SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 266/2015-L.

Sucre, 29 de octubre de 2015.

Expediente: LP. 85/2011.

Distrito: La Paz 

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación de fs. 775 a 777, interpuesto por Mónica Virginia Mamani Limachi, propietaria de la empresa unipersonal “MEPA”, contra el Auto de Vista Nº 159/10 de 8 de septiembre de 2010, cursante a fs. 772, emitido por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales y sueldos devengados, que sigue Beatriz María Castillo Pinto contra la empresa demandada, el memorial de solicitud de ejecutoria de recurso y respuesta de fs. 782, el auto de fs. 783 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 106/2009 el 14 de noviembre de 2009 (fs. 605 a 610), declarando probada en parte la demanda de fs. 131 a 133 subsanada a fs. 135, 138, 140 a 141 de obrados, sin costas; disponiendo que la empresa constructora unipersonal MEPA cancele a la actora la suma de Bs. 30.802,72 por concepto de indemnización, desahucio, sueldos devengados por 6 meses y 2 días, y aguinaldo por duodécimas del 2008, más la multa del 30%.

En grado de apelación de fs. 725, formulada por la empresa demandada, la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 159/10 de 8 de septiembre de 2010 (fs. 772), confirmando la Sentencia Nº 106 de 14 de noviembre de 2009 cursante de fs. 605 a 610 de obrados, sin costas por ser excusable.

Del referido fallo de segunda instancia, la empresa demandada a través de su propietaria interpuso el recurso de casación de fs. 775 a 777, en el que esgrime los siguientes fundamentos:

Inicia su recurso realizando un resumen de antecedentes relativos a la tramitación del proceso.

Expresa que la sentencia dispone una multa del 30% la que no tiene ningún antecedente considerativo ni legal dentro de la sustentación de la sentencia. Que conforme a sentencias Constitucionales se debe prevenir la coherencia entre la parte considerativa y resolutiva, mismo error de fondo en la sentencia  que no fue resuelto ni observado por el tribunal a quen ya que solo se expresó en la pertinencia otorgando la tutela cuando su función era anular la misma por haber actuado ultrapetita y rompiendo el principio constitucional del debido proceso como garantía de derechos fundamentales, por ende ordenar se dicte nueva sentencia ya que existe un daño al demandado.

Señala que la sentencia dispone el pago de desahucio por haberse operado el despido indirecto aplicando la multa del 30% por no haberse cumplido con la cancelación de sus beneficios dentro de los 15 días, sin embargo, su persona no despidió a la demandante, porque para la empresa seguía trabajando hasta el 22 de septiembre de 2008, haciendo llegar una citación al Ministerio de Trabajo. Que la previsión del despido indirecto está inserto en el ordenamiento legal para cuando se produce la reducción de sueldos, pudiendo el trabajador accionar sus mecanismos que garantizan su fuente laboral, y en el presente, citando el art. 12 y 13 de la Ley General del Trabajo se ha fundado en sentencia que existe despido indirecto cuando el mismo art. 12 señala que en ningún caso podrá rescindirlo sin aviso a la otra parte, no pudiendo existir desahucio si se aplica el art. 12 que la misma juez consideró a la hora de aplicar sentencia y que erróneamente aplicó a favor del demandante.

Reitera que “NO EXISTE EL DESPIDO INDIRECTO POR FALTA DE PAGO NI ESTA SANCIONADO, por ende no se puede aplicar.

Concluye solicitando se “DECLARE FUNDADO EL RECURSO CASANDO EL MISMO, con la NULIDAD HASTA ANTES DE DICTARSE SENTENCIA, PARA QUE SE ADECUE A NORMA LEGAL VIGTENTE Y SE CUMPLA CON LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES ASI COMO EL DEBIDO PROCESO.

CONSIDERANDO II: Que, en mérito a lo expuesto en el recurso de casación, se debe considerar los siguientes aspectos para resolución:

               El recurrente plantea recurso de casación en el fondo y en la forma en mérito a los arts. 253 inc. 1) y 3) y art. 254 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, se verifica de la lectura del mismo absoluta falta de fundamentación, que traduce el desconocimiento del recurrente de los requisitos indispensables para su interposición, pues no consideró que el recurso de casación se constituye en una demanda nueva de puro derecho que debe cumplir para su procedencia lo establecido por el inciso 2) del art. 258 del Código de Procedimiento Civil.

En el contenido del recurso que lo expresa como en la forma y en el fondo, se realiza una amplia exposición de los antecedentes procesales, y posteriormente cuestiona la Sentencia Nº 106/2009 respecto a la aplicación de la multa del 30% y la cancelación del desahucio; advirtiéndose que no cita en ningún momento la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, ni especifica en qué consiste la violación, falsedad o error, verificándose absoluta falta de fundamentación legal.

En efecto, conforme preceptúa el art. 258 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil, la parte recurrente tiene la carga procesal de establecer la existencia de violación expresa de la ley por parte de los tribunales de instancia en la decisión del pleito, así como fundar la interpretación errónea o aplicación indebida de la ley para perseguir la correcta aplicación de la norma legal; a cuyo fin requiere precisar las normas que, a su juicio, hubiesen sido objeto de tal transgresión, mala aplicación o incorrecta interpretación.

