SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 207/2015-L.

Sucre, 13 de agosto de 2015.

Expediente: TJA. 627/2010.

Distrito: Tarija

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación en el fondo  de fs.73 a 72, interpuesto por Pedro Lozano Anachuri, y el recurso de casación en la forma y en el fondo  de fs.  84 a 88 interpuesto por Cecilia Alcoba Colque contra el Auto de Vista de 21 de septiembre de 2010, cursante de fs.68 a 69, pronunciado  por  la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de  Justicia de  Tarija, en el proceso laboral que se  tramita en liquidación seguido por  Cecilia Alcoba Colque contra Pedro Lozano Anachuri, las respuestas, el auto de fs. 92 que concedió ambos recursos, los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la causa, la Juez de Partido  Primero de Trabajo  y  Seguridad Social de  Bermejo - Tarija,  emitió  la Sentencia Nº 13de14 de mayo de 2010, cursante de fs. 40 a 42,  declarando probada en parte la demanda, disponiendo que el demandado pague en favor del demandante el monto de Bs.74.824,24, con costas, en lo que respecta al pago de indemnización, aguinaldos , vacaciones, bono de antigüedad, domingos y feriados trabajados; más la multa del 30%.

Que, resolviendo la apelación de fs. 49 a 50, interpuesto por el demandado, la Sala Social  y Administrativa de la Corte Superior de  Justicia de Tarija, por Auto de Vista de 21 de septiembre de 2010 y su auto  complementario a fs. 79, resolvió confirmar  en parte la sentencia apelada, disponiendo el pago de Bs. 34.507,64.-, conforme al detalle plasmado en el mismo.

Contra esta  resolución ambas partes interponen recurso de casación; así Pedro Lozano Anachuri, por memorial de fs. 73 a 74, planteó recurso de casación  en el fondo, expresando en síntesis lo siguiente:

El auto de vista adolece del error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas, al haberse dispuesto el pago por jornada completa de trabajo. Señalando que el auto de vista, no ha tomado ni ha valorado objetivamente las pruebas testificales de fs. 32 vlta., fs. 36 y la confesión de fs. 39, vulnerando las disposiciones de los arts. 410 y 476 del  C. de  Pdto. Civil, cometiendo el error de hecho y de derecho, al no haber sido apreciado y valorado la prueba conforme  al art. 1286 del C. Civil, al computar la jornada de trabajo de 6 horas,  de 7 a 15 incluyendo el tiempo de la alimentación, hecho que vulnera  el art. 11 de la Ley Nº 2450 de la Trabajadora Asalariada del Hogar, que fija como jornada de trabajo 10 horas para la jornada completa, descontando el tiempo de la alimentación; por lo que correspondía calcular por media jornada de trabajo  y utilizar la mitad del mínimo nacional conforme lo establece  el art. 14 de la Ley 2450 y al no haber efectuado en esa forma, ha contravenido las disposiciones del art. 409 y 410 del C. de Pdto. Civil con relación a los arts. 166, 167 y 168 del C.P.T.

Agrega además que,  al haberse establecido la media jornada de trabajo el cálculo para el sueldo indemnizable se debe realizar del 50% de un salario mínimo nacional, o de la suma de Bs.300 mensuales que la actora confesó en la demanda de fs. 3, y los otros componentes salariales como ser el bono de antigüedad, los domingos y feriados y no así la vacación porque la trabajadora ha usado las mismas, como refiere en la confesión de fs. 40 en el punto 5 del interrogatorio. Además está demostrado el mal comportamiento dentro del trabajo por lo que debe sancionárselo el quinquenio vigente y solamente cancelar  de 15 años de  servicio y no de los 19 años.

Finaliza solicitando, al Tribunal Supremo case al auto de vista recurrido.

