SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 169/2015-L.

Sucre, 29 de julio de 2015.

Expediente: SCZ. 571/2010.

Distrito: Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 129 a 130, interpuesto por Rady Echeverría Caballero, contra el Auto de Vista Nº 76 de 31 de marzo de 2010 cursante de fs. 124 a 126, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, dentro del proceso social que se tramita en liquidación seguido por el recurrente, contra la Fundación “Casa del Almendro”, la respuesta de fs. 131, el auto de fs. 132, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 86 de 27 de octubre de 2009 de fs. 107 a 108, declarando probado el derecho demandado, con costas, disponiendo que la Fundación “Casa del Almendro”, pague a favor del actor, el monto de $us. 4.483.37.-, por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación, reintegro, bono de antigüedad y la multa del 30 %.

Que, resolviendo la apelación  interpuesta por la parte demandada cursante de fs. 113 a 116, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 076 de 31 de marzo de 2010 cursante de fs. 124 a 126, revocando totalmente la sentencia de 27 de octubre de 2009, declarando improbada la demanda de fs. 27 a 28 de obrados.

Contra la resolución de segunda instancia, el demandante Rady Echeverría Caballero, por memorial de fs. 129 a 130, interpone  recurso de casación en el fondo, denunciando lo siguiente:

Que, de conformidad a los arts. 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, la inversión de la prueba corresponde al empleador, señalando que, los argumentos del auto de vista se redactaron con interpretación errónea violatoria y atentatoria a los derechos que la ley reconoce a los trabajadores los que son irrenunciables conforme prevé la Constitución Política del Estado.

Que, de acuerdo a las pruebas, el fallo de segunda instancia constituye violación al art. 4 de la LGT y 48. III de la CPE e interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, al señalar que si bien el actor trabajó en la institución demandada, en ninguna parte de la demanda se demuestra que lo hizo como psicólogo, por el contrario, el demandante sostuvo que, si bien trabajó en la institución demandada, fue como coordinador de orientación familiar, pues la empresa demandada no presentó un solo documento donde se demuestre que el actor hubiera atendido y firmado como psicólogo, basándose en un contrato privado en el que falsificaron su firma donde erróneamente insertaron la profesión de psicólogo y que su retiro de la institución demandada fue voluntario, hecho que demuestra inseguridad jurídica violatoria y atentatoria a los derechos del trabajador y a la inversión de la prueba, incurriéndose en error de derecho al no interpretar los arts. 66 y 150 del CPT, toda vez que su retiro fue por reducción de sueldos, extremo que no fue desvirtuado y solo el vocal relator presumió que fue así, como si estuviera en materia penal pero a favor del acusador y no del reo.

Sobre las declaraciones de los testigos de descargo, señaló que no se analizó las tachas a los mismos por ser trabajadores de la empresa demandada, de conformidad con los arts. 446. 2) y 3) del CPC, tacha que no fue observada, que no se demostró la rebaja de sueldo, lo que demuestra otra interpretación errónea e indebida.

En este sentido, el tribunal ad quem, al revocar la sentencia de primera instancia vulneró los principios jurídicos de los arts. 2, 4 y 7 de la LGT, 48. III de la CPE, al evidenciarse que no se hizo una correcta interpretación y valoración de las pruebas, toda vez que los derechos de los trabajadores de acuerdo a la normativa citada, son irrenunciables y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el auto de vista por infracción de los arts. 4 de la LGT y 48 de la CPE y se confirme la sentencia de primera instancia, reconociendo los derechos del trabajador por todo el tiempo de servicios prestados.

A su vez,  la Fundación Casa  del Almendro, a través de su representante Jaime Pérez Viviani, responde en base a los fundamentos expresados en el memorial de fs. 131, solicitando que se declare improcedente el recurso.

