SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 227/2015-L.

Sucre, 18 de septiembre de 2015.

Expediente: PDO. 1/2011.

Distrito: Pando

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de nulidad de fs. 87 a 88, interpuesto por Rolando Canaviri Moya, contra el Auto de Vista  Nº 102 de 26 de octubre de 2010, cursante de fs. 83 a 84, pronunciado por la Sala Civil, Social, de Familia y de la Niñez y Adolescencia  de la Corte Superior  del Distrito Judicial de Pando,  en el proceso social que se tramita en liquidación seguido por Roberto Fabián Claros Balderrama, contra el recurrente, el auto de fs. 90 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija-Pando, emitió la Sentencia Nº 39-010 de 8 de septiembre, cursante de fs. 57 a 59, declarando probada en parte  la demanda de fs. 4 a 5, con costas; disponiendo que el demandado pague en favor de Roberto Fabián Claros Balderrama, la suma de Bs.5.409.- por concepto de desahucio, indemnización y sueldos devengados. 

Que, resolviendo las apelaciones interpuestas, por Roberto Fabián Claros Balderrama cursante a fs. 62, como de Rolando Canaviri Moya de fs. 71 a 72, la Sala Civil, Social, de Familia y de la Niñez y Adolescencia  de la Corte Superior de Distrito de Pando, mediante Auto de Vista Nº 102 de 26 de octubre de 2010, cursante de fs. 83 a 84, confirmó totalmente la sentencia apelada, sin costas.

Contra la resolución de segunda instancia, la parte demandada, por memorial de fs. 87 a 88, interpuso  recurso de nulidad en el fondo, denunciando lo siguiente:

Citando el art. 117 incs. c), d) y e), sin especificar la norma al que corresponde, hace referencia que, el memorial de demanda no cumple con los deberes formales para interponer la misma, que además contiene imprecisiones, al sostener que habría sido contratado en su calidad de profesional ingeniero y contrariamente confiesa que prestó labores de cargador de piedras, comprador de verduras, mensajero, chofer, de seguridad del Hotel Paititi y en ocasiones de cajero, que debido a esas contradicciones formuló sus excepciones.

Expresa que, en el proceso se han suscitado violaciones, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley por parte del juez de la causa, al valorar la prueba testifical de Israel Rocha Macuapa, quien también es su demandante, por lo que considera que debió aplicarse lo previsto por el art. 446 incs. 3) y 5) del Código de Procedimiento Civil.

Agrega además que, esos hechos demostrarían  que el demandante no  cumplió con las previsiones del DS.23570 de 26 de julio de 1993 para exigir salario alguno y menos beneficios sociales, debido a que no existía relación de dependencia, subordinación de trabajo, horario y otros componentes que constituyen características esenciales del trabajo asalariado.

Asimismo señala que, el auto de vista en el segundo parágrafo del considerando I,  erróneamente  interpreta la prueba confundiendo los alegatos de las partes, es más, sin especificar la prueba, sostiene que se tiene demostrado que el demandante es Ingeniero Agrónomo.

Por otro lado, haciendo referencia al contenido del segundo parágrafo del considerando II del auto de vista, afirma que en su confesión nunca manifestó que tenía una relación laboral, al contrario negó la misma manifestando que existía una relación de amistad.

Finalmente cita la normativa que considera haber sido violada: consistente en los arts. 117 y 124 del Código Procesal del Trabajo, arts.1, 90, 446 incs. 3) y 5) del Código de Procedimiento Civil y DS. 23570 de 26 de julio de 1993.

Concluye señalado que, interpone recurso de nulidad o casación en el fondo contra el auto de vista recurrido y solicita que  el Tribunal Supremo declare la casación (anulación) del auto de vista.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, con base a los hechos denunciados y la normativa invocada, se establece lo siguiente:

En principio es pertinente señalar que, el recurso de casación o nulidad constituye una nueva demanda de puro derecho, cuyo objeto es invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, puede presentarse como recurso de casación en el fondo, en cuyo caso las denuncias formuladas deben enmarcarse en uno o varios de los numerales previstos en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil; y cuando se trate de recurso de casación en la forma o nulidad, el recurrente  debe  precisar su denuncia en cualquiera de las causales de procedencia que previene  el  art. 254 de la norma citada, cumpliendo además los requisitos formales establecidos en el art. 258 inc. 2) del mismo compilado adjetivo civil.

En el caso de autos, de acuerdo a lo expuesto por memorial de fs. 87 a 88, se advierte que el recurrente planteó el recurso con la suma “recurso de nulidad”, el mismo que adolece de la fundamentación suficiente y no guarda coherencia entre el fundamento, la petición y las normas invocadas, confundiendo los fundamentos de casación en el fondo con los fundamentos para la casación en la forma, es decir, plantea recurso de nulidad en el fondo, pero erróneamente pretende que se consideren aspectos que hacen a la forma del proceso, pero además incurre en contradicción en su petitorio final “nulidad o casación en el fondo” y solicita al Tribunal Supremo de justicia, case (anule) el auto de vista.

En consideración a lo expuesto precedentemente, se advierte que el recurrente incumplió la previsión legal contenida en el art. 258 en relación con los arts. 250, 253 y 254 todos del Código de Procedimiento Civil, a mérito que, si bien es posible interponer alternativamente y al mismo tiempo ambos recursos -en la forma y en el fondo-, resulta empero imprescindible, no sólo que ambos se postulen por separado, sino que los fundamentos en cada uno de ellos respondan a sus causales.

