SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 222/2015-L.

Sucre, 13 de agosto de 2015.

Expediente: LPZ. 661/2010.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 224 a 225, interpuesto Elizabeth Victoria Quiroga Arce, contra el Auto de Vista Nº 128/2010 SSA-II de 8 de junio, cursante de fs. 220 a 221, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por la recurrente contra la empresa ENCUESTAS Y ESTUDIOS S.R.L., la respuesta de fs. 228 a 229, el Auto Nº 351/10 de 12 de noviembre (fs. 232) que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de La Paz, emitió la Sentencia Nº 113/2009 el 9 de octubre, cursante de fs. 190 a 197, declarando improbada la demanda de fs. 6 a 7 de obrados y probada la excepción perentoria de pago opuesta por la parte demandada de fs. 18 a 19 de obrados, disponiendo el archivo de obrados.

En grado de apelación formulada por ambas partes a fs. 200 a 201 y 208 a 210, la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 128/2010-SSA-II de 8 de junio (fs. 220 a 221), confirmando en todas sus partes la Sentencia Nº 113/2009 de 9 de octubre, así como el auto complementario de fs. 204 de obrados.

El referido fallo de segunda instancia, motivó a la demandante a interponer el recurso de casación en el fondo de fs. 224 a 225, en el que esgrime los siguientes fundamentos:

Expresa que el juez declaró probada la excepción de pago, sin embargo a tiempo de apelar la empresa demandada expresó que nunca hubo relación laboral, determinando además el reconocimiento de que no efectuaba con continuidad los pagos por el trabajo realizado, lo que muestra una interpretación indebida de la ley pues en conformidad con el art. 5 del Decreto Supremo 28699, todos los contratos civiles comerciales tendientes a burlar los derechos de los trabajadores se constituyen y reconocen como contratos laborales, lo que determina su aplicación en conformidad al art. 2 de la Ley General del Trabajo y por ende el reconocimiento de la existencia de la percepción de remuneración o salario.

Indica que el tribunal de segunda instancia soslaya los derechos que le confiere las leyes laborales, esencialmente el art. 3 inc. g) del Código Procesal del Trabajo, al desconocer el principio proteccionista laboral, mostrando las siguientes condiciones de manera puntual:

-Se evidencia que la base de fundamento de la sentencia está en los arts. 157, 158 y 162 de la Constitución Política del Estado, la que pretendidamente se enmienda por auto complementario de fs. 204 sin guardar la relación de protección que la norma confiere a su derecho reclamado.

-Se determina que el principio de inversión de la prueba no constituye un instrumento de defensa del trabajador toda vez que los administradores de justicia privilegian a favor de los empleadores el hecho de no presentar la prueba y debiendo el trabajador presentar la misma, basándose en la última parte del art. 66 del Código Procesal del Trabajo, no existiendo una adecuada interpretación toda vez que sin perjuicio, significa que podría y no tiene un carácter de obligatoriedad como la tiene para el empleador.

- Los jueces de instancia dan plena validez a fotocopias presentadas por el demandado como las de los cheques de fs. 37 a 91, incumpliendo el art. 161 del Código Procesal del Trabajo porque estos no son reconocidos en la demanda y la prueba, más aún cuando el pago no determina a qué corresponde.

-En relación a la confesión provocada, se establece que la parte actora debería efectuar una valoración de la misma, lo que no es evidente procesalmente ya que la valoración de la misma corresponde al juez.

-El tribunal de apelación de manera parcializada confiere todo el valor legal a la prueba literal producida de fs. 37 a 177, aspecto falso porque se verifica la prueba de cargo de fs. 1 a 5 y 35 a 36, es producto de la aplicación de la inversión de la prueba.

Añade que el tribunal de segunda instancia es quien determina en el recurso de apelación de fs. 208 a 210 la inexistencia de agravios porque el tema de competencia y de la condición jurídica del contrato ha sido resuelto por auto de fs. 24, debidamente ejecutoriado y por tanto no sujeto de tratarse, lo que muestra que se encuentra vigente la condición de la existencia de la relación laboral entre la actora y la empresa demandada, haciéndose necesario determinar las condiciones de pago de sueldos y salarios de conformidad al art. 52 de la Ley General del Trabajo y, los beneficios sociales conforme a los arts. 13 y 19 de la referida Ley, aspecto que determina el incumplimiento del art. 9 del Decreto Supremo 28699.

