SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 177/2015-L.

Sucre, 29 de julio de 2015.

Expediente: CBBA. 593/2010.

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación y/o nulidad de fs. 53 a 54, interpuesto por el Lloyd Aéreo Boliviano S.A., representado legalmente por Grover Villanueva Tapia, contra el Auto de Vista Nº 180/2010 de 15 de septiembre (fs. 50 a 51) emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales y otros que se tramita en liquidación, seguido por Roger Alex Guzmán Montaño contra la Empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A., la respuesta de fs. 56 a 58, el auto de fs. 59 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió Sentencia el 4 de octubre de 2008 (fs. 27 a 29), declarando probada en parte la demanda de fs. 6 a 8 de obrados en lo que respecta a los conceptos de salarios devengados por todo el tiempo trabajado, que corresponde 4 meses y 28 días por el primer periodo y 1 mes y 29 días por  el segundo periodo, indemnización por el tiempo de servicios solo por el primer periodo y aguinaldo por todo el tiempo trabajado en los dos periodos, doble por su incumplimiento en su pago oportuno, más la multa del 30% previsto por el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2008; e improbada en lo que respecta a los conceptos de desahucio, indemnización por tiempo de servicios por el segundo periodo y vacación, ordenando en consecuencia que la empresa demandada cancele dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia la suma de Bs. 8.149,97, bajo conminatoria de ley.

En grado de apelación interpuesto por la empresa demandada a fs. 40, por Auto de Vista Nº 180/2010 de 15 de septiembre (fs. 50 a 51), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, confirmó la Sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

Que, contra el referido auto de vista, la empresa demandada a través de su representante legal, interpuso de fs. 53 a 54, recurso de casación y/o nulidad, en el que expresa los siguientes fundamentos:

Acusa que el auto de vista les causa perjuicios por la errónea valoración e interpretación, así como indebida aplicación de la ley y de la prueba aportada al proceso, incurriendo en las causales de casación en el fondo y en la forma, de acuerdo a las consideraciones siguientes:

Expresa que el Tribunal de Apelación ha infringido lo establecido en el art. 253 incisos 1) y 3), del Código de Procedimiento Civil al realizar una aplicación indebida e interpretación errónea de la ley, toda vez que ratifican la ilegalidad cometida por el juez de instancia al otorgar capacidad procesal para ser demandados a Omar Castellón, sobre la base de una interpretación errónea del art. 72 y 142 del Código Procesal del Trabajo y en sentido de que al asumir defensa no se puede impugnar los términos de la demanda, sin considerar que dicha impugnación se ha realizado en estricto apego a las normas que rige la materia y en su legítimo derecho a la defensa, no pudiendo aducirse preclusión.

Alega interpretación errónea del art. 72 del Código Procesal del Trabajo, violando derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho a la defensa, porque esta norma refiere a efectos de la citación con la demanda y no a la calidad de las personas que pueden y deben ser demandadas cuando se trata de una persona jurídica, como erróneamente interpreta el tribunal de apelación.

Acusa la nulidad del fallo objeto del presente recurso, por haber sido pronunciado alterando el orden cronológico de resolución y sin ceñirse estrictamente a su fecha de ingreso, vulnerando el orden establecido para resoluciones de la Sala Social, infringiendo normas de orden público como el art. 267 del Código de Procedimiento Civil, encontrándose por ello fuera del plazo legalmente establecido por ley.

Expresa que el tribunal ad quem no ha realizado una correcta aplicación de los arts. 13 y 17 de la Ley General del Trabajo, normas que no son aplicables al presente caso, porque consta de antecedentes que el actor tenía suscrito un contrato a plazo fijo por tiempo determinado, el que una vez concluido, extinguió la relación laboral, eximiendo a la empresa del pago de los beneficios sociales demandados ilegalmente por el actor, no correspondiéndole el pago de aguinaldos, ya que la norma descrita en el  auto de vista, la Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979 no se refiere a estos conceptos.

Concluye su recurso solicitando que este Tribunal Supremo, CASE o en su caso ANULE el auto de vista recurrido, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, analizados los fundamentos del recurso, para su resolución es necesario realizar las siguientes consideraciones:

De la efímera acusación que realiza de valoración e interpretación errónea de la prueba aportada al proceso, cabe indicar que el recurrente además de no argumentar su acusación, únicamente expresa textualmente en su recurso: “realizaron una valoración e interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, así como de la prueba aportada al proceso..”, sin fundamentar si se incurrió en error de hecho o error de derecho, y sin tomar en cuenta que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los jueces de instancia, siendo incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la misma, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: “Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador. (Las negrillas son añadidas). Nótese que la disposición citada expresa que deberán cumplirse dos condiciones; es decir, que deberá demostrarse el error por documentos o actos auténticos, que a su vez demuestren la equivocación manifiesta del juzgador, lo que en la especie no sucedió.

