrente, los antecedentes procesales, el dictamen del Sr. Fiscal General de la República de fecha 8 de mayo de 2004, corriente en folios 354 a 355, y

CONSIDERANDO: Que el auto de vista impugnado confirma en todas sus partes la sentencia de 3 de agosto de 2002, que declara probada tanto la demanda principal como la reconvencional, adoptando las determinaciones expuestas en la parte dispositiva en relación a la situación personal de los cónyuges, de los hijos del matrimonio, la asistencia familiar correspondiente y bienes, disponiendo la división y partición al 50% del capital del contrato de antícresis.

Que, contra la resolución de vista el demandado recurre de casación en el fondo, acusando que el auto de vista viola los arts. 491-III del Código Civil y art. 101 del Código de Familia, argumentando que la sentencia dispuso la división y partición al 50%, del capital anticrético, cuando aquél no es propiedad del matrimonio sino el resultado de un préstamo que le hicieron sus padres Estanislao Muñoz Sejas y Olga Salaverry Tarifa. Que el auto de vista, al confirmar la sentencia, señala que los esposos contendientes tomaron en contrato anticrético un departamento por el capital de $us. 8.000 que se reputa ganancial porque no habría acreditado que se trató de un préstamo de sus padres, criterio ratificado por el auto complementario con el argumento que la fotocopia de fs. 226 no surte efectos legales por no estar autorizada por funcionario público. Acusa también la violación de los arts. 491, 493 y 1430 del Código Civil, acusando que el contrato de anticresis no se halla registrado en Derechos Reales. Finalmente la violación de los arts. 101 y 113 del Código de Familia que establecen que el matrimonio constituye entre los cónyuges una comunidad de gananciales, presumiéndose comunes los bienes del matrimonio mientras no se pruebe que son propios del marido o de la mujer.

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de los obrados en función al recurso interpuesto, se evidencia por el testimonio No. 199/2000 de fecha 20 de marzo de 2000, que los esposos en conflicto, suscribieron con Fortunata Quinteros de Lara, Alejandro Lara Quinteros y Mónica Maribel Lima Portillo de Lara un contrato anticrético por la suma de Dólares Americanos Ocho Mil. Contrato suscrito en la vigencia de la unión conyugal de los esposos Muñoz-Maldonado y en documento público tal como manda el art. 491-3) del Código Civil.

Que, el mismo no hubiere sido registrado en Derechos Reales no le resta validez alguna, por cuanto ésta se ha dado al llenarse el requisito de forma que exige la señalada disposición legal. El requisito de registro en Derechos Reales se halla previsto para que este contrato surta efectos a terceros, pero de ninguna manera su omisión libera de sus efectos a las partes suscribientes, como acontece con los esposos Muñoz-Maldonado, de ahí que las normas previstas por los arts. 491, 493, 1430 del Código Civil no han sido violadas por el tribunal ad quem, al contrario han sido aplicadas correctamente en la resolución de vista.

De lo expuesto, mal puede el esposo demandado alegar que su no inscripción en el registro público, pueda restarle validez, cuando se exige su partición entre los cónyuges por los jueces de grado, extremo que denota la mala fe de aquél, que no duda en poner en riesgo el capital invertido por la comunidad de gananciales a fin de eludir su división con la esposa.

Que el art. 101 del Código de Familia establece: "el matrimonio constituye entre los cónyuges, desde el momento de su celebración, una comunidad de gananciales, que hace partibles por igual, a tiempo de disolverse".

Pues bien, esta comunidad de gananciales, a decir del art. 102 del igual cuerpo legal, "...se regula por la ley, no pudiendo renunciarse ni modificarse por convenios particulares, bajo pena de nulidad". De igual modo el art. 113 señala que "..los bienes se presumen comunes mientras no se pruebe que son propios del marido o de la mujer...".

En obrados, como bien anotan los de grado, no se ha demostrado con la prueba aportada el origen de los dineros propios del demandado con los que el matrimonio contrajo el contrato anticrético, por cuanto si bien es cierto que a tiempo de contestar y reconvenir el demandado sostuvo que el capital anticrético era un capital prestado por su señor padre, no es menos evidente que siendo el documento de fs. 226 de fecha 9 de febrero de 1993, estaba en la obligación de presentarlo en el proceso a tiempo de contestar y reconvenir a la demanda, como dispone el art. 330 del Código de Procedimiento Civil y si no lo tenía a su disposición, debía individualizarlo indicando su contenido, lugar, archivo y oficina pública o persona en poder de quien se encontrare.

Nada de ello cumplió el demandado, de ahí que su presentación posterior resulta extemporánea y no puede estar inmersa en la permisión del art. 331 del igual adjetivo, porque aquel documento no es de fecha posterior a la demanda, al contrario, es de fecha anterior y siendo así, tampoco el demandado a tiempo de su presentación juró no haber tenido antes conocimiento de él. Extremo que no podía ocurrir porque, como se tiene expresado, afirmó su existencia a tiempo de contestar a la demanda, pero reiteramos, no lo presentó en tiempo procesal oportuno.

Que, la resolución de vista a tiempo de confirmar totalmente la sentencia no ha incurrido en violación de las normas acusadas en el recurso, por lo que es del caso dar aplicación a la previsión del art. 271-2) y 273 del adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil Primera de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la potestad conferida por el art. 58-1) de la L.O.J., de acuerdo con el dictamen del Señor Fiscal General de la República, declara INFUNDADO el recurso de fs. 337 a 338, con costas.

Se regula el honorario de abogado en la suma de bolivianos quinientos que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

Se impone multa al recurrente que se gradúa en la suma de Bolivianos cien a favor del Tesoro Judicial, conforme al Reglamento de Multas Procesales, cuyo pago mandará hacer efectivo el Tribunal Ad quem.

RELATORA: Ministra Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dr. Armando Villafuerte Claros.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Proveído : Sucre, 26 de enero de 2005.

Dra. Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Primera.