Concluye solicitando se case el auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Antes de ingresar al análisis del recurso interpuesto, cabe considerar que, en cumplimiento del art. 15 de la Ley de Organización Judicial Nº 1455, aplicable al caso de autos, los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar de oficio a tiempo de conocer un asunto, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar las sanciones pertinentes, o determinar, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, se dispone la nulidad de obrados de oficio en aplicación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dice: “El juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.” Norma que se aplica en concordancia con el art. 90 del mismo cuerpo legal que dispone que: I. Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley. II. Las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas”.

En mérito a lo precedentemente expuesto, cabe indicar que, toda resolución judicial debe constituir una unidad jurídica lógica y que las apreciaciones de la parte considerativa no deben ser contradictorias, por lo que enfáticamente se demuestra que la parte resolutiva emerge como resultado coherente de los enunciados previos, que entre otras cosas, debe cumplir con el principio de congruencia, es decir, que debe ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso y que, salvo expresa autorización de la ley, no puede contener más de lo pedido (ultra petita), ni debe dejar sin analizar y sin resolver ninguna pretensión sostenida por las partes (citra petita).

En este contexto, es menester señalar que conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia, constituye el acto más importante que deriva de un proceso judicial, por la cual sabida que fuera la verdad por las pruebas del proceso, se absolverá o condenará al demandado, resolución judicial que se basa en la apreciación de los hechos o de la prueba; donde el juez debe circunscribirse a examinar la realidad material sobre la base de la prueba aportada por las partes analizando y resolviendo todos los fundamentos de la demanda y su contestación, apreciando y considerando la prueba acumulada al proceso, otorgando a las partes una respuesta razonada y efectiva dentro de los límites que establecen los arts. 190 del Código de Procedimiento Civil y 202 del Código Procesal del Trabajo, pues de no ser así, se vulneran normas de orden público y de cumplimiento obligatorio que tiene como consecuencia la nulidad de obrados.

Así, la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.(...)

En autos, de la revisión de obrados, se establece que la a quo mediante Sentencia Nº 113/2009 de 9 de octubre de 2009 (fs. 190 a 197), declaro improbada la demanda de fs. 6 a 7 de obrados y probada la excepción perentoria de pago opuesta por la parte demandada de fs. 18 a 19 de obrados, disponiendo el archivo de obrados; y, por Auto de Vista Nº 128/2010-SSA-II de 8 de junio (fs. 220 a 221), se confirmó en todas sus partes la Sentencia Nº 113/2009 de 9 de octubre, así como el auto complementario de fs. 204 de obrados, en franca contravención a las previsiones contenidas en el art. 202-a) del Código de Procesal del Trabajo, en relación al art. 190 del Código de Procedimiento Civil que disponen: “…En párrafos expresos se hará una relación de los hechos comprobados y alegados oportunamente. Se hará referencia a las pruebas que obren en los hechos. En seguida se darán las razones y fundamentos legales que se estimen pertinentes, se citarán las normas legales y las razones doctrinales que se consideren aplicables al caso.” Y “La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas: recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso en ella se absolverá o condenará al demandado.” respectivamente.

En efecto, del análisis efectuado de la Sentencia de primera instancia, se, verifica las siguientes discordancias:

1.- En el numeral 1 del considerando 3, se reconoce la existencia de relación jurídico laboral entre la parte actora Elizabeth Victoria Quiroga Arce y la parte demandada empresa ENCUESTAS & ESTUDIOS S.R.L., en mérito a concurrir “… los elementos formativos determinados en el Art. 1ro y 2do. de la Ley General del Trabajo y D.S. Nro. 23570 de 26 de julio de 1993 que establece la existencia de los elementos de formación de la relación de trabajo Subordinación, relación de dependencia, pago

2.- En el numeral 4 del tercer considerando, se determina como causal de retiro por decisión unilateral de la actora “(renuncia voluntaria), misma consigna sello de recepción de Recibido, 2 FEB 2007 por ENCUESTAS Y ESTUDIOS, por lo cual no corresponde el pago de desahucio.” (las negrillas son añadidas).

