SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 155/2015-L.

Sucre, 10 de julio de 2015.

Expediente: LPZ. 699/2009.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El expediente en copias y fotocopias legalizadas, en el cual constan: auto de fs. 3 que dispone la reposición de obrados; el recurso de casación en el fondo de fs. 73 a 74, interpuesto el Ex Banco del Estado representado por el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE, contra el Auto de Vista RES. A.V. Nº 135/09 SSA-I de 15 de junio, (fs. 20 a 21, repetido a fs. 55-56 y 71-72), emitido por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por Oscar Jesús Caero Lujan contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 76 a 77, el auto de fs. 22 que concedió el recurso, el proceso de reposición que se declara cumplido; los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que habiendo sido extraviado el expediente original, los magistrados de la Sala Social y Administrativa Liquidadora Segunda del Tribunal de Justicia por auto de fs. 3, de 15 de julio de 2014, dispusieron la reposición del expediente extraviado, cumpliéndose al efecto con las diligencias encomendadas cursando en autos copias y fotocopias legalizadas de los principales actuados a fin de emitirse el correspondiente Auto Supremo.

Tramitado el proceso laboral, luego de haber sido anulado el proceso por no haberse dado intervención al Ministerio Público, el Juez Cuarto de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de La Paz, emitió nueva Sentencia Nº 01/2008 de 5 de enero (fs. 66 a 67), declarando probada en parte la demanda e improbadas las excepciones de pago y prescripción, disponiendo que la institución demandada cancele a favor del actor la suma de Bs. 16.841,66 por concepto de desahucio, indemnización de 5 meses y 23 días y aguinaldo por duodécimas, suma que en ejecución de fallos será actualizada de conformidad a lo dispuesto por el Decreto supremo Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992.

En grado de apelación formulada por la institución demandada (fs. 68-69), la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº RES. A.V. Nº 135/09 SSA-I de 15 de junio (fs. 20 a 21, duplicado a fs. 55 a 56 y 71 a 72), revocando en parte la Sentencia Nº 01/2008, sin lugar al pago del aguinaldo, y firme en lo demás, sin costas conforme prevé el art. 39 de la Ley 1178.

El referido fallo de segunda instancia, motivó a la institución demandada a través de su representante legal a interponer el recurso de casación en el fondo de fs. 73 a 74, en el que esgrime los siguientes fundamentos:

Acusa errónea interpretación y aplicación de la norma en el trámite de la excepción de prescripción, porque el art. 120 de la Ley General del Trabajo establece que no solo prescribe el derecho de los trabajadores en el plazo de dos años, sino también prescribe la acción, siendo diferente la prescripción de la acción a la renuncia de ésta, llegándose a infringir el art. 1495 del Código Civil por incumplimiento a dicha norma.

Expresa que no se dio cumplimiento al principio de inmediatez previsto en la Constitución Política del Estado, dado que el proceso estuvo paralizado por más de siete años y cinco meses, motivando que por la inacción opere la prescripción, porque sobre la base del principio de preclusión de los derechos para accionar, ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, por lo que el auto de vista recurrido contiene violación e interpretación errónea de la ley, acto previsto por el art. 253 inc. 1) del adjetivo Civil.

Indica que el Tribunal de apelación de forma anómala liberó de costas procesales a la contraparte, no obstante de revocar la sentencia, hecho que debió originar la condenación de costas al demandante y sanción contra el juez a quo, por la previsión del art. 199 del Código de Procedimiento Civil.

Concluye solicitando se case el Auto de Vista Nº 135/09 de 15 de junio de 2009 y se declare improbada la demanda principal y probadas las excepciones opuestas.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los fundamentos del recurso de casación en el fondo y considerando los antecedentes del proceso, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

En cuanto a la acusación de errónea interpretación y aplicación de la norma en el trámite de la excepción de prescripción, porque el art. 120 de la Ley General del Trabajo establece que no solo prescribe el derecho de los trabajadores en el plazo de dos años, sino también prescribe la acción, siendo diferente la prescripción de la acción a la renuncia de ésta, llegándose a infringir el art. 1495 del Código Civil por incumplimiento a dicha norma; cabe señalar que de conformidad a lo establecido por el artículo 120 de la Ley General del Trabajo, concordante con el artículo 163 de su Decreto Reglamentario se establece que “las acciones y derechos provenientes de esta ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas”, y tomando en cuenta que nace el derecho del demandante a la conclusión de la relación laboral que se produjo el 31 de enero de 1995, y su acción y derecho comenzó en 29 de mayo de 1995 al presentar el memorial de solicitud de pago de beneficios sociales ante la Inspección Nacional del Trabajo de La Paz, conforme consta a fs. 123 de obrados, actuación que suspende la prescripción aludida, más aún si posteriormente formalizó demanda en la Corte Superior del Distrito de La Paz, por  concepto de beneficios sociales y otros, presentada en fecha 21 de julio de 1995; por cuanto, la ley es clara al establecer que se extinguirán en el término de dos años las “acciones y derechos” provenientes de la ley, tomándose como acciones, la interposición de la demanda ante un juzgado, además de todas las actuaciones que conlleven a garantizar el cobro de sus derechos que por ley le corresponden.

