SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 236/2015-L.

Sucre, 18 de septiembre de 2015.

Expediente: LP. 15/2011.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: Los recursos de: casación en el fondo de fs. 849 a 851, interpuesto por la empresa GUMMYPLAS S.R.L., representada legalmente por Marco Antonio Dick, y de fs. 863 a 868, interpuesto por Rubén Ángel Vargas Arias por sí y en representación de Alejandra Fidela Kaune Yupanqui, contra el Auto de Vista RES. A.V. Nº 178/2010 de 07 de septiembre de 2010, cursante de fs. 841 a 842, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales seguido por Rubén Ángel Vargas Arias y Alejandra Fidela Kaune Yupanqui contra la empresa GUMMYPLAS S.R.L., las respuestas de fs. 858 a 860 de la parte actora y 871 a 873 de la parte demandada, el auto de fs. 874 que concedió ambos recursos, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de La Paz, emitió la Sentencia Nº 96/2008 el 17 de julio de 2008, cursante de fs. 474 a 482, declarando probada en parte la demanda de fs. 25 y 29 de obrados, disponiendo que la empresa demandada GUMMYPLAS S.R.L. cancele a Rubén Ángel Vargas Arias la suma de Bs. 115.600,18.- por concepto de indemnización por 10 meses y 2 días, desahucio, duodécimas de aguinaldo por 4 meses y 20 días de la gestión 2006 y 5 meses y 11 días de la gestión 2007, sueldo devengado de 11 días por el mes de junio de 2007, horas extras y días domingos trabajados más la multa del 30%; y a Alejandra Fidela Kaune Yupanqui la suma de Bs. 110.522,49 por indemnización de 1 año, 3 meses y 6 días, desahucio, duodécimas de aguinaldo de 5 meses y 11 días de la gestión 2007, horas extras, días domingos trabajados, más la multa del 30%. Montos que deberán ser actualizados en ejecución de Sentencia de conformidad al D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006.

Habiendo la parte demanda solicitado enmienda y complementación (fs. 533), por Auto de 26 de julio de 2008, el juez de la causa dispuso se enmiende la Sentencia Nº 96/2008 solo con referencia a la fundamentación de hecho en su primer considerando, aclarando que “la Sra. Alejandra Kaune ingresa a trabajar en el departamento Administrativo de la fábrica GUMMYPLAS SRL, cumpliendo sus funciones con responsabilidad en todas las labores realizadas por órdenes superiores, fue sorprendida con una carta manuscrita de despido” y no como erróneamente se consignó “cumpliendo mis funciones” “fui sorprendida”; asimismo, se enmendó la fundamentación de Derecho en el inciso 3º, periodo de trabajo, señalando que “el libro de asistencia se encuentra a fs. 277 a 379” y no como erróneamente se consignó “fs. 78 a 379”; rechazando la explicación con relación a lo demás puntos, por ser los términos claros y precisos en la sentencia, quedando en lo demás firme y subsistente.

En grado de apelación, interpuesto de fs. 540 a 544 por la empresa demandada representada por Marco Antonio Dick, la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista RES. A.V. Nº 178/2010 de 07 de septiembre de 2010, cursante de fs. 841 a 842 revocando la sentencia Nº 96/2008 de 17 de julio de 2008 cursante de fs. 474 a 484 de obrados, disponiendo que la parte demandada cancele a favor de Rubén Ángel Vargas Arias, la suma de Bs. 22.407,2.- por concepto de Indemnización, desahucio, 3 domingos trabajados y aguinaldo por duodécimas correspondiente a 5 meses y 11 días; y, a Alejandra Fidelia Kaune Yupanqui la suma de Bs. 5.111,9.- por concepto de Indemnización, desahucio, 3 domingos trabajados, aguinaldo por duodécimas y, 11 días de sueldo del mes de junio.

Del referido auto de vista, la parte demandada solicito enmienda y complementación, habiéndose emitido el Auto de Fs. 845 de 29 de septiembre de 2010 disponiendo haber lugar a la enmienda y complementación solicitada, debiendo figurar en la parte dispositiva del auto de vista: indemnización Bs.- 4.173,40 y Desahucio Bs.- 15.000 a favor del actor Rubén Vargas, en lo demás firme y subsistente.

