SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 216/2015-L.

Sucre, 13 de agosto de 2015.

Expediente: LPZ. 645/2010.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 286 a 290, interpuesto REPSOL YPF DE BOLIVIA SA. (REPSOL YPF), legalmente representada por Milenka Alejandra Saavedra Muñoz, impugnando el Auto Res. A.I. Nº 102/2010 SSA. II de 15 de octubre de 2010, cursante a fs. 282, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia  de La Paz, dentro del proceso social seguido por Francisco Machicado Cumara, Bruno Mamani Solares y Rodolfo Quispe Cuellar contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 293 a 298, el auto de fs. 299 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, dentro el tramite del el proceso social, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de El Alto del Distrito Judicial de La Paz, pronunció Resolución Nº 13/2010 de 31 de mayo de 2010, cursante a fs. 228, declarando improbada la excepción previa de incompetencia  formulada por la parte demandada, disponiendo la prosecución de la causa  conforme a su estado, con las formalidades de ley.

Contra la mencionada resolución, la empresa demandada formuló recurso de apelación de fs. 239 a 243, que fue resuelto por Auto Interlocutorio Nº 102/2010 SSA. II de 15 de octubre de 2010 de fs. 282, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que confirmó la resolución apelada. 

La resolución referida, motivó el recurso de casación en la forma de fs. 286 a 290, interpuesto por REPSOL YPF, a través de su representante legal, quien luego de referirse a los antecedentes del caso, expresó en síntesis lo siguiente:

  1. Nulidad por transgresión a los arts. 127, 128 y 129 del Código Procesal del Trabajo, además del art. 192 num. 3 y 236 del CPC. Manifiesta que la fundamentación jurídica que la Sala Social II expuso en el auto de vista impugnado, al igual que la resolución apelada, refiriendo que la prueba presentada que legitima la excepción de incompetencia, deberá ser considerada a tiempo de que se sustancie el proceso laboral, cuyo conocimiento corresponde a la competencia del juez laboral, justificada por la interposición de la demanda laboral, es errónea y contiene una indebida interpretación, toda vez que, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo, aclaró y definió la interpretación respecto a la regulación normativa contenida en el art. 127 inc. a) del Código de Procedimiento de Trabajo, referida a la oposición de excepciones previas, manifestando de manera uniforme, que las excepciones previas se fundan por su objeto, naturaleza y efecto, como medio de defensa en lo formal, con la finalidad prevenir y subsanar oportunamente vicios de procedimiento, y no así para retardar el juicio; consiguientemente, la excepción de incompetencia planteada por empresa que representa, pretende corregir la errónea apropiación de competencia que pretende la juez de primera instancia, al haberse acreditado que los reclamos de los demandantes, corresponden al ámbito civil comercial, extremo que tampoco fue discutido por los actores, quienes se limitan a repetir  los derechos laborales que les correspondería, sin acreditar su pretensión, ni desvirtuar que estos fueron contratados como distribuidores independientes, sin horario, sin salario fijo, como acreditan los contratos comerciales, las facturas emitidas y los documentos contables que fueron presentados como prueba.

Citando fuentes doctrinales y el Auto Supremo Nº 894 de 28 de septiembre de 2006, alega que, las excepciones contenidas en el inc. a) del art. 127 del Cód. Pdto. Civil, se constituyen en hechos impeditivos, modificatorios del derecho del actor, que son de previo y especial pronunciamiento, sujetas a un procedimiento especial y si resultan probadas, modifican el trámite pudiendo acarrear la sustitución del juez que conoce la causa o la acumulación a otro proceso.

Señala que el tribunal de alzada, se limitó a señalar que la excepción planteada debe ser resuelta por la juez de primera instancia a tiempo de sustanciar la demanda, desconociendo así la naturaleza de la excepción planteada, desconociendo el procedimiento previsto en los arts. 128 y 129 del Código Procesal del Trabajo, que establece como mandato legal inexcusable del juez, la emisión de una resolución sobre la excepción, en cumplimiento del art. 252 del CPT. Asimismo, tampoco consideró los argumentos de derecho planteados en el recurso de apelación, los antecedentes contenidos en la excepción, ni la prueba presentada que acredita incuestionablemente la relación civil comercial existente con los demandantes, al amparo del art. 1260 del Código de Comercio, incumpliendo el art. 192 num. 3) del CPC en concordancia con el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, omisión que conlleva la transgresión del debido proceso, pues el haber omitido el cumplimiento de los arts. 127, 128 y 129 del Código Procesal del trabajo, sitúa a la empresa demandada en absoluta indefensión, y por consiguiente significa la nulidad de las actuaciones, citando al respecto como referente jurisprudencial, el Auto Supremo Nº 544 de 8 de mayo de 2007, del que transcribió parte de su contenido.