A su vez, la  demandante Cecilia Alcoba Colque, por escrito de fs. 84 a 88 interpuso  recurso de casación en la forma y en el fondo, denunciando en síntesis:

En el recurso de casación en la forma, la recurrente denuncia:

Que el auto de vista, es nulo porque carece de motivación, fundamentación; además, es violatorio del art. 202 inc. a)  no indica de que norma, infiriéndose que se refiere al art. 202 inc. a) del Código Procesal del Trabajo, por cuanto omite dar las razones y fundamentos legales  así  como las razones doctrinales aplicables al caso; a ese efecto hace cita  de los Autos Supremos  Nº  214 y  Nº 216 ambos  del 2 de octubre de 2006.

Asimismo señala que, el auto complementario del auto de vista  de fs. 79 en el considerando 2, letra e),  comete error cuando afirma que  los feriados calculados son 457, que se trata de 19 años de servicios prestados, el año solo tiene 10 días feriados, en consecuencia son 190 días y nunca 457. Finaliza solicitando, declarar la nulidad del auto de vista.

En  cuanto al recurso de casación en el fondo:

Que, el tribunal de alzada, confirma parcialmente la sentencia apelada, modificando la liquidación y dispone el pago total de Bs. 34.507.64, siendo que la liquidación de sus derechos y beneficios sociales de manera correcta de acuerdo al art. 19 de la LGT. y art. 11 del D. Reglamentario sería, Bs. 81,705.07.-, por lo que  considera que, se han violado las disposiciones legales siguientes: art. 202 inc. a) del CPT.; art. 55 de le Ley General de Trabajo con respecto a los días feriados y domingos  trabajados (art. 23 del DS. 3691 de 3 de abril de 1954) elevado a ley en fecha 29 de octubre de 1959; art. 60 del DS: Nº 21060 de 29-08-85  referido al bono de antigüedad; art. 44 de la Ley General del Trabajo  concerniente a las vacaciones y DS.  110;  con relación al pago de los derechos y beneficios sociales, es a partir de los 90 días continuos de trabajo por parte del trabajador.

Concluye solicitando al Tribunal  Supremo casar el auto de vista, modificando  la planilla de liquidaciones

CONSIDERANDO II: Que así planteados los recursos, analizado el contenido de los mismos, se establece lo siguiente:

Resolviendo el recurso de casación en el fondo interpuesto por Pedro Lozano Anachuri.

Se advierte que la controversia radica en determinar, si el auto de vista adolece del error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas, al haberse dispuesto el pago por jornada completa de trabajo.

En principio es menester señalar que, examinada  la testimonial y confesión de las cuales se acusa  haberse incurrido en error de hecho y de derecho en su valoración, se entiende en el marco del art. 253. 3) del Código de Procedimiento Civil, se observa de las testificales cursantes a fs. 32 vlta., y  36, si bien señalan, el primero en su respuesta a la pregunta del demandado: “… la actora me comento que estaba yendo por las tardes a ayudar en el negocio su hermana…” y el segundo “Sólo una vez la vi a la actora atendiendo un negocio ….. y fue en horas de la tarde……”, menos precisan en cuanto a las horas trabajadas ni el tiempo de servicio, así como de la confesión de la demandante a fs. 39, a saber: “…que a partir del mes de abril del año 2009 mi trabajo iniciaba a horas 07:00 a. m. hasta las 15:00 p.m. y luego me iba a la tienda de repuestos de mi sobrino a ayudar…”; sin embargo, tal hecho no es suficiente para que este Tribunal asuma una decisión casacional como pretende la parte recurrente.

Cabe precisar que, acorde a lo dispuesto por el art. 253. 3) del Código de Procedimiento Civil con relación a los arts. 3. j) y 158 del Código Procesal del Trabajo, el error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba emerge en la reconstrucción de los hechos (verdad histórica) y en la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia (sana crítica), cuando se hubiere otorgado a la misma un valor diferente al que ella representa o se le haya restado el valor que la ley le otorga, de modo que tal error genere una evidente injusticia. Así que, en tanto concurran en el expediente pruebas contradictorias entre sí o poco claras, le corresponde al juzgador, como facultad propia, analizar las mismas, no sólo en su significación particular sino lo que el conjunto de ellas representa (principio de unidad de la prueba), previa sistematización de sus conexiones, concordancias o discrepancias, evaluando la eficacia y relevancia de cada una de ellas y de su conjunto.

