SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 202/2015-L.

Sucre, 13 de agosto de 2015.

Expediente: LP. 295/2010.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación de fs. 85 y 86 interpuesto, por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente por el Ing. Franz Pedro Rozich Bravo, contra el Auto de Vista Nº 105/2010 de 9 de abril de 2010, cursante a fs. 82, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro del proceso contencioso tributario que se tramita en liquidadores, seguido por Ana María Moncada Molina contra la Gerencia Distrital La Paz del SIN; la respuesta de fs. 88 a 89, el auto de fs. 90 que concedió el recurso de casación, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso contencioso tributario, la Juez de Partido 2do. Administrativo, Coactivo Fiscal de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 21/2008 de 4 de diciembre de 2008 (fs. 39 a 44), anulando obrados hasta el estado que la Gerencia Distrital La Paz del SIN emita nueva Vista de Cargo cumpliendo con los requisitos en la normativa vigente.

Interpuesto el recurso de apelación por la entidad demandada de fs. 65-67, la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 105/2010 de fecha 9 de abril de 2010 (fs. 82), revocó la Sentencia Nº 21/08 de 4 de diciembre de 2008, y por consiguiente anuló la Resolución Determinativa Nº 31334686 de 3 de julio de 2007, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

Contra dicha Resolución, la entidad demandada de fs. 85 a 86, formula recurso de casación en el fondo, señalando:

Que ha existido violación del art. 34 parágrafo II del D.S. 27310 referente al cálculo de la base presunta, el cual nace a consecuencia del incumplimiento del art. 97 parágrafo II de la Ley Nº 2492, toda vez que de acuerdo a lo previsto por el art. 97-II de la citada ley, la administración tributaria a tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, deberá notificar con la vista de cargo que contendrá un monto presunto calculado de acuerdo a lo establecido por el art. 34-II del D.S. 27310 de 9 de febrero de 2004, cuya norma establece que se tomará en cuenta el mayor tributo mensual declarado o determinado dentro de los doce periodos inmediatamente a la omisión del cumplimiento de la obligación, aspecto éste que se encuentra establecido en la Resolución Determinativa Nº Orden 31334686 de 3 de julio de 2007, que constituye el objeto de la demanda contencioso tributaria; sin embargo, en la resolución objeto del recurso de casación, señalan que la Resolución Determinativa no especifica la base u origen de la determinación del adeudo tributario sobre la base presunta, conclusión que viola flagrantemente el art. 34-II del D.S. 27310, porque la Resolución Determinativa objeto del proceso judicial, siempre estuvo apoyada en los elementos fácticos contenidos en dicha norma, no siendo necesaria hacer una explicación pormenorizada de lo que la norma ya establece y señala.

Que la Resolución Nº 105/10 emitida por el tribunal de apelación, no consideró ni tomó en cuenta el Informe Técnico S.S.A. Nº 017/2010, aplicando indebidamente el art. 39 del D.S. 27310, al efecto señala que el informe técnico presentado por el Auditor de las Salas Sociales y Administrativas de la Corte Superior del Distrito de La Paz, con gran sentido profesional y apego a la norma, determinó que la parte demandante no cumplió lo señalado en el art. 70 num. 1 de la Ley Nº 2492, referido a la obligación que tiene todo contribuyente a “determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios plazos y lugares establecidos por la administración tributaria…”; que, como consecuencia de la no presentación de la declaración jurada por parte de la contribuyente, se emitió la correspondiente Vista de Cargo, conforme establece el art. 97-II de la Ley Nº 2492; seguidamente, el recurrente en representación de la entidad demandada, realizó la transcripción literal de una parte del Informe del auditor, refiriendo que dicho informe concluye que la contribuyente no presentó su declaración jurada en los plazos correspondientes, entonces debe mantenerse el cargo referente a los accesorios y multas, por encontrarse sujeto a las sanciones establecidas en el art. 162 de la Ley Nº 2492, lo que significa que no corresponde la anulación de la resolución determinativa; asimismo refiere que llama la atención el hecho de que la resolución de alzada ni siquiera mencionó el informe técnico emitido por su propio auditor, limitándose a anular la Resolución Determinativa bajo el argumento de lo señalado en el art. 99-II de la Ley 2492 en supuesta concordancia con el art. 39 de su decreto reglamentario, cuya disposición hace referencia al arrepentimiento eficaz, aspecto que nada tiene que ver con la emisión de la Resolución Determinativa Nº Orden 31334686, que contiene todos y cada uno de los elementos señalados en los arts. 99-II, 44 num. 2) y 97, 98 y 99-I de la Ley Nº 2492, aspectos que no fueron tomados en cuenta.