Contra el referido fallo de segunda instancia, ambas partes interpusieron recurso de casación, de fs. 849 a 851 la parte demandada y de fs. 863 a 868, la parte actora, quienes a su turno esgrimen los siguientes fundamentos:

En el recurso de casación interpuesto por la empresa GUMMYPLAS S.R.L., su representante legal expresa que con relación al sueldo promedio indemnizable del actor Rubén Vargas, se demostró con prueba fehaciente (planillas y otros) que el sueldo que percibía era de Bs. 577, y con el bono incentivo por metas trazadas, sólo suman a Bs.2.922,11 como refleja el estado de cuenta bancaria presentada por el propio actor; pero el tribunal de apelación con el argumento de que tiene todo valor legal la prueba literal presentada en original y que no hubiese sido tachada de ilegal concede el promedio de Bs. 5.000.-, sin considerar que por memorial de fs. 465 se refutó los términos de la demanda y documentos producidos como prueba de cargo. Que con relación al certificado de trabajo de fs. 1, presentado por el Sr. Vargas, éste fue preparada por la Sra. Kaune quien hizo firmar entre otros documentos a Jimena Ortiz en un acto de abuso de confianza en completa ilegalidad, por lo que habiendo sido objetado de ilegal el certificado de fs. 1, se debía determinar que el salario del Sr. Vargas es de Bs. 506,40 en función a lo que el mismo tribunal ad quem menciona a fs. 841 vuelta, corroborado por fs. 22.

Acota que, el promedio de Bs. 5000 es irreal en función a la naturaleza de la empresa, e incoherente en relación a los demás salarios, porque no puede el jefe de producción ganar cinco veces más que la administradora y el propio gerente, habiendo sido que el certificado de fs. 1 obtenido de manera mañosa para tramitar un crédito bancario, pero fue usado de manera desleal para obtener un enriquecimiento ilícito por el presente juicio, causando el auto de vista agravio a su parte al lesionar el art. 19 de la Ley General del Trabajo.

Respecto a los dominicales y días feriados trabajados, indica que demostrado que el promedio indemnizable del Sr. Vargas era de Bs. 577, por simple cálculo, el importe de estos derechos tendrían que bajar. Además resulta ilegal otorgar pago de dominicales a personal de confianza por su naturaleza y con el mismo criterio adoptado para negársele el pago de horas extras se tenía que haber negado el pago de trabajo en domingos; porque está declarado por el auto de vista que los actores no firmaban libro de asistencia, por lo que tenían amplio margen de desarrollo de sus actividades, pudiendo o no asistir a la empresa según la carga laboral y realizar su trabajo fuera de horario normal, implicando incluso los domingos, no habiendo registro de esos días trabajados por ser personal de confianza, habiendo causado el auto de vista agravio al lesionar el párrafo segundo del art. 46 de la Ley General del Trabajo, por lo que corresponde corregir el error de derecho y no otorgarles a los actores el pago de domingos trabajados.

En cuanto a la causal de despido, indica que también debía bajar, por estar demostrado que el promedio indemnizable del Sr. Vargas era de Bs. 577, resultando además ilegal el otorgar pago de desahucio a personal que ha sido despedido de manera legal de la empresa, y la determinación del pago en base a los documento de fs. 2 y 3, causan agravio a la empresa, porque de la lectura del documento de fs. 3 se tiene que se operó un despido legal en aplicación tácita del art. 16 de la Ley General del Trabajo, lo que en ningún momento ha sido desvirtuado por la parte actora, hecho que fue corroborado por la respuesta cuatro de la confesión provocada de la demandada, aspecto que no fue rebatido ni de palabra ni con prueba alguna como era su obligación, lo que no fue considerado, debiendo ser enmendado dicho aspecto aplicando el art. 16 de la Ley General del Trabajo.

Concluye solicitando que el Tribunal Supremo “…al conocer la presente causa y de la lectura de la fundamentación del recurso planteado, proceda a repararlo en derecho, y resuelvan Fundado el Recurso, deliberando en el fondo, declaren IMPROBADA  la demanda en todas sus partes.

En el recurso de casación interpuesto por la parte actora, expresa que en la litis se demostró la relación de trabajo y el promedio indemnizable de Bs. 5.000 para Rubén Ángel Vargas Arias y para Alejandra Fidela Kaune Yupanqui el salario de Bs. 5556,33, conforme a los depósitos en sus cuentas bancarias más los recibos a cuenta que se cancelaban como parte del salario mensual.