3.- En el numeral 5 del considerando 3, relativo a la indemnización, el juez a quo expresa que de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 11478 de 16 de mayo de 1974, art. 1, se “…infiere que la Sra. Elizabeth Victoria Quiroga Arce ha cumplido más de 5 años de trabajo, la misma tiene derecho a percibir la indemnización por el tiempo de servicios (…)por lo que, de la revisión de obrados y por las literales adjuntas a Fs. 85 a 91 obrados consistentes en fotocopias simples de Cheques presentados por la parte demandada se infiere que este derecho fue cancelado a la actora, conforme el siguiente detalle Cheques: No. 0012579 que consigna con fecha 25 de mayo de 2007, No.0002363 con fecha 5 de julio de 2007, No. 0002375 con fecha 18 de julio de 2007, No. 0012967 con fecha 20 de septiembre de 2007, No. 0013081 con fecha 20 de diciembre de 2007, No. 0002453 con fecha 28 de enero de 2008 y No. 0002461 con fecha 2 de abril de 2008 de la relación de los mismos se infiere que son pagos posteriores a la conclusión de la relación laboral, por lo que se evidencia que se ha procedido a la cancelación de la indemnización correspondiente.” (las negrillas son nuestras).

4.- Respecto a los derechos colaterales como los sueldos devengados, descritos en el inciso a) del numeral 6 del tercer considerando, el Juez concluye que: “…de la revisión de obrados y mediante prueba documental cursante a Fs. 37 a 84 se evidencia la existencia de cheques girados a nombre de la actora y cobrados por la misma tal como consta de la firma de la Sra. Elizabeth Victoria Quiroga Arce, por lo cual se infiere que no corresponde otorgar el pago de sueldos devengados, por haber sido cancelados los mismos.” (las negrillas son añadidas).

5.- Con relación a la excepción de pago formulada por la parte demandada, en el inc. 7.2 del numeral 7 del considerando 3, el juez  expresa que si bien se interpuso la excepción de pago al momento de responder la demanda, indicando que conforme se evidencia de los cheques cursantes a fs. 37 a 91 de obrados, ya se le habría cancelado los conceptos pretendidos de sueldos que le corresponden por ley a la  actora, concluyendo el juez de que “…al acreditar mediante elementos de convicción tal extremo, se evidencia el pago el mismo estableciéndose de este modo el cumplimiento de la obligación producto de la relación laboral en la Empresa Encuestas y Estudios S.R.L. cheques que son firmadas en señal de conformidad, misma que es confirmada por el acta de confesión provocada de descargo diferida a la Sra. Elizaberth Victoria Quiroga Arce cursante a fs. 185 por la cual se evidencia que se ha cancelado los conceptos pretendidos por la actora por lo que corresponde declarar PROBADA la referida excepción perentoria.”

6.- En el memorial de fs. 18 a 19 por el cual el apoderado legal de la empresa demandada ENCUESTAS Y ESTUDIOS S.R.L., opone excepciones y responde a la demanda, afirma que la demandante estuvo sujeta a un contrato Civil con la empresa, en el marco de una relación enteramente civil comercial regulada por las previsiones de los Arts. 734 y sgts. del Código Civil no habiendo en ningún momento cumplido las condiciones que refieren los arts. 1º del D.S. 23570 de 26 de julio de 1993 y 2º del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, es decir por no haber tenido subordinación, dependencia, trabajo por cuenta ajena ni existir una remuneración o salario ya que ejerció una función profesional brindando servicios de asesoramiento externo en los proyectos, por lo que negó en todas sus partes la demanda solicitando se declare improbada la misma.

Este argumento fue ratificado en el memorial de ofrecimiento de pruebas de fs.179 a 181 indicando además que “…los honorarios profesionales de la Sra. Elizabeth Quiroga de Laguna efectivamente pagados mediante cheques girados a favor de la misma que en copias acompaño al presente memorial…”, por lo que “…se puede evidenciar que el servicio prestado fue por cuenta propia no generándose por tanto ninguna relación laboral…

7.- Por memorial de fs. 208 a 210 la parte demandada presenta recurso de apelación contra la sentencia, acusando violación de los arts. 1 y siguientes del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y 2 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, así como del art. 519 del Código Civil, por haber el juez de primera instancia determinado la existencia de una relación jurídica laboral entre Elizabeth Quiroga y la empresa demandada que jamás existió, reiterando que únicamente existió una relación jurídica de naturaleza civil, conforme lo previsto por el art. 732 y siguientes del Código Civil, por lo que solicita se revoque en parte la sentencia, aclarando la inexistencia de ninguna relación jurídica laboral entre la demandante y la empresa que representa.

