SALA CONTENCIOSA y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo 170/2015-L. Sucre, 29 de julio de 2015. Expediente: CSS. 573/2010. Distrito:        Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 83 a 84, interpuesto por Miguelina Maida vda. de Balderrama contra el Auto de Vista  136/2010 de 28 de julio, cursante de fs. 78 a 79, pronunciado  por  la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de  Justicia de  Cochabamba, dentro del proceso laboral que se tramita en liquidación, seguido por Evangelina Mamani Ayala contra la recurrenteel  auto  de  fs 86  que  concedió  el  recurso,  los  antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO 1: Que, tramitada la causa, la Juez de Partido Primero de  Trabajo    Seguridad  Social  de  Cochabamba emitió  Sentencia el  de septiembre de 2008, cursante de fs. 63 a 65 declarando probada en  parte la demanda,   en   lo   que   respecta   al   pago   de   los   beneficios   sociales   de indemnización, desahucio, aguinaldo por el año 2006 por 9 duodécimas y 22 días, doble por incumplimiento, por el año 2007 por   9 duodécimas y 5 días doble por incumplimiento, vacaciones por una gestión, 6 duodécimas y 27 días, e improbada en los demás   puntos demandados, disponiendo que la demandada pague en favor de la  demandante el monto de Bs. 5.966.-, conforme al detalle de la liquidación  inserta; más la actualización y la multa del 30%  acorde a lo que dispone el  art .9 del DS. N°28699 de 1 de mayo de 2006.

Que,  resolviendo  la  apelación  de  fs.  68  69,   interpuesto  por  la demandada, la Sala Social  y Administrativa de la Corte Superior de  Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista  136/2010 de 28 de julio, cursante de fs. 78 a

79,  resolvió  confirmar    en  parte  la  sentencia  apelada,  sin  costas,  con  la modificación  de excluirse el pago de las duodécimas de aguinaldo de la gestión

2007,  dispone  el  pago  de  Bs. 4.897  según  liquidación  inserta  en  su  parte resolutiva..

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Contra la resolución de segunda instancia, mediante  memorial de fs. 83 a


84, la demandada   planteó recurso de casación   en el fondo, expresando en síntesis lo siguiente:

Que, el auto de vista incurrió en las causales de casación previstas en los numerales 1) y 3) del art. 253 del  Cód. de Pdto. Civil, al  no analizar las literales de fs. 27 a 28, fs. 30 y fs. 59 que hacen referencia al pago de los beneficios sociales y sobre todo  las vacaciones,  haciendo caso  omiso  a  la disposición contenida en el art. 236 del Cód. de Pdto. Civil.

Asimismo   refiere quela prueba testifical de descargo de fs. 51  a 53,


demuestra  las inconductas laborales  de la actora cometidas   al interior de su desempeño laboral, que acreditan haber incurrido en las causales contenidas en el inciso d) y e) del art.  16 de la Ley General del Trabajo y art. 9 inc. d) y e) de su Decreto Reglamentario.

Que, lo expuesto, demostraría que, el tribunal ad quem incurrió en error de


derecho y error de hecho en la valoración de la prueba literal de descargo a fs.


28, 30, 51, 52, 53 Y 59,  porque al tenor de los arts. 1.286 del  Código Civil y art.


159 del Código Procesal del Trabajo, la referida prueba literal  constituiría  plena prueba que acredita el abandono de trabajo y el abuso de confianza por la venta de calzados.

Finaliza solicitando, se conceda  el recurso a fin de que la Corte Suprema


de Justicia se digne casar el auto de vista recurrido.


CONSIDERANDO 11:Que así planteado el recurso, se pasa a considerar el mismo, de donde se establece lo siguiente:

Referente a la denuncia que el tribunal  ad quem al emitir el auto de vista


había incurrido en las causales previstas en los numerales 1) Y 3) del art. 253 del Cód. de Pdto. Civil, al sustentar su recurso de casación en el fondo, esto es, por haber incurrido la sentencia  en  violación,  interpretación errónea  aplicación indebida de la ley, y por error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba.

Al respecto, es  menester aclarar que la recurrente, a momento de invocar


como causales de casación de fondo, debió cumplir con el requisito de señalar la infracción legal que acusa, conforme previene el art. 258-2) del adjetivo  civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente,  independientemente de que se trate de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, de modo que   permita al



tribunal de casación ejercer, en su caso, el mandato legal del art. 274 del Código


de Procedimiento Civil, de aplicar la ley o leyes infringidas por el tribunal de apelación que hubieren sido acusadas en el recurso.

En el caso presente, la recurrente, si bien alega  que el auto de vista  ha incurrido en dichas causales, empero, como se tiene referido, no acusa infracción legal alguna, haciendo de tal manera inviable su consideración.

En lo concerniente   a la supuesta  lesión  de  los arts.  16- e) de la Ley


General del Trabajo   y art.  9- e) de su Decreto  Reglamentario,   por cuanto a decir del recurrente que,  por la testifical de descargo de fs. 51 a 53 se demuestra las inconductas laborales de la actora; sin embargo, conforme a la valoración efectuada por el tribunal de alzada, dichas testimoniales no refirieron con certeza y precisión que la actora  hubiese incurrido en las faltas acusadas.

Por lo que, no es evidente la denuncia de la   recurrente, en sentido de haberse transgredido lo señalado por la citada normativa legal, por cuanto no existe sustento probatorio que justifique que la actora hubiera actuado con negligencia e incumplimiento de responsabilidades nacida del contrato de trabajo, ni de las acusaciones vertidas en su contra, porque conforme determinan los arts.

