SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 156/2015-L.

Sucre, 29 de julio de 2015.

Expediente: CBBA. 241/2010.

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 54 a 56, interpuesto por la empresa FRUTICA S.R.L. representada por su apoderada legal Claudia García Paz, contra el Auto de Vista Nº 093/2010 de 13 de agosto (fs. 23 a 24), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso Contencioso Tributario que se tramita en liquidación, seguido por la Empresa FRUTICA S.R.L., contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el auto de fs. 57 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, presentada la demanda contencioso tributaria, el Juez de Partido Primero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de Cochabamba, emitió el Auto de 28 de noviembre de 2008 (fs. 14), por el que rechazó la admisión de la demanda, manteniendo firmes y subsistentes los actos administrativos impugnados, ordenando el archivo de obrados.

En grado de apelación, interpuesto por Empresa demandante, mediante memorial de fs. 17 a 19, por Auto de Vista Nº 093/2010 de 13 de agosto (fs. 23 a 24), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, confirmó el Auto de 28 de noviembre de 2008.

Contra el referido Auto de Vista Nº 093/2010 de 13 de agosto, la empresa FRUTICA S.R.L. a través de su apoderada legal, interpuso el recurso de casación en el fondo de fs. 54 a 56, en el que expresa:

Que el tribunal de apelación incurrió en violación, interpretación errónea, aplicación indebida de la ley, y en error de hecho y de derecho en la apreciación de pruebas, realizando una inconsistente valoración de los antecedentes, produciendo a la empresa que representa daños y perjuicios. Que como consecuencia del ilegal auto de vista, la empresa está sometida a un proceso violatorio del privilegio constitucional que le reconoce el art. 115 de la Constitución Política del Estado, al desconocer el derecho a la defensa.

Manifiesta que el tribunal ad quem no fundamenta su decisión jurídicamente, señalando sólo en el primer considerando los antecedentes del proceso exponiendo algunos de los argumentos dados por la empresa que representa. Y en el punto cuarto, señala que los PIETs son actos definitivos, sin tomar en cuenta que precisamente la empresa planteó la demanda contencioso tributaria porque no es posible permitir la consumación de la arbitrariedad administrativa ni la violación de principios constitucionales y normas sustantivas y adjetivas, haciendo uso del legítimo derecho de defensa reconocido por la Constitución Política del Estado y por la competencia que le reconoce a los jueces en la materia el art. 157 inc. b) de la Ley de organización judicial para conocer este tipo de asuntos, señalando el mismo tribunal que no es admisible interrumpir el procedimiento.

Indica que tampoco se tomó en cuenta el art. 83 del Código Tributario que establece las formas y medios de notificación de los actos administrativos, y que dispone en su punto II) que serán nulas las notificaciones que no se ajusten a las formas descritas, siendo que en el caso presente el representante legal de “INDUSTRIAS VASCAL S.A.” (sic), debió ser notificado personalmente de conformidad al art. 84 del Código Tributario. Que no se siguieron las formalidades establecidas en el art. 85 en el Código Tributario como se ha demostrado, siendo los actos de la Administración Tributaria nulos de pleno derecho, porque de conformidad a lo establecido por el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio, siendo nulo cualquier acto o pacto en contrario.

Añade que las notificaciones mencionadas así como los proveídos impugnados son nulos y los supuestos adeudos que se pretende cobrar nunca existieron en esas cuantías.

Agrega  que el juez en materia administrativa, coactiva fiscal y tributario es competente para conocer el proceso de conformidad a lo establecido por las Sentencias Constitucionales Nº 009/2004 de 28 de enero de 2004, 0018/2004 de 2 de marzo de 2004, 0076/2004 de 16 de julio de 2004, 0028/2006 de 3 de mayo de 2006 entre otras, siendo todas de obligatorio cumplimiento en mérito a lo establecido por los arts. 4 y 44 de la Ley del Tribunal Constitucional y de conformidad al literal B) del art. 157 de la Ley de Organización Judicial.

Concluye solicitando a este Supremo Tribunal, dicte resolución casando el auto de vista recurrido, con costas y multad de ley.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

En relación con la acusación que realiza la recurrente, de que la empresa a la que representa está sometida a un proceso violatorio del privilegio constitucional que le reconoce el art. 115 de la Constitución Política del Estado, al desconocerse el derecho a la defensa; es menester expresar que se trata de una acusación genérica que no encuentra relación con un hecho concreto sobre el que el recurrente se halla obligado a especificar. La confirmación por sí misma del Auto de fs. 14, de 28 de noviembre de 2008 no constituye una violación, pues la empresa demandada tuvo oportunidad de interponer demanda contencioso tributaria en contra de la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Juez A quo resolvió la pretensión de la demandante declarando el rechazo de la misma al encontrarse en proceso de ejecución, el Tribunal Ad quem conoció el proceso en grado de apelación, habiendo confirmado la resolución del inferior, y finalmente la demandante interpuso el recurso de casación en análisis, por lo que tuvo la oportunidad de accionar ante la autoridad jurisdiccional en materia administrativa, coactiva fiscal y tributaria, recurrir al tribunal de apelación, respetándose su derecho a la doble instancia, e impugnar la resolución de éste a través del recurso extraordinario de casación, advirtiéndose que fue respetado su derecho a la legítima defensa, no encontrándose que fuera evidente la vulneración acusada.