Concluyó solicitando que este tribunal case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare improbada la demanda y deje subsistente la Resolución Determinativa Nº Orden 31334686 de 3 de julio de 2007. 

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso de casación en el fondo, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso, se tiene lo siguiente:

1.-  Respecto a la denuncia de haberse infringido en el auto de vista, el art. 34 II del D.S. 27310 referente al cálculo de la base presunta, que nació como consecuencia del incumplimiento del art. 97 II de la Ley Nº 2492; al respecto, previamente corresponde precisar que, la resolución de alzada en ninguna parte de su fundamentación, hace referencia al art. 34-II del D.S. 27310 ni tampoco a lo dispuesto por el art. 97-II de la Ley 2492, consecuentemente, no puede alegarse infracción de dichas disposiciones, cuando las mismas no fueron aplicadas menos ignoradas a momento de pronunciar la resolución impugnada, lo que imposibilita al Tribunal Supremo poder realizar la valoración correcta del reclamo planteado; sin embargo, acorde con el derecho de acceso a la justicia y el principio pro actione, se ingresará a considerar el reclamo referido a que el tribunal de alzada anuló la Resolución Determinativa, con el argumento que “no especifica la base u origen de la determinación del adeudo tributario sobre la base presunta”, cuando en los hechos siempre estuvo apoyado en los elementos fácticos contenidos en el art. 34-II del D.S. 27310, por lo cual no resultaba necesario hacer una explicación pormenorizada de lo que la norma establece y señala; sobre este particular, cabe señalar que, el art. 99-II de la Ley Nº 2492 hace referencia a los requisitos mínimos que debe contener la Resolución Determinativa entre ellos: “Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente”, estableciendo ésta misma disposición al final del párrafo que “la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”; por su parte, el art. 19 del D.S. 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano, establece que “La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99º de la Ley Nº 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido por el art. 47 de dicha ley”; aspectos que fueron desarrollados en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0024-08, de 25 de julio de 2008, del Procedimiento Determinativo en Casos Especiales, como la falta de presentación de Declaraciones Juradas.

De lo citado, se infiere que corresponde a la administración tributaria, a momento de emitir la Resolución Determinativa, la obligación de dar estricto cumplimiento a los requisitos expresamente determinados por la normativa señalada, que observan entre otros, el contemplar todos los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que respalden la emisión de la Resolución Determinativa, efectuando una adecuada fundamentación de hecho y derecho sobre la deuda tributaria, situación que de ser cumplida, posteriormente conducirá a la adecuada y específica determinación legal del tributo omitido; lo que significa que la Resolución Determinativa debe contener una adecuada fundamentación jurídica y fáctica que permita conocer al justiciable, cuáles fueron los motivos y normas en que se basó la resolución, protegiendo de esta forma, el derecho que tienen los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho establece.

En cuanto a la fundamentación y motivación del acto, la doctrina establece que la misma resulta ser imprescindible, sobre el particular el Prof. Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra “Derecho Financiero”, Volumen I, pags. 520 y 521, establece: “(…) La fundamentación del acto administrativo es un requisito imprescindible para la validez, pues de ello depende que el Sujeto Pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y pueda formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto.”. Con respecto a la nulidad, Manuel Osorio entiende por nulidad: “La ineficacia en un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sea ellas de fondo o de forma (…)”, dentro de nuestra legislación, para la anulabilidad del acto por la infracción de una norma, deben ocurrir los presupuestos necesarios previstos en el art. 36-II de la Ley Nº 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo), aplicable en materia tributaria por mandato del art. 74 num. 1 de la Ley Nº 2492; lo que supone que la anulabilidad de un acto administrativo, ocurre cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados.

En la especie, de la revisión de la Resolución Determinativa No. ORDEN 31334686 de 3 de julio de 2007 (fs. 15), se observa que la administración tributaria consideró que la contribuyente una vez notificada con la vista de cargo de referencia, no presentó ante la Dependencia Operativa la declaración jurada extrañada, tampoco ofreció pruebas que desvirtúen el cargo establecido ni canceló la liquidación extrañada; resolviendo determinar la deuda tributaria del sujeto pasivo en la suma de Bs. 8.075,00.- calculada sobre la base presunta por el impuesto y periodo fiscal correspondiente, incluida la multa por omisión de pago igual al 100% sobre el monto del tributo omitido determinado a la fecha de su vencimiento.