  1. Derechos conculcados en la emisión de la Resolución Nº 102/2010 que se impugna.  Reitera que, los miembros del tribunal de alzada, se limitaron a establecer que la demanda laboral conlleva la apertura de la competencia del juez laboral, debiendo pronunciarse sobre la excepción opuesta  en cumplimiento del art. 43 del Código Procesal del Trabajo, concordante con el art. 4 del mismo cuerpo legal, siendo esta la única fundamentación legal que respalda la determinación de la juez a quo, lo que denota la omisión del cumplimiento del procedimiento establecido en el art. 128 y 129 del Código Procesal del Trabajo, además de la omitir considerar los fundamentos expuestos en el memorial de excepción de incompetencia y en alzada, sin ningún respaldo ni lógica jurídica, lo que implica la transgresión del derecho al debido proceso  y el derecho a la seguridad jurídica, más aún si la empresa que representa, presentó prueba  y fundamentó la excepción de incompetencia al amparo de la normativa civil y comercial, cuyos alcances no fueron valorados, alegando lo siguiente:
  1. Los demandantes no señalaron los hechos y elementos materiales sobre los que pretenden fundamentar una supuesta relación laboral; invocando al respecto, el Auto Supremo Nº 297 de 16 de junio de 2006, y concluyendo que en el caso presente, de acuerdo a la prueba presentada, los actores suscribieron con la empresa, contratos comerciales de comisionistas, y la relación entre ambos no se encuentra dentro de los supuestos fácticos de una relación laboral, mismos que deben ser interpretados de acuerdo al art. 1260 del Código de Comercio, tal como se expresa en la cláusula décimo tercera de los contratos suscritos.
  2. Atendiendo al principio de primacía de la realidad, los actores se dedicaban a la distribución y comercialización de gas licuado de petróleo, bajo su propia cuenta y riesgo, actividad que no solamente se enmarca en la normativa comercial, sino  que está regulada por el Reglamento para la Construcción y Operación de Plantas de Distribución de GLP,  aprobado por el DS. Nº 24721 de 23 de julio de 1997, vigente en mérito al DS. Nº 28177, de acuerdo al cual, cada uno de los actores, son propietarios de los vehículos que se detallan en el contrato. Conforme al art. 7 y siguientes del DS. Nº 29158 de 13 de junio de 2007, la hoy Agencia Nacional de Hidrocarburos, regula el funcionamiento y operación de los vehículos de transporte y distribución de GLP, cuyos vehículos pertenecen a comerciantes, en ese caso, los demandantes, que ofrecen servicios de distribución a cambio de la percepción de una comisión, deben cumplir con los requerimientos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y es exigencia de esta entidad que la distribución se realice mediante camiones de capacidad mínima de 150 garrafas, exigencia que fue  prorrogada hasta la gestión pasada , razón por la que se culminó el contrato con los demandantes, toda vez que sus vehículos  no se encuadraban en las exigencias dispuestas por la entidad reguladora.
  3. El pago de REPSOL YPF por concepto de los servicios de distribución y comercialización, resultaba de las liquidación de ventas, y contra el pago de la comisión que resultaba de la liquidación realizada, cada distribuidor emitía factura y comprobante de pago en señal de la aceptación de la liquidación realizada, lo que acredita que los demandantes, no percibían una remuneración fija o sueldo mensual, como falsamente sostienen los demandantes, siendo que esta característica, es uno de los elementos que debe existir en una relación laboral, que en el caso presente, no se aplica. Invoca como referente jurisprudencia, el Auto Supremo Nº 247 de 25 de octubre de 1998.
  4. Los demandantes no estaban sujetos a horario fijo ni determinado, tal como se puede evidenciar de los contratos suscritos, consecuentemente, no estaban bajo la subordinación de REPSOL YPF, porque al tratarse de comisionistas, se encargaban de la comercialización de garrafas con absoluta independencia, pues las ventas realizadas conllevaban el pago de la comisión correspondiente. Al respecto, refrenda sus pretensiones, citando lo establecido en el AS. Nº 247 de 25 de octubre de 1998.
  5. El comisionista no se encuentra sujeto, para el cumplimiento del contrato, a la subordinación  ni dependencia de REPSOL YPF, que debe sujetarse únicamente a las asignaciones de zonas y horarios que sean determinados por YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, lo que ratifica la ausencia de subordinación y dependencia respecto a REPSOL YPF.

