SALA CONTENCIOSA   Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA,   SOCIAL  y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA





Auto Supremo N° 168/2015-L. Sucre, 29 de julio  de 2015. Expediente:        OR. 569/2010. Distrito:        Oruro

Magistrado  Relator:  Dr. Gonzalo Miguel Hurtado  Zamorano


VISTOS: El recurso de casación de fs. 277 a 280 interpuesto por la Caja Nacional de  Salud  representada  por  Roxana  Claure  Covarrubias  de  Sandy, contra el Auto de Vista 46/201O-SSAde 10 de septiembre de 2010 cursante a fs. 271 a 273 emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito de Oruro, dentro del proceso laboral seguido por José Antonio Arellano Aranibar, contra la entidad recurrente (Caja Nacional de Salud regional Oruro), el auto de fs. 283 que concedió el recurso, los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Primero de


Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro, en fecha 29 de septiembre del  2009,  pronunció  la  Sentencia  37/2009  de fs.  231  a  238, declarando probada en parte la demanda de fs. 4 a 6 de obrados, ordenando a la Caja   Nacional  de   Salud,  cancelar  en  favor   del   actor   la  suma  de   Bs.

206.727,43 (Bolivianos  Doscientos seis mil setecientos  veintisiete 43/100), por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo, vacación, bono riesgo profesional, y refrigerios, tomando en cuenta el deposito parcial efectuado por la entidad demandada de Bs. 183.461,57 (Ciento ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y uno 57/100 Bolivianos), cuya actualización se efectuara tomando en cuenta la UFVs.

En grado de apelación de fs. 252 a 254 deducida por la Caja Nacional de Salud representada legalmente por Daniel Grover Rocha Balcázar, por Auto de Vista N°46/2010 de 10 de septiembre de 2010 de fs. 271 a 273, la Corte Superior de Justicia de Oruro, confirmó la Sentencia apelada N°. 37/2009 de fecha 29 de septiembre de 2009 de fs. 231 a 238.

Dicho fallo motivó el recurso de casación de fs. 277 a 280, interpuesto por la Caja Nacional de Salud representada legalmente por Roxana Claure Covarrubias de Sandy, expresando en síntesis lo  siguiente:



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1.- Acusó que el supuesto incumplimiento de plazos estipulados para el pago de beneficios sociales, se debió indudablemente al mismo trabajador, quien

dentro de los plazos que establecen normas internas de contabilidad y de la

misma  Ley  N°  1178no  cumplió  con  la  entrega  de  sus  activos  que  se encontraban a su cargo y los valores que manejaba en su calidad de radiólogo, como son las placas radiográficas y mamográficas, por lo que con este retraso en la entrega de dicho material implicó el retraso de la atención médica, al tratarse de una institución que presta servicios de salud, asimismo no tomo en cuenta que el demandante en forma voluntaria sin que medie presión alguna, amplió el plazo para   la   cancelación   de   sus   beneficios   sociales,   seguramente   ante   el conocimiento de sus deudas, el cual se comprometió a entregar a la institución mediante nota de fecha 13 de abril de 2009, cursante en fs. 15 de obrados.

Que el auto de vista impugnado no considero que el actor se retiró en forma voluntaria de la Caja Nacional de Salud, y que la multa impuesta del 30% prevista en el D.S. 28699 de de mayo de 2006, si bien no fue cancelada en los 15 días de calendarios que hubiere vencido en fecha  11 de abril de 2009,

señala que fue el actor quien incumplió con su deber de realizar la entrega de sus


activos y sanear sus cuentas personales que mantiene con la institución.


2.- Que el auto de vista no tomó en cuenta la demanda en la vía voluntaria tramitada en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil, "demanda de autorización de retención de haberes mensuales y beneficios sociales que correspondan", realizada  por  varios  trabajadores  de  la  institución  incluido  el demandante, quienes  adeudaban  la  Mutual  El  Progreso vigentes  hasta  la fecha, ordenándose el descuento de haberes y de retención de beneficios sociales, en caso de retiro voluntario o forzoso de los trabajadores por voluntad expresa del mismo, hecho que fue aceptado por autoridades de la Caja Nacional de Salud de esa gestión, existiendo autorización expresa para la retención de los beneficios sociales en caso de retiro forzoso o voluntario del actor, y que esto fue demostrado mediante  documental  de  fs.  86  consistente  en  el  certificado  de préstamo de la mencionada institución financiera, donde el actor tenía una deuda de Bs. 70.000, siendo garante institucional la Caja Nacional de Salud, toda vez que en la cláusula cuarta del contrato de préstamo, se garantiza el cumplimiento de la obligación contraída con todos los ingresos, acciones los bienes habidos y por haber del prestatario, así como de los garantes solidarios y mancomunados especialmente con el 100% de los haberes ganados y los derechos que tiene el