En relación con la acusación de infracción del art. 253 inc. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil al realizar una aplicación indebida e interpretación errónea de la ley, al ratificar la capacidad procesal para ser demandado a Omar Castellón sobre la base de una interpretación errónea del art. 72 y 142 del Código Procesal del Trabajo; cabe indicar que dicho artículo refiere al recurso de casación en el fondo y señala: "Procederá el recurso de casación en el fondo: 1) Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; y 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador". Del texto transcrito se evidencia que se trata de una disposición descriptiva, no pudiendo por tanto ser violada, pues su fin es indicar o señalar en este caso cuando procede el recurso de casación en el fondo, por lo que esta acusación resulta incorrecta e incongruente.

De la interpretación errónea del art. 72 y 142 del Código Procesal del Trabajo, al ratificar la capacidad procesal para ser demandado a Omar Castellón, se verifica que fue correcta la aplicación del art. 72 del Código Procesal del Trabajo, que dispone: “La citación será personal con la providencia que admite la demanda y en los casos previstos por el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, tratándose de personas jurídicas, esta citación se efectuará válida e indistintamente a sus presidentes, gerentes generales, administradores o personeros legales.” Pues la demanda fue interpuesta contra una persona jurídica como es Lloyd Aéreo Boliviano S.A., y considerando que la empresa fue debidamente notificada como consta en las diligencias que cursan en el proceso, siendo de conocimiento de ésta todos los actuados procesales, de tal manera el artículo 120 del Código Procesal del Trabajo, determina: “La demanda  se dirigirá  contra la parte a quien se reclama  o contra su representante. Queda entendido que cuando la demanda  se dirija contra la empresa o establecimiento, toda gestión que en el proceso realice el Gerente, Administrador o el representante del empleador será válida. No obstante el empleador o su representante legal podrá, en cualquier momento apersonarse en el proceso y continuar la gestión.”  Por lo que se evidencia que el Juez A quo y el tribunal Ad quem establecieron que la demanda ha sido instaurada contra una persona jurídica y no contra una persona natural, en consecuencia  dichos argumentos resultan sin sustento alguno.

De la acusación de nulidad del fallo, por presunta alteración del orden cronológico de la Resolución de Vista; de la revisión de obrados se advierte que no tiene argumento dicha solicitud, tomando en cuenta para ello, la fecha de ingreso, pues el art. 267 del Adjetivo Civil, establece que la distribución de causas y tablilla se efectúa mediante sorteo ciñéndose estrictamente a la fecha de ingreso, distribución que se hará pública en secretaría de cada sala. En autos no existe evidencia que se hubiera modificado el orden del aludido sorteo, que conforme se verifica a fs. 49 vuelta, se sujeta a las formalidades previstas en al art. 267 del Código de Procedimiento Civil.

Respecto a la acusación de incorrecta aplicación de los arts. 13 y 17 de la Ley General del Trabajo por no ser aplicables al caso en razón a que el actor tenia suscrito contrato a plazo fijo por tiempo determinado y a su conclusión extinguió la relación laboral, eximiendo a la empresa del pago de beneficios sociales; debe tenerse presente que conforme se verifica de actuados, el juez de instancia determinó la cancelación de indemnización a favor del actor únicamente por el primer periodo trabajado, en razón a que a la terminación de cada contrato a plazo fijo debe pagare indemnización por el tiempo de servicios, siempre que no haya discontinuidad entre uno  otro contrato, verificándose que en el presente caso se suscribieron dos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la empresa, y el art. 2 de la Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1997 dispone que no están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la empresa, de evidenciarse esta situación, el contrato se convierte en uno a tiempo indefinido con los efectos ya expresados. Por lo que no es evidente que se hubiera aplicado incorrectamente los arts. 13 y 17 de la Ley General del Trabajo

Por último, corresponde expresar que a tiempo de realizar su petitorio, el recurrente no discrimina ni considera lo establecido por los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, limitándose a solicitar en su petitorio que este Tribunal Supremo “…CASE o en su caso ANULE su injusto auto de vista”. Al respecto, cabe aclarar que el recurso de casación en el fondo y en la forma o de nulidad, tienen efectos distintos, pero de ninguna manera puede producirse una resolución alternativa o complementaria la una de la otra.

Por lo precedentemente fundamentado, se concluye que las infracciones denunciadas por la empresa demandada no son evidentes, correspondiendo en consecuencia resolver el recurso interpuesto por la empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A. de fs. 53 a 54, en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones aplicables al caso con la permisión contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 53 a 54, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.