Finalmente señala que todos los elementos materiales y presupuestos fácticos señalados, que configuraron la relación comercial sostenida entre la empresa que representa y los demandantes, ratifica la inexistencia de relación laboral, consecuentemente, ausencia de respaldo legal que legitime su pretensión de cancelación de supuestos beneficios. Al exordio, invoca la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo Nº 133 de 30 de junio de 1997.

Por todo lo expuesto solicita a la Corte Suprema de Justicia, emitir Auto Supremo declarando la nulidad del auto de vista recurrido y la resolución emitida por la juez a quo inclusive, disponiendo se emita una nueva resolución con la pertinencia de los art. 126, 127 y 128 del Código Procesal del Trabajo y el art. 192 num. 3 del Código de Procedimiento Civil.

A su vez, los actores, respondieron al recurso formulado por la empresa demandada, en base a los argumentos expuestos por memorial de fs. 293 a 298, solicitando se declare improcedente en aplicación del art. 271 inc. 1) concordante con el art. 272, amos del Cód. Pdto. Civil, con las formalidades de ley.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, analizado el contenido del mismo se establece lo siguiente:

Es menester referir en principio que, el cumplimiento de los requisitos establecidos por el art. 258.2) del Cod. Pdto. Civil, resulta de absoluta importancia para la solución del caso en grado de casación, pues, conforme se tiene establecido en la jurisprudencia del tribunal de casación, el recurso, en el marco del art. 250-I se concede a los litigantes para invalidar una sentencia o un auto definitivo, cuando en éstos se hubiera infringido una ley, ya sea interpretándola con error o aplicándola indebidamente o cuando para arribar a la conclusión fáctica (juicio de hecho), se hubiere incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, [art. 253-1) y 3)] del mismo Código adjetivo civil; y el de nulidad (casación en la forma) cuando se hubieren dictado esas resoluciones o tramitado los procesos violando formas esenciales del proceso, establecidas por ley; casos en los que el tribunal de casación examina y juzga tanto las cuestiones "in judicando" como "in procedendo" para casar o anular la resolución o el proceso.

De ahí que, se deberá convenir que conforme a la inteligencia de los  arts. 274 y 275, en concordancia con el art. 258.2) todos del adjetivo civil, la casación en el fondo se encuentra delimitada a juzgar la operación racional del juzgador en la solución jurídica del derecho subjetivo controvertido (in iudicando). En cambio, la casación en la forma, denominado también como recurso de nulidad, se circunscribe a garantizar el debido proceso, sometiendo a escrutinio el trámite del proceso (in procedendo). En éste marco y para el cumplimiento de esos fines, en el recurso de casación en el fondo se debe acusar infracción legal en relación al juicio de fondo sobre el derecho subjetivo controvertido y, en el recurso de casación en la forma, los vicios procesales o de procedimiento, identificando también la o las leyes garantistas del debido proceso. Así, el tribunal de casación, de encontrar fundados los motivos de fondo (in iudicando), casará la Resolución impugnada y expedirá nuevo juicio sobre el derecho subjetivo controvertido y, en caso de encontrar fundados los motivos de forma (in procedendo) anulará obrados, con o sin reposición hasta el vicio más antiguo y dispondrá la continuidad del proceso desde ese vicio del que se dispuso su enmienda.

El preámbulo responde fundamentalmente  a que, en el caso de autos, la representante de la empresa demandada, si bien planteo casación en la forma; empero en los argumentos formulados realiza una amplia exposición de motivos , muchos de ellos están referidos al fondo de la problemática, es decir, son aspectos que debieran haberse planteado dentro del recurso de casación en el fondo. Así por ejemplo, de la lectura del mismo, se puede advertir que, en medio de una amplia exposición y explicación de la naturaleza de los contratos suscritos con los demandantes, la procedencia de las excepciones y abundante apoyo jurisprudencial citado, refiere que el tribunal de apelación, omitió la valoración de la prueba presentada, que a criterio suyo, acreditaba incuestionablemente que la relación existente entre los actores y la empresa demandada, era de carácter eminentemente civil comercial, regulada en base al art. 1260 del Código de Comercio.

