SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 234/2015-L.

Sucre, 18 de septiembre de 2015.

Expediente: CBBA. 11/2011.

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 115 a 116, interpuesto por la Universidad Franz Tamayo, representada legalmente por Roberto Carlos Terán Pino contra el Auto de Vista Nº 198/2010 de 13 de octubre de 2010 (fs. 109 a 110) emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales y otros seguido por Litzy Rocabado Ayaviri contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 120, el auto de fs. 122 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió Sentencia el 30 de octubre de 2008 (fs. 88 a 91), declarando probada la demanda de fs. 40 a 41, con las modificaciones establecidas en los puntos expuestos en dicha resolución, e improbada la excepción perentoria de pago de fs. 51, ordenando a la Universidad Franz Tamayo que dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, bajo alternativa de ley, pague a la demandante la suma de Bs. 29.589,86.- por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo por duodécimas de 4 meses y 29 días de la gestión 2008, y 4 días de vacaciones, menos pago a cuenta según literal de fs. 1. Más la correspondiente actualización y multa prevista por el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, por el retraso en el pago de los beneficios sociales.

En grado de apelación de fs. 98 a 99 interpuesto por la institución demandada, por Auto de Vista Nº 198/2010 de 13 de octubre de 2010 (fs. 109 a 110), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, confirmó la Sentencia apelada de 30 de octubre de 2008, con costas en ambas instancias.

Contra el referido auto de vista, la institución demandada a través de su representante legal, interpuso de fs. 115 a 116, recurso de casación en el fondo y en la forma, en el que señala los siguientes fundamentos:

Expresa que el tribunal de apelación además de señalar que las atestaciones de los testigos de descargo fueron tachados, no consideró la documental de fs. 50, relativa al finiquito suscrito por la demandante y homologado por funcionario del Ministerio del Trabajo, que lleva el sello de dicha entidad, constituyéndose en plena prueba del retiro voluntario de la actora, no siendo evidente que se le condicionó a firmar su carta de retiro voluntario, mas al contrario en su confesión provocada confesó el mismo, por lo que se violó lo dispuesto por el art. 167 del Código Procesal del Trabajo en relación con el art. 373 del Código de Procedimiento Civil.

Indica que los tribunales de instancia en forma parcializada ordenan y confirman la retención de fondos, medida no contemplada en la ley laboral (art. 100 C.P.T.), y si bien no se hizo uso del recurso de apelación contra la misma, no es menos cierto que cualquier resolución que viole los derechos y garantías constitucionales, puede ser observada en cualquier momento, por lo que se violó los arts. 251.II del Código de Procedimiento Civil, arts. 13.I y 14.I de la Constitución Política del Estado, al haberse impuesto medidas no contempladas por ley ocasionando agravios a la institución que representa.

Señala que, habiendo la actora reconocido su retiro voluntario, no se puede exigir a la institución demandada mayor prueba, toda vez que la demandante sin causal alguna y sin comunicar a la institución, no se presentó a su fuente laboral, habiendo presentado carta de retiro, la que el juez se niega a reconocer, existiendo además la confesión provocada, siendo la Universidad perjudicada con el accionar de la actora que de manera maliciosa pretende desconocer el finiquito realizado en el Ministerio de Trabajo, violando por tanto lo dispuesto en el art. 374 del Código de Procedimiento Civil en relación al art. 253 num. 3) del mismo cuerpo normativo.

Arguye que el tribunal de segunda instancia de manera ultra petita en la parte dispositiva del auto de vista impone costas en ambas instancias, sin considerar que la demandante no la solicitó en la demanda, ni el juez de la causa la impuso, habiéndose otorgado más de lo pedido por las partes, incurriendo en las previsiones contenidas en el art 254 núm. 4) del Código de Procedimiento Civil.

Concluye señalando que al contener el auto de vista violación e interpretación errónea y mala aplicación de la ley, incurriendo en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, solicita se case el auto de vista recurrido y se anule obrados hasta fs. cero.

CONSIDERANDO II: Que, analizados los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es necesario realizar las siguientes consideraciones:

Respecto a lo aseverado por el recurrente, de que el tribunal de apelación además de señalar que las atestaciones de los testigos de descargo fueron tachados, no consideró la documental de fs. 50, relativa al finiquito suscrito por la demandante y homologado por funcionario del Ministerio del Trabajo, constituyendo plena prueba del retiro voluntario de la actora, no siendo evidente que se le condicionó a firmar su carta de retiro voluntario, mas al contrario en su confesión provocada confesó el mismo, por lo que se violó lo dispuesto por el art. 167 del Código Procesal del Trabajo en relación con el art. 373 del Código de Procedimiento Civil; debe tenerse presente que conforme señala el tribunal de apelación en el auto de vista, no consta en actuados una carta de renuncia de parte de la actora, únicamente la firma del finiquito que la parte demandada invoca como “renuncia voluntaria”; sin embargo, como acertadamente lo expresa la Resolución de segunda instancia, la pate demandada: “…no acompañó prueba suficiente para demostrar tal hecho, porque el finiquito d Fs. 50 no es suficiente para comprobar que la actora se hubiese retirado voluntariamente de su fuente de trabajo, al no estar respaldada con otras literales que sin dudas evidencian el retiro referido…”

Asimismo, no es evidente lo que señala el recurrente de que en la confesión provocada la actora confesó su retiro voluntario, pues de la lectura de la misma se verifica que ésta señala que firmó dicho finiquito dadas las circunstancias en que ocurrió su despido, por lo que se concluye que la institución demandada no cumplió con la observancia del principio de inversión de la carga de la prueba, conforme determinan los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, por lo que el empleador se encuentra obligado a enervar o desvirtuar lo afirmado por el trabajador, a través de prueba eficiente.

