SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 230/2015-L.

Sucre, 18 de septiembre de 2015.

Expediente: SCZ.  05/2011.

Distrito: Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación de fs. 131 a 133, interpuesto por la Caja Petrolera de Salud representada por su Administrador departamental Efidio Saturnino Flores Bonillas, contra el del Auto de Vista Nº 176 de 31 de agosto de 2010, cursante de fs. 125 a 126, emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales seguido por José Chilo Pérez contra la institución recurrente, el memorial de respuesta de fs. 136 a 137, el auto de fs. 138 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, y luego de dictada la Sentencia Nº 67 el 8 de mayo de 2009 (fs. 44 a 48), ésta fue anulada por Auto de Vista de 11 de agosto de 2009 (fs. 88), en mérito a lo cual el Juez Quinto de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió nueva Sentencia Nº 20, el 17 de marzo de 2010 (fs. 93 a 97), declarando: 1.- improbada la excepción perentoria de pago interpuesta por la Caja Petrolera de Salud, y 2.- probada, sin costas la demanda de fs. 7 a 8, ordenando a la institución demandada, pague a tercero día de ejecutoriada la sentencia en favor del demandante, el monto equivalente a sus derechos y beneficios sociales de desahucio e indemnización, salarios devengados por 15 días del mes de octubre de 2007, aguinaldo doble de la gestión 2006 por 5 meses y 12 días y doble de la gestión 2007 por 9 meses y 15 días, vacaciones por 1 año, 2 meses y 27 días, incremento salarial de la gestión 2006 y 2007 y bonos adeudados de 1 año, 2 meses y 27 días, en un total de Bs. 64.784,65, con la actualización, reajustes, multa del 30% y mantenimiento de valor dispuesto por el art. 9 del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación de fs. 100 a 102, formulado por la institución demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 176 de 31 de agosto de 2010 (fs. 125 a 126), confirmando la Sentencia de 17 de marzo de 2010 de fs. 93 a 97, sin costas en virtud de la Ley Nº 1178.

Contra el indicado auto de vista, la Caja Petrolera de Salud a través de su administrador departamental presento recurso de casación en el fondo y en la forma (fs. 131 a 133), en el que esgrime los siguientes fundamentos:

En el recurso de casación en el fondo,  expresa que con el Contrato de trabajo CTTO-TRAB/JD-RH 325/06 de 4 de diciembre de 2006 se demuestra la relación laboral con el actor desde el 1 de diciembre de 2006 con un sueldo mensual de Bs. 3574.-, además de las causales de rescisión unilateral del contrato en sujeción a la Ley General del Trabajo y la aplicación de normas reglamentarias de la Caja Petrolera de Salud para los casos de controversias entre partes, lo que no ha sido considerado ni valorado por los tribunales de instancia, vulnerando con este error de omisión la eficacia jurídica del instrumento que es ley entre partes, arts. 6 y 22 de la Ley General del Trabajo.

Acusa error en la apreciación de las pruebas de fs. 52 a 54, 3, 26  31, al confirmar el auto de vista la incongruente sentencia que determina la liquidación de Bs. 64.784,65 por el tiempo de servicios de 1 año, 2 meses y 27 días, además el tribunal de alzada ha incurrido en indebida aplicación del art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 confundiendo el error de pago de la única boleta de marzo de 2007 por Bs. 5.299,16.- de fs. 1 en relación a las demás boletas adicionales adjuntas con sueldo más bajo, así también la figura de despido que no existe, no habiendo valorado que luego del supuesto despido indirecto aceptó la recontratación posterior por memorándum de 3 de marzo de 2008 de fs. 51 con asignación de ítem bajo escala salarial.

