SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº 200/2015-L.

Sucre, 13 de agosto de 2015.

Expediente: CBBA. 291-B/2010.

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

VISTOS: El recurso de casación de fs. 100 a 105, interpuesto por la Fundación Universitaria San Simón representada por Alfredo Uldarico Ávila Lara, contra el Auto de Vista Nº 121/2010 de 12 de octubre de 2010 de fs. 95 a 97, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso contencioso tributario, seguido por la fundación recurrente contra la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba, la respuesta de fs. 111 a 112, el auto de fs. 113 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso contencioso tributario, el Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Cochabamba, emitió Sentencia el 16 de octubre de 2009 de fs. 70 a 72, declarando IMPROBADA la demanda contenciosa tributaria interpuesta por la Fundación Universitaria San Simón representada por Alfredo Uldarico Ávila Lara, en consecuencia, declara vigente e inalterable la Resolución Determinativa Nº VC/GDC/DF/VE-IF/36/2007 de fecha 3 de mayo de 2007. Asimismo respecto a la apelación concedida en el efecto diferido por Auto de fecha 25 de agosto de 2009, esté se a lo dispuesto por el art. 25 de la Ley Nº 1760.

En grado de apelación formulada por la fundación demandante de fs. 75 a 78, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 121/2010 de 12 de octubre de 2010 de fs. 95 a 97, CONFIRMÓ la Sentencia apelada de 16 de octubre de 2009.

Que, contra el referido auto de vista, la Fundación Universitaria San Simón representada por Alfredo Uldarico Ávila Lara, interpuso el recurso de casación de fs. 100 a 105, en el que se señala los siguientes argumentos:


I. RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

1.- Prueba fehaciente sobre facturas de ventas y de ingreso del impuesto.

Acusó que el auto de vista impugnado, sin especificar y valorar la realidad material de hecho, indicó que las facturas de ventas y su registro no tienen asidero legal; cuando la propia Fundación cumplió con toda la carga de prueba establecida en el art. 76 de la Ley Nº 2492, dejando aclarado que en el periodo de fiscalización, para el cálculo de los ingresos en la entidad solo se manejó la Maestría de Gestión Empresarial, V1, V2, V3 y V4, y no así las Maestrías en Economía y Gestión del Desarrollo Rural; que el convenio firmado entre FUSS y Programa MAGE, hace responsable a la fundación por la emisión de Nota o Notas Fiscales por el total de ingresos por concepto de matrículas y otros ingresos multa, percibidos durante el periodo de duración del convenio suscrito, no estando obligada por ingresos anteriores o posteriores al mismo.

Que el juez a quo, no se pronunció sobre el retraso de entrega de la documentación referentes a los ingresos mensuales percibidos por el programa  existiendo prueba de que los impuestos de los meses enero, febrero y marzo no fueron omitidos por la institución, fueron incorporados en los periodos posteriores de abril, mayo y junio, como se verifica en el cuadro comparativo ventas, aspecto que debió ser tomado en cuenta porque la Administración Tributaria, que no puede cobrar por doble partida un tributo para un periodo que fue declarado y consolidado en forma ulterior.

2.- Derecho al crédito fiscal contenido en las facturas.

Señaló que ni la sentencia ni el auto de vista, hicieron alusión o referencia legal que permita conocer su criterio a la hora de valorar o criticar la doctrina y la legislación tributarias vigentes en Bolivia, que establecen la existencia de varios requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente pueda beneficiarse con el crédito fiscal, producto de las transacciones que declara a la Administración Tributaria, y que en ninguna etapa procesal, la autoridad judicial ha ejercido las amplias facultades que el Código Tributario le otorga para confirmar que sus  proveedores de bienes y servicios, y la fundación como contribuyente, en base de los elementos que faciliten el proceso, a consagrado el derecho que tiene del crédito fiscal sobre las facturas supuestamente depuradas. Que como manda la uniforme doctrina, este trabajo debía ser imperativo y responder a un procedimiento de determinación que garantice el Estado y/o al contribuyente el debido proceso y la seguridad jurídica. Por esta razón, ponen en evidencia que ni la Administración Tributaria y menos la propia autoridad judicial, han realizado un examen que responda a criterios de la sana crítica, establecidos en el art. 81 del CTB.

