SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 160/2015-L.

Sucre, 29 de julio de 2015.

Expediente: TJA. 589/2010.

Distrito: Tarija

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

VISTOS: El recurso de nulidad o casación de fs. 114, interpuesto por la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, representada legalmente por Marcelo Javier Hoyos Montesinos, y el recurso de casación de fs. 117 a 119, interpuesto por María del Carmen Nava Morales, contra el Auto de Vista de 02 de agosto de 2010 (fs. 104 a 105), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso social de cobro de beneficios sociales, que se tramita en liquidación, seguido por María del Carmen Nava Morales contra la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, el auto de fs. 122 que concedió ambos recursos, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, la Juez Segundo de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Tarija, emitió la Sentencia de 17 de marzo de 2010 de fs. 71 a72, declarando probada en parte la demanda de fs. 8 a 9, con costas, en consecuencia la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, dentro del tercer día de ejecutoriada la resolución, debe cancelar a la actora los beneficios sociales cuyo monto asciende a Bs. 32.329.- (Treinta y dos mil trescientos veintinueve 00/100 Bolivianos), por concepto de indemnización, desahucio, bono de antigüedad, duodécimas de aguinaldo y vacación.

En grado de apelación, deducido por la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, de fs. 74 a 75, y la apelación de la  demandante de fs. 83 a 84, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Tarija, por Auto de Vista de 02 de agosto de 2010, cursante de fs.104 a 105, confirmó parcialmente la Sentencia apelada y modificó la misma, en la suma total de Bs. 73.021.55.- (Setenta y Tres Mil Cero Veintiuno 55/100 Bolivianos), sin costas por la confirmación parcial. Luego, en virtud de la solicitud de fs. 109, de la Universidad demandada, por Auto de 20 de septiembre de 2010 (fs. 110), excluyendo el monto repetido, se dispuso que la suma a cancelar en favor de la beneficiaria es de Bs. 50.507.67.-

Que, contra el referido Auto de Vista de fs. 104 a 105 y su complementación de fs. 110, la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, interpone recurso de nulidad y casación de fs. 114, así mismo la parte demandante presenta recurso de casación en el fondo de fs. 117 a 119, bajo los siguientes argumentos:

I.- Primer Recurso interpuesto por la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”: Acusó de aplicación indebida de la norma art. 120 de la L.G.T., al realizar un cálculo erróneo del bono de antigüedad, dado que en el auto de vista impugnado reconoce a la demandante la suma de Bs. 40.888.00.-, por concepto de bono de antigüedad, por los servicios prestados a esa institución, sin embargo dicho bono ha sido calculado por la Sala Social en Bs. 348.10 mensual, lo cual multiplicado por 24 meses, suma un monto de Bs. 15.554.4.-, y al haberse determinado un monto mayor esta situación afecta a los intereses de la Universidad, toda vez que conforme el art. 120 de la Ley General del Trabajo, vigente para las relaciones anteriores al advenimiento de la N.C.P.E., establece la prescripción de los derechos laborales al término de los 2 años, aspecto que ha sido obviado por los Vocales de la Sala Social y Administrativa al reconocer, no se sabe en base a que, el cálculo de un bono de antigüedad elevado que no corresponde a derecho, correspondiendo se calcule en base a los dos últimos años y con el monto no pagado por ese concepto, por cuanto los sueldos por los periodos trabajados ya fueron cancelados y solo corresponde el bono de antigüedad no pagado.

Concluyó solicitando que se case en parte el auto de vista recurrido y se declare improbada la demanda en lo que concierne al aspecto observado.

II.- Segundo Recurso planteado por la actora, la misma que señalo:

1.- Que se apeló la sentencia para que se reconozcan; a) el Bono de antigüedad según escala vigente en la Universidad, b) las vacaciones no prescritas, c) el pago doble del aguinaldo desde 2007 y d) la aplicación de la multa del 30% prevista por el D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006; sin embargo, el tribunal ad quem haciendo una interpretación incorrecta del art. 33 del D.R. de la L.G.T, limita el pago de vacaciones a 52 días únicamente, obviando las vacaciones de las gestiones 2007, 2008 y duodécimas del 2009, y al ser un derecho irrenunciable del trabajador, se transgredió el principio de protección e irrenunciabilidad de los derechos laborales, previstos en el art. 48. II y III de la C.P.E. y 4 de la L.G.T. Así como la jurisprudencia sentada por el Supremo Tribunal de Justicia (A.S. Nº 007 de 17 de enero de 2005 Sala Social Primera, publicación Resúmenes de Jurisprudencia 2005, pag. 258 a 259).

