SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo  167/2015-L. Sucre, 29 de julio  de 2015. Expediente: PDO. 567/2010. Distrito: Panda

Magistrado  Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 277 a 280, interpuesto por el  Instituto  Nacional de  Estadística (INE) representado  por  David Tomás Ticona Saravia, contra el Auto de Vista  N° 94 de 10 de septiembre de 2010, cursante de fs. 272 a 274, pronunciado por la Sala Civil, Social, de Familia, Niño, Niña y Adolescente de la Corte Superior del Distrito Judicial de Panda, dentro del proceso por cobro de derechos adquiridos como subsidio de frontera y reintegro de aguinaldos, que se tramita en liquidación, seguido por Mónica Gabriela García Flores contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 283, el auto de fs. 284 que concedió el recurso, el memorial de fs. 290, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:  Que, tramitado el proceso laboral, el Juez del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija-Panda, emitió la Sentencia 23/2010 el 10 de junio (fs. 252 a 254), declarando probada en parte la demanda de fs. 11,

como así la excepción de prescripción. Sin costas; disponiendo que la entidad

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demandada,  pague  Mónica  Gabriela García  Flores el  subsidio de frontera demandado y reintegro de aguinaldos por las gestiones 2007,2008  y 2009, en el monto de Bs. 13.740, suma que deberá ser cancelada a tercero día de ejecutoriada la sentencia.

En grado de apelación formulada por la institución demandada (fs. 257 a


258), la Sala Civil, Social, de  Familia, Niño, Niña Adolescente  de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cobija-Panda, pronunció el Auto de Vista 94 de  10 de  septiembre  de  2010  (fs. 272  a 274),  confirmando  parcialmente la Sentencia apelada, sin costas, con las modificaciones en cuanto al reintegro por tiempo de servicios en 17 meses y 8 días, aguinaldo por las gestiones 2007 y

2008 Y duodécimas de la gestión 2009, debiendo en definitiva cancelar la suma de Bs. 11.764,51, que debe pagarse conforme indica la sentencia de primera instancia.




El referido fallo, motivó al Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de su representante legal, plantear recurso de casación en el fondo de fs. 277 a

280, denunciando los siguientes hechos:


Acusa violación del art. 1 del Decreto Supremo 244 de 23 de agosto de


1943, Reglamento de la Ley General del Trabajo, que señala que los funcionarios públicos no se encuentran  sujetos a las disposiciones de  la Ley General del Trabajo ni su reglamento, y la demanda fue interpuesta por una ex servidora pública que percibía su remuneración con recursos provenientes del TGN, no encontrándose la institución demandada sujeta a las disposiciones  de  la Ley General del Trabajo y su decreto Reglamentario.

Indica que se vulneró  lo dispuesto por la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público en su art.  3, que determina que su ámbito de aplicación abarca  a todos  los  servidores  públicos  que  presten  servicio  en  relación  de dependencia  con  cualquier  entidad   del   Estado  como  es  el  caso  de   la demandante, siendo ilegal que se declare confirmada parcialmente la sentencia, habiendo los tribunales de instancia infringido normas legales de orden público interpretando incorrectamente el Auto Supremo 4 de 10 de enero de 2003, el que lo único que hace es señalar que los derechos sociales alcanzan a todo trabajador, así no se encuentre bajo la Ley General del Trabajo.

Asimismo  expresa  que  no se  consideró  las innumerables  resoluciones supremas que citó, y que constituyen jurisprudencia firme como el Auto Supremo N° 601 de  1 de junio  de  2007,  donde en forma  clara se determina  que  los servidores públicos se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley General  del  Trabajo  por  lo  tanto  los  juzgados  laborales  se  encuentran impedidos de conocer este tipo de asuntos, constituyendo usurpación de funciones, y el Auto Supremo 088 de 16 de diciembre de 2005 en el que se anula  obrados  en  mérito  al  arto 15 de  la  Ley  de  Organización  Judicial  de aplicación inexcusable por la garantía al debido proceso, en razón a que el actor no está sujeto a la Ley General del Trabajo; así como los Autos Supremos

288/02,345/92,  163/03,081/04,  317 de 8 de noviembre de 2005. Por lo que se advierte desconocimiento de los jueces de instancia a lo dispuesto por la Ley

2341 del Procedimiento Administrativo que en su arto 1 inc. b) señala que los


servidores públicos tienen derecho de petición para ejercer sus derechos ante la misma Administración Pública, encontrándose impedidos de acudir a otras instancias judiciales como en el caso presente.