3.- Facturas válidas por la vinculación con la actividad académica y de investigación

Que, en el auto de vista impugnado, no se tomó en cuenta lo establecido en el art. 8 de la Ley Nº 843, respecto de los requisitos que dan lugar al crédito fiscal, como son las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida que se vinculen con operaciones gravadas, los mismos que han sido demostrados mediante el memorial de fs. 33, donde se ha ratificado toda la prueba que cursa en obrados administrativos de fs. 556 a 563 y de fs. 641 a 665, mismo que no ha sido puesto a disposición del tribunal de alzada, porque de lo contrario este se habría pronunciado favorablemente en sentido que la FUSS ha probado en el proceso administrativo de determinación tributaria que existe la vinculación de los cursos y programas de inglés con las actividades gravadas, es decir que las mismas operaciones responderían a capacitaciones de los investigadores del Programa Laboratorio de Hidráulica y Centro de Investigaciones CEPLAG, en virtud al convenio entre la Universidad Mayor de San Simón -Cooperación Institucional IUC- Fundación Universitaria San Simón.

Asimismo, el auto de vista impugnado, en aplicación del principio de libre apreciación de la prueba no consideró que las facturas observadas por gastos en restaurantes, medicamentos, compras de utensilios de cocina y maletín para computadora, son válidos toda vez que se refieren al mantenimiento de la fuente, es decir que son gastos necesarios para conservar equipos de computación, realizar actividades propias de la investigación científica y ante todo la alimentación y cuidado preventivo de la salud de los investigadores, que realizaban sus actividades académicas en cumplimiento de los principios y el objeto establecido en los arts. 2 y 3 del Estatuto adjunto a la demanda.

4.- Prueba total de transacciones efectivamente realizadas.

Acusó que el tribunal ad quem no tomó en cuenta el numeral 22 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 que determina los datos que imprescindiblemente deben registrarse en las facturas emitidas, entre los cuales se tiene el Número de Registro Único de Contribuyente RUC del comprador; que conforme sale del expediente administrativo de fiscalización, la prueba de fs. 556 a 563 correspondientes a la carta de fecha 6 de diciembre de 2006, y toda la prueba documental adjunta al memorial de descargos a la vista de 9 de marzo de 2007, que corre a fs. 641 a 665, indica fehacientemente que las facturas observadas por registrar sobreescrituras, tanto en el nombre y/o razón social, fecha de emisión, como en los importes, son plenamente válidas para el aprovechamiento del crédito fiscal, porque esos errores son plenamente atribuibles al emisor de las facturas; y que los gastos erogados por el contribuyente se encuentran contabilizados y respaldados con comprobantes de egreso y notas de débito, por lo tanto, por aplicación preferente de los arts. 4 y 8 de la Ley Nº 843, el art. 8 del Decreto Supremo Nº 21530 y la Ley Nº 2492, no corresponden aplicar el numeral g) de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99.

II. RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA

Acusó falta de pertinencia del auto de vista respecto al incumplimiento del deber judicial de valorar la prueba según la sana crítica, por lo que no se cumplió con lo dispuesto por el art. 236 y 397 del Código de Procedimiento Civil; asimismo, el juez a quo no ha considerado la incorporación de los elementos básicos y formales que debe contener una sentencia, que en este sentido de la valoración de la prueba se han distinguido dos sistemas de valoración  de prueba, el de tarifa legal probatoria y el de la libre valoración de la prueba o de la sana crítica,  concluyéndose que se ha omitido el cumplimento del deber de pronunciarse sobre los agravios sufridos y que fueron expuestos en la apelación, por lo que son nulas de conformidad al art. 90 del Código de Procedimiento Civil.