Añade que por la literal de fs. 3 se determina el pago de horas extras y otros recargos, prueba que tiene fuerza probatoria asignada por el art. 159 del Cuerpo Adjetivo Laboral, y que ambos trabajadores no contaban con la calificación de trabajadores de confianza por no resultar compatible por la naturaleza subordinada de las funciones establecidas en el contrato de trabajo, aspecto expresado en el documento de fs. 388, por el que se demuestra que su persona no tenía facultades para tomar decisiones.

En cuanto a la causal de retiro, al haber una conclusión de relación de trabajo unilateral e intempestiva de parte del empleador conforme se aprecia en las cartas de despido de fs. 2 y 3 de actuados, corresponde otorgar el derecho al desahucio.

Expresa que corresponde otorgar el aguinaldo, tomando en cuenta las literales de fs. 386 y 387 de obrados, hecho corroborado por la confesión provocada de fs. 472; las horas extras y dominicales en razón a que de obrados y de las actas de declaraciones testificales de fs. 433, 435, 437 y 439 de obrados, se establece que se realizó dicho trabajo durante el tiempo que prestaron servicios, aspecto ratificado por la confesión efectuada por sus personas así como por la carta de despido, no habiendo la parte demandada demostrado que fueran empleados de confianza; días feriados, que por la naturaleza de la empresa se hacía factible, el que fue probado por las testificales de cargo, así como de las primas, al no presentar el balance general auditado en base a lo normado por el art. 181 del Código Procesal Laboral, haciendo constar además que se les adeudaría como sueldos devengados, el pago de 11 días del mes de junio de 2007, las vacaciones a Alejandra Fidela Kaune de 1 año, 3 meses y 6 días de 2006, así como la multa del 30%  por no haber sido realizados los pagos correspondientes.

Señala que los Autos de Vista recurridos no cumple lo establecido por el art. 253 inc. 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, por ser contradictorias e incurren en error de hecho y de derecho en cuanto al salario indemnizable de Alejandra Fidela Kaune Yupanqui, pese a estar debidamente identificado como se expresó en el recurso, así como la multa del 30% que la parte empleadora no canceló conforme se comprometió en el Ministerio del Trabajo.

Concluye solicitando se anule el auto de vista y se declare fundado el recurso, bajo el detalle de liquidación que inserta en el recurso.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los fundamentos del recurso de casación, y considerando los antecedentes del proceso, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Resolviendo el recurso interpuesto por la empresa GUMMYPLAS S.R.L. a través de su representante legal, corresponde expresar:

Respecto a la acusación de vulneración del art. 19 de la Ley General del Trabajo, por no haberse considerado que el demandante Rubén Vargas percibía un sueldo de Bs. 577, y con el bono incentivo por metas trazadas, sólo suman a Bs. 2.922,1, siendo irreal el promedio de Bs. 5000 en función a la naturaleza de la empresa, e incoherente en relación a los demás salarios, habiendo sido el certificado de fs. 1 obtenido de manera mañosa y usado de manera desleal en el presente juicio. Al respecto, debe tenerse presente las contradicciones en las que incurre la empresa demandada al argumentar su recurso, pues inicialmente indica que el demandante Rubén Vargas percibía un salario básico de Bs. 550 y su total ganado era de Bs. 577,3, siendo con el bono de incentivo un total de 2.922,10.-, indicando posteriormente que se debe determinar que su salario en función a lo que el mismo Tribunal Ad quem menciona a fs. 841 vta., es de Bs. 506.40, concluyendo  que en aplicación del art. 19 de la Ley General del Trabajo, se debe disponer que el mismo a favor del Sr. Vargas sea de Bs. 577; razonamiento del cual no puede deducirse un promedio indemnizable lógico, pues si primeramente expresa que Rubén Vargas percibía con el bono de incentivo, un total ganado de Bs. 2.922,10.- y posteriormente expresa que debe disponerse que el mismo sea de Bs. 577, los montos y los fundamentos no guardan relación unos de otros.

