SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 215/2015-L.

Sucre, 13 de agosto de 2015.

Expediente: LP. 643/2010.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

VISTOS: El recurso de nulidad cursante de fs. 466 a 467 interpuesto por Servicio de Multimedia ART. SRL (SMAT S.R.L.) representado legalmente por David R. Bravo Cuellar, contra el Auto de Vista Nº 198/2010, de 28 de septiembre, cursante de fs. 461  a 462, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, dentro del proceso social de cobro de beneficios sociales, que se tramita en liquidación, seguido por Guísela Marlene Uzquiano Mallea, contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 469 a 471, el auto de fs. 472 que concedió el recurso; los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de la Paz, pronunció la Sentencia Nº 11/2010, de 6 de abril, cursante de fs. 435 a 441, declarando probada en parte la demanda de fs. 49 a 54, aclarada por memorial de fs. 56 a 57; disponiendo que la Agencia de Publicidad Smart perteneciente al GRUPO ORTEGA LANDA S.R.L, a través de su representante legal cancele por concepto de beneficios sociales a favor de Guísela Marlene Urquiano Mallea la suma de $us. 3669,29.-,  y Bs. 3.215,98.-.

En grado de apelación deducida por el representante de la empresa demandada de fs. 445 a 446, la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, emitió Auto de Vista Nº 198/2010, de 28 de septiembre, de fs. 461 a 462, confirmando la Sentencia Nº 011/2010, de 06 de abril de fs. 435 a 441, de obrados.

Dicho fallo motivó el recurso de nulidad de fs. 466 a 467 interpuesto por la Agencia de Publicidad Smart perteneciente al GRUPO ORTEGA LANDA S.R.L., el mismo que denuncia lo siguiente:

1.- La empresa recurrente cuestiona al tribunal de apelación, el no haber  tomado en cuenta la existencia de una relación contractual de naturaleza civil, cuyo objeto según estos contratos de consultoría en publicidad, dada la profesión de la demandante y porque el trabajo en publicidad que es el objeto de la empresa demandada, no requiere para este tipo de servicios un empleado permanente, sino un consultor que realice el cumplimiento de sus prestaciones conforme a directrices impartidas por la empresa, sin relación de dependencia, continuidad, sujeto a jornada de trabajo y tampoco sujeto a un salario, establecidas las características de la prestación civil asumida por la demandante.

Agrega que, por acuerdo mutuo entre partes la retribución convenida  era de $us. 4.970,41.-, por los servicios de consultoría, los que fueron prorrateados en doce cuotas y en función al cumplimiento de metas y objetivos programado para cada gestión anual; señala asimismo que, la relación existente entre la empresa demandada y la actora fue en todo tiempo una relación civil, que emerge de un contrato civil de locación de obra, por la naturaleza de los servicios especializados que ha prestado la demandante que,  por expresa declaración de las partes se estipuló la inexistencia de una relación de dependencia laboral, porque la actora no cumplió una jornada de trabajo mínimo de 8 horas, tampoco recibió un salario como remuneración por su trabajo especializado y por lo tanto una relación de trabajo inexistente.

2.- Continuó denunciando que, el decreto de fs. 55 de obrados, señaló que previamente debía cumplirse estrictamente con los incisos c), d) y e) del art. 117 del Código Procesal del Trabajo, aspecto que no se cumplió, empero no obstante esta deficiencia, la demanda fue admitida; asimismo,  el tribunal ad quem, no se pronunció sobre la prueba aportada por la parte demandante consistente en copia forjadas de correos electrónicos, evidenciando de esta forma una clara violación al principio de igualdad de las partes en el proceso, valorando únicamente parte de la prueba ofrecida por la parte demandante y no así toda la prueba, tanto de cargo como de descargo.

Concluyó solicitando de manera incongruente que se conceda el recurso de nulidad, ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que declare la nulidad del Auto de Vista Nº 198/2010, de 28 de septiembre cursantes de fs. 461 a 462, deliberando en el fondo por falta de competencia.

CONSIDERANDO II: Que. en cuanto a la solicitud de nulidad es necesario establecer que, el recurso de casación en la forma se funda en errores “in procedendo”, referido a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, la nulidad consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos de forma o procedimiento que la ley procesal a previsto para la validez de los mismos, a través de las nulidades se controla la regularidad de la actuación procesal y se garantiza a las partes el derecho al debido proceso, establecido en el art. 115. II de la Constitución Política del Estado.

1.- En cuanto a la denuncia que el tribunal ad quem no consideró las pruebas de descargo, que demostraron que la demandante no fue dependiente regular o permanente de la empresa Servicio de Multimedia ART. SRL (SMAT S.R.L.), por el carácter y naturaleza de la prestación de servicios remunerados en forma porcentual de la demandante fue de carácter civil; al respecto cabe señalar que, de la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que el punto central de la controversia de la presente litis, es determinar si existió o no relación laboral y la naturaleza de los contratos suscritos por la demandante con relación a la empresa demandada.