Que, el tribunal ad quem determinó extra petita sobre condonación tributaria no promovida en incidente de nulidad de obrados, toda vez que habiendo sido notificada la Fundación en fecha 30 agosto de 2007 con la Resolución Administrativa Nº 70/07, que dispuso anular los obrados administrativos hasta que el proceso sancionador del incumplimiento a deberes formales se unifique al proceso determinativo como manda el art.  21. c) del Decreto Supremo Nº 27310, esta resolución dictada por la Administración Tributaria con posterioridad a la interposición de la demanda y por su carácter sobreviniente, a raíz de que se detectó dentro de la fiscalización que ejecutaba dos incumplimientos a deberes formales, por lo que ilegalmente emitió dos actas de infracción, y advertida de su error emitió la Resolución Administrativa Nº 70/07 de 18 de julio de 2007, la misma que tiene como fundamento principal la unificación de procedimiento, establecida en el art. 169 de la Ley Nº 2492, siendo que el ente recaudador debió labrar o emitir autos iniciales Contravencionales e incluirlos en la Vista de Cargo y no tramitarlos por cuerda separada a través del labrado de las actas de infracción, motivo por el que se presentó incidente de nulidad en fecha 19 de julio de 2009, donde el juez debió admitir el mismo de previo y especial pronunciamiento, que al no haberlo hecho corresponde la nulidad de obrados hasta que la Administración Tributaria dé cumplimiento a la Resolución Administrativa Nº 70/07.

Concluyó solicitando se case el auto de vista y se disponga de forma expresa la revocatoria en todas sus partes de la sentencia de fecha 16 de octubre de 2009 y se declare probada la demanda de 22 de mayo de 2007, reconociendo la validez de todas sus facturas de compras con derecho a crédito fiscal.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los argumentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Que, planteado el recurso de casación e ingresando a su análisis, previamente a su consideración se aclara que, habiendo sido presentado en el fondo y en la forma, y tomando en cuenta la finalidad de cada uno de ellos, toda vez que el planteamiento del recurso en el fondo busca modificar el contenido de una resolución en la que se habría incurrido en errores in judicando, mientras que el recurso de casación en la forma responde a errores in procedendo, infiriendo la nulidad de actuaciones por vulneraciones a las formas esenciales del proceso, situación que de ser evidenciada por el tribunal de casación, no requiere consideración en el fondo; razón por la cual se resuelve el recurso primeramente en la forma, sin que ello represente modificación alguna del contenido del recurso planteado, y guardando la debida congruencia; en base a los siguientes fundamentos:

Resolviendo en la forma

Con relación a la falta de pertinencia del auto de vista respecto al incumplimiento del deber judicial de valorar la prueba según la sana crítica, por lo que no se cumplió con lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y la decisión extra petita sobre condonación tributaria, la misma que no fue promovida en incidente de nulidad de obrados, sino que tenía como fundamento principal el cumplimiento de Resolución Administrativa Nº 70/07; al respecto y de manera antelada, es preciso referir, que en materia de procesal en general, las nulidades se rigen por tres principios básicos, que no sólo configuran los requisitos y las formas para reclamar nulidad dentro del proceso, sino, constituyen el mecanismo de protección de derechos sustantivos y adjetivos de las partes; tal es así que: a) El principio de  legalidad, exige que tanto la nulidad como su sanción se hallen expresamente prevista en la ley en aquellas situaciones en que no se haya cumplido alguna de las formalidades que impone para su celebración; b) El principio de trascendencia, que obliga a la parte que denuncia nulidad haga manifiesto el daño o perjuicio concreto que la irregularidad o falencia del acto jurídico que repute nulo le haya causado, no pudiendo basar su pretensión solamente en simples supuestos, dicho de otro modo, no hay nulidad de forma si la alteración procesal no tiene vital importancia sobre las garantías esenciales del proceso, no pudiendo hacerse valer la nulidad cuando las partes no han sufrido un gravamen con la infracción; y, c) El principio de convalidación, que señala que toda nulidad procesal reviste siempre como característica su carácter relativo pues, no obstante de existir un vicio que afecte las formas o el contenido de un acto jurídico eventualmente nulo, al ser éste admitido por quien considera vulnerable su derecho, no operará la nulidad, salvo una grave y patente conculcación de un derecho o garantía constitucionalmente protegido.