3. h), 66 Y 150 del Código Procesal del Trabajo, referente al principio de inversión de la prueba, era obligación de la empleadora desvirtuar los fundamentos de la acción, situación que no sucedió en el caso presente, por ello conforme establecieron los juzgadores de instancia, que el   despido de la actora fue sin causa justificada y como tal intempestivo, se actuó en franca vulneración de la normativa  laboral  pero  sobre  todo  del  principio  de  continuidad  estabilidad laboral contenida en los arts. 48. II Y 49. 111  de la Constitución Política del Estado y 11 del  DS. 28699 de 1 de mayo de 2006; por esta razón, los tribunales de instancia resolvieron disponer  el pago  de beneficios sociales, en consecuencia, el tribunal de apelación al haber confirmado la sentencia de primera instancia que dispuso el pago de dichos   beneficios   a favor de  la trabajadoraha obrado correctamente  en  base  una  atinada  valoración  de : la  prueba,  conforme determinan los arts. 3. j) Y 158 del Código Procesal del Trabajo, garantizando la efectiva materialización de los derechos fundamentales de la trabajadora.

En cuanto a la denuncia   de la causal d) de los referidos artículos, se recuerda a la recurrente que la misma fue derogada  por disposición  del art. 2 de la Ley de 23 de Noviembre de 1944.




Asimismo,   las literales de fs.   28, 30, 51, 52, 53 Y 59 señaladas por la recurrente y que supuestamente constituyen plena prueba las que acreditaría el abandono de trabajo y el abuso de confianza; sin embargo, de la revisión a las citadas literales se evidencia que, las de fs. 28 a 30, consisten en anotaciones referidas ciertos pagos efectuados   a la actora, que   no demuestran  que la actora   hubiese incurrido en la causal prevista por los arts.  16- e) de la Ley General del Trabajo y art.- 9 - e) de su Decreto Reglamentario, como acertadamente estableció el tribunal  de alzada. Por consiguiente, es suficiente el argumento de  la  recurrente  al  señalar  que  las  literales  mencionadas hacen prueba que acreditan el abandono de trabajo y el abuso de confianza.

Por otro lado, las pruebas de fs.  51 a 53, se  refieren a declaraciones testificales y no así a literales, como equivocadamente sostiene la recurrente, las cuales no desvirtúan la relación laboral, pero tampoco demuestran que la actora hubiera incurrido en abandono de trabajo ni mucho menos haber cometido abuso de confianza; asimismo, con relación a   la literal de fs. 59, la misma solo se refiere a una certificación que nada tiene que ver con el proceso, por lo que, al no haber sido valorada  por  el tribunal  de  alzada,  mal podía  habe incurrido en infracción alguna.

Que, en  el  caso  de  autos lo  expresado  por  la  recurrente  carece  de sustento legal, porque con el propósito de eludir el pago de beneficios sociales, se ampara en los referidos documentos, con olvido que en materia laboral se imponen los principios protectores al trabajador, los cuales obligan al empleador desvirtuar los argumentos de   la demanda, como disponen los arts. 3. h), 66 Y

150 del CPT., porque para  privar al trabajador  de  los derechos  y beneficios


sociales  que  la  ley  reconoce,  debe  existir  prueba  suficiente  que  permita  al juzgador formar un claro y amplio criterio sobre las causas por las cuales no correspondería reconocer a su favor lo que en derecho reclama; extremo que no aconteció en el presente caso.

En la especie, debe tenerse presente que conforme previene el arto48 III de la actual Constitución Política del Estado (CPE), los derechos y beneficios reconocidos  en  favor  de   las  trabajadoras  los  trabajadores   no  pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, normativa concordante con el art 4 del Ley General del Trabajo, que faculta  los  trabajadores  el  derecho  cobrar  los  beneficios  sociales  que reconocen las  leyes, siendo además irrenunciable , pero  además es  obligación





del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población,


asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando  las  condiciones  de  vida  del  grupo  familiar cuyos  regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia. '

De cuyo análisis se infiere, que no es evidente que el  tribunal de alzada hubiese incurrido en error de derecho o de hecho en la apreciación de la referida prueba   documental pues conforme se tiene  expuesto,  contrariamente dicho tribunal  realizó correcta  y adecuada valoración de   la misma, al determinar que no comprueban  que la actora hubiese incurrido en las causales denunciadas, por cuanto tampoco se ha acreditado conforme exige la última parte del art. 253 inc.

3) del Cód. Pdto. Civil,  la existencia de error de derecho o error de hecho en la apreciación de la referida  prueba cuestionada, con documentación idónea que demuestre dicho error, máxime si estaba en la ineludible obligación de especificar y  justificar  su  reclamo al  no  haber  cumplido  este  requisito  limita  otorgar respuesta concreta y razonada.

Consiguientemente,   a   mérito   de   lo   expuesto   precedentemente,  se establece que el tribunal ad quem, al confirmar en parte  la sentencia de primera instancia, actuó acertadamente observando las normas que rigen la materia, no siendo evidente las infracciones acusadas por la recurrente, deviniendo estas en infundadas, correspondiendo en consecuencia resolver el recurso de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271. 2) Y 273 del Cód. de Pdto. Civil, aplicables  por permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley 25   del Órgano Judicial,   declara  INFUNDADO   el recurso de casación cursante de fs. 230 a 231. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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