Por las razones anotadas, el indicado art. 258 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil, de manera imperativa exige a todo recurrente el cumplimiento de la obligación procesal de “…citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.”; todo para adecuar el recurso a los términos exigidos por los arts. 253 y 254 del Código Adjetivo de la materia, aspectos legales que no han sido cumplidos por el recurrente.

Al respecto, Gonzalo Castellanos Trigo en su obra “Análisis doctrinal y jurisprudencial del Código de Procedimiento Civil boliviano” (págs. 35, 66 y 95) dice: “El recurso de casación es un recurso extraordinario, porque no cabe, sino contra determinadas resoluciones y por motivos preestablecidos por la ley; y no constituye una tercera instancia ni una segunda apelación y se la considera como una demanda nueva de puro derecho y sujeta al cumplimiento de requisitos específicos que determina la ley.” Continúa: “El recurso de casación en el fondo no constituye instancia, porque el tribunal debe limitarse a examinar las cuestiones de derecho, para determinar si a los hechos, tal cual están establecidos en la sentencia recurrida, se les ha aplicado correctamente o no el derecho.” (las negrillas son añadidas). Con relación a los requisitos que debe contener este recurso conforme al inciso 2) del art. 258 del Código de Procedimiento Civil, explica: “Se  debe indicar la ley o norma de derecho infringida o erróneamente aplicada, y la causal de casación; es decir, se requiere, en primer lugar, que haya un error de derecho, y que sea señalado expresamente por el recurrente; y en segundo lugar, que dicho error esté incluido dentro de las causales de casación”,  “para cumplir con este requisito se debe indicar el artículo de la ley que se viola, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error incurrido y la crítica generalizada del fallo. Lo que significa que debe indicarse el error y la correcta solución de la situación jurídica, objeto de la resolución que se recurre. La invocación debe ser clara, concreta y precisa, y no mera referencia o crítica general, debido a que no pueden suplirse sus omisiones o fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, por lo cual la única posibilidad del recurrente es presentar oportunamente el memorial de interposición del recurso.” (las negrillas son agregadas)

Asimismo, el art. 250 del Código Adjetivo Civil, establece la procedencia del recurso de casación, el que podrá ser de casación en el fondo y de casación en la forma, o recurso de nulidad propiamente dicho, así como que se lo podrá interponer al mismo tiempo; sin embargo, dicha procedencia se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos legales señalados en el citado cuerpo normativo.

               Sustenta lo expresado la amplia jurisprudencia desarrollada el Tribunal Supremo de Justicia a través de los Autos Supremos Nº 212 y Nº 216 de 5 de julio de 2011 dictados por la Sala Social y Administrativa Segunda y Nº 114/12 de 17 de julio y Nº 136/12 de 2 de agosto, dictados por la Sala Social y Administrativa Liquidadora; entre otros.

A mayor abundamiento, también la jurisprudencia enseña que en casación se plantean cuestiones de derecho y que a ese efecto, el recurrente se encuentra obligado a examinar e impugnar “todos y cada uno de los fundamentos de la decisión recurrida”, demostrando en forma concreta y precisa, cómo, por qué y en qué forma hubieran sido violadas. Asimismo, tratándose de cuestiones de derecho, el memorial a través del cual se plantea el recurso de casación en el fondo o en la forma, debe efectuar una CRÍTICA LEGAL de la resolución impugnada, no siendo suficiente la relación de hechos ocurridos en la tramitación del proceso, aun cuando ésta incluyera cita de disposiciones legales. Es importante dejar claramente establecido que el recurso de casación no constituye y no es un medio para la resolución de una controversia entre las partes, sino una cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores.

Por otra parte, incongruentemente, solicita se “DECLARE FUNDADO ESTE RECURSO CASANDO EL MISMO, con la NULIDAD HASTA ANTES DE DICTARSE SENTENCIA”, olvidando que cada recurso ya sea en el fondo o en la forma tiene fines diferentes, extremos contradictorios que hacen confuso e impreciso el recurso.

Asimismo, debe tenerse presente que, para casar el auto de vista, conforme lo solicita el demandado ahora recurrente, de conformidad al art. 274 del Código de Procedimiento Civil, debe con carácter previo verificar si en el recurso se acusa la infracción de ley alguna y, si en el auto de vista se incurrió efectivamente en esa infracción legal. Concurridos ambos presupuestos, podrá fallar en el fondo "aplicando" esas "leyes conculcadas".

En ese entendido, y debiendo el tribunal aplicar ésta norma legal, mal podría casar un auto de vista sin que el recurrente haya acusado infracción legal alguna, por cuanto no tendría la posibilidad de aplicar ninguna norma, lo que resulta ajeno a sus competencias.

En mérito a lo fundamentado precedentemente, se concluye que el recurso de fojas 775 a 777, es insuficiente e injustificable, toda vez que no cumple con la técnica recursiva exigida por el art. 258 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil haciendo inviable su consideración, e impide a éste tribunal abrir su competencia, correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por el art. 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 775 a 777. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.