Sin embargo de que el recurso de casación no cumple los requisitos descritos, aplicando el principio pro actione, se ingresa a considerar los reclamos planteados:

Con relación a lo aseverado en sentido que,  el memorial de demanda no cumple con los deberes formales y posee imprecisiones y contradicciones en su contenido, debe decirse que esta situación conforme también señaló el recurrente, fue reclamada con la interposición de la excepción previa de contradicción o imprecisión en la demanda que fue oportunamente resuelta por el a quo declarándola improbada, resolución confirmada por el tribunal de alzada a través del auto de vista de fs. 54, no siendo pertinente una nueva consideración sobre este tema, deviniendo por ello, en correcta la actuación del tribunal ad quem que determinó no ser posible volver a considerar estos extremos, debido a que ya fue analizada y resuelta la excepción.

Asimismo, en cuanto a la supuesta  violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley por parte del juez de la causa al valorar la prueba testifical de Israel Rocha Macuapa, quien es su demandante, se recuerda al recurrente, que en, el recurso de casación, deben reclamarse la vulneración, aplicación falsa o errónea de la ley, errores de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas, o vulneraciones a las formas esenciales del proceso precisamente con relación a la resolución que es recurrida, en la especie el Auto de Vista Nº 102 de 26 de octubre de 2010, cursante de fs. 83 a 84, y no sobre  vulneraciones o errores presuntamente incurridos por  el juez a quo en su sentencia, cuyo análisis y revisión corresponde al tribunal de apelación; por esta razón, es imperioso precisar que la ley impide retrotraer etapas precluidas en el proceso, toda vez que dicho reclamo incumbe al recurso de apelación, concluyendo que los argumentos del recurrente no son propios del recurso de casación, haciendo inviable su consideración en el caso concreto.

En cuanto a la denuncia sobre el contenido del segundo parágrafo del considerando I del auto de vista, que según el recurrente interpreta erróneamente la prueba, confundiendo los alegatos de las partes sosteniendo que se tiene demostrado que el demandante es Ingeniero Agrónomo, sin señalar la prueba en la que basa tal afirmación, de obrados se colige que no es evidente lo señalado por el demandado ahora recurrente, por cuanto en el referido parágrafo no consta tal afirmación, al contrario, hace referencia a la respuesta de la apelación por parte del mismo demandado.

Con relación a lo afirmado  respecto a que, en el segundo parágrafo del considerando II del auto de vista, se hubiera manifestado que el recurrente tenía una relación laboral, cuando lo que manifestó es que existía una relación de amistad, tal situación no tiene incidencia alguna en el fondo de la cuestión debatida, por cuanto el tribunal de alzada al confirmar en su totalidad la sentencia de primera instancia, respalda  el fundamento de la valoración de toda la prueba  efectuada por el juez a quo, estableciendo la existencia de las características de la relación laboral, por lo que no amerita mayor consideración.

Finalmente, en cuanto a la supuesta violación de los arts. 117 y 124 del Código Procesal del Trabajo, arts. 1, 90, 446 incs. 3) y 5) del Código de Procedimiento Civil y DS. 23570 de 26 de julio de 1993 en que hubiera incurrido el tribunal ad quem, esta no es evidente; máxime, si en la decisión de grado no se aplicaron las citadas normas legales, por lo que, el reclamo en casación sobre la presunta infracción de dichas disposiciones legales, es inatendible, por cuanto no puede infringirse una ley no aplicada.

Adicionalmente a lo expuesto precedentemente, es menester aclarar que, la aplicación del art. 446 incs. 3) y 5) del Código de Procedimiento Civil, al que hace mención el recurrente, referido a las tachas relativas, con el argumento de que el testigo  Israel Rocha Macuapa, resulta ser su demandante; se advierte que el ahora recurrente, por su desidia y negligencia no reclamó oportunamente este aspecto, activándose la preclusión procesal establecida en los arts. 3. e) y 57 del Código Procesal del Trabajo; no pudiendo reclamar esta situación en casación.

Por otro lado, si la pretensión del recurrente fue la nulidad del auto de vista, conforme su petitorio final; corresponde dejar claramente establecido que al tenor de la exigencia inserta en el art. 251, concordante con el art. 254 del Código de Procedimiento Civil y conforme la uniforme jurisprudencia emitida por la entonces Corte Suprema de Justicia, se tiene que, a efectos de la aplicación del instituto de la nulidad, convergen varios principios, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir “no hay nulidad sin perjuicio”; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fue observada en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante.

Que en el caso de autos, dentro la tramitación de la causa no se advierte violación a las formas esenciales del proceso, ni los jueces de grado incurrieron en infracciones procedimentales, mucho menos vulneraron el derecho de defensa de las partes, ni el debido proceso, por cuanto el auto de vista cumplió el principio de congruencia, exhaustividad y pertinencia prevista en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

En virtud a lo expuesto, se establece que el tribunal ad quem, al confirmar  la sentencia de primera instancia, actuó acertadamente, observando las normas que rigen la materia, no siendo evidente las infracciones acusadas por el recurrente, deviniendo estas en infundadas, correspondiendo en consecuencia resolver el recurso de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de nulidad o casación de fs. 87 a 88. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.