SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 242/2015-L.

Sucre, 18 de septiembre de 2015.

Expediente: CHUQ.  27/2011.

Distrito: Chuquisaca

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 214 a 216, interpuesto por la empresa privada de Seguridad VIP Seguridad Bolivia representada por Juan Carlos Sánchez Serrano, contra el Auto de Vista Nº 408/2010 de 7 de diciembre de 2010, cursante de fs. 209 a 211, emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales seguido por Roberth Josué Torrez Rivera contra la empresa recurrente, el auto de fs. 218 vuelta que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Chuquisaca, emitió la Sentencia Nº 86/10 el 15 de octubre de 2010 (fs. 177 a 179), declarando probada en parte la demanda de pago de beneficios sociales de fs. 7 a 12 de obrados, sin costas, disponiendo que el demandado cancele al actor a partir del tercer día de ejecutoriada la sentencia, bajo conminatoria, la suma de Bs. 6.656.- por concepto de indemnización por antigüedad, sueldos devengados por 5 días, aguinaldo gestión 2010 por cuatro meses y 5 días, vacaciones por 15 días (gestión 2008-2009) y 9 días (gestión 2009-2010) y trabajo en domingos, Sentencia que a solicitud de la parte actora, fue enmendada y complementada por Auto de 22 de octubre de 2010 (fs. 184).

En grado de apelación de fs. 189 a 192 formulada por el demandante, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista Nº 408/2010 de 7 de diciembre de 2010 (fs. 209 a 211), revocando parcialmente la Sentencia Nº 86/2010 de 15 de octubre de 2010, disponiendo el pago de Bs. 11.898,54 por conceptos de indemnización, sueldos devengados (5 días), aguinaldo 2010 (4 meses y 5 días), vacaciones 2008-2009 (15 días) y 2009-2010 (9 días), recargos por trabajo en domingos, recargo por trabajo en feriados, recargo por trabajo nocturno y reintegro de incremento salarial. Sin costas.

Contra el referido auto de vista, la empresa de Seguridad privada VIP Seguridad Bolivia a través de su representante Juan Carlos Sánchez Serrano, formuló recurso de casación en el fondo de fs. 214 a 216, quien denuncia los siguientes hechos:

Expresa que el auto de vista impugnado, que revoca parcialmente la sentencia y dispone que el monto condenado en primera instancia por beneficios sociales se duplique no se ajusta a derecho, no habiéndose tomado en cuenta las peticiones realizadas por la parte demandada ni realizado el descuento correspondiente en favor de la empresa por el retiro intempestivo que realizó el actor sin dar ningún tipo de comunicación.

Indica que, respecto a la recarga nocturna se interpretó erróneamente lo señalado en las excepciones del art. 46 de la Ley General del Trabajo, porque el Juez no puede interpretar y aplicar la norma alejándose de esta disposición dejando de lado la actividad de confianza que prestaba el actor de vigilancia, aspecto que se ha demostrado a partir de la misma demanda donde confiesa que trabajaba en una empresa de tal naturaleza, no pudiendo pretender que estas labores se encuentren fuera del alcance de esta excepción, siendo evidente que no se ha vulnerado esta disposición ya que no se ha excedido en trabajo las 12 horas diarias, encontrándose el trabajo de vigilancia que se presta en la empresa, dentro de los alcances de la norma citada.

Señala que se debe tener en cuenta que el actor no cumplía a cabalidad su trabajo, ya que tomaba grandes etapas de sueño mientras debía está vigilando, habiéndose producido incluso el robo a la empresa BEICRUZ S.A. donde como empleador tuvo que responsabilizarse por la pérdida cuantiosa de llantas, aspecto que no se tomó en cuenta en el proceso.

Acusa violación del art. 12 de la Ley General del Trabajo, por no haberse mencionado en parte alguna la penalización por abandono intempestivo del actor a su fuente laboral, ignorándose el memorándum presentado a tiempo de contestar la demanda por el que se dio aviso a la Dirección del Trabajo sobre su abandono.

Indica que la S.C. Nº 0479/2006-R hace mención a lo dispuesto por la legislación nacional con relación a que en caso de no existir el correspondiente pre aviso de ley, se debe proceder con el pago de la parte que incumplió con aquel, de acuerdo a lo señalado por el art. 48 de la Constitución Política del Estado, lo que en autos no se ha cumplido, aspecto reclamado a momento de contestar la demanda, por lo que el auto de vista ha sido dictado sin valorar correctamente la prueba aportada para el efecto.