Al respecto cabe mencionar que, el error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, es un elemento que está inserto dentro de los presupuestos exigidos para la procedencia del recurso de casación en el fondo, tal cual establece el numeral 3) del art. 253 del Cod. Pdto. Civil, señalando: “…Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho…”.

Sin embargo, obviando este error, este tribunal, en resguardo del derecho de acceso a la justicia, bien podría pronunciarse sobre la errónea valoración de la prueba alegada, empero no puede hacerlo toda vez que no menciona en absoluto, cuál sería la prueba a la que se refiere, que a criterio suyo acreditaría indiscutiblemente que la relación existente entre los demandantes y la empresa RESPSOL YPF, fue de carácter comercial civil. En consecuencia, mal puede emitir el Tribunal Supremo criterio cierto sobre un aspecto que ni el mismo recurrente específica, incumpliendo lo previsto en el art. 258 del Cód. Pdto. Civil, que señala entre los requisitos que debe cumplir el recurso de casación que: “2) Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto que se recurriere (…), la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos…”. Presupuesto que fue, a todas luces, incumplido por la empresa recurrente, respecto a la falta de valoración de la prueba alegada, motivos por los que, este tribunal no puede pronunciarse.

Por otro lado, la representante de la empresa recurrente,  a tiempo de señalar que nuevamente la resolución impugnada omitió cumplir con el procedimiento previsto en los arts. 128 y 129 del Código Procesal del Trabajo (aspecto que se analizará más adelante), realiza una extensa argumentación, referida a que los contratos firmados con los actores, son de naturaleza comercial de comisionistas, que dichos contratos fueron suscritos para la distribución y comercialización de gas licuado de petróleo, en vehículos de propiedad de los demandante, quienes estaban sujetos a las determinaciones y requerimientos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; que había ausencia absoluta de remuneración fija y regular, pues el pago diario por concepto de servicios de distribución y comercialización, resultaba de la liquidación de ventas, y contra el pago de la comisión y suscrito el comprobante de pago, los distribuidores emitían la factura correspondiente; los demandantes no cumplían un horario fijo ni estaban sujetos a la subordinación de REPSOL YPF, ya que al tratarse de comisionistas, se encargaban de la comercialización con absoluta independencia; argumentos todos, dirigidos a desvirtuar la competencia del juez en materia laboral, es decir a evidenciar que la relación que la empresa entabló con los demandantes, fue de carácter eminentemente civil y comercial y no de carácter laboral como pretenden los actores. Sin embargo, todos estos presupuestos, que bien pueden ser o no ciertos, están relacionados al fondo de la problemática, y deberán ser probados, acreditados, analizados o desvirtuados en el desarrollo del proceso laboral, toda vez que no pueden resolverse pretensiones de fondo, dentro de un recurso de casación en la forma, pues como se refirió antes, éste está dirigido  a lograr la nulidad de las actuaciones procesales, con el objeto de sanear el procedimiento siempre y cuando se hubiera desarrollado con vicios, lo que no ocurre en el caso de autos, o por lo menos, no fueron acreditados por la parte demandada.

Ahondando más respecto al tema de nulidades, resulta necesario señalar que la nulidad por la nulidad no tiene más efecto que la innecesaria obstrucción en la pronta solución de las controversias, por eso el Código de Procedimiento Civil limita las nulidades, sólo para aquellos casos expresamente previstos y cuando afectan el orden público, pero siempre como una decisión de última ratio. En ese contexto, si bien es cierto que los arts. 252 y 254.7) del CPC, permiten el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales del proceso, esta permisión debe ser concordada con el parágrafo I del art. 251 del mismo cuerpo de leyes, cuando dispone que: "Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley", principio de especificidad que se sustenta en el hecho que en materia de nulidad, esta será aplicable únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo determine la ley.

En ese ámbito, debe observarse además el principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio. Es decir, que se impone la nulidad para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes, de modo que la nulidad resulte útil en el proceso y tenga la bondad de restablecer derechos procesales que pudieron haberse lesionado. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio",  no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un agravio. En el caso de autos, y en mérito a todo lo expresado, se evidencia que no existe fundamento convincente para que opere la nulidad impetrada, merced a que no concurrieron los principios citados precedentemente, por cuanto, como se tiene expresado, los aspectos señalados por el demandante, en sentido que no hubieran sido objeto de pronunciamiento por parte del tribunal de alzada, carecen de trascendencia para la modificación de la decisión final.