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prestatario José Arellano Aranibar en su condición de dependiente de la C.N.S. regional Oruro. Asimismo no se tomó en cuenta, en el presente caso de autos fue concedido y aceptado en su oportunidad por el abogado Arnulfo Gómez García Vargas, en  su calidad de ex asesor de la Caja Nacional de Salud, regional Oruro, ahora abogado y apoderado del demandante, firmando los diferentes memoriales de respuesta positivas a las diferentes demandas de retención de beneficios sociales o descuento de  haberes, que hoy en día se constituye en abogado demandante en contra de la institución.

3.- De igual manera acusó que en sentencia se determinó un monto total


de Bs. 206.727,43, por concepto de beneficios sociales incluyendo el bono de refrigerio y transporte, haciendo notar que estos bonos se cancelaron en forma adelantada hasta el mes de mayo de 2009, por un convenio con los trabajadores de la institución por el inicio de las clases escolares, por lo que no corresponde el mismo.

4.- Por último denuncia que el tribunal de apelación no realizo una correcta y adecuada revisión del expediente, es así que a fs. 72 la parte   demandada solicita nueva audiencia a confesión provocada, presentada con suficientes argumentos legales para su aceptación por la juzgadorahabiendo corrido en traslado a fs. 73 y contestado a fs. 80 a 81; que mediante proveído de fecha 9 de junio de 2009, dispuso pase a despacho para resolución, teniendo el plazo de

3 días para emitir resolución por lo que en fecha de 22 de septiembre de 2009,


mediante  Auto  N°  62/2009  de  fs 226,  resuelve  desestimando  la  solicitud realizada, después de 100 días, por lo que de acuerdo a normas legales habría perdido competencia.

Concluyó solicitando case el presente recurso en lo referido a la multa


dispuesta en sentencia, además se cumpla la retención solicitada por el actor.


CONSIDERANDO II:  :Que, en mérito a los antecedentes del memorial del recurso de fs. 225 a 227 de obrados, corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Con relación a que el incumplimiento de plazos estipulados para el pago


de beneficios sociales, se debió al mismo trabajador, quien dentro de los plazos que establecen las normas internas de contabilidad y de la misma Ley 1178, no cumplió con la entrega de sus activos que se encontraban a su cargo y los valores  que  manejaba  en  su  calidad de  radiólogo,  así  como  que  en forma voluntaria, el propio actor sin que medie presión alguna, amplió el plazo para la



cancelación de sus beneficios sociales, seguramente ante el conocimiento de sus deudas;  al  respecto  es  preciso  señalar  que  el  argumento  expuesto  por  la institución recurrente no es valedero, toda vez que, debe tenerse en cuenta que las normas en derecho laboral son de orden público y cumplimiento obligatorio, motivo por el cual no se puede someter el acuerdo de partes, contrarios a la norma. Asimismo, tampoco es justificable el argumento de que, no se pagó los beneficios sociales dentro del plazo de 15 días, toda vez que el empleador en cumplimiento de lo que la ley le ordena, debe tomar los recaudos necesarios para efectivizar el pago de los beneficios sociales y derechos laborales adeudados, más allá de ser un retiro forzoso, indirecto o voluntario, en resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo, garantizando de tal  manera su subsistencia y la de su familia;  de tal forma, quedando la institución recurrente facultada para efectuar dicho pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia  ante el Ministerio de Trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia de las observaciones que considere necesarias, que en el presente caso refieren de la falta de entrega de activos y de esta forma salvaguardar, posibles  acciones  dilatorias  que  tiendan  la  obtención  de  un beneficio indebido, como la multa del 30% por parte del trabajador; hecho por el cual se resguarda, el equilibrio necesario entre empleador y trabajador, toda vez que al dar cumplimiento al amparo que la ley otorga al pago oportuno de lo adeudado al trabajador,  la vez también  la ley precautela  los derechos del empleador, siendo este quien debe hacer uso de ellos; pero  al no haber hecho dicho  depósito, incurrió en infracción del art. 9 del D.S. 28699 de 1 de mayo de

2006.