De lo que se desprende que el actor reclamó su derecho durante el año de su desvinculación laboral, no habiendo transcurrido el plazo determinado por el art. 120 de la Ley General del Trabajo, deduciéndose por tanto que no se infringió las disposiciones legales alegadas en el recurso, siendo pertinente lo señalado en el Auto de Vista recurrido que expresa: “…debe tenerse en cuenta que la prescripción en este ámbito, se opera en función de la inactividad del trabajador; por otra parte la interrupción de la prescripción en materia social se da por cualquier misiva, nota dirigida al empleador u otro reclamo dirigido ante cualquier autoridad administrativa del trabajo y/o la presentación de la demanda judicial, no importando que esta sea legalmente notificada al empleador, ya que al ejercer cualquiera de estos hechos demuestra la interrupción de la Prescripción…

Al respecto la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia expresada en el Auto Supremo Nº 394 de 14 de octubre de 2010, dictado por la Sala Social y Administrativa Segunda señala: "Sobre el particular es menester indicar que los principios de protección y de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, se interrumpe la prescripción ya sea por cualquier misiva, nota dirigida al empleador u otro reclamo dirigido ante cualquier autoridad administrativa del trabajo y/o la presentación de la demanda judicial, aunque sea incompetente, no importando que sea legalmente notificada al empleador, inclusive una notificación telegráfica, en fin, toda acción que denote la intención de reclamar los derechos del trabajador (instrumento idóneo) que sirva para pretender cobrar sus beneficios laborales, es decir, que tenga una finalidad interpelativa" (Las negrillas son añadidas). De similar forma versan los Autos Supremos 144 de 31 de marzo de 2011 dictado por la Sala Social y Administrativa Segunda y 105 de 10 de julio de 2012 dictado por la Sala Social y Administrativa Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia.

En relación al art. 1495 del Código Civil que indica fue infringido, debe tenerse presente que en materia laboral, la prescripción se rige por normas específicas como son el art. 120 de la Ley General del Trabajo y art. 163 de su Decreto Reglamentario, por lo que de conformidad a lo establecido por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo que dispone: “Los aspectos no previstos en la presente Ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y el Procedimiento Civil y siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal laboral.”, el art. 1495 del Código Civil no es aplicable en la materia, siendo por tanto impertinente la acusación de violación de dicha normativa.

En referencia al incumplimiento del principio de inmediatez previsto en la Constitución Política del Estado, dado que el proceso estuvo paralizado por más de siete años y cinco meses, motivando que por la inacción opere la prescripción, porque sobre la base del principio de preclusión de los derechos para accionar, ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida; es menester expresar que con relación a la prescripción se ha expresado ya en líneas precedentes su improcedencia al caso de autos, en el cual, si bien el recurrente expresa paralización del proceso, sin embargo, pudo por iniciativa de la parte demandada a la cual representa, buscar la conclusión del proceso a fin de garantizar los derechos que considera vulnerados; al no haberlo hecho, no puede pretender en esta instancia se declare la prescripción de un derecho reconocido por ley al trabajador.

En ese contexto, en relación al principio de inmediatez consagrado entre otros en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado (2009), el mismo que se encuentra relacionado con el debido proceso y el derecho a la defensa, cabe transcribir a efectos de ilustración, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional 1227/2003-R de 26 de agosto de 2003 que indica: “…La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes.”

Respecto a la aseveración de que el Tribunal de apelación de forma anómala liberó de costas procesales a la contraparte, no obstante de revocar la sentencia, hecho que debió originar la condenación de costas al demandante y sanción contra el juez a quo, por la previsión del art. 199 del Código de Procedimiento Civil; resulta no ser evidente lo afirmado por el recurrente, por cuanto es de aplicación cuando el demandante o el demandado es el Estado o una institución pública, el art. 39 de la Ley Nº 1178.

En el marco legal descrito, el tribunal de alzada al emitir el auto de vista recurrido, no incurrió en violación y errónea aplicación de las normas legales que rigen la materia, ni ha interpretado y aplicado indebidamente la ley, como lo acusa el demandado ex Banco del Estado a través de su representante legal en el recurso de casación en el fondo de fs. 73 a 74, correspondiendo en consecuencia, resolver el mismo en la forma prevista por los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 73 a 74; sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.