De lo señalado, se evidencia que la Resolución Determinativa pronunciada por la administración tributaria, ha incumplido con los requisitos establecidos en los arts. 99 de la Ley Nº 2492, 19 del D.S. 27310 y el art. 10 de la RND Nº 10-0024-08, toda vez que no existe en dicha resolución, una explicación detallada de cómo fue el procedimiento y los medios que se utilizó para efectuar el cálculo para la determinación del monto presunto, no especifica de manera clara e indubitable, los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que la fundamentan, sino que por el contrario, se limitó a establecer que el monto presunto fue calculado de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 2 del art. 44 y art. 45 del Código Tributario Boliviano y el art. 34-II del D.S. 27310 de 9 de enero de 2004, lo cual implica que dicha Resolución Determinativa, carece de argumentación jurídica y técnica que respalde plenamente la determinación del impuesto omitido, más aún si el tributo omitido ha sido determinado en base al método de la base presunta, en cuyo efecto debe precisarse de forma más detallada los hechos, circunstancias o la vinculación normal con el hecho generador de la obligación que permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación, conforme la previsión del art. 43-II de la Ley Nº 2492, lo cual permitirá descartar que la determinación del tributo omitido, fue resultado de un procedimiento arbitral fundado en la discrecionalidad del ente fiscalizador.

Por consiguiente, el argumento del recurrente que la resolución determinativa siempre estuvo apoyada en los elementos fácticos contenidos en el art. 34-II del DS 27310 y que no es necesario hacer una explicación pormenorizada de lo que la norma ya establece y señala, resulta ser incorrecta y carente de todo sustento factico y legal, consecuentemente, el tribunal de alzada al haber anulado la Resolución Determinativa No. ORDEN 31334686 de 3 de julio de 2007 (fs. 15), ha obrado correctamente en resguardo del debido proceso y sobre todo de los derechos y garantías de la contribuyente, en este contexto, no es evidente el reclamo formulado por la entidad recurrente.

2.-  Con relación al reclamo que el tribunal de alzada no consideró ni tomó en cuenta el Informe Técnico S.S.A. No. 017/2010, que determina que no corresponde la anulación de la resolución determinativa, por cuanto la parte demandante no dio cumplimiento a lo establecido por el art. 70 num. 1 de la Ley Nº 2492, respecto a la presentación de la declaración jurada dentro del plazo establecido, correspondiendo por lo tanto mantener el cargo referente a los accesorios y multas; sobre este particular, ante el reclamo de que el tribunal ad quem desconoció el informe técnico emitido por el Auditor de la Sala, debemos indicar que este, como su nombre lo indica, es un respaldo técnico tributario que evalúa, revisa y analiza la correcta o incorrecta aplicación de los principios contables dentro de los procesos tributarios, asimismo efectúa una valoración imparcial de la documentación presentada por la administración tributaria y los contribuyentes en conexitud con las normas tributarias, cuyo informe constituye una orientación en materia contable impositiva y en la determinación exacta de los tributos omitidos, lo cual permite al juzgador formar un criterio respecto a la controversia suscitada; no obstante lo señalado, la autoridad jurisdiccional tiene plena autonomía para separarse del referido informe debiendo al efecto fundamentar su propia posición técnica - jurídica.

Que, en el caso de autos, si bien el tribunal de alzada se apartó del criterio contenido en el referido Informe Técnico, empero expuso sus razones que tienen que ver más con el incumplimiento de requisitos imprescindibles para la validez de la Resolución Determinativa, por consiguiente, no resulta válido el reclamo planteado, máxime si el recurrente no dio cumplimiento a las exigencias contenidas en el art. 258 num. 2 del Cdgo. Pdto. Civil.

Por lo referido, se concluye que al no estar justificadas, las infracciones acusadas en el recurso, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Cdgo. Pdto. Civil, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 214 y 297 de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y 74 num. 2 de la Ley Nº 2492, Código Tributario de 2 de agosto de 2003.                

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42-I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 85 a 86, interpuesto el representante legal de la entidad demandada. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase