SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 217/2015-L.

Sucre, 13 de agosto de 2015.

Expediente: CBBA. 647/2010.

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 103 a 104, interpuesto por la Empresa Matrical S.R.L. representada por Juan Ponce Balderrama, contra el Auto de Vista Nº 188/2010 de 27 de septiembre de 2010 (fs. 99 a 100), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social de cobro de reintegro de beneficios sociales, que se tramita en liquidación, seguido por Lucas Torrico Vía contra Empresa Matrical S.R.L. representada por Juan Ponce Balderrama, la respuesta de fs. 106, el auto que concedió el recurso de fs. 107, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, el Juez Segundo de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió Sentencia el 11 de septiembre de 2008 (fs. 83 a 87), declarando probada en parte la demanda de fs. 5 a 6 y su aclaración de fs. 12 con las modificaciones consiguientes establecidas en dicha resolución, e improbada la excepción perentoria de pago de fs. 30 a 31, por lo que ordenó a la Empresa Matrical S.R.L representada legalmente por su propietario Juan Ponce Balderrama, para que dentro de tercero día de ejecutoriada la Sentencia y bajo alternativa de ley, pague al demandante, el monto de la liquidación la suma de Bs. 4.314.05 (Cuatro Mil Trescientos Catorce 05/100 bolivianos), más la correspondiente actualización y multa prevista por el art. 9 del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, por el retraso en el pago de sus beneficios sociales.

En grado de apelación, deducido por la parte demandada de fs. 90 a 91 y respuesta de fs. 93 a 94, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 188/2010, de 27 de septiembre de 2010 de fs. 99 a 100, confirmó la sentencia apelada con la modificación en sentido que debe deducirse de la liquidación cursante en la parte resolutiva de la sentencia, el monto de Bs. 550,-, en el rubro de aguinaldo por las razones contenidas en el punto 3 del considerando, quedando un saldo final por cancelar de Bs. 3.764.05 (Tres mil setecientos sesenta y cuatro 05/100 bolivianos); sin costas por la modificación.

Que, contra el referido auto de vista, la Empresa Matrical S.R.L representada por su propietario Juan Ponce Balderrama, interpone recurso de nulidad y  casación en el fondo de fs. 103 a 104, expresando en síntesis lo siguiente:

I.- Acusó que la sentencia declara probada la demanda, en aspectos que han sido desvirtuados y que denotan la mala fe del actor al pretender conceptos que ya le han sido cancelados. Asimismo, se desconoce la prueba testifical y la defensa en lo referente al retiro voluntario, demostrado mediante los finiquitos que cursan en obrados que fueron firmados por el actor, dando su conformidad con el motivo de término de la relación laboral, lo que al haber determinado el pago de un desahucio que no corresponde por la simple aplicación del contenido del art. 13 de la L.G.T., al vulnerar el art. 154 del C.P.T.

II.- Que el tribunal Ad quem infringió el art. 3 inc. h) y 150 del C.P.T., toda vez que se presentó los finiquitos, contratos y declaraciones testificales que acreditaban la defensa, sin que ni la sentencia ni el auto de vista consideré esos fundamentos y habiendo cumplido con esa obligación debió admitirse la prueba de descargo y los fundamentos de la defensa.

Que en cuanto al reclamo de las primas, se acompañó prueba que demostró que la empresa obtuvo utilidades solo en una gestión, de manera que no puede determinarse que deban pagar por dos gestiones, adjuntándose copias que no fueron observadas, por lo que las presunciones también deben ser aplicadas a favor del empleador, garantizando así una imparcial administración de justicia y no así presumirse la obtención de utilidades.

III.- Que la sentencia arbitrariamente liquidó un monto de vacaciones por 35 días en Bs. 1.047.-, cuando oportunamente se dejó constancia de que el actor ha hecho uso de sus vacaciones de manera esporádica al solicitar  permisos de días a cuenta de vacación, ya que solo le quedarían 15 días, por lo que le corresponde únicamente la suma de Bs. 448.75.-, que también fue aceptado por el actor en los finiquitos adjuntos, aspecto que no fue considerado en el auto de vista, infringiendo y aplicando erróneamente el Inc. h) del art. 182 del Código Procesal del Trabajo al haberse demostrado el pago de las vacaciones.

IV.- Por último refiere infracción del art. 326 del C.P.C., toda vez que el Auto de Vista, hace referencia a los puntos apelados, más no con análisis objetivo ni los fundamentos para desestimar la apelación y por consiguiente no existe fundamento legal y fáctico en el pronunciamiento.

Concluyó solicitando que se anule el Auto de Vista Nº 188/2006 de 27 de septiembre de 2010, cursante de fs. 99 a 100. Y en caso de que no se diera curso a la nulidad del auto de vista, pide que se case el mismo y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda de fs. 8 a 9, con costas. 

CONSIDERANDO II: Que, examinados los antecedentes y el recurso de casación interpuesto, se tiene las siguientes consideraciones de orden legal:

1.- En cuanto a la denuncia que la sentencia declaró probada la demanda, en aspectos que han sido desvirtuados, desconociendo la prueba testifical y la defensa en lo referente al retiro voluntario, demostrado mediante los finiquitos que cursan en obrados que fueron firmados por el actor, por lo que no correspondería el pago de desahucio.

Al respecto en el caso de análisis, de la compulsa de los antecedentes tanto la juez a quo como el tribunal ad quem, han compulsado correctamente las pruebas de cargo como las de descargo, formando libremente su convencimiento en los principios que informan la crítica de la prueba, con amplio margen de libertad, conforme a la lógica, a la sana crítica y a los dictados de su conciencia, con la facultad que les confiere el  art. 158 y art. 3 inc. J) del Código Procesal del Trabajo, concluyendo de esta manera que la empresa demandada si bien señaló en los finiquitos adjuntos que el actor se retiró voluntariamente, empero durante el proceso no demostró de manera fehacientemente lo manifestado, asimismo con relación a la declaración testifical de descargo de fs. 56 que señala que el actor se retiró voluntariamente de la empresa, dicha declaración no hace plena prueba conforme lo determina el art. 178 del Código Procesal del Trabajo, al indicar textualmente: Un testigo no puede formar por si solo plena prueba pero si presunción cuando es hábil, o indicio cuando su declaración se relacione con otros medios de prueba”, peor aún si este señala haber tenido problemas con el actor, lo que evidencia que el despido fue intempestivo, máxime si en materia laboral por el principio de inversión de la prueba, establecido por los arts. 3-h, 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, el empleador está obligado a desvirtuar la pretensión del demandante, de donde se tiene que lo sostenido por la parte empleadora se torna en meras suposiciones para eludir la responsabilidad de pago de beneficios sociales, toda vez que no consta que se haya desvirtuado el retiro intempestivo aludido por el actor, por lo que el tribunal ad quem haciendo prevalecer los derechos del trabajador, que por ley son irrenunciables, según los arts. 4 de  la Ley General del Trabajo y 3 inc. g) del Código Procesal del Trabajo, con relación al art. 48.II y III de la Constitución Política del Estado, que coincidentemente establecen que las normas laborales deben ser interpretadas y aplicadas bajo los principios de “protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador, ha determinado correctamente el pago del desahucio.

II.- Respecto a que el tribunal ad quem infringió el art. 3 inc. h) y 150 del C.P.T., toda vez que se presentó los finiquitos, contratos y declaraciones testificales que acreditaban la defensa, y que no fueron admitidos.

Sobre el particular, no obstante de haberse considerado en el fundamento del punto anterior, solamente en vía de aclaración, cabe señalar que la valoración de la prueba es una atribución exclusiva de los jueces de instancia y por tanto incensurable en casación al ser un tribunal extraordinario de puro derecho, solamente abre su competencia cuando el recurrente precisa que los de grado en la valoración de la prueba incurrieron en error de hecho o en error de derecho, circunstancia que no tomó en cuenta el recurrente, señalando de manera general que no se compulsaron los antecedentes, infringiendo el art. 3 inc. h) y 150 del C.P.T., sin observar que dichos artículos establecen que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, en ese contexto es impertinente lo manifestado por el recurrente.

En cuanto a que la prueba presentada demostró que la empresa solo obtuvo utilidades en una gestión, por lo que no corresponde el pago de dos gestiones; al efecto, es preciso señalar que el art.  57 de la Ley General del Trabajo, prevé el pago de la prima anual de acuerdo con lo establecido en los arts.  48 y siguientes de su Decreto Reglamentario, deduciéndose que la cancelación de la prima anual está sujeta a la demostración de existencia o inexistencia de utilidades durante el año en el que se pretende su cobro.

Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el art. 50 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, para acreditar la existencia de tales utilidades, el documento fehaciente es el balance general de ganancias o pérdidas aprobado por la Comisión Fiscal Permanente, sin embargo el artículo 181 del Código Procesal del Trabajo, manifiesta que la falta de presentación de dicho documento, por parte del empleador, que tiene la obligación de presentarlo, hará presumir que ha obtenido utilidades, complementado con el art.  2 de la Ley de 22 de noviembre de 1945, que señala que las empresas que no llenen formalidades contables para determinar utilidades, aun cuando protesten contar con pérdidas, pagarán la prima anual. En ese contexto, en el caso de autos, al no haber aportado el empleador elementos legales que lo eximan del pago de primas, se aplicó correctamente la presunción legal contenida en el art. 181 del Código Procesal del Trabajo, que no admite prueba en contrario por expresa determinación del art. 179 del mismo cuerpo legal; por tanto el demandante es acreedor al pago de primas por la gestión 2006 y 2007.

III.- De la denuncia del pago de vacaciones que únicamente correspondería de 15 días, demostrado por los finiquitos adjuntos; sobre el particular debemos hacer referencia que las vacaciones laborales, son el tiempo otorgado por ley para el cese del trabajo habitual, otorgándole al trabajador el descanso ininterrumpido y remunerado para la reposición de energías fisiológicas debido al desgaste del trabajo, por lo que es un derecho que le asiste al trabajador de exigir el cumplimiento de la obligación del empleador a permitirle el alejamiento de la fuente de trabajo anualmente y otorgarle un salario mientras ésta dure y la obligación del trabajador de abstenerse de trabajar para precautelar su integridad fisiológica; asimismo este concepto está regulado en el art. 44 de la Ley General del Trabajo, reformado por el art. 1º del Decreto Supremo Nº 3150 de 19 de agosto de 1952, regula el derecho al “descanso anual” a que tienen todos los trabajadores que hubieren cumplido un año de trabajo, conforme la escala señalada en el Decreto Supremo Nº 17288 de 18 de marzo de 1980; por cuanto el descanso, es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el trabajador renueve la fuerza y la dedicación para el mejor desarrollo de sus actividades; consiguientemente, y por disposición del artículo 33 del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo, se tienen como reglas generales, que las vacaciones: 1. No sean acumulables y sean ejercitadas cada año, conforme al rol de turnos que formule la parte empleadora, y 2. No sean compensables en dinero.

Sin embargo de lo señalado, y como en toda regla se tiene también la excepción, el propio art. 33 del cuerpo Reglamentario citado, establece excepciones para ambas reglas, como se anota: 1. En cuanto a la no acumulabilidad, se tiene la salvedad “que exista un acuerdo mutuo y por escrito entre ambas partes laborales”, y 2. En lo referido a la no compensabilidad económica de las mismas, se tiene la salvedad “cuando se termine el contrato de trabajo”; ahora bien en el caso de autos al haberse concluido la relación laboral intempestivamente y no haber gozado de su derecho a la vacación remunerada el actor, corresponde en esa circunstancia, compensar económicamente la vacación no disfrutada, es decir la vacación a la cual ya tiene derecho, que en el presente caso al no haber sido desvirtuado irrefutablemente que no le corresponde 35 días y sólo 15, lo dispuesto en los finiquitos adjuntos se reputaría como un simple anticipo susceptible a ser demandado como reintegro en virtud a los principios de la irrenunciabilidad de los derechos laborales y que la empresa demandada tenía la obligación de presentar prueba en contrario sin cumplir fehacientemente la carga probatoria.

IV.- Denuncia que el auto de vista, vulnero el art. 236 del Código de Procedimiento Civil,  al respecto,  se tiene que de la revisión del auto de vista, el mismo ha sido resuelto por el tribunal ad quem de manera congruente y motivada, fundamentando de manera legal en cuanto a la contestación de cada uno de los puntos apelados por el demandante guardando la misma relación con la sentencia, de acuerdo a lo indicado en el art. 236 del C.P.C., por lo que no es evidente la vulneración acusada. 

En cuanto a la impetrada nulidad del auto de vista, se concluye que no existe fundamento convincente para que la misma opere, merced a que para la procedencia de la nulidad deben concurrir algunos principios que deben ser observados por el juzgador, estos son, los principios de especificidad, trascendencia y protección.

Ahora bien, el principio de especificidad se encuentra previsto en el art. 251-I del Código de Procedimiento Civil,  aplicable por disposición del art.  252 del Código Procesal del Trabajo, mismo que establece que toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley, principio que descansa en el hecho que en materia de nulidad, debe haber un manejo cuidadoso y aplicado únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley.

Por su parte, el principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio; es decir, que se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio"; es decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un gravamen.

Asimismo el principio de protección, que establece que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella quedan indefensos los intereses del litigante, sin ese ataque al derecho de las partes la nulidad, no tiene porqué reclamarse y su declaración carece de sentido, principio protector consagrado en el art. 3 inc. g) del Código Procesal del Trabajo.

De lo expuesto, la nulidad solicitada no se justifica de manera alguna, puesto que no se adecua al principio de trascendencia antes definido, por no afectar al derecho a la defensa, al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, casos en los cuales y de comprobarse una afectación a los sujetos procesales procedería; al margen de ello, tampoco se cumple con los presupuestos relativos al principio de especificidad antes desarrollados, indicando también que el recurrente planteo de manera indistinta la casación en la forma y el fondo.

Que, en este marco legal, se concluye que el auto de vista recurrido se ajusta a las normas legales en vigencia y no se observa violación de norma legal alguna; al contrario, realiza una correcta valoración y apreciación de la prueba adjuntada al proceso, así como la interpretación y aplicación de las normas legales citadas. Por consiguiente, habiendo el tribunal de alzada, obrado sin incurrir en las violaciones acusadas en el recurso, corresponde resolver conforme previene el art.  273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art.  252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista por los arts. 184, 1) de la Constitución Política del Estado y 42 Parágrafo I Numeral 1) , de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 103 a 104. Con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en Bs. 500.- que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, Notifíquese Y Devuélvase.