En ese sentido, se advierte que las pruebas señaladas por la parte recurrente como defectuosamente valoradas (testifical y confesión), no demuestra en lo absoluto que la juez de la causa y tampoco el tribunal de apelación, hubieren incurrido en un error de hecho o de derecho en su valoración, pues las afirmaciones referidas en dichas pruebas, en base a las cuales la parte demandada pretende justificar que la demandante prestó sus servicios a media jornada, conforme sostiene en el memorial de su recurso de casación, motivo por lo que correspondería realizar el cálculo para el sueldo indemnizable del 50% del salario mínimo nacional, no constituyen prueba idónea y contundente que desvirtúe los fundamentos expuestos por la actora, conforme correspondía hacerlo a la parte demanda, según lo previsto en los  arts.3. h), 66 y 150 del CPT., porque para privar a los trabajadores de los derechos y beneficios sociales que la ley le reconoce, debe existir prueba suficiente que permita al juzgador formar un claro y amplio criterio sobre las causas por las cuales no correspondería reconocer a su favor lo que en derecho reclama; extremo que no aconteció en el presente caso.

Por lo expuesto y considerando también el “principio protector” previsto en el art. 4. I. a) del DS. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, por el que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado y el “principio de proteccionismo” establecido por el art. 3. g) de la Ley General del Trabajo, por el que los procedimientos laborales deben buscar la protección y la tutela de los derechos de los trabajadores, se concluye que en el caso en particular el servicio prestado por la actora  a favor del demandado  fue en jornada laboral completa, correspondiéndole en consecuencia, conforme prevé el art. 14 de la Ley Nº 2450 de 9 de abril de 2003,  su indemnización  en base a dicho concepto que, acertadamente fue establecido por los juzgadores de instancia, quienes para arribar a la conclusión asumida valoraron correctamente la prueba conforme le facultan los art. 3. j), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo.

De cuyo análisis se infiere, que no es evidente que el  tribunal de alzada hubiese incurrido en error de derecho o de hecho en la apreciación de la referida  prueba de confesión provocada, pues conforme se tiene expuesto, contrariamente dicho tribunal  realiza correcta  y adecuada valoración de   la misma, al determinar que no comprueban  que la actora hubiese prestado sus servicios en jornada laboral  media, por cuanto tampoco se ha acreditado conforme exige la última parte del art. 253 inc. 3) del Cód. Pdto. Civil,  la existencia de error de derecho o error de hecho en la apreciación de la referida  prueba cuestionada, con documentación idónea que demuestre dicho error, máxime si estaba en la ineludible obligación de especificar y justificar su reclamo, al no haber cumplido este requisito limita otorgar respuesta concreta y razonada; asimismo, el tribunal de alzada al no haber valorado la prueba testifical  de referencia, mal podía haber incurrido en infracción alguna, cual equivocadamente sostiene el recurrente.

Igualmente, en cuanto a  la infracción de los arts. 409  y 410 del Cód. de Pdto. Civil con relación a los arts. 166, 167 y 168 del Código Procesal del Trabajo, en base al fundamento anterior, tal denuncia carece de sustento factico y jurídico.

De otro lado, sobre la acusación que refiere transgresión de los arts. 476, 410 del Código de Procedimiento Civil, al no haber sido apreciado y valorado la prueba conforme dispone el art. 1286 del C. Civil; cabe señalar, que el art. 2 del Código Procesal del Trabajo establece: “Este Código dará autonomía a los procedimientos del trabajo y eliminará todo uso y remisión a las normas adjetivas de otros campos jurídicos…..”; de la misma manera el art. 252 del Código Procesal del Trabajo establece: “Los aspectos no previstos en la presente Ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones….. y del Procedimiento Civil y siempre que no signifique violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral”. En tal razón las normas que corresponden aplicarse para la valoración de la prueba son las previstas en el Código Procesal del Trabajo por ser esta una Ley especial, no así las del Código Civil; por ello, se concluye que el recurrente impertinentemente acusó la transgresión de los arts. 476, 410 del Código de Procedimiento Civil, lo que impide a este tribunal a realizar mayor consideración al respecto.