Señala que al no haber sido valorados los fundamentos legales del pago de sueldos bajo planilla acorde con el sistema presupuestario, y los bonos de transporte y refrigerio son bonos extralegales establecidos por acuerdo interno entre la Caja y el Sindicato sólo para trabajadores con ítem, por lo que no son consignados como parte de la remuneración según escala salarial aprobada por el Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda conforme los arts. 30 y 31 d la Ley 2042, en consecuencia el auto de vista por omisión a la indicada Ley, viola las normativas del Sistema de Control Fiscal y la propia constitución Política del Estado referente al art. 321 parágrafo I, estando la Caja Petrolera de Salud ,en mérito a esta política fiscal, sujeta al ámbito de aplicación de la Ley de Administración Presupuestaria, art. 2.

En el recurso de casación en la forma, acusa indefensión en la demanda, por haber sido la Caja Petrolera de Salud notificada mediante cédula, diligencia practicada cuando la institución se encontraba cerrada con la toma de sus instalaciones por grupos llamados unionistas-autonomistas, toma que duró del 10 de septiembre hasta fines de octubre de 2008, razón por la que la entidad no tuvo la oportunidad de contestar la demanda dentro de término al desconocer la actuación impetrada, por lo que fue declarado en rebeldía, habiéndose apersonando posteriormente purgando rebeldía e incidentando de nulidad de citación, la que fue rechazada por el Juez, demostrando que se puso en indefensión a la Caja Petrolera de Salud. Sin embargo, esta actuación viciada no fue considerada por los jueces de instancia, vulnerando las garantías jurisdiccionales del debido proceso y el derecho a la defensa consagradas en el art. 115 parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado y art. 20 numeral 12 de la Ley del Órgano Judicial.

Concluye su recurso solicitando se case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare improbada la demanda de fs. 7 a 8 con costas y multas, o en su caso anulando obrados hasta fs. 11 por vicios en la citación con la demanda y auto de admisión.

CONSIDERANDO II: Que, analizados los fundamentos del recurso de casación en el fondo y en la forma, se realiza las siguientes consideraciones para resolución:

En relación al recurso de casación en la forma, por el cual acusa indefensión en la demanda, al haber sido la Caja Petrolera de Salud notificada mediante cédula, diligencia practicada cuando la institución se encontraba cerrada con la toma de sus instalaciones por grupos llamados unionistas-autonomistas, razón por la que la entidad no tuvo la oportunidad de contestar la demanda dentro de término al desconocer la actuación impetrada, vulnerando las garantías jurisdiccionales del debido proceso y el derecho a la defensa consagradas en el art. 115 parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado y art. 20 numeral 12 de la Ley del Órgano Judicial, debiendo anularse obrados hasta fs. 11 por vicios en la citación con la demanda y auto de admisión.

Al respecto, debe tenerse presente lo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Civil, y la uniforme jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, a efectos de la aplicación de la nulidad, para la cual concurren entre otros el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante.

En autos, de la revisión de obrados se colige que el reclamo en ésta instancia es inoportuno, en razón a que conforme consta del memorial de fs. 21, la Caja Petrolera de Salud a través de su apoderado legal, luego de purgar costas de rebeldía contestó la demanda negativamente; y por memorial de fs. 24 formuló incidente de nulidad, el mismo que luego de ser tramitado, por auto de 6 de diciembre de 2008 (fs. 38-39) se rechazó el mismo, quedando totalmente ejecutoriado por no haber hecho uso de los recursos que franquea la ley. Asimismo, luego de emitida la Sentencia, a tiempo de formular recurso de apelación, la institución demandada no acuso estas infracciones, que ahora hace llegar por medio del recurso de casación en la forma, sin tomar en cuenta que si se consideraba agraviado en sus derechos, debía hacer valer éstos por medio del recurso correspondiente, lo que no aconteció en el caso de análisis, dejando precluir su derecho de recurrir dentro del término conferido por ley, lo que permitió la clausura de la etapa procesal respectiva, conforme disponen los arts. 3 inc. e) y 57 del Código Procesal del Trabajo, siendo extemporánea la pretensión ahora exigida.

