SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 276/2015-L.

Sucre, 29 de octubre de 2015.

Expediente: CBB.  107/2011.

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación o de nulidad a  fs. 104, interpuesto por la Embotelladora Croacia Bolivia (EMCROBOL SRL.) a través de su representante René Antonio Mauricio Gumiel Gutiérrez, contra el Auto de Vista  Nº 242/2010 de 29 de noviembre, cursante de fs. 101 a 102, pronunciado  por  la Sala Social  y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, en el proceso laboral que se tramita en liquidación seguido por Luis Adolfo Unzueta Becerra contra la Embotelladora Croacia Bolivia (EMCROBOL SRL.), la respuesta a fs. 167, el auto  de fs. 169 que concedió el recurso, los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la causa, el Juez de Partido  Segundo de Trabajo y  Seguridad Social de Cochabamba, en cumplimiento al Auto de Vista Nº 245/2008 de fs. 76 a 77, emitió Sentencia  el 11 de octubre de 2008, cursante de fs. 84 a 87, declarando probada la demanda de fs. 7 a 8 en lo que respecta a los conceptos de indemnización, desahucio, vacaciones, bono de antigüedad, salarios devengados, viáticos de la feria, e improbada la excepción perentoria de  pago; disponiendo que la empresa demandada cancele la suma de  Bs. 40816,31.- a favor del demandante, más los reajustes previsto por el DS. Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992, por los conceptos referidos.

Que, resolviendo el recurso de apelación de fs. 90 interpuesto por la Embotelladora Croacia Bolivia (EMCROBOL SRL.) a través de su representante René Antonio Mauricio Gumiel, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de  Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 242/2010 de 29 de noviembre (fs. 101 a 102), resolvió confirmar la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

Contra aquella resolución, la Embotelladora Croacia Bolivia (EMCROBOL SRL.) representada por René Antonio Mauricio Gumiel Gutiérrez, por memorial de fs. 104, planteó recurso de casación o de nulidad, denunciando lo siguiente:

1.- Que, el auto de vista, no dio cabal interpretación y aplicación del art. 3 inc. J) del Código Procesal del Trabajo, por cuanto el informe pericial, demuestra que los dineros de los clientes fueron cobrados en beneficio del demandante, infringiendo de esta manera el art. 16 inc. g., no indica de que norma, infiriéndose que se refiere al art. 16 inc. g) del Código Procesal del Trabajo.

2 y 3.- Agrega además que, tampoco dio cabal interpretación y aplicación de los arts. 150, 151 y 159 del Código Procesal del Trabajo, pues al estar demostrados con el informe pericial, los cobros de dinero de los clientes en beneficio del empleado, no  corresponden a éste el pago del desahucio.

4.- Por otro lado señala que, existe amplia jurisprudencia en materia laboral, de que no corresponde el pago del desahucio al trabajador, cuando se descubre que hurta bienes  y ocasiona perjuicio económico a la empresa, por lo que el tribunal de alzada al no haber valorado este aspecto, infringió normas y disposiciones de la Ley General del Trabajo e incurrió en aplicación e interpretación errónea de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas.

Finaliza solicitando, se conceda  el recurso a fin de que la Corte Suprema de Justicia case con referencia al desahucio, y deliberando en el fondo declare improbada la demanda.

A su vez, Luis Adolfo Unzueta Becerra, responde en base a los fundamentos expresados en el memorial de fs. 167, solicitando se confirme el auto de vista y la sentencia.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, si bien no aclara si la casación es en el fondo o en la forma, por los reclamos expuestos, se colige que se trata de un recurso de casación en el fondo, por lo que se pasa a considerar el mismo, estableciéndose lo siguiente:

Con relación a las denuncias  en los puntos 1), 2) y 3), el recurrente señala en forma reiterativa que, no corresponde en favor del actor el pago del beneficio del desahucio en virtud a que del informe pericial se establece que los dineros de los clientes fueron cobrados en beneficio de éste, infringiendo de esta manera el art. 16 inc. g) del Código Procesal del Trabajo.

Al respecto,  conforme a la valoración efectuada por el tribunal de alzada, la prueba pericial de fs. 47 a 58, no estableció con certeza y precisión que el actor hubiese incurrido en la comisión de los delitos acusados.

En esencia, se tiene que los juzgadores de instancia, realizaron una correcta apreciación de la referida prueba, en resguardo de los derechos al debido proceso, defensa y presunción de inocencia que se encuentran garantizados por los arts. 115.II y 116.I de la actual Constitución Política del Estado, que al efecto prevén: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…” y “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado” y también por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprendida dentro del bloque de constitucionalidad prevista en el art. 410 de la Constitución Política del Estado, cuyo art. 8.2 establece que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.