En relación a la afirmación del tribunal ad quem que señaló que las atestaciones de los testigos de descargo fueron tachadas, se verifica de obrados que dicho hecho es evidente, concluyéndose de la lectura de las resoluciones de instancia y lo actuado en obrados que los tribunales de instancia valoraron correctamente las pruebas, conforme se tiene fundamentado precedentemente, habiendo realizado la libre apreciación de éstas en función al art. 158 del Código Procesal del Trabajo en sujeción a lo dispuesto en los arts. 3 inc. g) y h); 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, al ser deber primordial del Estado proteger los derechos de los trabajadores, en cumplimiento a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo e inversión de la prueba en materia laboral, por cuanto todo trabajador goza del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por la Constitución Política del Estado, y arts. 4 y 13 de la Ley General del Trabajo.

Asimismo, debe tenerse presente que conforme la uniforme jurisprudencia la apreciación y valoración de la prueba por los jueces de instancia, es incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.", lo que en la litis no aconteció, resultando por lo precedentemente fundamentado no ser evidentes las violaciones aducidas del art. 167 del Código Procesal del Trabajo en relación al art. 373 del Código de Procedimiento Civil.

De la violación del art. 374 del Código de Procedimiento Civil, dicha normativa no puede haber sido infringida por el tribunal ad quem, ya que ésta no es aplicable en materia laboral, por regir para la misma normativa específica estipulada en el Libro II, Capítulo Primero, Título IV del Código Procesal del Trabajo; y, de conformidad a lo establecido por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo, únicamente se regirán por el Procedimiento Civil y la Ley de Organización Judicial los aspectos no previstos en la indicada ley

Es menester aclarar que el Derecho Procesal del Trabajo constituye una jurisdicción especial con autonomía procesal propia que evita el uso y remisión de normas adjetivas de otros campos jurídicos, y de acuerdo al principio de especialidad, corresponde la aplicación preferentemente a los casos concretos de la ley especial respecto de la ley general; así el art. 2 de Código Procesal del Trabajo es concluyente al manifestar: "...Este Código dará autonomía a los procedimientos del trabajo y eliminará todo uso y remisión a las normas adjetivas de otros campos jurídicos. Tiene como finalidad esencial reforzar los poderes del juzgador y de las autoridades del trabajo, respecto a la dirección del proceso y todos los trámites en materia laboral y de seguridad social.".

En relación a la afirmación de que los tribunales de instancia en forma parcializada ordenaron y confirmaron la retención de fondos, medida no contemplada en la ley laboral (art. 100 C.P.T.), y si bien no se hizo uso del recurso de apelación contra la misma, no es menos cierto que cualquier resolución que viole los derechos y garantías constitucionales, puede ser observada en cualquier momento, por lo que se violó los arts. 251.II del Código de Procedimiento Civil, arts. 13.I y 14.I de la Constitución Política del Estado, al haberse impuesto medidas no contempladas por ley ocasionando agravios a la institución que representa; efectivamente, como la misma institución recurrente lo expresa, dicho agravio no fue expresado en la oportunidad correspondiente, habiendo dejado precluir su derecho.

Debe tenerse en cuenta que el ordenamiento jurídico Procesal Civil, norma plazos y momentos en los que, no solo las partes, sino también los Jueces, deben realizar los actos jurídicos procesales que les corresponde, bajo pena de operar, para las partes, la preclusión al vencimiento de plazos y etapas procesales y, para los jueces las sanciones por retardación a que dieran lugar el incumplimiento de los plazos.

En la Litis, se verifica que la institución demandada, ahora recurrente, no cuestionó dicho aspecto en el momento procesal correspondiente, menos en apelación, por lo que el derecho a impugnarlo precluyó, no correspondiendo en esta instancia, pretender que en casación se revisen aspectos que no fueron oportunamente impugnados y que se encuentran por tanto ejecutoriados, como es lo determinado por los tribunales a quo y ad quem.

Igual razonamiento se establece con relación a la acusación referida a que el Tribunal de segunda instancia de manera ultra petita en la parte dispositiva del auto de vista impone costas en ambas instancias, sin considerar que la demandante no la solicitó en la demanda, ni el juez de la causa la impuso, habiéndose otorgado más de lo pedido por las partes, incurriendo en las previsiones contenidas en el art. 254 núm. 4) del Código de Procedimiento Civil; acusación que no permite a este Supremo Tribunal resolver al respecto,  por cuanto el tribunal de apelación solo dio cumplimiento a lo previsto por el art. 237 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil.

Por último, el recurrente concluye su recurso solicitando se “CASE el auto de vista objeto del presente recurso y anulando obrados hasta fojas cero…” sin considerar que, ambas resoluciones son excluyentes una de la otra y sin tomar en cuenta las formas de resolución establecidas en el art. 271 del Código de Procedimiento Civil para el recurso de casación.

Por lo precedentemente fundamentado, se concluye que las infracciones denunciadas por la institución demandada a través de su apoderado legal no son evidentes, correspondiendo en consecuencia resolver el recurso interpuesto de fs. 115 a 116, en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones aplicables al caso con la permisión contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 115 a 116, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.