En la especie, se advierte que la nulidad solicitada no se justifica de manera alguna, puesto que no se adecua al principio de trascendencia antes definido, por no afectar al derecho a la defensa, al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, casos en los cuales y de comprobarse una afectación a los sujetos procesales procedería; es así que de la revisión del auto de vista impugnado, se advierte que el mismo, si bien no contiene una ampulosa argumentación, empero resolvió todos los puntos, en términos claros, positivos y precisos, los cuales fueron resueltos por el inferior y que fueron objeto de la apelación y fundamentación, advirtiéndose con claridad que el proceso se ha desarrollado sin vicios de nulidad, cumpliéndose con los requisitos previstos en el art. 190 del CPC y con la pertinencia prevista en el art. 236 del citado Código Adjetivo Civil.

Ahora bien con respecto a la determinación extra petita, la SC Nº 1494/2011-R de 11 de octubre señala: “…De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”, de lo expuesto se entiende  que el juzgador solo puede resolver lo peticionado en su resolución, y pronunciarse sobre pretensiones jurídicas interpuestas oportunamente en el proceso; en ese entendido de la revisión del auto vista, el mismo de ninguna manera se refiere a determinar la condonación tributaria señalada, simplemente la menciona como actuado por parte de la Administración Tributaria, y sin entrar en más consideraciones concluyó señalando que el rechazo del incidente de nulidad por el a quo se ajusta a los antecedentes del proceso, por lo que esta mención en la resolución impugnada no puede ser considerada como extra petita, motivo por el cual no se evidencia la vulneración acusada.

En el fondo

1.- Respecto a que el auto de vista impugnado, no tomó en cuenta que la institución recurrente cumplió con la carga de la prueba establecida en el art. 76 de la Ley Nº 2492; y aclaró que en el periodo de fiscalización la Fundación Universitaria San Simón solo manejaba la Maestría en Gestión Empresarial, V1, V2, V3 y V4, y no así las Maestrías en Economía y Gestión del Desarrollo Rural, siendo la institución recurrente responsable solo del total de ingresos por concepto de matrículas y otros, percibidos durante el periodo de duración del convenio suscrito, y no así por ingresos anteriores o posteriores al mismo; al respecto, cabe señalar que de la revisión de obrados, cursa a fs. 529 y 555 (del anexo) nota de fecha 29 de noviembre de 2006, así como requerimiento de documentación, respectivamente, dirigida al Rector de la Universidad Mayor de San Simón, solicitando la presentación detallada de los cursos de post grado de la facultad de ciencias económicas en el periodo comprendido entre enero a junio de 2003, número de alumnos en cada curso de post grado, mensualidad por alumno, y detalle y documentos de respaldo de alumnos becados, solicitud que fue respondida adjuntando documentación cursante de fs. 533 a 554, y de fs. 556 a 563, en la que se detalla como cursos vigentes (funcionando) en el periodo de enero a junio de 2003, las Maestrías de Gestión Empresarial, 1ra., 2da., 3ra., y 4ta. versión, Maestría en Economía y Maestría Gestión del Desarrollo Rural, asimismo se entrega una lista de los alumnos por cada maestría y el costo de las mismas, por lo que se puede evidenciar que los ingresos determinados por la Administración Tributaria son correctos al responder a los tres programas, toda vez que las Maestrías en Economía y en Gestión del Desarrollo Rural, se encontraba en ejecución (funcionando) en el periodo de fiscalización; asimismo el convenio suscrito entre la FUSS y Programa MAGE, de ninguna manera deslinda de responsabilidad alguna a la institución recurrente de los ingresos anteriores o posteriores al convenio, toda vez que en ninguna parte del mismo establece este argumento expuesto por la recurrente, y que por el contrario como se dijo estos programas se encontraban funcionando en el transcurso de la fiscalización y en total vigencia de dicho convenio.