Por otra parte, en la especie se advierte que el recurrente no menciona específicamente cómo es que el Ad quem vulneró su derecho constitucional a la defensa, por cuanto de la lectura de ese punto en particular, se evidencia que el actor, se limita a una simple alusión carente de fundamentación y sustento en derecho, que permita a este tribunal cumplir con los mandatos constitucionales y el deber de cuidar que los procesos se lleven sin vicios de nulidad, así como también, el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes.

El derecho a la defensa, según señala la Sentencia Constitucional Nº 92/2006-R de 25 de enero de 2005, “…significa que toda persona procesada, en cualquier materia, tiene derecho a defenderse en forma irrestricta. Es, a la vez, una garantía que tiene la finalidad de que dicha persona pueda encarar el proceso en igualdad de condiciones con quien la procesa, que se respeten en juicio sus derechos y garantías constitucionales. (SC 1262/2001-R de 29 de noviembre).”

Respecto a la aseveración de que el tribunal ad quem no fundamentó su decisión jurídicamente; dicha afirmación no es evidente, por cuanto de la lectura del Auto de Vista Nº 093/2010 de fs. 23 a 24 ahora recurrido, se verifica que el mismo se encuentra debidamente fundamentado, y guarda la debida pertinencia conforme dispone el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, tomando en cuenta que efectivamente, los actos impugnados corresponden a proveídos de inicio de Ejecución Tributaria, por lo tanto no susceptibles de impugnación como lo expresa la Sentencia Constitucional Nº 1648/2010-R de 25 de octubre, en el numeral 4.2 del parágrafo III, al señala: “Los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria en ejecución tributaria no son susceptibles de impugnación.”, concluyéndose que el tribunal de alzada, al confirmar el auto de rechazo de la demanda contencioso tributaria, interpretó correctamente los alcances de las disposiciones legales aplicadas.

Sobre la disposición contenida en el inciso b) de art. 157 de la Ley de Organización Judicial, en relación con la cual los jueces de la materia tienen competencia para asumir demandas contencioso tributarias; ello es evidente, sin embargo, como ya fuera señalado precedentemente, esa competencia se halla limitada cuando se trata de adeudos que se encuentran en etapa de ejecución como en el presente caso, pues son actos inimpugnables, de acuerdo con lo previsto por el art. 109 de la Ley Nº 2492, en relación con el art. 517 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a la supuesta vulneración de los arts. 83 al 85 del Código Tributario, Ley Nº 2492; estas acusaciones corresponden a errores (infracciones) in procedendo, que en su caso debieron ser acusadas a través del recurso de casación en la forma o de nulidad propiamente dicho y no mediante el presente, que fue interpuesto en el fondo. Adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 3) del art. 258 del Código de Procedimiento Civil, “En el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores, salvos los casos que interesaren al orden público para los efectos del art. 252.”

Por otra parte, el parágrafo III del art. 107 del Código Procesal Civil, Ley Nº 439, norma adjetiva aplicable a todos los procesos en trámite a partir de la publicación de la misma, señala: “Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil.”

No obstante lo precedentemente expresado, se debe tener presente que cursa en obrados de fs. 1 a 8, las providencias y sus diligencias de notificación donde se verifica que en presencia de un testigo se fijaron copias en la puerta del domicilio de la empresa FRUTICA S.R.L., situado en Av. Oquendo s/n Edificio Los Tiempos, piso 11, zona Barrio Muyurina; y conforme a la jurisprudencia constitucional relativa al caso en análisis, la finalidad de la notificación, no es cumplir una formalidad, sino que la determinación administrativa o judicial llegue a conocimiento del destinatario, en ese sentido, la Sentencia constitucional Plurinacional Nº 0450/2012 de 29 de junio de 2012, con relación a las actuaciones comunicacionales señala: “…dado que la finalidad de estas últimas es asegurar el ejercicio del derecho a la defensa de manera amplia e irrestricta, en ese sentido; respecto a estas y a sus exigencias legales, SC 0427/2006-R de 5 de mayo, estableció: “…los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez,  deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario, (SC 075/2003-R de 4 de junio); dado que solo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida (SC 1845/2004-R de 30 de noviembre)”.