Al respecto, de manera acertada el Tribunal de apelación expresó: “Con relación al sueldo promedio indemnizable, cual es el mayor punto controvertido en el presente proceso, el art. 19 de la Ley General del Trabajo, determina de manera expresa que el mismo deberá ser calculado del promedio de los tres últimos haberes y a los efectos de causar convicción al Juez, el actor Rubén Ángel Vargas Arias presenta en calidad de prueba, el certificado cursante a fs. 1, donde se establece un salario de Bs. 5.000.-, presenta además la literal de fs. 18, donde consta que en calidad de anticipo se otorgó a favor del actor la suma de Bs. 1.500.-, sin embargo el empleador, a los efectos de desvirtuar la pretensión del actor, en cumplimiento del art. 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, ofrece en calidad de prueba las planillas de pago cursantes a fs. 382 a 384, por la que se evidencia que el actor percibía la suma de Bs. 506,40.- monto que es corroborado por la literal de fs. 22, que corresponde al estado de cuentas de la AFP Previsión, donde se advierte que el actor percibía la suma de Bs. 576.- en el mes de marzo, y 600 en el mes de abril de 2007, todas estas afirmaciones encontradas por las partes, no fueron advertidas por el Juez a-quo, quien de manera inusual otorga bajo el título de inversión de la prueba, lo solicitado por los actores, sin considerar que existe otras pruebas que invalidan la prueba del actor.

Que el art. 159 y sgts. Del Código Procesal del Trabajo y arts. 398 y sgts. Del Código de Procedimiento Civil, señalan que tiene todo valor legal la prueba literal presentada en original y que no hubiere sido tachada de ilegal. Ahora, en la presente causa las pruebas presentadas por ambas partes se contraponen entre si causando duda a este tribunal, por lo tanto en aplicación de los principios que rigen la materia como son el in dubio pro operario y la primacía de la realidad, con la sana critica; los dictados de la conciencia y aquel amplio margen de libertad que nos otorga la administración de justicia en materia laboral, conforme el art. 4to.  y 158 del Código Procesal del Trabajo, determinándose como sueldo promedio indemnizable a favor de lacto Rubén Ángel Vargas Arias, la suma de Bs. 5.000.-”

Al respecto, el apoderado de la parte demandada manifiesta en su recurso que se cumplió con la objeción de la prueba, tachando de ilegal el certificado de fs. 1 mediante memorial de fs. 465; sin embargo, el hecho de indicar que el documento de fs. 1 sea ilegal, no acredita que dicho extremo sea evidente, no habiendo cumplido al respecto con lo determinado por los arts. 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo respecto a la inversión de la prueba, ni demostró por medios idóneos lo aseverado respecto a su ilegalidad, expresando en su recurso únicamente que dicho documento fue obtenido “fraudulentamente”, sin cumplir con lo dispuesto por el inciso 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil; resultando por tanto no ser evidente la acusación de vulneración del art. 19 de la Ley General del Trabajo.

Con relación a la aseveración de que resulta ilegal otorgar pago de dominicales a personal de confianza, debiendo habérseles negado el pago con el mismo criterio adoptado para negárseles el pago de horas extras, porque está declarado por el auto de vista que los actores no firmaban libro de asistencia, no habiendo registro de esos días trabajados por ser personal de confianza, habiendo causado el auto de vista agravio al lesionar el párrafo segundo del art. 46 de la Ley General del Trabajo, por lo que corresponde corregir el error de derecho y no otorgarles a los actores el pago de domingos trabajados.

Del análisis de las resoluciones de instancia, se verifica que no es cierta esta aseveración, siendo imperioso hacer presente que no es lo mismo el pago de horas extras como personal de confianza, que el trabajo en domingos y días feriados a los cuales todo trabajador, sea de confianza o no, tiene derecho.

Así el tribunal ad quem obrando de manera totalmente ecuánime, el auto de vista recurrido expresó: “que con relación a los dominicales y días feriados trabajados por los actores, el a quo otorga la cancelación de todos los días domingos y feriados que duro la relación de trabajo, determinando el pago doble y triple por estos conceptos, basándose exclusivamente en las declaraciones de cargo de fs. 433 a 439, sin considerar que estas declaraciones señalan de manera uniforme que solamente los vieron trabajar 2 o 3 domingos, por lo tanto corresponde la cancelación de 3 domingos trabajados por los actores sea en suma doble, como lo señala el art. 55 de la Ley General del Trabajo.”

En cuanto a la acusación de que resulta ilegal otorgar pago de desahucio a personal que ha sido despedido de manera legal de la empresa, causando agravio a la empresa la determinación del pago en base a los documento de fs. 2 y 3, porque de la lectura del documento de fs. 3 se tiene que se operó un despido legal en aplicación tácita del art. 16 de la Ley General del Trabajo, lo que en ningún momento ha sido desvirtuado por la parte actora, hecho que fue corroborado por la confesión provocada de la demandada, aspecto que no fue rebatido ni de palabra ni con prueba alguna como era su obligación, aspecto que al no ser considerado debe ser enmendado aplicando el art. 16 de la Ley General del Trabajo; al respecto, debe tenerse presente que la parte demandada no demostró en instancia alguna que el despido de los actores fuere por causal establecida en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, por desacato o negligencia, razón por la que al no haber probado dicho extremo, los tribunales de instancia no pudieron negar ese derecho.