Arguye que con relación a los días feriados, el tribunal ad quem revisó únicamente lo que vio por conveniente respecto a los derechos del trabajador, sin valorar la prueba presentada en el marco señalado por el art. 202 inc. a) (no indica que de que norma) ya que la prueba de descargo, como las planillas de sueldos, no ha sido considerada ni analizada como debiera y menos aún tasada, incurriendo en error de derecho por no realizar su debida valoración jurídica. Añade que la valoración de la prueba se debe regir a lo dispuesto por el art. 1306 del Código Civil, en virtud de ser documentos comerciales que tienen toda la eficacia jurídica, demostrando el contenido de estos que se ha realizado el pago suficiente por concepto de feriados.

Concluye solicitando se case el auto de vista impugnado, disponiendo se excluya del mismo la recarga por trabajo nocturno por no corresponder en vista de la naturaleza de la labor que desempeñaba el actor, se omitan los montos por días feriados en virtud a la prueba aportada y se introduzca la penalización por la falta de pre aviso correspondiente del actor al empleador.

CONSIDERANDO II: Que, expuestos los fundamentos del recurso de casación, se coligen los siguientes aspectos para resolución:

Respecto a la interpretación errónea de lo señalado en las excepciones del art. 46 de la Ley General del Trabajo, respecto a la recarga nocturna, porque el Juez no puede interpretar y aplicar la norma alejándose de esta disposición dejando de lado la actividad de confianza que prestaba el actor, de vigilancia, aspecto que se ha demostrado a partir de la misma demanda donde confiesa que trabajaba en una empresa de tal naturaleza, no pudiendo pretender que estas labores se encuentren fuera del alcance de esta excepción, siendo evidente que no se ha vulnerado esta disposición ya que no se ha excedido en trabajo las 12 horas diarias, encontrándose el trabajo de vigilancia que se presta en la empresa, dentro de los alcances de la norma citada; dicha acusación no es evidente, pues con criterio lógico y congruente el tribunal de apelación en el auto de vista, expresa: “…se debe considerar  que si bien es cierto que el ahora demandante desenvolvía su actividad como vigilante, no es menos cierto que tal actividad lo desempeñaba en el marco del giro propio de la empresa, aspecto que lo excluye de los alcances del art. 46 de la Ley General del Trabajo, en el que se exceptúa de la jornada mínima de 8 horas a los empleados que ocupan puestos de vigilancia.

En efecto, dada la naturaleza de los servicios prestados y el giro de la actividad empresarial, la actividad laboral materia de la litis se inserta en la definición legal del art. 55 de la Ley General del Trabajo, esto es: trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que el diurno, la misma que debe ser remunerada con un recargo de entre 25% a 50% del haber mensual, conforme al reglamento contenido en el D.S. 90 de 24 de abril de 1944, complementado por el D.S. 108 de 23 de mayo de 1944.

Evidentemente, el art. 1 del Decreto Supremo Nº 90 de 24 de abril de 1944 señala: “Todo trabajo nocturno que se realice en establecimientos comerciales, oficinas, en general en todas aquellas faenas que por su naturaleza sean discontinuas o no demanden sino la solo presencia del trabajador, como de labores de vigilancia, se remunerarán con recargo del 25%”, por lo que teniéndose presente que la actividad de la empresa  de Seguridad “VIP” Seguridad Bolivia, corresponde al servicio de vigilancia, el trabajo efectuado por el actor, obedece a la actividad propia de la empresa en el horario nocturno, por lo que es correcto lo determinado por el tribunal de alzada, que corresponde al mismo el recargo en su remuneración del 25% establecido por ley.

En relación a la aseveración de que se debe tener en cuenta que el actor no cumplía a cabalidad su trabajo, ya que tomaba grandes etapas de sueño mientras debía está vigilando, habiéndose producido incluso el robo a la empresa BEICRUZ S.A. donde como empleador tuvo que responsabilizarse por la pérdida cuantiosa de llantas, aspecto que no se tomó en cuenta en el proceso; debe tenerse presente que estos aspectos no forman parte de los puntos determinados en la relación procesal, ni fueron expuestos fundamentadamente por la empresa demandada a efecto de su consideración durante la tramitación del proceso, por lo cual no incumbía a los de instancia pronunciarse al respecto, resultando por tanto esta acusación incongruente y sin fundamento alguno, sobre los cuales no corresponde pronunciamiento alguno de este Tribunal Supremo.