2.- Con respecto al pago del aguinaldo, el Tribunal de Apelación igualmente limita su derecho a la percepción del aguinaldo doble solamente de la gestión 2009, refiriendo el auto de vista, que implícitamente su persona reconoció la prescripción, aspecto que no es evidente y que de ningún modo responde al recurso de apelación deducido de su parte, donde precisamente reclama el pago doble, por las gestiones 2007, 2008 y 2009 como consta a fs. 83 a 84; consecuentemente el auto de vista en cuanto a ese punto infringe el principio de protección y de la irrenunciabilidad, previsto en las disposiciones contenidas en el art. 1.498 del C.C., concordante con el art. 134 del C.P.T., porque de oficio aplica la prescripción de su derecho a percibir el pago del aguinaldo doble de las gestiones 2007 y 2008, determinando el pago solo por duodécimas, incurriendo el tribunal de alzada en las faltas acusadas.

3.- Finalmente, señaló que el Auto de Vista de fs. 104 a 105, en su parte resolutiva confirma parcialmente la sentencia, modificando los importes de la misma en un monto total de Bs. 73.021.55, siendo este resultado correcto y coherente, sin embargo dicho monto es modificado por el tribunal ad quem, mediante el auto de vista de fs. 110, que de manera arbitraria e ilegal, suprime el pago de la indemnización de Bs. 22.513.88.- disponiendo únicamente el pago de Bs. 50.507.67.- bajo el argumento de que por “un lapsus calami” se consignó por doble partida  este concepto; aspecto que no sucedió y fue reclamado mediante escrito de fs. 111, petición que le fue negada sin ningún argumento válido ni respaldo legal, que como bien se advierte es una transgresión evidente del art. 196 inc. 1) y 2) del C.P.C., al haber alterado lo sustancial de la decisión, por  suprimir su derecho al pago de la indemnización calculada en Bs. 22.513.88.-

Concluyó solicitando que en virtud de los aspectos expuestos, se case parcialmente el auto de vista y en correcta aplicación de la justicia se proceda con el pago de las vacaciones por las gestiones del 2007, 2008 y duodécimas del 2009, el pago de aguinaldo doble por iguales gestiones y finalmente se mantenga el importe por concepto de indemnización en la suma de Bs. 22.513.88, que debe incorporarse a la liquidación con los demás derechos que le asisten.

CONSIDERANDO II: Examinados los antecedentes y el recurso de casación interpuesto, se tiene las siguientes consideraciones de orden legal:

Al primer recurso planteado por la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”:

