SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 237/2015-L.

Sucre, 18 de septiembre de2015.

Expediente: TJA. 17/2011.

Distrito: Tarija

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

VISTOS: El recurso de casación de fs. 107 a 110, interpuesto por la Empresa UNI SERVICE S.R.L, representada por María Sánchez Guerrero    contra el Auto de Vista de 03 de diciembre de 2010, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de la  ciudad de Tarija, dentro el proceso laboral seguido por Florentina Condori contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 114, el auto de  fs. 115 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de Tarija, pronunció Sentencia el 19 de julio de 2010 de fs. 74 a 76, declarando probada en parte la demanda de fs. 5 a 7, con costas, disponiendo que la empresa demandada cancele a la demandante la suma de Bs. 9.609,00 (Nueve Mil Seiscientos Nueve 00/100 Bolivianos), por Indemnización, Desahucio, Salarios devengados, Bono de antigüedad, Aumento Salarial, Prima Anual, a tercer día de ejecutoriada la sentencia.

En grado de apelación, deducida por la empresa demandada, por memorial de fs. 78 a 80 y por la demandante de fs. 85, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Tarija, por Auto de Vista de 3 de diciembre de 2010, confirmó parcialmente  la sentencia apelada, modificando el monto señalado en sentencia  a Bs. 8.647,03 (Ocho Mil, Seiscientos Cuarenta y Siete 03/100 Bolivianos), por Indemnización, Desahucio, Salarios devengados, Bono de Antigüedad, Incremento Salarial y Prima Anual. Sin costas por haber apelado ambas partes.

El referido auto de vista motivó que la Empresa demandada, representada por María Sánchez Guerrero, interponga recurso de casación en el fondo, con base en los argumentos siguientes:

Que al amparo del art. 253 inc. 3 del Código de Procedimiento Civil, señaló que el tribunal ad quem incurrió en error de derecho, con relación al despido indirecto, porque según la prueba que cursa en obrados, se tiene los memorándums de fecha 04/01/10, 06/01/10 y 04/02/10, por los que se comunicó en más de una oportunidad a la demandante el cambio de lugar de prestación de su fuente laboral así como la comunicación de su incumplimiento al contrato de trabajo.

Por otro lado citando el inc. 1 del mismo artículo, refirió que el tribunal incurrió en violación del art. 128 del Código Procesal del Trabajo, que establece el plazo para la oposición de las excepciones previas, empero el art. 129 señala que la contestación al traslado dispuesto con la misma se hará dentro del tercer día y por tanto se hizo dentro de dicho plazo, habiendo interpuesto excepción previa de impersonería dentro del plazo legal, antes de contestar la demanda, por tanto señalar que ese medio de defensa estaba fuera de plazo legal, es un acto injusto e ilegal, porque contradice al Auto Supremo Nº 371 de 28 de agosto de 2008 que refiere que las excepciones previas pueden ser opuestas aún en el mismo memorial pero antes de efectuar la contestación a la demanda.

Concluyó solicitando a este Tribunal Supremo de Justicia, emita auto supremo casando en el fondo totalmente el auto de vista y declare improbada la demanda. 

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso de casación, ingresando a su análisis, es preciso realizar las siguientes consideraciones de orden legal:

En principio, cabe señalar que según la amplia jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia constituido en tribunal de casación; el recurso de casación, se equipara a una nueva demanda de puro derecho, en ese sentido debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil, debiendo fundamentarse por separado de manera precisa, clara y concreta las causas que motivan la casación ya sea en la forma, en el fondo o en ambos, no siendo suficiente, la cita de normas legales,  ni hacer relatos intrascendentes, sin establecer de manera precisa las disposiciones legales infringidas, demostrando en qué consiste la infracción que se acusa y es reclamada, cómo se incurrió en ella y cuál la probable solución a la misma.

En ese contexto, debe tenerse en cuenta que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar o dejar sin efecto el auto de vista, basado en que los tribunales de alzada a tiempo de emitir la  resolución  hubiesen incurrido en errores in judicando, para lo cual dichos aspectos deberán ser exteriorizados y fundamentados a través de todos o uno de los presupuestos contenidos en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil.

En cambio el recurso de casación en la forma, tiene como finalidad  anular determinadas actuaciones procesales en función a la evidencia de errores in procedendo, es decir cuando los de grado incurran en vulneración de las formas esenciales del proceso, que violen derechos y garantías de los sujetos procesales;  ante tal situación, el derecho de la parte afectada queda expedito para la interposición del recurso observando  cualquiera de los incisos insertos en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil.

Además de las formalidades señaladas, el recurrente ya sea en el fondo, forma o en ambos; debe dar cumplimiento a los requisitos previstos en el art. 258.2) del Código Adjetivo Civil, relativos a la cita clara, concreta y precisa de la ley o leyes violadas o aplicadas erróneamente o sí incurrieron en error de hecho o en error de derecho, con la conclusión de un petitorio claro en congruencia con los intereses demandados o reclamados y a la normativa acusada como transgredida.

