SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 162/2015-L.

Sucre, 29 de julio de 2015.

Expediente: CBBA. 255/2010

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

       VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 244 a 247, interpuesto por la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por su Gerente Distrital Ruth Claros Salamanca, contra el Auto de Vista Nº 098/2010 de 31 de agosto (fs. 239 a 240), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso Contencioso Tributario que se tramita en liquidación, seguido por Juan Israel Rodríguez Ledezma, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el auto de fs. 249 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, presentada la demanda contencioso tributario, el Juez de Partido Primero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de Cochabamba, emitió Sentencia el 11 de abril de 2008 (fs. 216 a 220), declarando probada en parte la demanda, en consecuencia, prescrita la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva contenida en la Resolución Determinativa Nº 02 de 15 de enero de 1993, por no haberse notificado con la Resolución Determinativa al demandante Juan Israel Rodríguez Ledezma conforme establece la Ley Nº 1340 y por otra parte por apoyar su demanda en parte en la Ley Nº 2492.

En grado de apelación, interpuesto por la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales a través de su Gerente Distrital I, mediante memorial de fs. 222 a 223, por Auto de Vista Nº 098/2010 de 31 de agosto (fs. 239 a 240), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, confirmó la Sentencia de 11 de abril de 2008.

Contra el referido Auto de Vista Nº 098/2010 de 31 de agosto, la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales a través de su Gerente Distrital, interpuso el recurso de casación en el fondo de fs. 244 a 247, en el que expresa:

Inicia su recurso realizando un amplio resumen de los antecedentes administrativos y judiciales referentes a la litis.

Expresa que el art. 174 de la Ley 1340 se encuentra vigente en virtud de lo dispuesto por la Sentencia Constitucional Nº 535/2005-R de 18 de mayo de 2005 y resulta de ineludible observancia establecer si el acto demandado cumple las condiciones establecidas en ese art. para determinar la procedencia de la demanda y por ende la competencia del juzgador, vale decir si el acto impugnado establece tributos o impone sanciones. Indica que el acto administrativo demandado corresponde al pliego de cargo 150/95 el mismo que tuvo su origen en un proceso de determinación, que al no haber sido impugnado en tiempo oportuno, ha adquirido calidad de cosa juzgada, dando lugar al inicio de la acción coactiva que permite el cobro total de los adeudos tributarios (art. 304 de la Ley Nº 1340) no pudiendo ser modificado o anulado, por mandato del art. 305 del Código Tributario, que dispone que todo acto o resolución contraria a dicho art. será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los daños causados al Estado.

Que el fundamento del art. 305 del Código Tributario, de prohibir a cualquier autoridad la modificación o anulación de las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado, deviene del fundamento doctrinal de que las resoluciones que revisten calidad de cosas juzgada, adquieren el carácter de inmutabilidad, ejecutabilidad o coercibilidad, y que el Código Tributario otorga calidad de cosa juzgada a las resoluciones administrativas o sentencias que hayan quedado firmes y subsistentes, en el entendido de que estas provienen de un proceso de impugnación basado en cualquiera de los recursos que la ley franquea al que se creyera afectado, o en su caso que el sujeto pasivo no haga uso de estos medios de impugnación en los plazos establecidos.

Añade que el Código Tributario en su art. 307 establece con precisión que la etapa coactiva no puede ser suspendida por ningún recurso ni solicitud que pretenda impedirla, salvo la excepción de pago documentado o la nulidad del título, no proveyéndose en parte alguna la prescripción de resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, o del pliego de cargo que se encuentra en etapa de cobro coactivo.

Indica que la SC 0535/2005-R, además de establecer la vigencia del proceso contencioso tributario por el art. 174 de la Ley Nº 1340, sentenció que la Ley Nº 3092 no es aplicable a los procedimientos contencioso tributarios, con lo que se demuestra que ni por analogía pueden ser aplicadas estas normas a los procedimientos contencioso tributarios.

