SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 161/2015-L.

Sucre, 29 de julio de 2015.

Expediente: TJA. 253/2009.

Distrito: Tarija

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

       VISTOS: El recurso de casación de fs. 1.315 a 1.317, interpuesto por Víctor Manuel Sánchez Sánchez, Fredy Omar Mendoza Mansilla y Rommel León Pacheco, contra el Auto de Vista de 16 de septiembre de 2010 de fs. 1.310 a 1.311, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso coactivo fiscal que se tramita en liquidación, seguido por la Prefectura del Departamento de Tarija contra Rommel León Pacheco, Empresa Consultora SICA y Empresa ECOTAR S.R.L., la respuesta de fs. 1.322 a 1.324, el auto de fs. 1325 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;


       CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso coactivo fiscal, el Juez Partido  Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Tarija, emitió la Sentencia Nº 11/2010 de 22 de abril de 2010 de fs. 1.259 a 1.261, declarando PROBADA la demanda coactiva fiscal de fs. 227 a 228 de obrados, consiguientemente resuelve mantener firme la Nota de Cargo Nº 08/2009 y girar Pliego de Cargo Nº 09/2010 por la suma líquida y exigible de Bs. 212.028,10 equivalentes a $us. 26.306,22 (Veintiséis mil trescientos seis 22/100 dólares americanos), en contra de los coactivados Rommel León Pacheco, Empresa Consultora “SICA” representada por el Ing. Freddy Omar Mendoza Mansilla y Empresa “ECOTAR” S.R.L. representada por el Ing. Víctor Sánchez Sánchez, por concepto de deuda solidaria, concediéndoles un plazo de 5 días desde su legal notificación, para que cancelen a la cuenta de la entidad afectada Prefectura del Departamento de Tarija, más intereses previstos por el art. 20 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal y demás consecuencias calculadas al día del pago, bajo conminatoria de embargarse sus bienes en caso de incumplimiento. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 SAFCO.

En grado de apelación, deducida por Víctor Manuel Sánchez Sánchez, Fredy Omar Mendoza Mansilla y Rommel León Pacheco, de fs. 1.265 a 1.267, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, pronunció el Auto de Vista de 16 de septiembre de 2010 de fs. 1.310 a 1.311,  CONFIRMANDO totalmente la Sentencia apelada.

Que, contra el referido auto de vista, Víctor Manuel Sánchez Sánchez, Fredy Omar Mendoza Mansilla y Rommel León Pacheco, interpusieron recurso de casación de fs. 1.315 a 1.317, bajo los siguientes argumentos:

Acusaron que el juez a quo incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, toda vez que advertido del fallecimiento de Oscar Sánchez Orozco, motivo la ampliación de la demanda contra Víctor Manuel Sánchez Sánchez y no así contra los coherederos del nombrado fallecido; y siendo la responsabilidad civil solidaria, trasciende a todos los presuntos responsables, aspecto que no fue considerado, ya que el fallecido ejerció funciones de representante legal de ECOTAR S.R.L. tal cual consta en el resumen ejecutivo que cursa a fs. 3 y en todas las auditorias realizadas por la Contraloría General de la República, las mismas que fueron base para sustanciación de la sentencia.

Que a momento de la emisión de la sentencia no se procedió a una correcta valoración de la prueba documental aportada de fs. 50 a 79 al no existir pronunciamiento de: a) los 202.50 mts. alcantarilla en 16 lugares, b) el sobrante de alcantarillas de 197.50 mts. de Chapas ARMCO de 1000 mm de diámetro que fueron depositados en los predios del Corregimiento Mayor de Villamontes, y c) la compensación efectuada en la ejecución de la conformación del terraplén hasta llegar a la comunidad Esmeralda.

Que los informes de auditoría tienen que ser realizados con objetividad, imparcialidad y total transparencia, y no con información y documentación obtenida en forma unilateral, a efectos de los arts. 39 y 40 del D.S. 23215, lo que no ocurrió con la auditoria que se basó en información equivocada, incompleta y hasta apócrifas, así como el hecho de negar su solicitud de inspección al lugar de ejecución de las obras que era esencial y absolutamente necesario para desvirtuar los cargos impuestos.

Concluyó solicitando incongruentemente que “se dicte auto el auto supremo revocando el auto apelado, disponiendo en consecuencia se declare improbada la demanda…” (Sic.)

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los argumentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Previó a ingresar en el análisis de la problemática planteada, se debe dejar claramente establecido que el memorial de recurso reitera la argumentación vertida en el recurso de apelación; a su vez, carece de técnica jurídica al no  hacer una crítica legal a la resolución impugnada y limitarse a solicitar en su petitorio incongruente que: “se dicte auto el auto supremo revocando el auto apelado, disponiendo en consecuencia se declare improbada la demanda…” (Sic.), forma de resolución inexistente para el recurso de casación; no obstante de las deficiencias enunciadas, se pasa a fundamentar a efectos de resolver la causa y dar una respuesta a las partes en litigio.