Con referencia a que el juez a quo, no se pronunció sobre el retraso de entrega de la documentación referentes a los ingresos mensuales percibidos por el programa, pero fueron regularizados en los meses posteriores abril, mayo y junio por lo que la Administración Tributaria no puede cobrar por doble partida; al respecto, es preciso hacer notar que en el cuadro comparativo de ventas, gestión 2003 periodos de enero a junio, revisado y verificado en cálculos, se evidencia que existe una diferencia en lo que refiere al IVA / IT, en los meses de enero, febrero, marzo, mayo y junio, por lo que el argumento de pago posterior no se demuestra con dicha documental, no siendo evidente la vulneración acusada.

Con relación a los fundamentos de estos puntos 2, 3 y 4 del recurso, al guardar relación entre sí, para un mejor entendimiento se analiza y contesta de manera conjunta, sin que ello signifique que se esté vulnerando el principio de congruencia.

En ese contexto, es preciso señalar que el art. 8. a) de la Ley Nº 843, establece que, sólo darán lugar al crédito fiscal, las compras, adquisiciones, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas; es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. Así también, el Decreto Supremo Nº 21530 Reglamento al Impuesto al Valor Agregado IVA, en su art. 8 establece que: “El crédito fiscal computable a que se refiere el art. 8 inciso a) de la Ley Nº 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo.”

Ahora bien, teniendo en cuenta que, las compras consideradas como “gastos” que generen simultáneamente crédito fiscal, deben tener relación directa con los gastos operativos deducibles para la determinación de la utilidad neta imponible y, de la normativa antes referida, se establece que, el sujeto pasivo, para beneficiarse del crédito fiscal (IVA) por compras, éstas deben cumplir los siguientes requisitos: 1ro.) Que se vinculen con las operaciones gravadas; es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, y 2do.) Que se vinculen con la actividad sujeta al tributo.

Por otro parte, la jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo mediante AS Nº 477 de 22 de noviembre de 2012, estableció que: “el sujeto pasivo o tercero responsable, para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal IVA, producto de las transacciones que declara, debe cumplir y demostrar tres presupuestos legales necesarios, esenciales y concurrentes: 1) La existencia de la factura, nota fiscal o documento equivalente por la cual se perfecciona el hecho imponible del IVA conforme lo establece el artículo 4. a), concordante con el artículo 8. a), de la Ley Nº 843. Este documento mercantil emitido por quien transfiere el dominio con la entrega del bien o acto equivalente, deberá ser presentado en original. 2) Que la compra o adquisición tenga vinculación con la actividad gravada de acuerdo a lo establecido en el artículo 8. a), de la Ley Nº 843; y 3) La realización efectiva de la transacción; es decir, que se perfeccione con el pago de la alícuota establecida en el art. 15 de la Ley Nº 843, concordante con el art. 8 del DS Nº 21530.” Mediante Auto Supremo Nº 75 de 13 de marzo de 2013, respecto al primer presupuesto establecido en el AS Nº 477 - completó que: “… no bastará presentarlo en original; sino que, además la factura nota fiscal o documento equivalente como instrumento fidedigno que prueba el nacimiento del hecho generador, debe ser irrebatible por la Administración Tributaria, por el estricto cumplimiento con la normativa tributaria para su emisión.” La doctrina tributaria, respecto a la importancia de la vinculación de las compras por gastos operativos de un contribuyente, aclara que: “El objetivo perseguido ha sido evitar que una determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por los dueños de las empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el solo hecho de haber sido facturadas a su nombre.” (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición. Buenos Aires: Editorial “La Ley”. 2007. Pág. 631).