Por otra parte, en mérito a los principios sostenidos anteriormente, no tendría sentido anular el proceso, cuando el apoderado legal de la Caja Petrolera de Salud asumió defensa, la que fue aceptada por proveído de fs. 22 del expediente; haciendo uso de todos los recursos que la ley le franquea en las diferentes etapas de la causa, no habiéndose por vulnerado las garantías esenciales de defensa en juicio; es decir, "no existe nulidad sin perjuicio"; de la misma forma, bajo el principio de convalidación, el recurrente al no haber ejercitado su derecho de recurrir en relación al incidente de nulidad planteado, convalidó todos los actos posteriores realizados; por lo que, toda supuesta nulidad se convalidó por el consentimiento de la parte demandada, siendo que no fue observada en tiempo oportuno, precluyendo así su derecho.

En mérito a lo expuesto, se concluye que al no existir causal fundada para disponer la nulidad del proceso, toda vez que la entidad demandada dentro la tramitación de la causa, asumió amplia defensa, prueba de ello es que interpuso los recursos previstos por ley, no es evidente que se hubiera vulnerando las garantías jurisdiccionales del debido proceso y el derecho a la defensa causadole indefensión, hechos que desestiman la nulidad solicitada; por consiguiente se ingresa a considerar la casación en el fondo.

En el recurso de casación en el fondo, el recurrente acusa vulneración de los arts. 6 y 22 de la Ley General del Trabajo, al no haber sido considerado ni valorado por los tribunales de instancia, el Contrato de trabajo CTTO-TRAB/JD-RH 325/06 de 4 de diciembre de 2006 quebrantando con este error de omisión la eficacia jurídica del instrumento que es ley entre partes.

Al respecto, el art. 6 de la Ley General del Trabajo dispone: “El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente o por escrito, y su existencia se acreditará por todos los medios legales de prueba. Constituye la ley de las partes siempre que haya sido legalmente constituido y a falta de estipulaciones expresas, será interpretado por los usos y costumbres de la localidad.” Y por su parte el art. 22 expresa: “El contrato de trabajo requiere, para alcanzar eficacia jurídica ser refrendado por la Autoridad del Trabajo o la administrativa, en defecto de aquella.”; en ambos casos, se constata que estas normas refieren a la forma de celebración de los contratos y el requisito para que el mismo obtenga eficacia jurídica, aspectos que no han sido debatidos en el presente proceso, pues los jueces de instancia en uso de sus atribuciones conferidas por los arts. 158 y 3 inc. j) del Código Procesal del Trabajo, han arribado a la determinación de que el demandante puso en conocimiento de la Caja Petrolera así como del Ministerio del Trabajo su intención de acogerse al despido indirecto, por lo cual no existe incumplimiento de contrato, habiéndose concluido correctamente que el despido del actor fue intempestivo y forzoso por rebaja salarial, correspondiéndole el pago de beneficios sociales.

En efecto, debe tenerse presente que de manera acertada el tribunal de apelación se pronunció expresando: “Qué, con relación al oficio de fs. 3 presentado por el actor, resulta de plena aplicación el art. 2 del D.S. de 19 de marzo de 1937, que permite al actor retirarse de su fuente laboral mediante el “DESPIDO INDIRECTO” por rebaja salarial, extremo que fue probado con la prueba de fs. 1 y 2, que establecen que el actor percibía como salario mensual la suma de Bs. 5.299,16 en el mes de marzo de 2007 y se le rebajó este salario a la suma de Bs. 3.574,00, en el mes de septiembre de 2007, no pudiendo reputare como un abandono intempestivo de su fuente de trabajo, puesto que le actor puso en conocimiento de la Caja Petrolera como del Ministerio del Trabajo su intención de acogerse a este Despido Indirecto, por lo cual no existe incumplimiento de contrato como aduce la parte apelante…” (las negrillas son añadidas). Por lo que no resulta evidente la vulneración de los arts. 6 y 22 de la Ley General del Trabajo.

