SALA CONTENCIOSA y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo  153/2015-L. Sucre, 10 de julio  de 2015. Expediente:  LP. 559/2009. Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 75 a 77 interpuesto por la Universidad Pública de El Alto UPEA. a través de su representante  y abogado Juan Lázaro Laura Calliconde  contra el Auto de Vista N° 4/2010 de 12 de enero, cursante  a fs. 62,  pronunciado por la Sala Social  y Administrativa Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito de la Paz, en el proceso laboral  tramitado en liquidación seguido por Isidro Centeno Mamani contra la  institución   recurrente, el auto que concedió el recurso de fs.79, los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la causa, la Juez de Partido  Primero de Trabajo y Seguridad Social de El Alto, emitió la Sentencia N° 7/2009 el 5 de febrero, cursante de fs. 42 46,  declarando probada la demanda, sin costas, disponiendo  que  la  Universidad  Pública  de  El Alto  UPEA.,  través  de  su representante legal, se encuentra obligada  a la reincorporación del actor  a su misma fuente  laboral, consolidando la reincorporación efectuada, y pague en favor del actor, la suma de Bs. 15.689,33.- por concepto de salarios devengados, aguinaldo; más la actualización conforme dispone el DS. 28699 de 1° de mayo de 2006 en ejecución de sentencia.

Que, resolviendo  la  apelación interpuesto por  la Universidad Pública del El Alto UPEA. a través de su representante Federico Zelada Bilbao, cursante de fs. 50 a 51; la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 4/2010 de 12 de enero, cursante a fs. 62, confirmó la sentencia apelada, sin costas.

Contra la resolución de segunda instancia, mediante memorial de fs. 75  a


77, la Universidad Pública del El Alto  UPEA. a través de su representante y abogado Juan Lázaro Laura .calliconde, interpone   recurso de casación en el fondo y en la forma, expresando en síntesis lo siguiente:




En el recurso  de casación  en el fondo, el recurrente denuncia:


Que, la sentencia se basa en la prueba de cargo de fs. 23 a 27, introducida al proceso mediante   una   interpretación errónea del art.  331 del Código de Procedimiento Civil,  cuando  lo  correcto  era  decretar  su  inadmisibilidad,  por cuanto la referida norma no refiere sobre documentos de reciente obtención.

Al margen de ello, la juez a quo, tampoco consideró  que  el demandante tenía conocimiento de la existencia de dichos documentos, porque fueron tramitados por su persona,  ni se percató de que había perdido la opción de presentar sus pruebas dentro el plazo probatorio señalado de fs. 20 a 21 vlta.

A ello refirió, que bajo ese entendido la sentencia ha sido pronunciada incurriendo en error de hecho y de derecho, establecida  en el inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que merece ser reparado por el máximo Tribunal de Justicia, emitiendo la casación en el fondo.

En cuanto al recurso  de casación  en la forma:


Que la pretensión del actor en su demanda, ha sido la reincorporación a su fuente  laboral en  la  U.P.E.A.,  que  fue  satisfecho  por  esta  institución  con  la entrega del memorándum de  reincorporación del demandante  a través de su escrito de fs. 32.

Agregando, que en ese entendido la  juez de la causa pronunció el Auto de fecha 16 de enero de 2009 disponiendo para que el actor se constituya ante la Unidad de Recursos Humanos de la Universidad Pública de El Alto a los efectos de su efectiva reincorporación.

Al respecto señaló, que el juzgador debió circunscribirse a la pretensión del  actor   no conceder  peticiones  no solicitadas, como  ocurre  en  el  caso presente, por cuanto la juez a quo, ha excedido su poder, al disponer y tramitar el proceso hasta emitir sentencia, cuando correspondía emitir un auto  interlocutorio definitivo, vulnerando de esta manera lo dispuesto en el inc. 3) del art. 3 del Código de Procedimiento Civil con  relación a los arts. 90 y 251  del   mismo Procedimiento Civil, y el principio de probidad  establecido por el numeral 14 del art.  1 de la Ley de Organización Judicial, enmarcando este hecho en lo dispuesto por el art. 254  incs. 4) y 7) del Código de Procedimiento Civil aplicables  por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

Concluye solicitando,   que   el Tribunal Supremo  anule la Sentencia  


07/2009 de fecha 5 de febrero.