En cuanto a que el auto de vista, no tomo en cuenta la demanda en la vía voluntaria tramitado en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil, "demanda de autorización de retención de haberes mensuales y beneficios sociales que correspondan", realizada  por  varios  trabajadores  de  la  institución  incluido el demandante, quienes adeudaban a la Mutual El Progreso, donde se ordenó el descuento de haberes y la retención de beneficios sociales, en caso de retiro voluntario o forzoso de los trabajadores por voluntad expresa del mismo, toda vez que el actor tenía una deuda de Bs. 70.000, siendo garante institucional la Caja Nacional de Salud, que este hecho fue de conocimiento del ex asesor de la Caja

Nacional de Salud, regional Oruro, ahora abogado y apoderado del demandante.,

al  respecto,  cabe  señalar  que conforme  establecen  los  arts.   162  de  la




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Constitución   Política  del Estado  (1967) y 4 de la Ley General  del Trabajo,  que de manera  clara y precisa  prescriben:   " Ios derechos y beneficios reconocidos a favor de  los  trabajadores  no  pueden  renunciarse son  nulas  las  convenciones contrarias que  tiendan burlar sus  efectos", art. 48  1, 11, III  Y IV  de  la Constitución        Política   del   Estado   (2009)   que   dispone:   " Las   disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio".  Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la  relación  laboral;  de  continuidad  estabilidad  laboral . " Los  derechos  y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos,.. Los  salarios  sueldos  devengados derechos  laborales,  beneficios

sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia


sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles". En ese contexto,   al  ser   las  normas   laborales   protectivas    al  trabajador    nulas   las convenciones     contrarias    o   que   tiendan    a   burlar    sus   efectos,    así   como inembargables,   no se evidencia  la vulneración  alguna.

Con  referencia   a que  en  sentencia   se  determinó   un  monto  total  de  Ss.


206.727,43,   por concepto  de beneficios  sociales  incluyendo  el bono de refrigerio y transporte,  haciendo  notar que estos bonos se cancelaron  en forma  adelantada hasta  el  mes  de  mayo  de  2009,  por  un  convenio   con  los  trabajadores   de  la institución   por  el  inicio  de  las  clases  escolares,   por  lo  que  no  corresponde   el mismo al  respecto  de  la  revisión  de  obrados  se  evidencia   que  a fs.  35 cursa planilla  de beneficios  sociales  a favor  de José Arellano  Aranibar documental  en la que consta  el monto  por bono de transporte  y refrigerio  de los meses de marzo, abril,  mayo  de  2009 emitido   por  la  propia   institución   recurrente,   donde  no aparece   la  firma  del  actor por  lo  que  no  puede  ahora  pretender   desconocer cuando  fue  aportada   al  proceso   por  la  entidad   demandada   reconociendo   que debe  pagar  dichos  derechos,  tanto  es así que  no cursa  ninguna  otra documental de desvirtúe  la misma o el pago efectuado  como señala.

En  cuanto   que   el  tribunal   de  apelación    no   realizó   una  correcta   y adecuada  revisión  del expediente,  donde  se solicitó  a fs. 72 una nueva audiencia a  confesión   provocada,   la  misma  que  previos   los  tramites   de  rigor  mediante proveído  de fecha  9 de junio  de 2009,  paso  a despacho   para  resolución,  y que debiendo  ser resuelta  en el plazo de 3 días  recién fue emitida  en fecha  de 22 de




septiembre  de 2009,  es decir  en el plazo  de 100 días,  por lo que  habría  perdido competencia  el juez  a quo; al respecto  cabe  señalar  que este  argumento   no fue reclamado  en el recurso  de apelación,  motivo  por el cual no fue objeto  de análisis y consideración   en segunda  instancia;  en tal virtud  no procede  su  impugnación, menos su  resolución  en la vía de la casación.

De todo  lo expuesto,   se  concluye   que  las  afirmaciones   realizadas   en  el recurso  de Casación,  carecen  de sustento  legal; porque  el auto de vista  recurrido emitido   por  el  tribunal   ad quem se  sujeta  las  normas   legales   en  vigencia, donde  no se observa  violación  de norma  legal alguna,  al contrario  existió  correcta valoración,   interpretación   y aplicación   de  la ley por  lo que  corresponde   resolver en el marco de las disposiciones   legales  contenidas  en el art.  273 del Código  de Procedimiento   Civil, con  la facultad  remisiva  del art 252 del Código  Procesal  del Trabajo.

POR TANTO:  La Sala Contenciosa,   Contenciosa  Administrativa   y Social  y Administrativa    Segunda   del  Tribunal   Supremo   de  Justicia,   con   la  atribución conferida  por los arts.  184. 1 de la Constitución   Política  del Estado  y 421.  1 de la Ley del Órgano  Judicial,  declara  INFUNDADO   el recurso  de casación  de fs.   277 a 280.  Sin costas,  en aplicación  del art.  39 de la Ley 1178 de 20 de julio  de

1990 (SAFCO)  y art. 52 del DS. 23215  de 22 de julio de 1992.


Regístrese,  notifíquese  y devuélvase.