Que, para resolver las acusaciones vertidas por la entidad recurrente es necesario previamente hacer referencias uno de los principios más relevantes del Derecho del Trabajo, cual es el de “primacía de la realidad”; toda vez que conforme tiene establecido este Tribunal Supremo, no es suficiente la existencia de un contrato, sino las consideraciones sobre la efectiva prestación del servicio, por lo que el juzgador en la formación racional de sus convicciones, además de ponderar la verdad formal de las probanzas, debe escudriñar en todos los aspectos circunscritos a esa verdad formal, para encontrar, en definitiva, la verdad material de los hechos, sobre la que aplicará el derecho; es decir que, debe primar el principio de la primacía de la realidad, por cuanto, en lo que concierne al tema materia de análisis, no toda prestación de un servicio personal traduce siempre una relación de dependencia laboral o por cuenta ajena, sometida a la regulación especial de la Ley General del Trabajo y, viceversa, no todo lo que se identifica formalmente como relación civil, en los hechos, se presenta de ese modo.

Que, el principio de la primacía de la realidad importa que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos suscritos entre las partes, debe otorgarse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Así, en virtud de este principio laboral, aun cuando exista un contrato -formalizado por escrito- de naturaleza civil, lo que determina la naturaleza de una relación contractual entre las partes es la forma como en la práctica se ejecuta dicho contrato, preeminencia de la realidad sobre lo estipulado en el contrato.

Para estos efectos, es preciso señalar que los contratos civiles, se realizan en forma independiente, sin presencia de subordinación, sujeto al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato pero sin llegar a una situación de dependencia jurídica frente a quien lo contrata, que entre otras características de la prestación de servicios no subordinada, el contratado no está sujeto a horario alguno y realiza sus labores a su real saber y entender, es decir, sin seguir normas o directrices emanadas de su comitente, mucho menos puede ser pasible de sanciones disciplinarias por parte del comitente, debiendo considerar también que un aspecto típico de estos contratos es la prestación ejecutada de forma eventual y no exclusiva, es decir, los contratos de servicios civiles son temporales en tanto permiten cubrir necesidades eventuales o accidentales, o dicho de otro modo, son de suma utilidad en tanto permiten atender requerimientos coyunturales del contratante.

En este sentido, una contínua renovación de estos contratos, implica la configuración de una actividad reiterada y permanente en el tiempo lo que nos estaría indicando la existencia de servicios que constituyen las necesidades permanentes de la entidad y por lo tanto de la existencia de una relación de trabajo.

Ahora bien, con relación al contrato de trabajo, el art. 1 del Decreto Supremo Nº 23570, establece tres elementos esenciales de la relación laboral: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador; b) la prestación de trabajo por cuenta ajena y c) la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación.

A fin de establecer si en la especie existió contrato laboral o no, es importante definir la prestación del servicio por cuenta ajena y la subordinación, elementos que no se encuentran en la relación contractual de tipo civil, en este sentido Sanguineti Wilfredo indica que la prestación de servicios es “la obligación del trabajador de poner a disposición del empleador y propia actividad laborativa (operae) la cual es inseparable de su personalidad, y no un resultado de aplicación (opus) que se independice de la misma”. Es decir, la prestación de servicios que fluye de un contrato de trabajo es personal y directa y no puede ser delegada a un tercero. Los servicios que presta el trabajador son directos y concretos, no existiendo la posibilidad de efectuar delegaciones o ayuda de terceros, ya que no puede considerarse una relación contractual de tipo laboral si el servicio no se proporciona personalmente, por lo que en una relación laboral, la parte que recibe los servicios está no sólo interesada en la prestación de éstos por sí mismo, sino también en las capacidades personales de un individuo específico, pues se eliminará la existencia de una relación laboral si los servicios son prestados por personas diferentes a la que firma el contrato, no siendo necesario incluso determinar si los otros elementos que crean una relación laboral están o no presentes (como el pago y la subordinación) puesto que la sola ausencia del elemento “servicio personal” es considerado suficiente para eliminar la aplicación de la ley laboral, sin embargo lo mencionado no significa que una relación laboral puede ser evitada con sólo indicar en el acuerdo entre las partes que los servicios pueden ser realizados por otros individuos. Tal hecho debe confirmarse en la realidad del día a día de los servicios brindados y como tales, los servicios deben ser realizados por la parte contratante o por cualquier otro individuo seleccionado por tal para ese propósito, si el reemplazo cumple el criterio establecido en el contrato.