8.- Del acta de audiencia de Confesión provocada de descargo de fs. 185, se puede verificar que a la pregunta Nº 9 del interrogatorio presentado, la que dice: “Diga cómo es cierto que su persona, ha recibido todos y cada uno de los cheques que fueron emitidos a su favor por parte de la empresa ENCUESTAS Y ESTUDIOS S.R.L. y que en copias cursan en el expediente”, la actora señaló “La mayoría de las veces un 98% se me entrego un cheque, otras veces en efectivo.”

De todos estos puntos analizados por éste Tribunal, se deduce que el Juez de primera instancia a tiempo de dictar la Sentencia Nº 113/2009, no valoró correctamente la prueba y emitió una resolución incongruente, con falta de razonamiento lógico y motivación adecuada, sin examinar la realidad material sobre la base de la prueba aportada por las partes y sin analizar y resolver todos los fundamentos de la demanda y su contestación, pues no consideró:

-Que la parte demandada ENCUESTAS Y ESTUDIOS S.R.L., a lo largo el proceso negó reiterativamente la relación laboral, habiendo incluso apelado de la sentencia con relación a dicho aspecto, por lo que mal puede el Juez “inferir” que los cheques presentados por el propio demandado de fs. 37 a 91, corresponden al pago de beneficios sociales, que sólo son pagados en la medida de que sea reconocida la relación laboral entre las partes.

Si bien el juez en sentencia reconoció dicha condición, no puede deducirse por ello, que los cheques presentados hubieren sido otorgados por concepto de beneficios sociales, pues se tiene la afirmación de la propia empresa demandada que indica “…los honorarios profesionales de la Sra. Elizabeth Quiroga de Laguna efectivamente pagados mediante cheques girados a favor de la misma que en copias acompaño al presente memorial…” (las negrillas son añadidas), por cuanto jamás reconoció la relación laboral con la actora.

-El Juez determina como cancelados los beneficios sociales y los sueldos devengados en base a los cheques presentados de fs. 85 a 91, sin haber determinado previamente una liquidación de beneficios sociales y derechos adquiridos, ni cuantificar los montos adeudados y las sumas canceladas, simplemente “infiere” de manera llana y simple que estos derechos fueron cancelados.

-Sucede lo propio a tiempo de resolver la excepción de pago, determinando el Juez que los conceptos pretendidos por la actora se encuentran cancelados por los cheques cobrados por la actora, declarando probada la referida excepción perentoria.

- Asimismo, expresa el Juez, que por el acta de confesión provocada de descargo diferida a la Sra. Elizabeth Victoria Quiroga Arce, cursante a Fs. 185, se evidencia que se ha cancelado los conceptos pretendidos por la actora; siendo que de la lectura de dicha acta, no se tiene esta confesión expresada, habiendo únicamente reconocido la demandante que la mayoría de las veces se le entregó cheques como, y otras veces en efectivo.  

Como consecuencia de lo precedentemente relacionado, se verifica que se ha vulnerado el derecho de las partes a obtener del Juez de instancia una determinación clara y precisa sobre el objeto del litigio, en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso, así como por la correcta interpretación de las normas y el sometimiento pleno al ordenamiento jurídico absolviendo o condenando al demandado conforme instituyen los arts. 190 del Código de Procedimiento Civil y 202 del Código Procesal del Trabajo.

En conclusión, se advierte que el Juez de primera instancia no cumplió con la previsión contenida en los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil y 202 del Código Procesal del Trabajo, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio conforme instituye el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, cuya inobservancia importa la nulidad de oficio, impidiendo abrir la competencia de este tribunal, para conocer y resolver el fondo de la causa.

Que, en ese marco legal, al haberse violado normas de orden público y cumplimiento obligatorio, corresponde aplicar de oficio, el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, con la permisión contenida en la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, ANULA obrados hasta la nota de fs. 189 inclusive, disponiendo que el expediente ingrese nuevamente a despacho sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, a efectos de que el juez de la causa emita nueva Sentencia, respetando los lineamientos establecidos en el presente Auto Supremo, con la pertinencia de los arts. 190 del Código de Procedimiento Civil y 202 del Código Procesal del Trabajo.

No siendo excusable el error, se impone multa de un día de haber, tanto para el a quo como para el tribunal de alzada. Al efecto comuníquese la presente Resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

Póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.