SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 165/2015-L.

Sucre, 29 de julio de 2015.

Expediente: LPZ. 263/2010.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

VISTOS: El recurso de casación de fs. 937 a 938, interpuesto por el Gobierno Municipal de La Paz representado por Karla Elizabeth Zurita Plata, contra el Auto de Vista Nº 15/2010 de 27 de enero de 2010 de fs. 934 a 935, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por la institución recurrente contra Mónica Denisse Candelaria Medina Téllez y Oscar Fernando Landivar Amelungue, la respuesta de fs. 941 a 942, el auto de fs. 944 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;                                CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso coactivo fiscal, el Juez Segundo  Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de La Paz, emitió la Resolución Nº 141/2008 de 15 de diciembre de 2008 de fs. 905 a 910, declarando PROBADA la excepción de prescripción opuesta a fs. 542 a 544 y 552 por Mónica Denisse Candelaria Medina Téllez y Oscar Fernando Landívar Amelungue y por consiguiente IMPROBADA la demanda; disponiéndose primero: dejar sin efecto la Nota de Cargo Nº 56/06 cursante a fs. 520, girada contra Mónica Denisse Candelaria Medina Téllez en forma solidaria con Oscar Fernando Landívar Amelungue por la suma de $us.  26.173,75 (Veintiséis mil ciento setenta y tres 75/100 dólares americanos); segundo: levantar las medidas precautorias dispuestas contra Mónica Denisse Candelaria Medina Téllez en forma solidaria con Oscar Fernando Landívar Amelungue, para cuyo efecto ordena oficiar a las entidades correspondientes.

En grado de apelación, deducida por el Gobierno Municipal de La Paz, de fs. 911 a 913, la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 15/2010 de 27 de enero de 2010 de fs. 934 a 935, CONFIRMANDO la Sentencia Nº 141/2008 de fecha 15 de diciembre de 2008, cursante de  fs. 905 a 910, con las formalidades de ley.

Que, contra el referido auto de vista el Gobierno Municipal de La Paz representado por Karla Elizabeth Zurita Plata, interpuso recurso de casación de fs. 937 a 938, bajo los siguientes argumentos:

Acusó errónea valoración de la prueba como son los Informes de Auditoria AIE-020/2004, AIE-014/2004, Informe Nro. AIE-029/200 (C1-A), Informe Nro. ALAI-015/98, Informe Nro. AIE-013/97, Informe Nro. AI-060/96 aprobados por el Contralor General de la República, en los que se expone detalladamente los hechos ocurridos que han generado responsabilidad civil, mismos que no han sido compulsados adecuadamente, perjudicando los intereses del Estado que fue afectado económicamente por personas que no cumplieron con sus funciones como servidores públicos.

Asimismo señala que el auto de vista impugnado vulnera el art. 324 de la Constitución Política del Estado, respecto a la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al estado, precepto constitucional que tiene plena eficacia en el tiempo; que en un estado democrático de derecho, cuyo orden jurídico y político se sustenta sobre la base del principio fundamental de la supremacía constitucional, las decisiones y resoluciones de todos los órganos públicos deben estar subordinados a las normas previstas en la Constitución y ninguna autoridad puede sustraerse del exacto cumplimiento de la misma, conforme el principio de jerarquía establecido en el art. 410 de la Constitución Política del Estado.

Que al no prescribir las deudas por daños económicos causados al estado no podría declararse probada una excepción de prescripción dentro de un proceso coactivo fiscal que se ha iniciado justamente con dicho fin, por lo que el auto de vista impugnado contraviene flagrantemente el precepto constitucional;   asimismo la Constitución Política del Estado establece un conjunto de disposiciones  anticorrupción en sus arts. 112, 123, 241, 108.8 y 324, que no fueron tomados en cuenta pretendiendo liberar de responsabilidad civil a los demandados.

Concluyó solicitando se case el auto de vista y deliberando en el fondo declarar improbada la excepción de prescripción y declarar probada en todas sus partes la demanda coactiva fiscal.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los argumentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

En cuanto a la denuncia de errónea valoración de los Informes de Auditoria AIE-020/2004, AIE-014/2004, Informe Nro. AIE-029/200 (C1-A), Informe Nro. ALAI-015/98, Informe Nro. AIE-013/97, Informe Nro. AI-060/96 aprobados por el Contralor General de la República, en los que se expuso detalladamente los hechos ocurridos que generaron responsabilidad civil en los demandados; al respecto cabe señalar que el recurrente, pretende en esta instancia la valoración de la prueba, sin tomar en cuenta que la uniforme jurisprudencia desarrollada por el Supremo Tribunal de Justicia ha establecido que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los jueces y tribunales de instancia, siendo incensurable en casación, a no ser que se demostrare la infracción del art. 253. 3) del Código de Procedimiento Civil, extraordinariamente podrá procederse a una valoración de la prueba, en la medida que el recurrente acuse y demuestre que se hubiera producido error de hecho o de derecho por los tribunales inferiores, bajo ese razonamiento el Auto Supremo No. 179, de 29 de abril de 2003, Sala Civil, expresa: “Cuando en casación se requiere impugnar la valoración de la prueba realizada por los jueces de instancia, es necesario que se demuestre en el recurso la manifiesta equivocación del juzgador, sea que haya incurrido en error de derecho o de hecho, éste último con documentos auténticos  que verifiquen el procedimiento errado del órgano jurisdiccional, sea en primera o segunda instancia”; en este sentido, Pastor Ortiz Mattos, en su obra, El Recurso de Casación en Bolivia, pág. 158, expresa “…El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico”, y “El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto.” (las negrillas son añadidas), aspecto que en el recurso en análisis no fue propiamente demostrado con la debida fundamentación legal, por lo que no corresponde mayor abundamiento al respecto.

Con referencia a que el auto de vista impugnado vulnera el art. 324 de la Constitución Política del Estado, respecto a la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al estado, y que ninguna autoridad puede sustraerse del exacto cumplimiento de la misma, por el principio de jerarquía establecido en el art. 410 de la Constitución Política del Estado, y que el auto de vista impugnado contraviene flagrantemente dicho precepto constitucional; al respecto cabe señalar que estos extremos, no fueron motivo de análisis, consideración y resolución en grado de apelación, en tal virtud no procede su impugnación, menos su consideración y resolución en la vía de la casación; asimismo, sólo con fines de aclaración, de la supuesta aplicación del art. 324 de la Constitución Política del Estado, la institución recurrente olvida que la imprescriptibilidad establecida en dicha norma es aplicable a partir de la vigencia de la norma suprema, es decir del 9 de febrero de 2009, aspecto ya determinado por la jurisprudencia constitucional mediante la Sentencia Constitucional Nº 790/2012 de 20 de agosto.

En mérito a lo expuesto, no siendo evidentes los reclamos efectuados en el recurso de casación, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la permisión contenida en el art. 1 del Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso deducido a fs. 937 a 938.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 y el 52 del D.S. 23215.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.