Por otro lado, respecto a la subordinación, tenemos que es el elemento determinante para establecer la existencia de un vínculo laboral, ya que él constituye el matiz distintivo entre un contrato de trabajo y uno civil. Se define como la condición en la que la autonomía del empleado está limitada, con referencia a la prestación de los servicios, debido al acuerdo oral o escrito con el patrono, viniendo tal limitación de la capacidad del empleador de guiar las actividades del empleado. La subordinación también es considerada como una condición de dependencia real creada por el derecho del patrono de dirigir y dar órdenes, y la consecuente obligación del trabajador de seguir tales órdenes y direcciones y someterse a la voluntad del empleador.

En este contexto, si bien en los hechos se estipuló una relación de carácter civil entre la actora y la empresa recurrente, haciendo constar expresamente en el contrato privado de obra de fs. 71 a 72 suscrito entre la demandante Guísela Marlene Uzquiano Mallea y la parte demandada Servicio de Multimedia ART. S.R.L. perteneciente al Grupo Ortega Landa, en la cláusula cuarta que la relación entre las partes tendría una duración desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre del mismo año; empero por las literales de fs. 3 a 20 y 26 a 28, cursa en obrados, existen correos electrónicos entre la actora y personeros de la empresa demandada, infiriéndose de esta manera la continuidad de la relación laboral hasta el año 2008, estableciéndose una relación de trabajo de manera continua, concurriendo los elementos formativos determinados en los arts. 1 y 2 de la Ley General del Trabajo y Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993; y aplicando el principio de primacía de la realidad anteriormente glosado se advierte de manera irrefutable la existencia de elementos propios de una relación laboral, como es el pago mensual de la contraprestación del servicio de $us. 414,20., demostrándose la dependencia y subordinación, así como la exclusividad de la misma ante la empresa recurrente.

2.- Sobre la denuncia que el tribunal ad quem, vulneró el principio de igualdad y no valoro la prueba de descargo, de igual manera que no se cumplió con el decreto de fs. 55; de los datos del proceso se evidencia que dicha acusación no es evidente, toda vez que, mediante memorial de fs. 56 a 57 la demandante aclaró los términos de la demanda, que es admitida mediante decreto de fs. 58. En cuanto a las observaciones al principio de igualdad y valoración de la prueba de descargo, en el caso de autos el tribunal de segundo grado, al constituir órgano judicial de conocimiento y no así  de puro derecho como es el tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada durante la tramitación del proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto del memorial de la apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna; porque el juez no está sometido a una tarifa legal de la prueba, sino que formó su convencimiento en función a los artículos 3 inc. j) y 158 del Código Procesal del Trabajo.

3.- En cuanto a la impetrada nulidad, se concluye que no existe fundamento convincente para que la misma opere, merced a que para la procedencia de la nulidad deben concurrir algunos principios que deben ser observados por el juzgador, estos son, los principios de especificidad, trascendencia y protección.

Ahora bien, el principio de especificidad se encuentra previsto en el art. 251-I del Código de Procedimiento Civil, aplicable por disposición del art. 252 del Código Procesal del Trabajo, mismo que establece que toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley, principio que descansa en el hecho que en materia de nulidad, debe haber un manejo cuidadoso y aplicado únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley.

Por su parte, el principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio; es decir, que se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio"; es decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un gravamen.

Asimismo el principio de protección, que establece que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella quedan indefensos los intereses del litigante, sin ese ataque al derecho de las partes la nulidad, no tiene porqué reclamarse y su declaración carece de sentido, principio protector consagrado en el art. 3 inc. g) del Código Procesal del Trabajo.

De lo expuesto, la nulidad solicitada no se justifica de manera alguna, puesto que no se adecua al principio de trascendencia antes definido, por no afectar al derecho a la defensa, al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, casos en los cuales y de comprobarse una afectación a los sujetos procesales procedería; al margen de ello, tampoco se cumplió con los presupuestos relativos al principio de especificidad antes desarrollados.  

Por todo lo expuesto, corresponde reconocer a favor de la actora los beneficios sociales demandados, como acertadamente determinó la juez a quo, confirmado por el tribunal de apelación en base a una correcta y adecuada valoración de las pruebas adjuntadas durante la tramitación de la presente causa conforme no siendo evidente las acusaciones vertidas en el recurso de nulidad. Por el contrario la misma se encuadra en lo previsto en los arts. 48. I, II y III, de la Constitución Política del Estado y 4 de la Ley General del Trabajo, los derechos de los trabajadores son irrenunciables e imprescriptibles.

Consiguientemente se concluye, al no ser evidentes las infracciones acusadas, puesto que el auto de vista recurrido se ajusta a las normas legales en vigencia, corresponde resolver el recurso de acuerdo a lo establecido por los arts. 271. 1) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso presente con la permisión contenida en el artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.1 de la Constitución política del Estado numeral 1 del parágrafo I del art. 42, de la Ley del Órgano Judicial,  declara INFUNDADO el recurso de nulidad de fs. 466 a 467. Con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en Bs. 500.- que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.