Ahora bien, como argumento de forma la empresa recurrente reclama la nulidad por transgresión de los arts. 127, 128 y 129 del Código Procesal del Trabajo y los arts. 192 num. 3) y 236 del Cdgo. Pdto. Civil, porque sostiene que el tribunal de alzada se limitó a señalar que la excepción planteada debe ser resuelta por la juez de primera instancia a tiempo de sustanciar la demanda, desconociendo la naturaleza de la excepción planteada. Asimismo, refiere que la resolución impugnada no consideró los argumentos de derecho planteados en el recurso de apelación, mucho menos los antecedentes contenidos en la excepción de incompetencia opuesta, lo que conlleva la transgresión del debido proceso, que implica el derecho a ser oído, a que las pruebas sean consideradas y valoradas y el derecho a la seguridad jurídica, aspectos que a  criterio suyo, motivan la nulidad de las actuaciones.

En ese contexto, los arts. 127, del Código Procesal del Trabajo, que establece: “En el procedimiento social solo se admiten las siguientes excepciones:

  1. Previas: de incompetenciua, impersonería, conexitud de causas e impresición o contradicción en la demanda.
  2. Perentoria: de pago, prescripción y cosa juzgada.”

Como podrá observarse, la normativa glosada, únicamente establece las excepciones admitidas en el ordenamiento jurídico boliviano; en consecuencia, no es una norma que contenga deberes, derechos u obligaciones que puedan ser infringidas, mucho menos por el juzgador, al igual que el art. 128 que dispone: “Todas las excepciones previas se opondrán al mismo tiempo, antes de contestar a la demanda acompañando prueba preconstituida”, norma que en todo caso, está dirigida a la parte demandante, toda vez que indica el momento en que estas deben ser opuestas, por lo tanto, tampoco pueden ser infringidas por el juzgador.

El art. 129, también señalado como infringido, dispone: “Opuestas la excepción o excepciones previas, se correrá traslado al demandante para que la conteste dentro de 3 días fatales desde la notificación. Vencido el término correspondiente, con o sin respuesta, el juez pronunciará resolución en el término improrrogable de 3 días”. De la revisión de obrados se tiene, que la empresa demandante, formuló excepción previa de incompetencia, tal cual se evidencia del memorial cursante de fs. 201 a 206, mismo que fue corrido en traslado a la parte demandada mediante proveído de fs. 207; con la respuesta de la parte actora de fs. 216 a 221, el expediente ingresó a despacho el 29 de mayo de 2010, emitiendo la juez Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de El Alto, Resolución Nº 13/2010, el 31 de mayo. Relación de hechos que muestran de forma clara que el procedimiento inserto en el art.  129 del Código Procesal del Trabajo, fue cumplido a cabalidad por la juez aquo, por consiguiente, no es evidente lo señalado por la empresa recurrente en sentido que, el tribunal de apelación de alzada se limitó a señalar que: “la excepción planteada debe ser resuelta por la juez de primera instancia a tiempo de sustanciar la demanda, desconociendo en consecuencia la naturaleza de la excepción planteada…y lo que es peor, desconoce el procedimiento previsto por los arts. 128 y 129 del Código Procesal del Trabajo…”; malentendiendo la parte recurrente lo señalado por el tribunal de alzada que refirió que “la jueza inferior debe considerar las cuestiones planteadas en la presente excepción a momento de emitir su fallo final, así como los conceptos que se demanda, que serán objeto de probanza en la estación correspondiente…”; lo que de ninguna manera quiere decir que la excepción de incompetencia opuesta vaya a ser resuelta en sentencia, pues está ya fue dilucidada mediante Resolución Nº 13/2010 de 31 de mayo, sino más bien, el tribunal de alzada refirió que pese a que la excepción de incompetencia fue declarada improbada por la juez de instancia, esta deberá considerar  todos los aspectos expuestos en ella, es decir todos los argumentos que la parte demandada expuso para lograr la declaratoria de incompetencia del juez laboral, porque, el hecho que la excepción haya sido declarada improbada, no quiere decir de ninguna manera que, la sentencia que vaya a ser emitida en el proceso social a desarrollarse, sea negativa a los intereses de la parte demandada, más bien, es en el desarrollo del proceso que ambas partes procesales, tendrán la posibilidad de acreditar sus pretensiones, y desvirtuar las de la parte contraria.