Que con relación a la inexistencia de notificación con la resolución determinativa, el contribuyente impugna el pliego de cargo y en su propia demanda expresamente señala el cómputo de la prescripción a partir de la notificación con la Resolución Determinativa, afirmando haber sido notificado en forma tácita con dicho actuado.

Refiere la Sentencia Constitucional 0661/2010-R de 19 de julio de 2010 con relación a la prescripción en un caso particular, y que el art. 52 del Código Tributario dispone que la acción de la administración tributaria para determinar la obligación o para exigir el pago del tributo y sus accesorios prescribirá en el término de 5 años, exigencia del pago que se realizó con la emisión y notificación del Pliego de Cargo 150/95, constituyendo la etapa de cobranza coactiva simplemente de ejecución de los derechos consolidados a favor de la administración, y siendo que la Ley Nº 3092 no es aplicable a los procedimientos contencioso tributarios, la solicitud de prescripción no debió ser atendida por estar sustentada en la Ley Nº 2492, careciendo la demanda de fundamento de derecho, por lo que la demanda jamás debió ser admitida.

Añade que los fundamentos legales expuestos demuestran que ha existido una interpretación errónea, aplicación indebida de la ley respecto del art. 52 de la Ley Nº 1340, así como error de derecho en la consideración del objeto impugnado, vulnerando derechos constitucionales referidos en jurisprudencia sentada en las sentencias constitucionales descritas en el recurso, que al no ser consideradas determinó la prescripción indebida del reparo legalmente establecido por la Administración Tributaria.

Concluye solicitando se case el auto de vista recurrido en la forma prevista por el art. 274 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Respecto a la aseveración de que resulta de ineludible observancia establecer si el acto demandado (expresa como tal pliego de cargo 150/95 el mismo que tuvo su origen en un proceso de determinación), cumple las condiciones establecidas en el art. 174 de la Ley Nº 1340, para determinar la procedencia de la demanda y por ende la competencia del juzgador; debe tenerse presente que esta pretensión resulta extemporánea, pues se verifica de obrados que la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, habiendo sido notificada con la demanda, no observó dichos aspectos relativos a la competencia del juez y al acto demandado, más por el contrario, respondió a la misma llanamente conforme se verifica del memorial de fs. 181 a 183, y al no haber cuestionado este aspecto en el momento procesal correspondiente, ni en ningún actuado procesal posterior, hasta antes del recurso de casación, su derecho a hacerlo ha precluido.

En ese análisis es preciso recordar que el proceso se desenvuelve en instancias o etapas, de modo que los actos procesales deben ejecutarse en un determinado orden y observando una debida diligencia y cuidado del interesado; ese desenvolvimiento procesal ordenado responde al principio de preclusión; el principio que en el derecho procesal supone que las diversas etapas del proceso se desarrollen en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiendo su regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados; por ello, la preclusión se entiende como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. En consecuencia este tribunal se halla imposibilitado de realizar mayor análisis con referencia a esta petición.

En relación a que el Código Tributario en su art. 307 establece que la etapa coactiva no puede ser suspendida por ningún recurso ni solicitud que pretenda impedirla, salvo la excepción de pago documentado o la nulidad del título, no proveyéndose en parte alguna la prescripción de resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, o del pliego de cargo que se encuentra en etapa de cobro coactivo; es menester aclarar que como la propia entidad demandada expresó en su recurso, el Pliego de Cargo 150/95 tuvo su origen en un proceso de determinación, del cual emana la Resolución Determinativa Nº 02 de 15 de enero de 1993, la que conforme determinaron los tribunales de instancia, no fue notificada al demandante, por lo cual no puede de ella emerger un Pliego de Cargo, menos aún ejecutoriado como pretende la recurrente, no siendo por tanto evidente la aseveración formulada.