              



Señala que se violó el art.  167 del Código Procesal del Trabajo ya que no fue considerada en sentencia la confesión provocada de  la actora en la que reconoce que trabajó en el INE como servidora pública y que sus derechos y obligaciones están regulados por el Estatuto del Funcionario Público.

Denuncia la vulneración de los arts. 127 inc. b) del Código Procesal del


Trabajo  130 inc.  2) del  Código de  Procedimiento  Civil  porque  el  INE fue notificado  con  la  demanda  el  27  de  enero  de  2010,  habiendo  el  beneficio respecto a la gestión 2007 prescrito por haber transcurrido  más de dos años hasta el momento en el que fue citado eIINE.

Añade que se violó el art. 202 del Código Procesal del Trabajo porque la actora nunca pidió reintegro del subsidio de frontera a su aguinaldo, pero oficiosamente  el  tribunal  de  apelación  dispuso  el  reintegro  del  subsidio  de frontera a los aguinaldos de las gestiones 2007 al 2009, evidenciándose una concesión ultra petita que invalida la sentencia por evidenciarse clara violación a normas legales de orden público y cumplimiento obligatorio.

Concluye solicitando al Supremo Tribunal case el auto de vista impugnado y declare improbada la demanda y probada la excepción de prescripción.

CONSIDERANDO  II: Que,  analizados  los fundamentos  del  recurso de casación en el fondo, se realiza las siguientes consideraciones para resolución:

Respecto a la infracción del arto 1 del Reglamento de la Ley General del Trabajo y art.  3 de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, por no encontrarse  la demandante sujeta a las disposiciones de  la Ley General del Trabajo  su  Decreto  Reglamentario,  habiendo  los  Tribunales  de  instancia interpretado incorrectamente el Auto Supremo 4 de 10 de enero de 2003, sin considerar    las    innumerables    resoluciones    supremas    que    constituyen jurisprudencia advirtiéndose desconocimiento del art. 1 inc. b) de la Ley 2341 del procedimiento administrativo; debe tenerse presente que no obstante haber sido la demandante funcionaria  pública dependiente  del  Instituto Nacional de Estadística, se tramitó en el proceso la excepción de incompetencia (fs. 163 a

164) misma que fue declarada improbada por auto de 15 de marzo de 2010 (fs.


188) y confirmada por Auto de Vista de 24 de abril del mismo año (fs. 238 a 239), por el  que  se  establece  que  "... al  estar  estos  derechos  consagrados en la Constitución Política del Estado, son de preferente aplicación por la vía laboral y recurrir otra vía significaría restringir éstos derechos. La Corte Suprema de Justicia en el Auto Supremo 4 de 10 de enero de 2003, citado por el Juez de




la causa, dice que los sueldos  devengados, aguinaldos, vacaciones etc., son derechos de carácter  social  que  alcanzan  todo  trabajador  así  este  no  se encuentre bajo el régimen de la Ley General del Trabajo."

Con ese antecedente, sobre la excepción previa de incompetencia planteada por la entidad demandada,  es menester expresar que  el  Supremo Tribunal  de  Justicia  al  resolver  casos  similares,  ha  establecido  de  manera uniforme que no corresponde a los servidores públicos el pago de beneficios sociales, sino solamente  la cancelación  los derechos adquiridos,  a fin  de  no ocasionar mayores perjuicios, en el marco de la equidad y en función de sus derechos reconocidos.

En ese sentido, si bien es cierto que la demandante tiene la condición de ex funcionaria pública; este Supremo Tribunal en sus uniformes fallos ha determinado, a efecto del reconocimiento de sus derechos laborales, que pese a considerar la existencia de la relación laboral en calidad de funcionario público, constituyen los sueldos devengados,  la vacación, aguinaldo y otros, derechos sociales adquiridos emergentes de una relación laboral, correspondiendo su reconocimiento y pago a favor del actor.

El presente proceso, se tramitó en la judicatura laboral, en resguardo de los derechos adquiridos e irrenunciables de la demandante, al ser el trabajo un derecho tutelado por el inc. d) del art. 7, el 156 y 157, así como por el par. II del art. 162, todos ellos de la Constitución Política del Estado (1967), que no sólo se mantienen sino que fueron ampliados por la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 en sus arts. 46 y 48; por ello es que, cuando se reclaman derechos consolidados (que no constituyen beneficios sociales), como son los sueldos devengados, aguinaldos y vacaciones y, en el presente caso el cobro de subsidio de frontera, pese a que la funcionaria no se encuentra sometida a las previsiones de la Ley General del Trabajo, la jurisdicción y competencia de esta judicatura se abre excepcionalmente para tutelar los mismos, a diferencia de los beneficios sociales que son expectaticios.

Así,  el  art. 48  Par.  III  de  la  Constitución  Política  del  Estado  (2009), dispone: "Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos"; y bajo este lineamiento constitucional, no pueden negarse derechos  adquiridos de  los trabajadores  que  pertenezcan al sector público y privado; pues corresponden ordinariamente a la categoría de



beneficios, la indemnización y el desahucio, mientras que entre los principales


derechos se  encuentran  los salarios,  las vacaciones,  los aguinaldos, y otros denominados también por la doctrina como los "derechos adquiridos". En ese sentido, todos los derechos adquiridos se encuentran consolidados a favor de los trabajadores, porque son derechos de carácter social que alcanzan a todo trabajador,  aunque  no se encuentren bajo el  régimen de  la Ley General del Trabajo; por ello,  cuentan con  la protección de  nuestra  Ley Fundamental, al constituir el trabajo la base del orden social y económico del Estado, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos conforme dispone el art. 48 pár. I y II de  la actual Constitución Política del Estado.

Por otra parte, debe considerarse que el art. 3 de la Ley 2027 del Estatuto del  Funcionario  Público, establece el ámbito  de  aplicación de dicha normativa abarca  a  todos  los  servidores  públicos  que  presten  servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, sin embargo, como señala el auto de vista recurrido, "... no existe un procedimiento especial para el reclamo de  los derechos sociales del Servidor Público ... " por lo que, en mérito a dicho vacío se recurre a la vía judicial para hacer valer estos derechos.

En ese marco  normativo, se  llega a  la conclusión que  no son evidentes las infracciones acusadas ni la interpretación incorrecta del Auto Supremo 4 de 1O de enero de 2003 por parte del tribunal de apelación.

En  relación  que  no  se  consideró  las  innumerables  resoluciones


supremas, que constituyen jurisprudencia, advirtiéndose desconocimiento de los jueces  de  instancia  del  art. 1 inc.  b)  de  la  Ley  2341  de  Procedimiento Administrativo; debe tener presente el recurrente que, los Autos Supremos

601 de 1 de junio de 2007 y N° 088 de 16 de diciembre de 2005 que señala, no fueron considerados por el tribunal ad quem, porque no guardan relación con la litis, pues el primero fue dictado dentro del proceso por reposición en el cargo y alternativamente el pago de sueldos y vacaciones anuales devengados, seguido por  Ernesto Aranibar  Sagárnaga  contra  el  Consejo  de  la  Magistratura; el segundo,  dictado  dentro  del  proceso  social  de  reincorporación  pago  de beneficios sociales, seguido por Gonzalo Guzmán Antezana contra el Ministerio de Trabajo, verificándose que en ambos, los actores siendo funcionarios públicos pretendieron por la vía laboral se les reincorpore al cargo que ejercían y se les cancele beneficios sociales, aspecto que no es factible  dada su condición de funcionarios públicos no sujetos a la Ley General del Trabajo, sino al Estatuto del




Funcionario   Público,  pues  como  se tiene  expresado   en párrafos  precedentes,   la judicatura   laboral  se abre  excepcionalmente    para  quienes  no estén  sometidos   a la  Ley  General   del  Trabajo,   cuando   se  busca  el  resguardo   de  los  derechos adquiridos  e irrenunciables   de quien  los demanda.

En efecto debe tenerse  presente  que  los Autos  Supremos  emitidos  por el Tribunal  Supremo  de Justicia,  refieren  a casos  concretos,   pues  las resoluciones supremas  sólo  surten  efecto  entre  partes;  por lo que  no se  puede  pretender  se apliquen  necesariamente   a casos  similares,  menos  aún a casos  que  no guardan relación  con el caso que  se examina,   toda vez que son referenciales   al no estar prevista  su  vinculatoriedad    en  norma  legal  alguna,  por  lo  que,  momento   de resolver   controversias    en  casación   se  debe   preveer   la  relación   con  el  caso concreto,   de  contrario   sólo   se  aplica   la  normativa   vigente   las  sentencias constitucionales   que por ley son vinculantes.

