SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 209/2015-L.

Sucre, 13 de agosto de 2015.

Expediente: OR. 631/2010.

Distrito: Oruro

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

VISTOS: El recurso de casación de fs. 116 a 118, interpuesto por la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. representada legalmente por su Gerente General a.i. Jesús Víctor Menacho Menacho, contra el Auto de Vista Nº AVSSA-51/2010 de 25 de septiembre de 2010, (104 a 105), emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso que por reincorporación, pago de sueldos devengados y otros que sigue Eduardo Fernández Escobar contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 124 a 125, el auto de fs. 126 que concedió el recurso, el memorial de fs. 129, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso, la Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de Oruro, emitió la Sentencia Nº 40/09 el 30 de septiembre de 2009 (fs. 81 a 84), declarando probada la demanda de fs. 25 a 28 de obrados, con costas, determinando que la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro mediante su personero legal, reincorpore al demandante Eduardo Fernández Escobar al cargo de Mensajero de atención al socio que venía desempeñando antes de su ilegal destitución con el mismo nivel salarial y con el consiguiente pago de sueldos devengados, bonos, incrementos, reintegros salariales y otros derechos que se generen hasta el momento en que sea reincorporado, cuyos montos serán determinados y establecidos en etapa de ejecución de sentencia.

En grado de apelación interpuesto a fs. 88, por la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro a través de su representante legal, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro pronunció el Auto de Vista Nº AVSSA-51/2010 de 25 de septiembre de 2010, (fs. 104 a 105), confirmando la sentencia Nº 40/09 de 30 de septiembre de 2009, con costas.

Contra el referido fallo, la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro a través de su Gerente General a.i., planteó el recurso de casación de fs. 116 a 118, quien denuncia los siguientes hechos:

Acusa error de hecho en la apreciación de las pruebas, al referir el auto de vista que hubieron tres contratos de trabajo sucesivos que hacen aplicable lo previsto por el art. 2 del Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979; pues no se percataron que los documentos cursante de fs. 1 y 2 de obrados son contratos suscritos en la misma fecha, que tienen como inicio el 8 de diciembre de 2005 y que si bien se firmó el primer contrato por el tiempo de 2 meses y algunos días, luego se prefirió firmar el contrato de fs. 2, con un plazo de 11 meses y algunos días siendo la fecha de suscripción de ambos la misma, no existiendo tres contratos como señala el tribunal de apelación y el juez de primera instancia, deduciéndose que no han existido más de dos contratos sucesivos, pues la fecha de suscripción del primer y segundo contrato es la misma, 8 de diciembre de 2005.

Añade que también se dio error de derecho en la apreciación de las pruebas porque de la lectura de los contratos de fs. 2 y 3 se tiene que éstos fueron suscritos como trabajo eventual o a plazo fijo, para la labor de mensajería de atención al socio porque en esa oportunidad se requería personal para despachar asuntos de temporada, y el trabajo de apoyo reemplazando en el uso de vacaciones del personal regular, por lo que no existió labores propias del giro de la empresa que son las telecomunicaciones.

Señala que el tribunal de apelación al dictar el auto de vista ha violado el art. 2 del Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, norma que permite la suscripción hasta dos contratos y sólo a partir del tercer contrato se convierte en indefinido, siempre que éste sea en tareas propias y permanentes de la empresa; por lo que el tribunal ha aplicado en forma indebida la última parte del mencionado artículo pues la condición para convertirse en relación a plazo indefinido es de demostrarse que las labores hayan sido propias del giro de la empresa, no existiendo documental que señale este extremo, ni pruebas testificales y/o informes de naturaleza alguna en base a los cuales se hubiere demostrado las labores propias y permanentes del giro de la cooperativa.