Por lo que, no es evidente la denuncia de la empresa recurrente, en sentido de haberse transgredido lo señalado por los arts. 16 inc. g) de la Ley General del Trabajo, concordante con el 9 del Reglamento de la Ley General del Trabajo, toda vez que, para justificar el presunto ilícito penal denunciado se requería de la existencia de un proceso penal, cuya sentencia sea condenatoria y se encuentre debidamente ejecutoriada. Las simples acusaciones de la comisión de delitos, así como de infracciones, sin que se hallen respaldadas por prueba fehaciente, no constituyen factor determinante para aplicar la citada normativa legal, porque conforme determinan los arts. 3. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, referentes al principio de inversión de la prueba, era obligación de la fábrica empleadora desvirtuar los fundamentos de la acción, situación que no sucedió en el caso presente, por ello, conforme se estableció en sentencia, el  despido del actor fue por falta oportuna de pago de sueldos; por esta razón, se dispuso el pago  de beneficios sociales, en consecuencia, el tribunal de apelación al haber confirmado la sentencia de primera instancia que estableció el pago de dichos beneficios a favor del trabajador, ha obrado correctamente en base a una atinada valoración de la prueba, conforme determinan los arts. 3. j) y 158 del Código Procesal del Trabajo, garantizando la efectiva materialización de los derechos fundamentales del trabajador.

Adicionalmente a lo expuesto precedentemente, se tiene que la falta de pago de los salarios constituye incumplimiento del contrato, traducida en despido indirecto, pues aquella falta oportuna de pago de sueldos conforme instituye la doctrina laboral y la jurisprudencia en materia social de este Tribunal Supremo de Justicia, sí se constituye en despido indirecto.

Dicho fundamento encuentra sustento jurídico normativo, en lo dispuesto por el art. 53 de la Ley General del Trabajo, que establece que los periodos de tiempo para el pago de salarios, no podrán exceder de quince días para obreros y treinta días para empleados y domésticos. Este análisis aunque no con el mismo fundamento es el que llevó al juez a quo a asumir en la sentencia de primera instancia, la determinación de otorgar al demandante el pago de los beneficios sociales demandados, incluido el beneficio de desahucio, pues si bien el trabajador se retiró de la empresa, no es menos cierto -conforme se tiene expresado- que  el móvil principal para ello, fue la falta de pago de salarios devengados, máxime  si consideramos que el salario, tal como lo define el art. 52 de la Ley General del Trabajo es la remuneración que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo, concordante con el art. 46.I de la actual Constitución Política del Estado que establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y para su familia una existencia digna; de ahí que, es perfectamente entendible que el trabajador se hubiera  retirado de la empresa, ante la falta de pago de su salario, en una decisión asumida por el incumplimiento de su empleador.

Por los razonamientos expresados, se concluye que la decisión del tribunal de alzada al confirmar la sentencia, es correcta al disponer el pago del beneficio de desahucio en favor del actor, por cuanto, el trabajador demandante ante la falta de pago de salarios devengados, se vio obligado a retirarse de la empresa, misma que de acuerdo al razonamiento desarrollado precedentemente, es entendida como un despido indirecto, y basó su fallo en función al análisis de la documentación cursante en obrados, no existiendo errónea interpretación y aplicación de los arts. 3 inc. J), 150, 151 y 159 del Código Procesal del Trabajo.

Por último en cuanto a la denuncia  en el punto 4); referida a que el tribunal de alzada no valoró la denuncia sobre los delitos que habría cometido el actor y por ello no le corresponde el desahucio y el ad quem habría infringido normas y disposiciones de la Ley General del Trabajo e incurrido en aplicación e interpretación errónea de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas; es menester aclarar que, en el recurso simplemente se acusa  una mala valoración de los medios probatorios, siendo que  los mismos son incensurables en casación porque la valoración de los hechos es facultad privativa de los jueces de instancia; es más el recurrente no fundamentó de manera alguna porque razón o motivo se habría incurrido en tales errores,  por cuanto si bien acusa error en la apreciación de las pruebas, se encontraba en la ineludible obligación de especificar y justificar su reclamo, conforme previene el art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil, esto es, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, independientemente de que se traten de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, de modo que permita al tribunal de casación ejercer, en su caso, el mandato legal del art. 274 del CPC.,  es decir  aplicar la ley o leyes infringidas por el tribunal de apelación y que fueron acusadas en el recurso, incumplimiento que limita otorgar la respuesta concreta.

A mérito  de lo expuesto, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de casación, no transgredió norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley Nº 25  del Órgano Judicial, declara INFUNDADO  el recurso  de casación cursante  a fs. 104. Con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs. 500.- que mandará a pagar el tribunal de alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.