Así lo expresa el tribunal de apelación al fundamentar el auto de vista: “…se debe tener presente que el a quo a determinado su fallo, en mérito a las literales de fs. 2 y 3 de obrados por el que se evidencia que el empleador sin señalar las causas o motivos prescinde de los servicios de ambos actores, por lo tanto se ha hecho una cabal apreciación de las pruebas y la normativa vigente, correspondiéndoles a ambos actores el pago del desahucio y la indemnización, conforme al art. 12-13 de la L.G.T. Se debe tener presente que las literales de fs. 2 y 3 de obrados tienen calidad de prueba con todo el valor legal, pues la misma no fue tachada de ilegal.”(las negrillas son añadidas), por lo que no resulta factible admitir la solicitud de que este Tribunal Supremo enmiende dicho aspecto de la concesión del pago de desahucio, aplicando el art. 16 de la Ley General del Trabajo.

En el marco legal descrito, se concluye no ser evidentes las infracciones y violaciones acusadas por el representante de la empresa demandada.

Del análisis del recurso de casación interpuesto por la parte actora, cabe resolver el mismo en los siguientes extremos:

En cuanto a la relación de trabajo, el promedio indemnizable, causal de retiro, pago de horas extras y otros cargos, es menester expresar que los recurrentes se limitan a realizar un análisis de cada uno de los derechos que les correspondía sin acusar infracción alguna; sin embargo, respecto a todos estos tópicos, este Supremo Tribunal ya se expresó a tiempo de resolver el recurso de casación formulado por la empresa demandada.

Sin embargo, considerando que el promedio indemnizable, es el punto controvertido en el proceso por contraponerse los argumentos y pruebas presentadas por ambas partes, se hace imperioso analizar al respecto lo establecido por el tribunal ad quem con relación a cada uno de los actores.

Así se tiene conforme lo valorado adecuadamente en relación al actor Rubén Ángel Vargas Arias, que su sueldo promedio indemnizable ascendía a la suma de Bs. 5.000.- en mérito a la prueba inobjetable relativa a la certificación de fs. 1, que si bien fue objetada por la parte demandada, ésta no demostró de manera alguna que dicha prueba sea fraudulenta o no tenga el valor que la ley le otorga. Respecto a la actora Alejandra Fidela Kaune Yupanqui, el tribunal de apelación reflexionó señalando que si bien en su memorial de demanda sostenía que percibía un sueldo mensual de Bs. 5.556,33.-, la parte demandada presentó documentos que de forma fehaciente demuestra el salario percibido de Bs. 1.000.-, como el certificado de afiliación de la trabajadora a la Caja Nacional de Salud (fs. 398),; resultando por tanto, que el tribunal ad quem realizó un correcto análisis y determinación al respecto.

En relación al aguinaldo que expresan corresponde otorgar, además que se les adeudaría como sueldos devengados, el pago de 11 días del mes de junio de 2007, las vacaciones a Alejandra Fidela Kaune de 1 año, 3 meses y 6 días de 2006, así como la multa del 30%  por no haber sido realizados los pagos correspondientes; del fundamento del auto de vista, al respecto expresa: “Con relación a los salarios y aguinaldos otorgados por el a quo, éste ha hecho una cabal valoración de los antecedentes del proceso, correspondiendo su pago conforme a la sentencia dictada, debiendo únicamente modificarlos con el nuevo salario promedio indemnizable señalado en el presente auto de vista.”; habiendo el juez de la casusa concluido en sentencia que con relación a la pretensión de pago de duodécimas de vacaciones por la gestión 2007 de la actora, no existe prueba alguna que demuestre que la misma haya hecho uso del indicado derecho, no correspondiendo el reconocimiento de este pago, conforme lo establece el Decreto Supremo Nº 17288 de 18 de marzo de 1980; y, no habiendo sido recurrido de apelación dicho fallo por la parte actora, ésta ha consentido en la conformidad con el mismo, no pudiendo en esta instancia pretender que se revisen aspectos que no observó oportunamente, por lo que su derecho precluyó; teniéndose igual razonamiento con relación a las primas ahora reclamadas y que no fueron concedidas por el juez de primera instancia.