Igual situación se infiere, respecto a la acusación de violación del art. 12 de la Ley General del Trabajo, por no haberse mencionado en parte alguna la penalización por abandono intempestivo del actor a su fuente laboral, ignorándose el memorándum presentado a tiempo de contestar la demanda por el que se dio aviso a la Dirección del Trabajo sobre su abandono; debiendo tenerse en cuenta que dicho aspecto no forma parte de los puntos de hecho a probar en el Auto de relación procesal de 18 de septiembre de 2010 (fs. 112), y la empresa demandada no impugnó mediante recurso alguno dicho auto, por lo cual no puede pretender que el tribunal de apelación o el tribunal de casación diluciden aspectos no reclamados oportunamente, en razón a que su derecho a hacerlo precluyó.

Sin embargo, de la lectura de la demanda se verifica que el actor al reconocer su retiro voluntario de la empresa, expresó: “…en fecha 6 de mayo del año 2010 renuncie voluntariamente a mi trabajo, consiguientemente en conformidad al Decreto Supremo Nº 110 de 1 de mayo de 2009, no me corresponde el desahucio y un mes de sueldo, vale decir el sueldo del mes de abril del año 2010 que no me cancelaron.”, de lo que se colige, que al haber reconocido su retiro voluntario aceptó no se le cancele el sueldo de un mes, el correspondiente a abril de 2010, suma que no exigió su pago dentro de sus pretensiones, aspecto sobre el cual la parte demandada no se expresó en momento alguno, por lo que no es evidente la violación del art. 12 de la Ley General del Trabajo que expresa el recurrente.

En cuanto a la acusación de falta de valoración de la prueba presentada como descargo, sin haberse tomado en cuenta las planillas que muestran el pago justo de los días feriados, incurriendo en error de derecho por no realizar su debida valoración jurídica conforme a lo dispuesto por el art. 1306 del Código Civil; se debe tomar en cuenta la uniforme jurisprudencia que señala que la apreciación y valoración de la prueba por los jueces de instancia, es incensurable en casación; y, que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la misma, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inciso 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.", lo que en la litis no aconteció.

Al efecto, con relación al error de derecho, el tratadista Pastor Ortiz Mattos, en su obra, El Recurso de Casación en Bolivia, pág. 158, expresa “…El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto.”

Por lo expresado, si se acusa error de derecho, el error debe quedar objetivamente demostrado y ser manifiesto como dispone la norma, por lo que debe ser contrastado dicho error con un documento auténtico que lo demuestre, a efectos que de manera excepcional se proceda a una revalorización de esa prueba.

En autos, de la revisión del expediente, se determina que los tribunales de instancia han arribado a la libre valoración de las pruebas en función al art. 158 del Código Procesal del Trabajo en sujeción a lo dispuesto en los arts. 3 incisos g) y h); 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, al ser deber primordial del Estado proteger los derechos de los trabajadores, en cumplimiento a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo e inversión de la prueba en materia laboral, por cuanto todo trabajador goza del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por los arts. 162 de la Constitución Política del Estado, 4 y 13 de la Ley General del Trabajo

Respecto a la afirmación de que no se dio una debida valoración jurídica a las planillas, conforme a lo dispuesto por el art. 1306 del Código Civil; se aclara que el Derecho Procesal del Trabajo constituye una jurisdicción especial con autonomía procesal propia que evita el uso y remisión de normas adjetivas de otros campos jurídicos, y de acuerdo al principio de especialidad, corresponde la aplicación preferentemente a los casos concretos de la ley especial respecto de la ley general; el art. 2 de Código Procesal del Trabajo es concluyente al manifestar: "...Este Código dará autonomía a los procedimientos del trabajo y eliminará todo uso y remisión a las normas adjetivas de otros campos jurídicos. Tiene como finalidad esencial reforzar los poderes del juzgador y de las autoridades del trabajo, respecto a la dirección del proceso y todos los trámites en materia laboral y de seguridad social.", de lo que se infiere que en el caso en análisis dicha normativa no puede haber sido infringida por el tribunal ad quem, ya que ésta es aplicable accesoriamente en materia laboral, por regir para la misma normativa específica estipulada en el Libro II, Capítulo Primero, Título IV del Código Procesal del Trabajo; y, de conformidad a lo establecido por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo, únicamente se regirán por el Procedimiento Civil y la Ley de Organización Judicial los aspectos no previstos en la indicada ley.

Por lo que, para el caso en análisis la norma de aplicación especial y preferente es el art. 158 del Código Procesal del Trabajo, que dispone: “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio.” Es decir, que sólo será admisible la tarifa legal de la prueba o prueba tasada, cuando la ley exija una prueba con contenido material concreto, lo que no sucede en el caso de autos.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto anteladamente, no siendo evidentes las violaciones aducidas por la empresa recurrente en el recurso de casación de fs. 214 a 216, corresponde resolver el mismo conforme disponen los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 214 a 216. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.