Respecto a la infracción alegada del art. 192 num. 3) del Cdgo. Pdto. Civil, cabe mencionar que la Resolución Nº 13/2010  de 31 de mayo, expone de manera clara, los fundamentos que formaron convicción para declarar improbada la demanda, consiguientemente, tampoco se observa ninguna vulneración a la norma citada.

Finalmente, la empresa recurrente alega la infracción del art. 236 del Cod. Pdto. Civil, además de sostener que el auto de vista no consideró, ni analizó los argumentos de derecho planteados en el recurso de apelación, ni los antecedentes contenidos en la excepción de incompetencia; sin embargo, dichos alegatos, no permiten a este tribunal emitir un criterio al respecto, toda vez que se denuncia de manera genérica la no consideración de los agravios expuestos en apelación y los argumentos expresados en la oposición de la excepción de incompetencia, sin señalar de manera clara y precisa, cuales son los puntos sobre los que hay ausencia de pronunciamiento, debiendo entender entonces que la parte recurrente se refiere a todo el contenido del recurso de apelación, pues de ser así se este tribunal estaría emitiendo criterio en base a presunciones, lo que de ningún modo es admisible.

Al margen de lo señalado, corresponde señalar además que, la comprobación de la ausencia de motivación de las decisiones judiciales (que es en otras palabras, el no pronunciarse sobre las cuestiones expresadas en apelación, como reclama la parte demandada), está estrechamente ligada a la complejidad del asunto, las materias alegadas y los hechos del caso. De esa forma, mientras que en algunos casos unas breves consideraciones bastarán para dirimir el caso; en otros es indispensable que el juez argumente de manera exhaustiva la decisión que va a adoptar. En todo caso, siempre habrá de emitirse pronunciamiento sobre los asuntos entorno de los cuales gira la controversia y si es del caso, aducir la razón jurídica por la cual el juzgador se abstendrá de tratar alguno de los puntos sometidos a su consideración, de lo que podemos concluir que la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. En virtud del principio de autonomía del juez, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la falta de argumentación de la decisión convierta la resolución en un mero acto de voluntad del juez o arbitrario, vulnera el debido proceso.

Ahora bien, si bien es un principio general, en materia de procedimiento, por estar directamente relacionado con el debido proceso y el derecho de defensa, que exista la debida coherencia, entre lo pedido y lo resuelto. Es decir, el juez debe resolver todos los aspectos ante él expuestos. Y es su obligación explicar las razones por las cuales no entrará al fondo de alguna de las pretensiones. Sin embargo no toda falta de pronunciamiento expreso sobre una pretensión, hace, por sí misma incongruente una resolución.

En el caso, tanto la Resolución Nº 13/2010 de 31 de mayo de 2010 como el auto de vista recurrido, fundamentan sus determinaciones en la necesidad de determinar la existencia o no de una relación laboral, por la duda generada, argumento esencial que justifica razonablemente la necesidad de la prosecución del proceso laboral, sin que ello haga trascendente el análisis de la demás prueba acompañada, pues todos esos aspectos serán debatidos de manera amplia dentro del proceso laboral, por lo que no se advierte afectación alguna al derecho del debido proceso.

Adicionalmente, debe tenerse presente que en todo proceso, se encuentra controvertido el derecho, como en el presente, de dos partes, por lo que no sería correcto tomar en cuenta la afectación que pudiera producirse únicamente en relación con una de ellas, sino de ambas; es en ese sentido que, la decisión asumida por la juez a quo y confirmado por el tribunal de alzada, fue la correcta, en aras de la preservación del valor justicia por sobre todo.

Bajo estos parámetros y luego del examen de los antecedentes, que se aparejan al proceso, se llega a la conclusión que el tribunal ad quem, no infringió la normativa señalada por la parte recurrente, concluyendo que al no ser evidentes las infracciones denunciadas y las afirmaciones realizadas en el recurso de casación de fs. 286 a 290, carecen de sustento legal; consecuentemente, el auto de vista se sujeta a las normas en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, al contrario existió correcta valoración, interpretación y aplicación de la ley por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts.  271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por permisión de la norma remisiva contenida en el art.  252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución prevista en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 286 a 290, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.