En cuanto a la afirmación de que la SC 0535/2005-R, además de establecer la vigencia del proceso contencioso tributario por el art. 174 de la Ley 1340, sentenció que la Ley Nº 3092 no es aplicable a los procedimientos contencioso tributarios, con lo que se demuestra que ni por analogía pueden ser aplicadas estas normas a los procedimientos contencioso tributarios; esta afirmación resulta incongruente y desacertada, pues de la lectura del Auto de Vista 098/2010 de 31 de agosto de 2010 ahora recurrido, se verifica que el tribunal ad quem no utilizó en su fundamento, ni basó su resolución en la Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2005.

Tampoco resulta evidente la aseveración de que el contribuyente al impugnar el pliego de cargo, en su propia demanda expresamente señaló el cómputo de la prescripción a partir de la notificación con la Resolución Determinativa, afirmando haber sido notificado en forma tácita con dicho actuado; pues de la lectura de ésta, se verifica que al contrario, expresa que nunca ha sido notificado en forma personal, no cursando en el expediente notificación alguna.

En referencia a la prescripción, que considera la recurrente no operó, señalando que por los fundamentos legales expuestos se demostró que ha existido una interpretación errónea, aplicación indebida de la ley respecto del art. 52 de la Ley Nº 1340, al respecto se debe considerar que la norma citada expresa: “La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años…

De la verificación de actuados se evidencia que con la RD 02 de 15 de enero de 1993 (fs. 12 a 14) se estableció reparos por los impuestos IVA, IT, RC-IVA e IRPE por periodos fiscales de las gestiones 1987 a 1989, resolución con la que el contribuyente Juan Israel Rodríguez Ledezma, no fue notificado, pues la misma está dirigida contra “IVÁN I RODRÍGUEZ LEDEZMA, con RUC Nº 01568367” y domicilio en la calle Huayna Kapac Nº 773.

Y conforme acertadamente lo señalo el tribunal ad quem en el auto de vista: “Es preciso advertir que en ambas actuaciones administrativas, no consta registro de notificación a persona alguna.

Asimismo señala la resolución de vista que consta en antecedentes:

“.Las notificaciones realizadas mediante edictos de 14, 21 y 28 de Mayo de 1995, también dirigida a IVAN RODRÍGUEZ LEDEZMA con el P/C 32.652 emplazándolo a que se apersone por sí o mediante apoderado ante la AT, para que conteste o pague al Estado su adeudo impositivo, dentro el proceso coactivo iniciado en su contra.

. El Pliego de Cargo y Receta de 21 de Junio de 1995, dirigido esta vez a JUAN ISRAEL RODRÍGUEZ LEDEZMA, con RUC 1568361, por Bs. 73.374.-, conforme a la Vista de Cargo s/n, OF Nº 32.652- PLAN 01/88 de 10 de Diciembre de 1990 y la RD s/n, según OF Nº 32.652-PLAN 01/88 de 15 de enero de 1993.” (las negrillas son añadidas)

Además establece del contenido de tales actuaciones las siguientes conclusiones:

“. La AT estableció como contribuyente del reparo tributario que determinó, en todas sus actuaciones administrativas, con excepción de la establecida en el Pliego de Cargo, una persona equivocada, para el caso a IVÁN I RODRÍGUEZ LEDEZMA, en lugar de JUAN ISRAEL RODRÍGUEZ LEDEZMA.

. No consta notificación practicada con tales actuaciones a contribuyente alguno, aún con el error de identificación señalado, por lo cual, el argumento de haberse incluido el número de RUC no salva el error incurrido, porque en definitiva la AT no puso en conocimiento del contribuyente o responsable tales actuaciones, omisión que la reconoce al señalar: Si bien es cierto que la RD 02 de 15 de Enero de 1993, al parecer no fue notificada… (v.f.181 vta.)

. Considerando la fecha de la Vista de Cargo, evidentemente transcurrieron más de 14 años, en los que la AT más allá de establecer un adeudo impositivo a una persona equivocada, cuando determinó el tributo por medio de la RD, la acción de la determinación ya estaba prescrita.”