Respecto a la acusación de error en la apreciación de las pruebas de fs. 52 a 54, 3, 26  31, al confirmar el Auto de Vista la liquidación de Bs. 64.784,656.- por el tiempo de servicios de 1 año, 2 meses y 27 días, incurrido además el tribunal, en la indebida aplicación del art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 confundiendo el error de pago de la única boleta de marzo de 2007 de fs. 1, en relación a las demás boletas adjuntas con sueldo más bajo, como así también la figura de despido que no existe, no habiendo valorado que luego del supuesto despido indirecto aceptó la recontratación posterior por memorándum de 3 de marzo de 2008 de fs. 51 con asignación de ítem bajo escala salarial.

De la lectura de las resoluciones de instancia y lo actuado en obrados se desprende que los tribunales de instancia valoraron correctamente las pruebas, conforme se tiene fundamentado precedentemente, habiendo realizado la libre apreciación de éstas en función al art. 158 del Código Procesal del Trabajo en sujeción a lo dispuesto en los arts. 3 inc. g) y h); 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, al ser deber primordial del Estado proteger los derechos de los trabajadores, en cumplimiento a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo e inversión de la prueba en materia laboral, por cuanto todo trabajador goza del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por la Constitución Política del Estado, y arts. 4 y 13 de la Ley General del Trabajo.

Asimismo, debe tenerse presente que conforme la uniforme jurisprudencia la apreciación y valoración de la prueba por los jueces de instancia, es incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.", lo que en la litis no aconteció.

Además, la institución demandada no cumplió con la observancia del principio de inversión de la carga de la prueba, conforme determinan los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, por lo que el empleador se encuentra obligado a enervar o desvirtuar lo afirmado por el trabajador, a través de prueba eficiente, conforme lo estableció el tribunal ad quem en el auto de vista al expresar que: “… al calificar en la Sentencia el Juez a quo el pago de bono de refrigerio, transporte y bono de atención particular, actuó correctamente, puesto que es deber de la parte demandada, demostrar que estos bonos no le corresponden al actor y solo son para los trabajadores con ITEM, lo cual no fue demostrado fehacientemente con documentación idónea, en virtud al principio de inversión de la prueba, por lo cual no habiendo sido enervado por la parte demandada, resulta correcta la apreciación del Sr. Juez inferior, al disponer el pago de estos bonos, en virtud al principio jurídico de indubio pro operario.”

De la recontratación realizada al actor que expresa el recurrente, este extremo ya fue correctamente resuelto en el Auto de Vista cuando se expresa que “…este extremo no fue objeto de la demanda, menos de la respuesta por haberse declarado la rebeldía de la parte demandada, por lo cual no fue sujeto de prueba, ni se encuentra valorado en la sentencia apelada, lo cual inhibe a este tribunal pronunciarse sobre este particular, salvándose el derecho de la parte demandada para que lo haga valer ante la autoridad que corresponda.”

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que tratándose la litis de un proceso laboral, relativo al pago de beneficios sociales y derechos adquiridos, las normativas del Sistema de Control Fiscal no son aplicables al mismo, pues se verifica en éste, la correspondencia o no de derechos laborales de un trabajador y no así el presupuesto asignado a la institución demandada por los Ministerios de Salud y de Hacienda, ni la política fiscal establecida en la Constitución Política del Estado (2009) para dicha institución, por lo que la acusación formulada al respecto resulta inatiente, no correspondiendo ser dilucidada por este Supremo Tribunal.

Por los razonamientos expresados, se concluye que la decisión del tribunal de alzada, es correcta al confirmar la sentencia de primera instancia, advirtiéndose que el Auto de Vista Nº 176 de 31 de agosto de 2010 (fs. 125 a 126) impugnado se ajusta a las disposiciones legales en vigencia; consiguientemente, al no estar demostrada la existencia de las infracciones denunciadas por el recurrente, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la permisión prevista en el art.  252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 131 a 133. Sin costas en aplicación a la previsión contenida en el art. 39 de la Ley Nº 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.