En cuanto  a la acusación  de violación  del art. 167 del Código  Procesal  del Trabajo,  por no haber  sido  considerada   en sentencia  la confesión  provocada   de la actora  en la que  reconoce  que trabajó  en el INE como  servidora  pública  y que sus  derechos   obligaciones    están   regulados   por  el  Estatuto   del  Funcionario Público;   dicha   afirmación    no  es  evidente,   pues   ya  el  tribunal   de  apelación acertadamente   concluyó  de que "Esta afirmación es correcta, pero no desvirtúa la competencia  del  Juez  del   Trabajo  Seguridad  Social  para  tramitar  esta demanda, ya que la competencia no emerge de la voluntad de las partes o de alguna declaración, sino  de  la  ley.", como  se tiene  expresado el juez  es plenamente competente  para conocer  la presente causa en  mérito a que  se resuelven cuestiones relativas a los derechos adquiridos de la trabajadora.

Sobre la denuncia  de vulneración  de  los arts.  127 inc.  b) del  Código


Procesal del Trabajo y 130 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, porque el INE fue notificado con la demanda el 27 de enero de 2010, cuando respecto a la gestión 2007 cuyo derecho reclama ya habría prescrito, por haber transcurrido más  de  dos  años  hasta  el  momento  en  el  que  fue  citada  la  institución demandada;  cabe  indicar  que  el  art. 127  del  Código  Procesal  del  Trabajo denunciado como vulnerado, señala: "En el proceso social solo se admiten las siguientes excepciones: a)  Previas: de incompetencia, impersonería, conexitud de causa e imprecisión o contradicción en la demanda. b) Perentorias: de pago, prescripción y cosa juzgada. '", Del texto transcrito se evidencia que se trata de una disposición descriptiva, no pudiendo por tanto ser violada, pues su fin es



indicar señalar  (en este  caso) qué tipo  de  excepciones  se  admiten en el


procedimiento social, por lo que esta acusación resulta incorrecta e incongruente. Y, sobre el art.  130 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, no es de aplicación en la materia, de conformidad a lo establecido por el art. 252 del Código Procesal Laboral, que establece que se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la  Ley  de  Organización  Judicial  del  Procedimiento  Civil,  los  aspectos  no previstos en ésta Ley.

, Con relación a la acusación de violación del art.  202 del Código Procesal del Trabajo, porque la actora nunca pidió reintegro de subsidio de frontera a su aguinaldo, que oficiosamente dispuso el tribunal de apelación, evidenciándose una concesión ultra petita que invalida la sentencia; al respecto, no es evidente dicha acusación, al estar por demás fundamentado en el Auto de Vista 94/2010 ahora recurrido, cuando el tribunal de apelación  refiere: "Evidentemente este artículo  refiere  que  la  sentencia  recaerá  sobre  todos  los  puntos  litigados y constará de una parte considerativa y otra resolutiva. Sin embargo no se percató la recurrente que entre las reglas para dictarse está la del inc. c) el cual expresa que la parte resolutiva también comprenderá aquello que el trabajador hubiese omitido reclamar  en  la  demanda que  en  el  curso  del proceso  se hubiera evidenciado y tenga conexitud. A simple vista se evidencia en el proceso que se han tenido que pagar los aguinaldos del año 2007, 2008 Y duodécima del 2009, correspondiendo, de oficio como lo hizo el Juez, integrar estos a la demanda.", siendo evidente que en mérito a dicha norma y constituyendo dichos reintegros de aguinaldos, derechos adquiridos, correspondía su concesión.

En el marco de lo precedentemente fundamentado, se concluye que los jueces de  instancia obraron en el marco de la ley; por tanto,  la decisión del tribunal de alzada de confirmar parcialmente con modificaciones la sentencia de primera instancia, es correcta, advirtiéndose que el auto de vista impugnado se ajusta a las disposiciones legales en vigencia; consiguientemente, al no estar demostrada  la  existencia  de  las  infracciones denunciadas  en  el  recurso de casación en el fondo de fs. 277 a 280 interpuesto por el Instituto Nacional de Estadística a través de su representante legal, corresponde resolver en la forma dispuesta por los arts. 271 inciso 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la permisión prevista del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y


Administrativa  Segunda  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  con  la  atribución




contenida  en los arts.  184.1 de la Constitución   Política  del Estado  y 42. 1.  1 de la Ley del Órgano Judicial 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 277 a 280.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de


1990 (SAFCO).


Regístrese, notifíquese y devuélvase.




















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