De lo transcrito se concluye que el tribunal de apelación al expresar en el auto de vista que operó la prescripción, ha realizado una correcta interpretación y valoración de la ley en mérito a:

1.- La RD 02 de 15 de enero de 1993 de fs. 12-14 del anexo, está dirigida contra “IVÁN I RODRÍGUEZ LEDEZMA, con RUC Nº 01568367” y domicilio en la calle Huayna Kapac Nº 773; y, el Pliego de Cargo y Receta Nº 150 de 21 de Junio de 1995 (fs. 42 del anexo), está dirigido a “JUAN ISRAEL RODRÍGUEZ LEDEZMA, con RUC 1568361”, personas totalmente distintas de las cuales no coinciden los nombres ni el Nº de RUC, no pudiendo admitirse el error de taipeo aducido por la recurrente, pues el mismo podría dar margen al error de una o unas letras y no así del nombre completo del contribuyente. Además conforme consta del memorial de respuesta de fs. 181 a 183, la propia demandada reconoce que “Si bien es cierto que la Resolución Determinativa 02 de fecha 15 de Enero de 1993 (Fs. 12 a 14), al parecer no fue notificada puesto que los edictos que le corresponden de fecha 14, 21 y 28 de mayo de 1995 respectivamente, están dirigidos a la Vista de Cargo….”.

2.- Considerando que la Vista de Cargo data de 10 de diciembre de 1990 y la demanda contenciosa tributaria fue presentada el 14 de noviembre de 2006, se establece que ha operado la prescripción superabundantemente al no haberse notificado con la misma al contribuyente.

Por último en cuanto a la vulneración de derechos constitucionales referidos en jurisprudencia sentada en las sentencias constitucionales descritas en el recurso, que al no ser consideradas determinó la prescripción indebida del reparo legalmente establecido por la Administración Tributaria; la recurrente se limitó a expresar la supuesta vulneración de derechos constitucionales, omitiendo individualizar qué derecho o derechos fueron vulnerados y describir o especificar cómo, por qué y de qué manera se produjo la misma; resultando la acusación genérica y vaga, carente de fundamentación y sustento en derecho, no pudiendo por tanto este Supremo Tribunal resolver al respecto.

Que, conforme expresó la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, a través del Auto Supremo Nº 57/2009 de 9 de febrero, “…el recurso de casación por los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales existentes, se tiene como una nueva demanda de puro derecho, en la que no se pueden considerar cuestiones de hecho, sino tan solo la correcta o incorrecta aplicación del derecho, por consiguiente se tiene que el recurrente tiene que necesariamente especificar los motivos del recurso, con cita de la ley o leyes procesales cuya observancia le cause agravio, o en su caso la cita de las leyes sustantivas ya sea sobre la casación en el fondo, en la forma o en ambas, cuya violación se acuse por uno u otro motivo, indicando necesariamente en que consiste el quebrantamiento de las normas legales impugnadas, con motivación razonada de la forma en que han sido vulneradas y cómo deberían ser aplicadas, de manera que en relación a los puntos impugnados el Supremo Tribunal abra su competencia e ingrese al análisis de fondo de los fallos observados." En el mismo sentido se ha expresado este Supremo Tribunal, a través de los Autos Supremos Nº 59/2013 de 2 de octubre, Nº 111/2013 de 7 de noviembre y Nº 9/2014 de 11 de febrero, todos ellos correspondientes a la Sala Social y Administrativa Liquidadora Primera.

Que, en este marco legal, se concluye que el auto de vista recurrido, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, y no se observa violación de norma legal alguna; al contrario, realiza una correcta interpretación y aplicación de las normas legales citadas. Por consiguiente, habiendo el tribunal de alzada, obrado sin incurrir en las violaciones acusadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 244 a 247, corresponde resolver conforme previene el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva prevista en los arts. 214 y 297 del Código Tributario, Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992, Procedimiento Contencioso Tributario, vigente en virtud de la Sentencia Constitucional Nº 76/2004 de 16 de julio de 2004.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso deducido de fs. 244 a 247, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.