Indica aplicación indebida del art. 52 de la Ley General del Trabajo, tanto por la juez de instancia como por el tribunal de apelación, pues esta disposición fue interpretada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Auto Supremo Nº 298 de 12 de junio de 2009 emitido por la Sala Social y Administrativa Primera en cuyo fallo se hace regencia al pago de sueldos devengados y señala que no corresponde el pago cuando ha existido cesantía, pues el sueldo o salario es pagado por un trabajo efectivamente realizado, labor con la cual el empleador haya recibido algún beneficio o se haya servido de dichas labores, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, no correspondiendo aplicar el pago de sueldos devengados, porque las labores nunca se han hecho efectivas.

Concluye solicitando se case en forma total el auto de vista de fs. 104 a 105 y deliberando en el fondo “…se declare improbada la demanda de reincorporación laboral e improbada los sueldos devengados y demás beneficios que señala la demanda”(sic).

CONSIDERANDO II: Que, expuestos los fundamentos del recurso de casación, se coligen los siguientes aspectos para su resolución.

Respecto a la acusación de error de hecho en la apreciación de las pruebas cuando el auto de vista indica que hubieron tres contratos de trabajo sucesivos que hacen aplicable lo previsto por el art. 2 del Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, sin percatarse que los documentos cursante a fs. 1 y 2 de obrados son contratos suscritos en la misma fecha, deduciéndose que no han existido más de dos contratos sucesivos, pues la fecha de suscripción del primer y segundo contrato es la misma, 8 de diciembre de 2005; esta acusación resulta no ser evidente, pues los jueces de instancia apropiadamente identificaron los contratos sucesivos de trabajo entre el actor y la empresa COTEOR, como se señala en el inciso 1) del Segundo Considerando del Auto de Vista: “En el caso de autos se constata la suscripción de tres contratos de trabajo, sucesivos, a plazo fijo, consecuentemente se hace aplicable lo previsto por el art. 2 del Decreto Ley Nº 16187 de 16-02-1979”; aspecto corroborado por la parte demandada Cooperativa de Teléfonos Oruro, cuando señala en su recurso de apelación: “En los de materia, su instancia solo ha comprobado la existencia de más de dos contratos a plazo fijo, empero no se ha demostrado que la labor del ex empleado sea del propio giro de la empresa…” (las negrillas son añadidas), reconociendo que efectivamente se han presentado más de dos contratos sucesivos entre la Cooperativa y el actor, por lo que al alegar en esta instancia error de hecho respecto a los contratos suscritos, contradice sus argumentos expuestos anteladamente, siendo por tanto incongruente su acusación.

Además, no habiendo expresado dicho agravio en la oportunidad correspondiente, dejó precluir su derecho, no pudiendo en esta instancia pretender se revisen aspectos que no fueron observados oportunamente.

En efecto, debe tenerse en cuenta que el ordenamiento jurídico Procesal Civil, norma plazos y momentos en los que, no solo las partes, sino también los Jueces, deben realizar los actos jurídicos procesales que les corresponde, bajo pena de operar, para las partes, la preclusión al vencimiento de plazos y etapas procesales y, para los jueces las sanciones por retardación a que dieran lugar el incumplimiento de los plazos.

En la litis, se verifica que la institución demandada, ahora recurrente, no cuestionó dicho aspecto en el momento procesal correspondiente, y más bien en apelación, ratificó la existencia de más de dos contratos a plazo fijo, por lo que el derecho a impugnarlo precluyó, no siendo  oportuno en esta instancia, pretender que en casación se revisen aspectos que no fueron oportunamente impugnados y que se encuentran por tanto ejecutoriados, como es lo determinado por los tribunales a quo y ad quem.

Igual razonamiento se establece con relación a la acusación referida a la aplicación indebida del art. 52 de la Ley General del Trabajo, disposición que expresa el recurrente fue interpretada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Auto supremo Nº 298 de 12 de junio de 2009 emitido por la Sala Social y Administrativa Primera, cuyo fallo señala que no corresponde el pago cuando ha existido cesantía, pues el sueldo o salario es pagado por un trabajo efectivamente realizado, no correspondiendo aplicar el pago de sueldos devengados, porque las labores nunca se han hecho efectivas. Aspecto que la empresa demandada tampoco cuestionó en su oportunidad, habiendo por tanto preculido su derecho a hacerlo.