En cuanto al supuesto mal comportamiento de la actora, y que estaría demostrado por la confesión  provocada a la actora, que habría precisado que la relación ha existido fuera  de la casa, por lo que debe  sancionárselo el quinquenio vigente;  conforme tiene establecido  el tribunal de alzada, no siendo objeto de litis, no corresponde su consideración, puesto que el art. 67 del Código Procesal del Trabajo señala: “En los juicios sociales se resolverán las cuestiones propias de la relación de trabajo y no se admitirá la excepción  de litis pendencia; en consecuencia, se aclara que las acciones penales, civiles u otras iniciadas contra un trabajador, no suspenden ni enervan la instancia laboral”. En tanto que el art. 59 del mismo cuerpo legal prescribe: “El juez, al dictar sus resoluciones, tendrá en cuenta que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial y con este criterio se interpretará las disposiciones del presente Código.”

Consiguientemente, a mérito de lo expuesto precedentemente, el presente recurso deviene en infundado.

Sobre el recurso de casación en la forma y en el fondo  interpuesto por Cecilia Alcoba Colque

Que el recurso de nulidad o de casación en la forma, tiene por objeto subsanar los derechos procesales del juicio; es decir, está orientado a precautelar el derecho de defensa en juicio como  elemento del debido proceso. Por ello, si bien es cierto que el cumplimiento de las  normas  procesales respeto  a las formas instituidas es de orden público, por mandato del art. 90 del Código de Procedimiento Civil, no es menos evidente que  el quebranto de dichas normas se sanciona con nulidad solamente por vía de excepción.

Asimismo, el recurso de casación, se equipara a una nueva demanda de puro derecho en el que deben cumplirse con determinados requisitos formales establecidos expresamente en el art. 258 del Código de Procedimiento  Civil.

En el caso presente, el recurrente se limita a señalar que, el auto de vista es nulo porque carece de motivación y fundamentación, y por haber incurrido  el auto complementario, en error numérico en cuanto al cálculo de los días feriados.

Conforme a lo anterior,  se advierte que el recurrente incumplió la previsión legal contenida en el referido art. 258 en relación  al art. 254  ambos del CPC., esto es, el modo o la manera en que el tribunal de apelación incurrió en la violación de alguna norma; cuál la trascendencia del vicio respecto al resultado del fallo y cuál el perjuicio ocasionado, por cuanto conforme a la naturaleza del instituto, la nulidad no constituye un fin en sí mismo, sino un mecanismo orientado a la garantía del debido proceso, de tal  manera que  el fundamento   responda a sus causales, de otro modo, no es posible abrir la competencia del tribunal de  casación a efectos de resolver  el fondo del recurso interpuesto.

A lo anotado debe agregarse que, el recurrente  refiere al art. 202 inc. a)  del Código Procesal del Trabajo, acusado de haber sido violado, está relacionado al contenido y las reglas de la sentencia; es decir, que hace a la forma del fallo de primera instancia; sin embargo, no se explica de qué manera se habría infringido tal disposición y cuál sería la forma correcta de su aplicación en el caso concreto, puesto que este tribunal no encuentra relación con el punto observado.

En consecuencia, el recurso de casación en la forma deviene en infundado.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo:

En principio, es menester hacer referencia a los arts. 115.II y 119 de la Constitución Política del Estado, que propugnan como garantías jurisdiccionales el derecho al debido proceso y a la defensa, como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo  que debe ser interpretada conforme al principio de favorabilidad, antes que restrictivamente;

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional estableció la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales, razonamiento que fue desarrollado a través de la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R, de 19 de diciembre señaló lo siguiente: “(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.

En esencia, de los antecedentes del  proceso, se tiene que  el tribunal de alzada pronunció el auto de vista, confirmando la sentencia, con la modificación de la liquidación; determinación  al que llega, con los fundamentos  expuestos  en el considerando III donde, entre otros,  refiere:  “La actora en su confesión de fs. 40 y 40 vta., admite que a partir del mes de abril de 2009, trabajaba de horas 07:00 a 15:00…… sin embargo por no existir registros diarios por la naturaleza del trabajo, se estima que cumplió la jornada legalmente establecida…...”….. “La actora, reconoce que tuvo una interrupción de 2 años en el trabajo, ello se refleja adecuadamente en la sentencia apelada.”…”.. la falta de respeto al hogar no se la considera por ser ajena a la relación procesal.”…”Al no existir registro de asistencia, como ya se dijo, se presume el cumplimiento del horario legal, por lo que la aplicación del salario mínimo nacional es correcto.”…”..el documento de Fs. 10, al no haber sido invalidado, tiene fuerza probatoria que contiene, en este caso respecto al ítem aguinaldo, por lo que se procederá a la supresión en la liquidación final.”, para luego en la parte resolutiva confirmar parcialmente la sentencia apelada, modificando sustancialmente el monto de los beneficios sociales dispuestos en sentencia; de lo expuesto se percata que, a excepción de la literal de fs. 10  respecto al aguinaldo en base a la cual dispone la supresión del monto por dicho concepto en la liquidación final, así como de la confesión  de la actora, por el que estima que sus servicios fue en jornada laboral completa,  no realiza el análisis pormenorizado de la  prueba producida en el proceso, no dilucida el razonamiento del tribunal para determinar la  confirmación parcial del fallo de primera  instancia.

Asimismo, no existe fundamentación jurídica probatoria específica respecto a esa parte fundamental de la ratio decidendi del auto de vista mencionado con relación a la liquidación inserta en su parte resolutiva, por el tribunal de apelación, aspecto que se torna incongruente con relación al desarrollo efectuado en la parte considerativa,

De tal manera, ante la vulneración del derecho al debido proceso, corresponde a este Tribunal enmendar dicha desobediencia, casando en parte el auto de vista.

Asimismo, en consideración al fundamento que precede y tomando en cuenta la falta de apelación de la sentencia por parte del demandante, actitud que importa aceptación tácita   y un reconocimiento implícito de todos los efectos y alcances de la sentencia, incluida la liquidación inserta en la misma con respecto a los beneficios sociales, por lo que resulta intrascendente considerar los otros puntos recurridos.

En mérito a las consideraciones precedentes, no siendo evidentes las infracciones acusadas por el demandado recurrente, así como el recurso de casación en la forma de la demandante, deviniendo estas en infundadas, correspondiendo en consecuencia resolver dichos recursos de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271. 2) y 273 del CPC., y con respecto al recurso en el fondo de la actora,  corresponde resolver en la forma prevista por el art. 274.II del citado Procedimiento, casando en parte el auto de vista, aplicables por mandato del artículo 252 del CPT..

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley Nº 25 del Órgano Judicial, declara:

a)  INFUNDADO el recurso  de casación, cursante de  fs. 73 a 74, interpuesto por  Pedro Lozano Anachuri, así como el recurso en la forma, de fs. 84 a 88 interpuesto por Alicia  Alcoba Colque.

b)  Con respecto al recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante, cursante de fs. 84 a 88, CASA EN PARTE el auto de vista de fs.68 a 69, así como su auto de fs. 79 de complementación, dejando sin efecto la liquidación inserta en dicha resolución; en consecuencia se confirma la sentencia de primera instancia, a excepción del monto del aguinaldo doble que deber ser suprimido;  sin responsabilidad  de multa por ser excusable.

Sin costas por ser ambas partes recurrentes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.