En el análisis del caso, se determina que el recurrente tuvo conocimiento de los actuados de notificación, por cuánto adjunta a la demanda los mismos y pide además de la nulidad de las provisiones, la nulidad de sus correspondientes notificaciones, por lo que no se le causó indefensión alguna; si bien es cierto que la notificación no fue personal, no es menos evidente que ese supuesto defecto fue convalidado por el recurrente ya que el mismo interpuso la demanda contenciosa tributaria, de donde resulta evidente, que las diligencias de notificaciones cumplieron su finalidad, llegando al conocimiento del demandado oportunamente para ejercer su derecho a la defensa y hacer uso de los recursos previstos por Ley, consecuentemente dicha acusación no es evidente.

Respecto del orden público alegado en relación con el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, corresponde precisar que como expresa el Jurisconsulto Pastor Ortiz Mattos, en su obra El Recurso de Casación en Bolivia,  “En nuestra práctica forense muchos entienden que este artículo autorizaría al juez a anular todo el proceso en el que se hubiere incurrido en cualesquier defecto en su tramitación aunque tal hecho no estuviere expresamente sancionado con nulidad. Eso no es así. Cuando el citado art. 90 dispone que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio y que las estipulaciones contrarias a los dispuesto por el art. son nulas, sólo establece el carácter publicista del proceso que no permite, bajo sanción de nulidad, a convenir a renuncias a las reglas del procedimiento (…) entre otras, el acordar renuncias a las notificaciones y a los recursos (…) La nulidad que menciona el art. 90 citado, se refiere tan solo a LAS RENUNCIAS que se convinieren de las reglas del proceso y nunca a los simples errores en la tramitación de los juicios…”

Sobre la afirmación de que el juez en materia administrativa, coactiva fiscal y tributario es competente para conocer el proceso de conformidad a lo establecido por las Sentencias Constitucionales Nº 09/2004, 018/2004, 28/2006 y 76/2004, las que sin duda son de cumplimiento obligatorio por mandato de los art. 4 y 44 de la Ley Nº 1836 y que en aplicación del inciso b) del art. 157 de la Ley de Organización Judicial, los jueces en materia administrativa, coactiva fiscal y tributaria, son competentes para conocer demandas en procesos contencioso tributarios; no cabe la menor duda que ello es evidente, sin embargo, el motivo del presente proceso no versa sobre la competencia de los jueces en la materia o la aplicación del procedimiento contencioso tributario, sino sobre la inimpugnabilidad de los actos administrativos de la Administración Tributaria, cuando estos se encuentran en etapa de ejecución, respecto de lo cual ya se fundamentó en párrafos precedentes de la presente resolución.

A mayor abundamiento, cabe aclarar a la recurrente que la abundante y constante jurisprudencia nacional, ha establecido que en observancia del art. 1286 del Código Civil, la apreciación y valoración de la prueba constituye una atribución privativa de los juzgadores de instancia, siendo incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inciso 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador." En el presente caso, el recurrente se encontraba obligado a demostrar su aseveración respecto de la competencia de la judicatura en la materia para conocer y decidir sobre actos de la Administración Tributaria que se encuentren en fase de ejecución, lo que no ocurrió.

Por otra parte, como señala el Auto Supremo Nº 57/2009 de 9 de febrero, correspondiente a la Sala Penal Primera de la Corte Suprema Justicia, criterio compartido y expresado por este Supremo Tribunal de Justicia a través de los Autos Supremos Nº 59/2013 de 2 de octubre, Nº 111/2013 de 7 de noviembre y Nº 9/2014 de 11 de febrero, todos correspondientes a la Sala Social y Administrativa Liquidadora Primera, “…el recurso de casación por los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales existentes, se tiene como una nueva demanda de puro derecho, en la que no se pueden considerar cuestiones de hecho, sino tan solo la correcta o incorrecta aplicación del derecho, por consiguiente se tiene que el recurrente tiene que necesariamente especificar los motivos del recurso, con cita de la ley o leyes procesales cuya observancia le cause agravio, o en su caso la cita de las leyes sustantivas ya sea sobre la casación en el fondo, en la forma o en ambas, cuya violación se acuse por uno u otro motivo, indicando necesariamente en que consiste el quebrantamiento de las normas legales impugnadas, con motivación razonada de la forma en que han sido vulneradas y cómo deberían ser aplicadas, de manera que en relación a los puntos impugnados el Supremo Tribunal abra su competencia e ingrese al análisis de fondo de los fallos observados."

Que, en este marco legal, se concluye que el auto de vista recurrido, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, y no se observa violación de norma legal alguna; al contrario, realiza una correcta interpretación y aplicación de las normas legales citadas. Por consiguiente, habiendo el tribunal de alzada, obrado sin incurrir en las violaciones acusadas en el recurso de fs. 54 a 56, corresponde resolver conforme previene el art.  273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva prevista en los arts. 214 y 297 del Código Tributario, Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992, Procedimiento Contencioso Tributario, vigente en virtud de la Sentencia Constitucional Nº 76/2004 de 16 de julio de 2004.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso deducido de fs. 54 a 56, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.