CONSIDERANDO   II: Que  así planteado  el recurso por  razón  de método


corresponde examinar  en primer  lugar  el recurso  de casación  en la forma, pues  en caso  de estimarse  dicho  recurso  ya no corresponderá   pronunciamiento sobre el recurso de casación  en el fondo.

En  esencia,   del  recurso   en  análisis,   en  principio   corresponde    hacer referencia   respecto   uno  de  los  requisitos   de  admisibilidad    del  recurso   de apelación es  la presencia  de agravio  o de interés  válido  para  recurrir;  es decir, quien apela  de una resolución  judicial  debe sustentar  que  ha sufrido  un agravio  o perjuicio  personal por  cuanto,  no hay apelación  por el simple  hecho  de apelar, necesariamente   debe demostrarse  la existencia  del agravio  real y cierto. En consecuencia,   no es suficiente    solo  la declaración   de impugnación,   esto es, se requiere  agregar  además   los  motivos    o   causas,   agravios   o fundamentos   del recurso   de  apelación.    La  sola   declaración    es   inhábil   para   producir   efectos jurídicos,   porque   la  ausencia   insuficiencia   funciona   como   un  requisito   de admisibilidad,   por ello existe  la necesidad  de fundar  el recurso  de apelación.

En ese contexto,  revisado  el recurso  de apelación  interpuesto    de fs. 50 a


51, se advierte  que  no expresó  como  agravio,    referido  a la forma  de resolución del auto de fecha  16 de enero  de 2009 cursante  a fs. 38, en el entendido  que la juez   quo  debía   emitir   un  auto  definitivo,   toda   vez  que  ya  se  dispuso   la reincorporación        del actor  a su fuente  laboral en la U.P.E.A,  que fue la pretensión del actor  en su demanda  y no tramitar  el proceso  hasta  emitir  sentencia siendo que,  tan  solo  apeló  sobre  el  pago  de  haberes  devengados   su  consiguiente actualización                 dispuestos   en  sentencia   que  atentarían   contra  los  derechos   y economía        de   la   institución;    omisión   que,   no   permitió   al  tribunal   ad  quem pronunciarse  en cuanto  a este nuevo reclamo traído  hoy en casación,  conforme  a la pertinencia  que está obligado  de acuerdo  a lo previsto  en el  art. 236 del Cód. de  Pdto Civil.: es  decir respecto  los  agravios   que  hubiesen   sido  objeto  de apelación;        asimismo,   s el  recurrente   consideraba   que  debía  emitirse   un  auto definitivo  y no tramitar  hasta  el pronunciamiento   de la sentencia,  tampoco  utilizó en su oportunidad   los recursos  que  le franquea  la ley en contra  del referido  auto cuestionado,                 efecto  que  se  modifique   revoque,   en  su  caso  se  repare,  si consideraba                que   dicha   resolución    es   contraria    al   derecho,    lo   que   ahora tardíamente                aduce   recién  en  el  recurso  de  casación,   con  olvido  que  ante  su

desidia  se  operó  la  preclusión   procesal  establecida   en  los  arts.  3. e) y 57 del


CPT.




Por  ello  se  concluye     que,     la  acusación   referida   que   la  autoridad recurrida  habría  incurrido  en  dichas  infracciones,   no es  evidente,   precisamente porque  no fue oportunamente   impugnado,   resultando  por ello  inadmisible  que se pretenda  impugnar  en casación  tal reclamo  no efectuado  en apelación,  en franca contravención   al principio  de  preclusión   procesal  y lo previsto    en  los  arts 262 inc. 2) y 258  inc.  3) del  CPC. por  consiguiente,   no corresponde   realizar  mayor consideración  sobre este reclamo.