Del contenido del recurso de casación  de fs. 107 a 110 se establece que la Empresa demandada recurre de casación al amparo de los incs. 1) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, al respecto es preciso realizar las siguientes consideraciones de orden legal.

En cuanto a la denuncia de que el tribunal ad quem incurrió en error de derecho, cabe realizar la siguiente puntualización que cuando el recurrente denuncie error de derecho según el  art. 253 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, que establece: “cuando en la apreciación de las pruebas se hubiese incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que lo demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”.  A este efecto, el Civilista Dr. Pastor Ortiz Mattos, en su libro, El Recurso de Casación en Bolivia, señala: “…El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, es decir, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado, siendo así, que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico", y "El error de derecho, recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. Es decir, que consiste en atribuir a una prueba legal, un valor diverso al que le otorga la ley”.

En ese contexto, se establece que tanto el error de derecho o error de hecho,  no tienen el mismo y único concepto, conforme señala la doctrina y la jurisprudencia, en ese razonamiento el recurrente cuando denuncia error de hecho o error de derecho o en su caso denuncie ambos,  está obligado a desarrollar su agravio de manera separada, clara y concreta, así en el primer caso, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso, a los que el juzgador no le atribuyó el valor que la ley le asigna; y en el segundo, la equivocación en la apreciación de las pruebas por el juzgador debe quedar objetivamente demostrado y ser manifiesto con documento auténtico,  a efectos, de que este tribunal  proceda a un control de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal ad quem.

En cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, cuando la resolución materia del recurso de casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos a formar la convicción del juez o tribunal, no basta para objetarla que se ataquen algunos de tales medios, suponiendo eficaz la impugnación, si los que restan son suficientes para apoyar la solución a la que llegó  el juzgador, ni tampoco que se haya dejado de considerar algunas pruebas si la sentencia se funda en otras que no han sido impugnadas.

En este supuesto, cuando se acusa la falta de apreciación de las pruebas, en cualquiera de sus formas o en ambos, no es suficiente relacionarlas, sino que es necesario explicar, de manera precisa y clara,  cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan o demuestran, de qué manera incidió su falta de valoración en el fallo, lo que permitirá a la sala establecer la magnitud del error en que incurrió el tribunal ad quem, que debe ser ostensible y trascendente, con el advertido de contrario de no lograr el objetivo de destruir la presunción de acierto y legalidad que ampara a la resolución que es objeto del recurso de casación.

Consiguientemente, el error de hecho, requiere ser ostensible y manifiesto lo que en palabras del autor René Parra significa “sea evidente, patente, claro, sin que para apreciarlo se puedan efectuar elucubraciones o raciocinios complejos”.

En ese razonamiento  y aclarado como se tiene la existencia y finalidad del error de derecho y del error de hecho, en el  caso de análisis se advierte que la empresa recurrente citando el art. 253 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, denunció que el tribunal de alzada incurrió en error de derecho, sin embargo en el relato de este punto del recurso  no señaló norma legal alguna a la que el tribunal ad quem le hubiese atribuido un valor diferente al que le otorga la ley, como fundamento de su agravio,  denotándose solamente una transcripción literal insuficiente carente de todo sustento legal, omisión que imposibilita a este tribunal supremo considerar el recurso de casación, por ser manifiestamente improcedente.

Con relación al segundo agravio denunciado por la empresa recurrente, consistente en la supuesta violación, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 128 y 129 del Código Procesal del Trabajo; es preciso remitirnos a los datos del proceso, de donde se tiene que este supuesto agravio, primero que no fue considerado y resuelto por el tribunal de alzada en el Auto de Vista de 3 de diciembre de 2010, porque se consideró y resolvió por decreto de fs. 33 y 52 de obrados antes de emitirse la sentencia. En tal virtud, teniendo en cuenta que según el art. 57 concordante con el art. 3 inc. e) del Código Procesal del Trabajo, que refieren que el proceso laboral se desarrolla en diversas etapas en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, por tanto los jueces están impedidos de disponer el regreso a momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando inclusive de oficio toda petición por pérdida de oportunidad o momento procesal conferido por ley, por lo que este punto del recurso también deviene en improcedente.

Bajo estas premisas, se concluye que el recurso en cuestión no se acomoda a las condiciones mínimas que exige el Código ritual de la materia,  correspondiendo resolver, conforme previenen los arts. 271.1) y 272.2) ambos del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art.  184.I de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 y art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 107 a 110 interpuesto por la Empresa UNISERVICE S.R.L., representada por María Sánchez Guerrero.  Con costas.

Se regula honorario profesional de abogado, en la suma de Bs. 500 que mandará efectivizarse por el tribunal ad quem. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.