Con relación a que el juez a quo incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, toda vez que advertido el fallecimiento de Oscar Sánchez Orozco, no amplió la demanda contra los coherederos del nombrado fallecido, ya que el mismo ejercía funciones de representante legal de ECOTAR S.R.L. tal cual consta en el resumen ejecutivo que cursa a fs. 3; al respecto es preciso recordar que el proceso se desenvuelve en instancias o etapas, de modo que los actos procesales deben ejecutarse en un determinado orden y observando una debida diligencia y cuidado del interesado; ese desenvolvimiento procesal ordenado responde al principio de preclusión; en ese entendido de la revisión de obrados se observa que a fs. 238 cursa memorial de apersonamiento y solicitud de ampliación de plazo para la presentación de justificativos y descargos de Víctor Manuel Sánchez Sánchez; asimismo no cursa ningún actuado anterior o posterior al mismo que observe que la demanda también sea dirigida a los coherederos del fallecido Oscar Sánchez Orozco, motivo por el cual no fue objeto de análisis y consideración del juez a quo, y al no haber sido este aspecto reclamado en su oportunidad como correspondía mediante los incidentes o recursos que la ley le franqueaba, ahora no es posible que pretenda que ese su error sea extemporáneamente considerado y enmendado por esta instancia de casación, toda vez que su derecho a precluido.

Asimismo, en cuanto a que en la sentencia no se procedió a una correcta valoración de la prueba documental de fs. 50 a 79, al no existir pronunciamiento de: a) los 202.50 mts. alcantarilla en 16 lugares, b) el sobrante de alcantarillas de 197.50 mts. de Chapas ARMCO de 1000 mm de diámetro que fueron depositados en los predios del Corregimiento Mayor de Villamontes, y c) la compensación efectuada en la ejecución de la conformación del terraplén hasta llegar a la comunidad Esmeralda; al respecto cabe señalar que de la revisión de obrados no cursa de fs. 50 a 79, ninguna prueba de descargo, correspondiendo dichas fojas a una parte del Informe Complementario al Informe Preliminar Nº EX/EP25/L06-R2; así también, no cursa documento alguno que respalde la compensación en la ejecución adicional de conformación del terraplén para llegar a la comunidad Esmeralda, más aún si en el contrato no se estableció esta facultad de compensación no se puede amparar en la misma con argumento legal válido; asimismo se debe dejar en claro que durante la ejecución del proyecto de “Construcción del camino Ibibobo-Esmeralda Segundo Tramo” se creó el ítem “provisión y colocación de chapa ARMCO D=1.000 mm” con una cantidad de 400 ml, que mediante las planillas de avance Nº 9 y 12 se pudo evidenciar que la cantidad de la obra certificada por el ex fiscal de obra es la misma que la contractual, es decir 400 ml.; sin embargo realizada la auditoria solo se evidenció la existencia de 16 alcantarillas que alcanzan a 202,50 ml, por lo que se evidenció que la certificación emitida en exceso por un trabajo no ejecutado provoco su pago mediante el desembolso correspondiente, ocasionando los indicios de responsabilidad civil solidaria de $us. 26.306.22, en los coactivados, que se limitan a mencionar la entrega de los sobrantes 197.50 mts. de Chapas ARMCO de 1000 mm de diámetro en los predios del Corregimiento Mayor de Villamontes, sin demostrar que dicha entrega este legalmente respaldada ya sea en el contrato o previa autorización escrita, que en el caso de autos no existe, y que como fue manifestado al haberse certificado por un trabajo no realizado se ha incurrido en daño económico a la institución demandante, no siendo evidente la vulneración acusada por los recurrentes.    

Ahora bien, referente a que los informes de auditoría tienen que ser realizados con objetividad, imparcialidad y total transparencia, debiendo tomar en cuenta lo previsto en los arts. 39 y 40 del D.S. 23215; al respecto, cabe señalar que los  recurrentes se limitan a mencionar supuestas irregularidades, sin tomar en cuenta que estas observaciones debieron ser aclaradas y demostradas en su momento, por lo que al no haberlo hecho con los descargos correspondientes, su derecho a precluido al igual que su reclamó respecto al rechazo a la inspección judicial solicitada, toda vez que cualquier error procedimental debe reclamarse en tiempo oportuno, lo contrario, esto es, en caso de no haberse reclamado oportunamente, el error se tendrá por convalidado (principio de convalidación) y consiguientemente, precluido el derecho de la parte interesada, concluyéndose que los jueces de instancia no han vulnerado norma alguna de orden público y tampoco se advierte actos y actuaciones procesales que dejen en indefensión a los sujetos procesales o conculquen sus derechos no sólo constitucionales, sino también de naturaleza adjetiva, en ese sent ido no se evidencia la vulneración acusada.

En mérito a lo expuesto, no siendo evidentes los reclamos efectuados en el recurso de casación, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la permisión contenida en el art. 1 del Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso deducido a fs. 1.315 a 1.317.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 y el 52 del D.S. 23215.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.