Sin embargo, se verifica en la litis, que en la nueva planilla elaborada en el auto de vista por el tribunal ad quem, no se consignó el aguinaldo por duodécimas de 4 meses y 20 días de la gestión 2006 y el sueldo devengado por 11 días del mes de junio de 2007 respecto a Rubén Ángel Vargas Arias; asimismo, no se manifestó en relación a la multa del 30% dispuesta por el juez a quo, por lo que corresponde enmendar dichos extremos.

Asimismo, con relación a los sueldos devengados, se tiene que la actora Alejandra Fidela Kaune Yupanqui no solicitó en su demanda la cancelación de sueldos devengados, por lo que en sentencia se concedió únicamente al actor Rubén Ángel Vargas Arias el concepto de sueldos devengados por 11 días del mes de junio de 2007. Pero, el tribunal ad quem de manera equivocada incluyó en la planilla elaborada en el auto de vista, el salario devengado por 11 días del mes de junio en favor de Alejandra Fidela Kaune Yupanqui, sin considerar que no correspondía en esa instancia calificar el mismo, por lo que se debe corregir este aspecto.

En relación a la acusación de que “…los Autos de Vista recurridos, no cumplen lo establecido por el Art. 253 inc. 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, siendo que las mismas son contradictorias e incurrieron en error de hecho y de derecho…” en cuanto al salario indemnizable de Alejandra Fidela Kaune Yupanqui, pese a estar debidamente identificado como se expresó en el recurso; cabe indicar que el recurrente no explica a qué auto de vista se refiere y cuales las contradicciones entre ambas resoluciones, no encontrándose esta acusación debidamente fundamentada conforme lo determina el art. 258 numeral 2) que señala que el recurrente deberá señalar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente; aspectos no contemplados ni cumplidos en autos, haciendo inviable su consideración por este Supremo Tribunal.

Respecto a la acusación de error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, debe tenerse presente que la uniforme jurisprudencia nos enseña que la apreciación y valoración de la prueba por los jueces de instancia, es incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.", lo que en autos no aconteció.

Al efecto, el tratadista Pastor Ortiz Mattos, en su obra, El Recurso de Casación en Bolivia, página 158, expresa “…El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico”, y “El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto.”

Por lo expresado, si se acusa error de hecho y de derecho, al no tratarse de un mismo y único concepto, conforme señala la doctrina y la jurisprudencia, estos deben desarrollarse de manera separada, objetiva y concreta, ya que en el primer caso, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso y a los que el juzgador de instancia no les atribuyó el valor que la ley le asigna; y en el segundo caso, el error debe quedar objetivamente demostrado y ser manifiesto como dispone la norma, por lo que debe ser contrastado dicho error con un documento auténtico que lo demuestre, a efectos de que de manera excepcional se proceda a una revalorización de esa prueba; resultando en consecuencia, no ser evidente la falta de valoración de la prueba.

En el marco legal descrito, y en mérito a lo fundamentado precedentemente, no siendo evidente las violaciones aducidas por la institución demandada a través de su apoderado legal en su recurso de casación de fs. 849 a 851, corresponde resolver el mismo conforme disponen los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo y con relación al recurso interpuesto por la parte actora a través del recurso de casación de fs. 863 a 868, al estar evidenciado que el tribunal ad quem a pesar de confirmar la sentencia en lo referente a los salarios y aguinaldos otorgados, omitió consignar estos ítems determinados en la liquidación efectuada en el auto de vista, por esta razón corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271 numeral 4) y 274 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 849 a 851, y con relación al recurso de fs. 863 a 868, CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 178/2010 S.S.A.II  de fs. 841 a 842, disponiendo que, tomando en cuenta los fundamentos de dicha resolución de vista, en ejecución de sentencia se incluya en la planilla faccionada por el tribunal ad quem, el aguinaldo por duodécimas de 4 meses y 20 días de la gestión 2006 y el sueldo devengado por 11 días del mes de junio de 2007 respecto a Rubén Ángel Vargas Arias; asimismo, la multa del 30% dispuesta por el juez a quo para ambos actores; y, se excluya de ésta, el salario devengado por 11 días concedido a la actora Alejandra Fidela Kaune.

Sin responsabilidad de multa por ser excusable.

En cumplimiento del art. 41 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2537/2012 de 14 de diciembre, no se convoca a un tercer magistrado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.