En consecuencia,   al no existir  ningún  motivo  para  anular  obrados cual es la finalidad   del  recurso,   porque  en  la tramitación   de  la  causa  no    se  advierte ninguna   violación   al  derecho   de  defensa   de  las  partes  el  debido   proceso, mucho  menos que el auto de vista   hubiera  violado  el  art.  236 del Códde Pdto. Civil, razón por la cual el recurso de casación en la forma deviene en infundado.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo;   la parte recurrente


acusa que las pruebas de cargo de fs. 23 a 27, fueron introducidas al proceso, mediante una interpretación errónea del art 331 del Cód.  de  Pdto. Civil, por cuanto la referida norma no refiere sobre documentos de  reciente obtención; además, por no haberse presentado dicha prueba dentro del  término probatorio, que no fue observado por la juez  a quo incurriendo la sentencia en error de hecho y de derecho,

Al  respecto,  se  recuerda  la  entidad  recurrente que  el  recurso  de


casación, se equipara a una nueva demanda de puro derecho, en la que deben reclamarse la vulneración, aplicación falsa o errónea de la ley, errores de hecho y de   derecho,   o   las  vulneraciones   a   las  formas   esenciales   del   proceso precisamente de la resolución que es recurrida, y que en la especie se constituye en el Auto de Vista 4/2010 de 12 de enero de fs. 62, pronunciado por la Sala Social y Administrativa  Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito de la Paz, y no de las vulneraciones o errores presuntamente incurridos por la juez a qua  en  su  sentencia correspondiendo  además  precisar  que  la  ley  impide retrotraer etapas precluidas en el proceso, toda vez que dicho reclamo incumbe al recurso de apelación, y no así, conforme al contenido de la argumentación de la entidad recurrente al recurso de casación.

Al margen de aquello, corresponde señalar que a mérito de lo establecido


en los arts. 4 y 157 del Código Procesal del Trabajo, el juez puede acordar para mejor proveer la práctica de las pruebas que estime necesarias, por la función activa que tiene dicha autoridad jurisdiccional, evidenciándose que en el caso  en




Análisis, la juez  a quo  consideró dicha  prueba   cursante  de fs. 23 a 27 en cumplimiento de los principios de la realidad, de proteccionismo, in dubio pro operario e inversión de la prueba, siendo además y tal cual dispone el artículo

152 del Código Procesal del Trabajo, en relación con el art. 331 del Cód. de Pdto.

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Civil,  que  vencido  el  término  probatorio  aún  en  segunda  instancia  son


aceptados  los  documentos -de  fecha  posterior  anterior  con juramento  de reciente obtención; precisamente, en cumplimiento  de dicha normativa,  la  juez a quo mediante decreto de fs. 29, dio por ofrecida  la  documentación acompañada en: calidad de prueba de reciente obtención, previa noticia de parte contraria y el juramento de desconocimiento de documentos de reciente obtención, habiendo prestado el juramento, como consta el acta de fs. 34,  sin que  hubiese  sido  objeto de  reclamo u observación  alguna  por  parte de  la institución demandada, razón por la cual, fue correcta la admisión de la prueba de cargo cursante de fs. 23 a 27, conforme dispuso acertadamente la juez a quo, por lo tanto  no se advierte   vulneración alguna a  las normas reclamadas al respecto, porque además la sentencia baso su decisión en el cúmulo de pruebas aportadas por las partes, valorándolas dentro del marco de lo previsto en los arts. 3. j)  158 Y 200 del CPT., por lo que este  recurso también deviene en infundado.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos corresponde resolver el recurso conforme previenen los  arts. 271. 2) Y 273 del CPC., aplicables  al caso presente, en virtud a lo dispuesto por el  art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los art.  184.1 de la Constitución Política del Estado y 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley 25  del Órgano Judicial, declara  INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 75 a 77.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley . 1178 (SAFCO) y art. 52 del D.S. N° 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese,  notifíquese  y devuélvase.




















zolo Miguel Hurtodo Zamorono

MAGISTRADO

SALA CONTENCIOSA   y CONTENCIOSA    ADM.

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