SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 206/2015-L.

Sucre, 13 de agosto de 2015.

Expediente: TJ. 625/2010.

Distrito: Tarija

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 106 a 107, interpuesto por el Colegio San Bernardo de Tarija representado por Heidy Silvia Flores, contra el Auto de Vista de 26 de octubre de 2010, de fs. 102 a 103, dentro del proceso social, seguido por Félix Roberto Dávalos Inch contra el Colegio San Bernardo de Tarija, el auto de fs. 96 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Tarija, emitió Sentencia el 5 de junio de 2010 de fs. 83, declarando IMPROBADA la demanda de fs. 5 a 6. Sin costas.

       En grado de apelación, interpuesto por el demandante de fs. 87 a 88, por auto de vista de 26 de octubre de 2010, de fs. 102 a 103, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, REVOCÓ  totalmente la Sentencia apelada, declarando probada la demanda, asimismo ordenó el pago de Bs. 4.660,00 (Cuatro mil seiscientos sesenta 00/100 bolivianos) por concepto de desahucio, indemnización, bono de antigüedad, aguinaldo y prima.

Que, contra el referido auto de vista, el Colegio San Bernardo de Tarija representado por  Heidy Silvia Flores, interpuso recurso de casación a  fs. 106 a 107, el que se pasa a examinar:

Acusó, que el auto de vista incurrió en error de interpretación del D.S. 16187 al señalar que la instrucción en el área de ajedrez, es una tarea propia del establecimiento educativo; sin embargo durante el proceso y por propia confesión del demandante, se demostró que él trabajó únicamente 1 hora por día, de lunes a viernes, de abril a junio y de agosto a octubre, por lo que al no haber trabajado un año completo, no le corresponde el pago de indemnización según el art. 13 de la LGT, ni tampoco la acumulación de todo el tiempo de servicios trabajados, conforme se estableció en el auto de vista impugnado.

Que el tribunal ad quem, interpretó erróneamente la conclusión de la relación existente, al señalar que la enseñanza de ajedrez es una tarea propia del Colegio; sin embargo esta disciplina no es considerada una materia obligatoria para la obtención de título de bachiller, sino arte de un deporte que no tenía obligatoriedad en el establecimiento educativo, prueba de ello es que se concluye la misma en el segundo semestre de la gestión 2008, no existiendo despido intempestivo,  ni tener derecho al pago de la indemnización conforme manda el D.S. 11478 del 16 de mayo de 1974, que estuvo en vigencia al tiempo de la cesación de las funciones del demandante y no así el D.S. 0110 de 1 de mayo de 2009 al no tener carácter retroactivo.

Que, al disponer el pago de primas equivalente a un sueldo, por 1 hora de trabajo de lunes a viernes, en dos trimestres, viola el mandato del art. 57 del la LGT. con relación al art. 48 de su Decreto Reglamentario, toda vez que el actor no trabajó en forma continua más de tres meses y en el supuesto que sea legal el acumular el tiempo trabajado no le correspondía más que el 50% de un sueldo y no así los Bs. 840 que se dispone en la resolución impugnada.

Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido y deliberando en fondo mantenga la sentencia pronunciada. Con costas.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

En el presente caso se colige que,M el fundamento principal del recurso, se basa en el hecho de determinar si existió o no relación laboral del actor con la unidad educativa recurrente, y de esta forma determinar si corresponde o no los conceptos demandados al actor; en ese contexto, es preciso tener en cuenta que todo trabajo es una prestación a favor de otro, por lo que siempre existe la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra; la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y lo reciben, bajo esta problemática a fin de determinar si en la relación de trabajo, han mediado las características esenciales del trabajo por cuenta ajena; se debe considerar lo establecido en el art. 1 del Decreto Supremo N° 23570 de 26 de julio de 1993, que señala entre las características: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) La prestación del trabajo por cuenta ajena; y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación. Así también el art. 2 de la misma norma, de manera concordante, establece que en las relaciones laborales en las que concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Del mismo modo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia mediante el A.S. N° 431 de 10 de julio de 2006 ha expresado que: "... la doctrina y la jurisprudencia del Supremo Tribunal, en casos similares, ha establecido que en derecho laboral se distinguen: los trabajadores independientes y los dependientes. Los primeros, realizan una actividad sin sujeción a ningún patrón o empleador, mediante la celebración de actos, obras o contratos de derecho común; en cambio, los trabajadores dependientes son subordinados, realizan una actividad con sujeción a un patrono, sujeto a la prestación de un servicio personal, bajo una continua y permanente dependencia. Por consiguiente, para ser considerado contrato de trabajo, dada su naturaleza especial, hace imprescindible la conjunción de varios requisitos, entre ellos: los sujetos intervinientes, la capacidad, el consentimiento, la dependencia o subordinación, la prestación personal, la remuneración, la exclusividad y la profesionalidad entre otros. Luego, la relación de dependencia y subordinación, así como los efectos de la relación laboral, deben estar determinados por un salario, horario de trabajo y otras características que lleguen a establecer la dependencia con claridad, conforme previene el D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993 que interpreta a cabalidad el artículo 1 de la Ley General del Trabajo"