CONSIDERANDO II: Que, analizados los fundamentos planteados en el recurso, previo estudio del proceso,  se establece lo siguiente:

En el caso presente,  la controversia traída a colación  consiste en determinar si corresponde o no el pago de los beneficios sociales demandados por el actor, derechos que fueron reconocidos en la  sentencia de primera instancia que declaró probada la demanda, resolución que fue revocada por el tribunal ad quem, con el fundamento de que, si bien el actor suscribió un contrato como Psicólogo, sin embargo, se comprobó que el mismo no contaba con el título profesional correspondiente, hecho que motivó al demandante a presentar el recurso de casación en el fondo, señalando que, en ningún momento atendió ni firmó como Psicólogo, sino, desempeñó sus funciones como Coordinador de orientación familiar.

Referente a la presunta contratación indebida por falta de título en provisión nacional, corresponde puntualizar que el responsable de dicha contratación o designación es la persona que lo contrató, pues si el actor no cumplía con el perfil requerido para asumir el cargo, se debió realizar esta observación en el momento de su contratación, aspecto que  no es atribuible al trabajador, salvo que hubiese presentado documentación fraguada, situación que en el proceso no se ha demostrado, toda vez que conforme determinan los artículos 3. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, referidos al principio de la inversión de la prueba, en materia social corresponde al empleador desvirtuar los fundamentos de la acción, aspecto que no sucedió en el caso presente.

En este sentido, si la parte demandada se percató de que el actor no tenía título de Psicólogo para ejercer el cargo para el que fue contratado, hecho que si bien, de acuerdo al art. 164 del Código Penal, constituye  delito tipificado  como ejercicio indebido de la profesión, éste debió ser denunciado ante las autoridades pertinentes, puesto que el art. 67 del  Código Procesal del Trabajo señala: “En los juicios sociales se resolverán las cuestiones propias de la relación de trabajo y no se admitirá la excepción  de litis pendencia; en consecuencia, se aclara que las acciones penales, civiles u otras iniciadas contra un trabajador, no suspenden ni enervan la instancia laboral”. En tanto que el art. 59 del mismo cuerpo legal prescribe: “El juez, al dictar sus resoluciones, tendrá en cuenta que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial y con este criterio se interpretará las disposiciones del presente Código”. Normativa que no fue considerada por el tribunal de segunda instancia al emitir el auto de vista recurrido; además, no tomó en cuenta que, producida la desvinculación laboral; no le imposibilita ni le priva al trabajador a percibir la indemnización por el tiempo trabajado, ya que la misma es irrenunciable siendo un derecho de carácter social que alcanza a todo trabajador, siendo nula cualquier convención en contrario como dispone el art. 4 del Ley General del Trabajo, norma que precautela los derechos fundamentales y constitucionalizados en los arts. 46 y 48 de la Constitución  Política del Estado; por lo que en ese marco normativo, no se le puede negar el derecho a la indemnización; concluyendo que el auto de vista impugnado, al revocar la sentencia no tomó en cuenta dichos principios normativos constitucionales.

Por lo  expuesto precedentemente, corresponde el pago de los derechos reclamados a favor del demandante conforme acertadamente determinó el juez a quo en la Sentencia Nº 86 de 27 de octubre de 2009, quien para arribar a la decisión asumida, con mejor criterio que el tribunal ad quem, valoró correcta y adecuadamente la prueba adjuntada durante la tramitación de la presente causa de acuerdo a lo previsto en los arts. 3. j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo.

Consiguientemente, siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso de casación, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa y   Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184. 1 y 42. I. 1 de la  Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista Nº 76 de 31 de marzo de 2010 fs. 124 a 126 y deliberando en el fondo, mantiene firme e incólume la Sentencia Nº 86 de 27 de octubre de 2009 cursante de fs. 107 a 108.

Sin multa ni responsabilidad  por ser excusable.

En cumplimiento al art. 41 de la Ley Nº 25 del órgano Judicial, concordante con la SCP Nº 2537/2012 de 14 de diciembre de 2012, no es necesario la convocatoria a tercer magistrado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.