En relación a que el auto de vista reconoció por concepto de bono de antigüedad, por servicios prestados a la institución a la actora, la suma de Bs. 40.888.00.-, siendo lo correcto Bs. 15.554.4.-, toda vez que solo se debe tomar en cuenta los dos últimos años al haber prescrito los demás conforme el art. 120 de la Ley General del Trabajo, aspecto que ha sido obviado por los Vocales de Sala Social y Administrativa, correspondiéndole el pago, de solo del bono de antigüedad no pagado; al respecto, sobre el bono de antigüedad es conveniente puntualizar que la antigüedad laboral está definida como el conjunto de derechos y beneficios que el trabajador tiene en la medida de la prestación cronológica de sus servicios en relación con determinado empleador, cuya permanencia y continuidad se establece a partir del instante en que el obrero comienza a prestar de manera efectiva el servicio; en este contexto de la revisión de obrados, se tiene que la actora prestó sus servicios en la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” desde el 23 de febrero de 1995 hasta septiembre de 2009 haciendo un total de 14 años, 7 meses y 5 días, motivo por el cual el tribunal ad quem determinó correctamente el pago en la suma de Bs. 40.888, basándose en la escala de antigüedad establecida en el reglamento interno de la Universidad, la misma que es ascendente por año, y habiendo llegado la trabajadora llegó al 72.5 % dentro esta escala, corresponde el pago por dicho monto. Así mismo es importante manifestar que los beneficios y derechos laborales adquiridos por los trabajadores, en el tiempo de servicios prestados, como resarcimiento y reconocimiento al desgaste efectuado en ese tiempo, están reconocidos y protegidos por el art. 48 de la Constitución Política del Estado, que establece de manera textual: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles; de la norma transcrita se establece que al ser imprescriptibles los derechos a partir de la vigencia el 7 de febrero de 2009 de la Constitución Política del Estada y siendo que  la actora culmino sus funciones en septiembre de 2009, la misma se encuentra amparada por la misma, por lo que no corresponde la aplicación de prescripción alguna al haber concluido la relación laboral de la actora en el mes de septiembre de 2009, es decir después de la vigencia de la Constitución Política del Estado que establece la imprescriptibilidad, a más que la prescripción planteada ni siquiera cumple con lo que establece el Código Procesal del Trabajo en su art. 127. b) que indica “…Perentorias: de pago, prescripción y cosa juzgada…”, concordante con el art. 133 expresa: “…Las excepciones perentorias serán resueltas juntamente con la causa principal. En ejecución de sentencia sólo podrán oponerse las excepciones perentorias sobrevinientes y fundadas en documentos preconstituidos…”; asimismo sobre la excepción de prescripción, Gonzalo Castellanos Trigo, en su obra Manual de Derecho Procesal Civil, manifiesta: “Lo que importa destacar es que la excepción de prescripción debe ser opuesta en la 'primera presentación en juicio', si se la pretende hacer valer, porque de lo contrario pierde su derecho en forma posterior, es decir, si la parte se presenta al proceso, no opone la excepción, posteriormente pierde la oportunidad de hacer valer la prescripción porque el derecho ha caducado", en el caso de autos, al no haber opuesto la Universidad demandada excepción de prescripción en su primera actuación del proceso, dejó precluir su derecho; en mérito de lo expuesto, no se evidencia la vulneración acusada.        

Con respecto al Segundo Recurso planteado por la actora:

1.- En relación a que el tribunal ad quem limitó el pago de vacaciones a 52 días, obviando las vacaciones de las gestiones 2007, 2008 y duodécimas del 2009, transgrediendo el principio de protección e irrenunciabilidad de los derechos laborales, previstos en el art. 48. II y III de la CPE y 4 de la LGT; al respecto es preciso señalar que, conforme ya se manifestó en los argumentos del primer recurso, el parágrafo IV del art. 48 de la Constitución Política del Estado, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social, no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles , es decir, que por mandato constitucional del ordenamiento jurídico boliviano, tal cual señala en parágrafo II en su art. 410, la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; empero, se aclara que la imprescriptibilidad será tomada a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009; ahora bien el art. 33 del Reglamento de la LGT, establece que: “La vacación anual no será compensable en dinero, salvo el caso de terminación del contrato  de trabajo. No podrá ser acumulada, salvo acuerdo mutuo por escrito, y será ejercitada  conforme al rol de turnos que formule el patrono”, de lo referido por dicho artículo se entiende que es prohibida la acumulación de vacaciones, y si bien la Constitución Política del Estado desde el 7 de febrero de 2009, dispone la imprescriptibilidad de los derechos labores, por lo que el trabajador puede acumular todas las vacaciones que quiera y no solo dos gestiones como cuando estaba en vigencia la Constitución anterior, sin embargo, es preciso aclarar que cuando el contrato termina por cualquier circunstancia, si el trabajador no tiene un acuerdo por escrito con el empleador respecto a sus vacaciones acumuladas, el empleador solo tendrá la obligación de pagarle al trabajador la última vacación que tenga que gozar en esa gestión (o sea solo una), y las de la gestión en la que cesa sus funciones deberán ser pagadas por duodécimas en proporción a los meses trabajados dentro del último período, ello en aplicación al art. 33 del Reglamento de la L.G.T., toda vez que la imprescriptibilidad, en el caso de las vacaciones solo surte efectos cuando el contrato de trabajo está vigente, más no cuando termina y se tienen que pagar los beneficios sociales, por la prohibición establecida de no ser acumulables las vacaciones. Que en el presente caso el auto de vista recurrido, dispuso la compensación de la vacación correctamente, es decir por el periodo de la última vacación a la cual tenía derecho la actora demandante, es decir la correspondiente al periodo 2007/2008, y el pago por duodécimas de la gestión 2008/2009, por lo que se determinó el monto de 52 días.