Al respecto, la Autoridad de Impugnación Tributaria en la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT- RJ 0166/2013 de 5 de febrero, estableció que: “… la importancia de la vinculación de las compras de un contribuyente, radica en el hecho de evitar que gastos que no fueron realizados por éste, sean registrados a su favor por solo cumplir con la formalidad de haber consignado los datos de éste en la factura o nota fiscal respectiva, sin que efectivamente los hubiera realizado, apropiando un crédito fiscal que materialmente no generó y que no corresponde a su realidad económica, distorsionando la misma y por tanto afectando la percepción de la Administración Tributaria sobre los hechos económicos gravados, por lo que los gastos de una unidad económica deben ser propios de la misma, esto es que guarden relación con sus actividad gravada, de modo que efectivamente generen crédito a su favor para compensarlo posteriormente.” 

Que del análisis del caso, la Administración Tributaria en cumplimento a sus atribuciones, inicio proceso de fiscalización de las obligaciones impositivas de la Fundación Universitaria San Simón, mediante Orden de Verificación Externa Nº 3006OVE0039 (Débito Crédito), por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), en los periodos fiscales de enero a junio de 2003, la misma que fue realizada sobre base cierta; asimismo como resultado de la verificación, mediante Resolución Determinativa Nº VC/GDC/DF/VE-IF/36/2007 de fecha 3 de mayo de 2007, se sanciona al contribuyente FUSS, al pago por impuesto omitido, mantenimiento de valor,  intereses y multa del 50%, en el monto total de Bs. 171.531 (Ciento setenta y un mil quinientos treinta y un 00/100 bolivianos). Deuda tributaria cuyo origen se debe a ingresos no declarados, compras indebidamente respaldadas y crédito fiscal inexistente.

En ese entendido, corresponde a este tribunal determinar si los reclamos respecto a las facturas observadas y depuradas se encuentran conforme a la norma y los razonamientos supra transcritos, y establecer si el contribuyente puede o no beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal IVA.

De lo manifestada y con relación a que el tribunal ad quem no tomó en cuenta el art. 8 de la Ley Nº 843, respecto a las facturas observadas de los cursos y programas de inglés, que estarían relacionadas con las actividades gravadas de la institución y dichas operaciones responderían a capacitaciones de los investigadores del Programa Laboratorio de Hidráulica y Centro de Investigaciones CEPLAG, en virtud al convenio entre la Universidad Mayor de San Simón -Cooperación Institucional IUC- Fundación Universitaria San Simón; al respecto, de la revisión de obrados, se evidencia que no existe documental alguna que respalde dicha afirmación, toda vez que el convenio realizado entre la Universidad Mayor de San Simón -Cooperación Institucional IUC- y la Fundación Universitaria San Simón; no establece como objetivo ni alcance la capacitación en inglés, u otro tipo de enseñanza; asimismo, no existe documental que demuestre lo aseverado por el contribuyente, al no haber adjuntado autorizaciones y justificativos que respalden la necesidad (como la acreditación internacional, boletines y revistas) y vinculación de este gasto con las actividades de la Fundación, en aplicación del art. 76 de la Ley Nº 2492 que a la letra dice: “(Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”, por lo que se llega a concluir que, no le corresponde al contribuyente el derecho al cómputo del crédito fiscal de las mismas y en consecuencia se debe confirmar su depuración.