En el caso en análisis, de los antecedentes del proceso se evidencia por la documental de fs. 4, que el actor trabajó en el Colegio San Bernardo de Tarija en condición de instructor de ajedrez, desde el año 2000 hasta el 2008; asimismo cursa a fs. 10 un compromiso suscrito entre la unidad educativa y el actor, en la que se establece que se impartirá la disciplina de ajedrez en grupos de estudiantes de cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de primaria, por solo una hora al día, de lunes a viernes, en los trimestres comprendidos entre abril a junio y de agosto a octubre, con una consignación de Bs. 400; ahora bien, de la relación de hechos se puede establecer en consecuencia que la retribución del actor por los servicios de ajedrez que prestaba en condiciones ya señaladas,  de ningún modo puede considerarse un salario con las características legales de éste; ya que el cobro por los servicios prestados que percibía el actor era por la enseñanza de la disciplina de ajedrez impartida a los alumnos por el lapso de una hora al día; tampoco se evidencio durante la tramitación del proceso, el cumplimiento de obligaciones y derechos de las partes, con relación a terceros, como el derecho a la afiliación y al seguro social obligatorio, AFP´s, etc.; asimismo no se demostró la existencia de una relación de subordinación y dependencia exclusiva del actor, ni cumplimiento de jornada de trabajo en el marco de una relación obrero patronal; sino que únicamente se estableció un  periodo de tiempo (1 hora) para la enseñanza y ejecución de lo pactado.

En ese marco, se tiene la convicción que entre el actor y el unidad educativa no existió relación laboral, sino la prestación de servicios del actor, en el ámbito de un desempeño estrictamente profesional como instructor de ajedrez, con aplicación de experiencia y conocimientos, con los alcances y condiciones requeridos para esa prestación de servicio; así como el pago de retribución o remuneración, que de ningún modo se asemeja a un salario o sueldo, aun cuando exista periodicidad, que constituye ciertamente una forma de retribución o contraprestación por el trabajo o servicio profesional prestado, concluyéndose que la relación entre las partes en el presente proceso es de naturaleza civil, en la que están ausentes los requisitos esenciales que caracterizan al contrato de trabajo y la relación laboral, en el ámbito legal de la definición del art. 1° del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993 en relación con el art. 1 de la Ley General del Trabajo y con los efectos legales del art. 6 de la citada Ley y de su Reglamento, arts. 2 y 5 del Decreto Supremo N° 28699 de 1 de mayo de 2006, como son la subordinación, dependencia y exclusividad del trabajador a la potestad del empleador, originada en un acuerdo de voluntades y con la obligación de prestar un servicio.

Al respecto la Sentencia Constitucional Nº 351/2003-R, refiere que: "... el contrato de prestación de servicios es aquel a través del cual una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio a cambio de una remuneración convenida, como se desprende de la lectura de las previsiones contenidas en los artículos 732 y siguientes del Código Civil, de 06 de agosto de 1975 (CC). Al estar el contrato de prestación de servicios regulado en el Código Civil (Libro Tercero, de las obligaciones, parte segunda, título II, de los contratos en particular) queda librado a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes y en la esfera jurídica de lo laboral equivale al desempeño de funciones o tareas contratadas de acuerdo con su especialidad, cuya forma de pago de la remuneración convenida se determina de un modo preciso en el contrato que al efecto se suscribe (...)" ; por lo que se desprende claramente el carácter que se le da a cada una de las relaciones, concluyendo que el actor mantuvo una relación de carácter civil con la parte demandada.

Ahora bien, respecto a la conclusión arrimada por el tribunal ad quem en la que determina que la disciplina de ajedrez es una tarea propia de la unidad educativa, previamente conforme expresa la Resolución Administrativa Nº 650/07 de 27 de abril de 2007, que resuelve en su artículo primero definir, que son tareas propias y permanentes para dar una correcta y uniforme aplicación de la normativa, señala que: “En este contexto las tareas propias y permanentes son aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica…”, que en caso de autos, si bien existió periodicidad en la enseñanza de la disciplina de ajedrez, del 2000 al 2008, esta actividad es extra curricular, al no formar parte de las materias obligatorias y reconocidas de la unidad educativa, a más de ser una enseñanza optativa para los alumnos de primer grado, conforme se ha demostrado en el transcurso del proceso, y si bien en la doctrina y la legislación laboral se han establecido principios protectivos a favor de la trabajador, conforme los arts. 162 de la Constitución Política del Estado, 4 de la Ley General del Trabajo, 3. g), 59 del Código Procesal del Trabajo y 5 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que responde de alguna manera al plano de desigualdad entre las partes, en base a la igualdad compensatoria creada por ley y que permite generar un equilibrio razonable entre ambos; su aplicación debe ser relativa y racional, evitando de esta manera el absolutismo que pueda generar vulneración de derechos procesales o sustantivos del empleador o soslayar una adecuada apreciación de las pruebas aportadas.

Bajo estos parámetros y ante la contundencia de la inexistencia de relación laboral, los argumentos del actor no demostraron con suficiencia que la prestación de sus servicios se hubiese efectivizado bajo una relación obrero patronal, con la concurrencia de las características esenciales de exclusividad, dependencia y subordinación, conforme equivocadamente fueron considerados y resueltos por el tribunal ad quem siendo por tanto evidente la transgresión de las normas citadas en el recurso de casación.

En consecuencia, se concluye que los juzgadores de instancia, incurrieron en errónea aplicación de normas laborales, correspondiendo aplicar el art. 274 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista de 26 de octubre de 2010, de fs. 106 a 107, y deliberando en el fondo, se declara improbada la demanda.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.