2.- Respecto a que el auto de vista no reconoció el pago de aguinaldo doble por  las gestiones 2007, 2008 y 2009, sino únicamente el que corresponde por duodécimas de la gestión 2009, infringiendo el principio de protección y de la irrenunciabilidad previsto en las disposiciones contenidas en el art. 1.498 del C.C., concordante con el art. 134 del C.P.T., al determinar de oficio la prescripción de su derecho a percibir el pago del aguinaldo doble de las gestiones 2007 y 2008; sobre este punto del pago doble de aguinaldo debemos tener presente que, conforme lo establecido en el art. 3 del Decreto Supremo Nº 229 de 21 de diciembre de 1944 que reglamenta la Ley de Aguinaldo de 18 de diciembre de 1944, el mismo señala que: “Serán acreedores al beneficio que acuerda la Ley los empleados y obreros que hubiesen trabajado más de tres meses y un mes calendario, respectivamente. A los que hubiesen prestado sus servicios por un tiempo menor a un año, se les concederá el aguinaldo en proporción al trabajo.”, por lo que, tomando en cuenta que se trata de un derecho adquirido e irrenunciable en favor de la trabajadora y que en virtud de lo dispuesto por la norma invocada, el incumplimiento en el pago oportuno del mencionado derecho, se encuentra sancionado con el pago en el doble, en concordancia con la Resolución Ministerial Nº 712/03 de 20 de noviembre de 2003, epígrafe III. Disposiciones Comunes, numeral 4)., que establece “…el plazo para hacer efectivo el pago del Aguinaldo de Navidad tanto en las empresas y entidades del sector público o del sector privado es hasta el 20 de diciembre del año en curso”., que en el presente caso, al no haber sido cancelado, corresponde la sanción del pago doble, en ese sentido se colige que el tribunal de alzada soslayó la aplicación de las previsiones de la normativa invocada por el recurrente.

3.- Finalmente señaló que el auto de vista impugnado, mediante auto complementario modificó de manera arbitraria e ilegal, el monto total de Bs. 73.021.55, suprimiendo el pago de la indemnización de Bs. 22.513.88.- y disponiendo únicamente el pago de Bs. 50.507.67.- bajo el argumento de “un lapsus calami”, transgrediendo el art. 196 inc. 1) y 2) del C.P.C., al haber alterado lo sustancial de la decisión, y suprimiendo su derecho al pago de la indemnización; al respecto, de la revisión del auto de vista impugnado y del auto complementario, que modifica el mismo, realizada la sumatoria de los beneficios otorgados se evidencia que existió error de cálculo por parte del tribunal ad quem, no solo de suprimir de la liquidación el monto por concepto de indemnización, sino también al haber determinado el salario promedio, y determinar un pago doble por concepto de bono de antigüedad, motivo por el cual corresponde a este tribunal enmendar dicho error.

Por lo expuesto, corresponde resolver el recurso de casación de fs. 114 de acuerdo a lo establecido en los arts. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil; asimismo resultando parcialmente evidentes las denuncias acusadas en el recurso de casación de fs. 117 a 119 , conforme se fundamentó en cada punto analizado, corresponde a éste Tribunal Supremo, resolver el recurso de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271. 4) y 274. II del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso deducido a fs. 114, por otra parte, en cuanto al recurso de fs. 117 a 119, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista de 02 de agosto de 2010 (fs. 104 a 105), debiendo modificarse el mismo conforme la siguiente liquidación:


Sueldo Indemnizable                                        Bs.   1.107,27

Desahucio                                                        Bs.   3.321,80

Indemnización                                                Bs.  16.163,02

Bono de Antigüedad                                        Bs.  40.888,00

Aguinaldo 2007- 2008 y duod. 2009 (8m/28d)                Bs.    6.077,66

       Vacación                                                        Bs.    1.937,72

TOTAL                                                        Bs.   68.482,91


Sin multa por ser excusable.

En cumplimiento del art. 41 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2537/2012 de 14 de diciembre de 2012, no es necesaria la convocatoria de un tercer Magistrado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.