De igual manera con relación al que el auto de vista impugnado, no aplicó el principio de libre apreciación de la prueba, al no considerar las facturas observadas por gastos en restaurantes, medicamentos, compras de utensilios de cocina y maletín para computadora, al ser estos gastos necesarios para conservar equipos de computación, realizar actividades propias de la investigación científica y ante todo la alimentación y cuidado preventivo de la salud de los investigadores. Sobre este punto, corresponde señalar, que de lo manifestado supra, las notas fiscales o facturas tienen que estar vinculadas con las actividades gravadas de la institución; sin embargo, de la revisión de los antecedentes del Anexo, previa inspección judicial se determinó mediante Informe de Conclusiones DF/RV/VE-IC/078/07 de fecha 02 de abril de 2007 de fs. 682, que los gastos realizados por medicamentos, sartén, colchón y maletín no están vinculados con las actividades gravadas que tiene el contribuyente FUSS, motivo por el cual no fueron excluidas de la Base Imponible del IVA, y se mantuvo su observación, toda vez que las actividades de la entidad son las relacionadas con la investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales, la ingeniería, ciencias sociales y humanidades, y toda vez que no se dio por cumplido este requisito, corresponde que las mismas sean depuradas.

En relación a la prueba de fs. 556 a 563 correspondientes a la carta de fecha 6 de diciembre de 2006, y toda la prueba documental adjunta al memorial de descargos a la vista de 9 de marzo de 2007, que corre a fs. 641 a 665, la misma que no fue valorada por el tribunal ad quem y que demuestra fehacientemente que las facturas observadas por registrar sobreescrituras, tanto en el nombre y/o razón social, fecha de emisión, como en los importes, son plenamente válidas para el aprovechamiento del crédito fiscal, conforme señala el numeral 22 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99. Al respecto, dicha Resolución establece en sus numerales 16, 22-c) y e), 72 y 129, la invalidez de la facturas por aspectos como falta de Razón Social, RUC y fecha remarcada. Esta normativa de carácter general ha sido emitida por la Administración Tributaria en uso de la atribución que el art. 127 Código Tributario, Ley Nº 1340, mediante la cual reglamenta las formalidades de la emisión de facturas y notas fiscales; asimismo la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 que en su art. 22 inc. c) consolida y reglamenta aspectos relativos a la facturación, fue modificada posteriormente por el art. 1 de la R.N.D. Nº 10-0048-05; asimismo, el núm. 82 de la R.A. Nº 05-0043-99 considera cumplida las formalidades para la emisión de las facturas cuando se registra en la misma imprescindiblemente el primer apellido para el caso de personas naturales o la razón social el número de RUC (actualmente NIT) para empresas públicas y privadas.

En ese entendido, en el caso de autos, se observó que el contribuyente se encontraba inscrito bajo la razón social de Fundación Universitaria San Simón, con RUC 10297421 / NIT 1008257020; sin embargo las facturas observadas, consignan  nombres y RUC incorrectos como son: “Centro de Planificación y Gestión CEPLAG” “Biodiversidad”, “CEMARR” y otros, los mismos que tienen diferentes números de RUC, al del contribuyente; asimismo las sobreescrituras, nombres incompletos y RUC incorrectos, advierte una identificación errónea del contribuyente, conforme establece el art. 129 de la R.A. 05-0043-99 que expresa: “las notas fiscales que carezcan de datos básicos que permitan la clara identificación de la transacción, no son válidas para el cómputo del crédito fiscal”; ahora bien, no es un argumento válido del recurrente que estos errores son atribuibles a los emisores de la factura, toda vez que con dicha explicación se pretende justificar la negligencia del contribuyente quien tiene la obligación de  mayor cuidado en la obtención y resguardo de la documentación tributaria que respalda su actividad económica, y en caso de  percatarse del error en nombres, RUC y otros, debió exigir la emisión de una nueva factura, que al no haberlo hecho, dichos errores invalidan las mismas; correspondiendo en consecuencia mantener el reparo establecido por la Resolución Administrativa Nº VC/GDC/DF/VE-IF/36/2007 de fecha 3 de mayo de 2007.

En mérito a lo expuesto, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde dar aplicación a los arts. 271. 2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 214 y 297. II de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y 74. 2 de la Ley Nº 2492 Código Tributario de 2 de agosto de 2003.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de fs. 100 a 105. Sin costas, en la aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 y el 52 del D.S. 23215.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.