En relación a la aseveración de error de derecho en la apreciación de las pruebas porque de la lectura de los contratos de fs. 2 y 3 se tiene que éstos fueron suscritos como trabajo eventual o a plazo fijo, para la labor de mensajería de atención al socio en razón a que en esa oportunidad se requería personal para despachar asuntos de temporada y desempeñar el trabajo de apoyo reemplazando en el uso de vacaciones del personal regular, por lo que no existió labores propias del giro de la empresa que son las telecomunicaciones; de la lectura del auto de vista se desprende que el tribunal de apelación adecuadamente resolvió señalando: “Los antecedentes del proceso demuestran fehacientemente que el demandante realizaba labores propias del giro de la empresa, desempeñando su trabajo en calidad de mensajero atención al socio (…) Los contratos de trabajo, a plazo fijo cursantes a fs. 1,2,3 demuestran la relación laboral existente entre el demandante y la institución demandada, con fechas  de conclusión laboral diferentes, que reúne todas las características exigidas por el art. 2 de la LGT y art. 2 del DS Nº 28699 de 01-05-2006; y, en virtud del art. 2 del DL 16187 se convierte en contrato de tiempo indefinido. Además, la reincorporación del trabajador, dispuesta en la sentencia recurrida, de modo alguno podría conceptuarse como una carga laboral de una función no propia de la entidad demandada; toda vez que, los contratos suscritos por COTEOR Ltda. con el ahora demandante, fueron para que desempeñe en calidad de mensajero atención al socio, cargo del que fue retirado de manera ilegal, correspondiendo su restitución al mismo cargo conforme se tiene previsto en la sentencia apelada.”.

Por otra parte cabe señalar que, de la lectura de las resoluciones de instancia y lo actuado en obrados se desprende que los tribunales de instancia valoraron correctamente las pruebas, conforme se tiene fundamentado precedentemente, habiendo realizado la libre apreciación de éstas en función al art. 158 del Código Procesal del Trabajo en sujeción a lo dispuesto en los arts. 3 inc. g) y h); 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, al ser deber primordial del Estado proteger los derechos de los trabajadores, en cumplimiento a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo e inversión de la prueba en materia laboral, por cuanto todo trabajador goza del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por la Constitución Política del Estado, y arts. 4 y 13 de la Ley General del Trabajo.

Asimismo, debe tenerse presente que conforme la uniforme jurisprudencia la apreciación y valoración de la prueba por los jueces de instancia, es incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.", lo que en la litis no aconteció.

Por lo que no es evidente la violación del art. 2 del Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, acusada por el recurrente, ya que quedó demostrado que en el desempeño de las funciones para las cuales fue contratado el actor, efectivamente se cumplen los requisitos de una relación de trabajo conforme lo fundamentado en párrafos anteriores.

Por otra parte, habiéndose dispuesto la reincorporación del actor Eduardo Fernández Escobar al cargo que desempeñaba antes de su ilegal destitución, de mensajero de atención al socio, con el consiguiente pago de sueldos devengados, bonos, incrementos, reintegros salariales y otros derechos que se generen hasta el momento en que sea reincorporado, cuyos montos serán determinados y establecidos en ejecución de sentencia; a objeto de evitar el enriquecimiento ilegítimo y la percepción de doble salario que no le correspondería, este pago deberá efectuarse en el juzgado de primera instancia, previo juramento de ley por parte del actor de no haber percibido remuneración alguna en otra entidad o institución pública, por otro trabajo prestado desde el momento de su cesación; bajo su responsabilidad para el caso de demostrarse lo contrario.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto anteladamente, no siendo evidentes las violaciones aducidas por la Cooperativa de Telecomunicaciones de Oruro Ltda., a través de su representante legal en el recurso de fs. 116 a 118, corresponde resolver el recurso conforme disponen los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 116 a 118. Con Costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.