SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 149/2015-L.

Sucre, 10 de julio de 2015.

Expediente: PDO. 551/2010.

Distrito: Pando

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación de fs. 130 a 132, interpuesto por María Teresa Bani Chao, contra el Auto de Vista Nº 34 de 23 de agosto de 2010, cursante a fs. 127, pronunciado por la Sala Civil, Social, de Familia y de la Niñez y Adolescencia, de la Corte Superior  de Justicia de Pando,  en el proceso que se tramita en liquidación seguido por la recurrente, contra Raúl Fernando Correa Albarado, la respuesta de fs. 134, el auto de fs. 135 vta. que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija-Pando, emitió la Sentencia Nº 27/010 de 1 de junio de 2010 cursante de fs. 109 a 110, declarando improbada la demanda de fs. 25 a  26, siendo lo correcto 9 a 12, de obrados, sin costas.

Que, resolviendo la apelación  interpuesta por la demandante cursante de fs. 113 a 114, la Sala Civil, Social, de Familia y de la Niñez y Adolescencia, de la Corte Superior de Distrito de Pando, mediante Auto de Vista Nº 34/2010 de 23 de agosto de 2010 cursante a fs. 127, confirmó totalmente la sentencia apelada. Con Costas.

Contra la resolución de segunda instancia, la demandante María Teresa Bani Chao, por memorial de fs.130 a 132, interpone  recurso de casación, denunciando lo siguiente:

Infracción del art. 169 del CPT, porque no se valoró las declaraciones testificales de los testigos de cargo, toda vez que de acuerdo al precepto legal contenido en la norma citada, se puede establecer que la ley otorga una calidad privativa al a quo, para apreciar y valorar  prueba conforme su criterio o sana crítica, el cual no se aplicó como correspondía, ya que todos los testigos dijeron que la actora era trabajadora del Hotel Diana.

Infracción del art. 159 y siguientes del adjetivo laboral, porque a fs. 18 a 22, cursan papeletas de pago de lavandería otorgados por la Empresa Comercial JRR Electronics SRL, que debería tener el valor legal en base a su sano criterio, señalando lo previsto en la normativa citada, pues el juez a quo, no valoró correctamente la prueba aludida, que demuestran que la actora era dependiente del Hotel Diana, puesto que las boletas son pagadas por un monto de Bs. 1.500.-, mensuales y en un trabajo a destajo no se puede pagar el mismo todos los meses.

También denunció infracción del art. 166 y siguientes del CPT, toda vez que la confesión judicial se fijó para el día 25 a horas 9:00 y se llevó a cabo a horas 10:30, creando incertidumbre en el debido proceso, pues se debió dar por concluida a la no presentación en su horario, la cual ni siquiera fue valorada, donde el demandado, afirma y reconoce que la actora prestaba servicio de lavandería pero no en el hotel, sino en su domicilio que es parte del Hotel Diana, donde además se reconoce que existía un contrato verbal el cual el demandado ha ido negando desde el inicio de la demanda.

Por otra parte señaló la infracción de lo previsto en el art. 203 del CPT, porque la notificación se hizo primero a la parte que no le afecta, pues debió notificarse primero a la parte afectada para que pueda plantear el recurso que la ley le ampara.

Asimismo denunció la vulneración al debido proceso, previsto en los arts. 115. II y 180 de la CPE, el cual se halla también garantizado en la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aduciendo además que el juez dictó una sentencia totalmente contradictoria a la Sentencia Nº 13-010 que se emitió en primera instancia del mismo caso, lo que crea incertidumbre del porqué de este cambio radical, ya que se debió aplicar el principio protector a los trabajadores y los Decretos Supremos Nos. 0107 y 0521 en correcta administración de justicia.                       

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, revoque el auto de vista recurrido, declarando probada la demanda y disponga la cancelación de los beneficios sociales, con costas. 

A su vez, el demandado responde, impetrando que se declare  improcedente el recurso, en base a los argumentos que expone en su memorial  cursante de fs. 134 a 135.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, se pasa a considerar el mismo, de donde se establece lo siguiente:

En el recurso que se analiza, se cuestiona el fallo de los juzgadores de instancia quienes concluyeron que entre la actora y la parte demandada no existió relación laboral de dependencia, motivo por el cual el juez a quo declaró improbada la demanda, que fue confirmada por el tribunal de segunda instancia, aspecto que es rechazado por la parte demandante, quien manifiesta que entre la parte demandada y su persona, existió relación laboral, razón por la cual denunció infracción de los arts, 169, 159, 166 y 203 del Código Procesal del Trabajo, así como la vulneración al debido proceso previsto en los arts. 115. II y 180 de la Constitución Política del Estado.

En ese contexto, a fin de determinar si una relación de trabajo tiene las características esenciales laborales, hay que tener en cuenta que todo trabajo es una prestación a favor de otro, por lo que siempre existe la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra; la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y lo reciben, a tal fin, corresponde observar el papel realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se pretenda ocultar o encubrir la realidad bajo apariencias de una relación no laboral, por lo que a este fin la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, el elemento de la dependencia o subordinación, según el cual, quién recibe el trabajo tiene la facultad de dirigirlo e imponer sus reglas, tomando los frutos de ese trabajo, por lo que para determinar la relación se debe recurrir al principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador.

Asimismo, podemos señalar que en el derecho laboral, por su naturaleza protectiva a favor del trabajador, debe aplicarse el criterio de la igualdad entre partes, que permitan un razonable equilibrio, notoriamente desigual, dada por la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protectivo plasmado en los arts. 157 y 162 de la Constitución Política del Estado de 1967, mantenido en los arts. 46 y 48. III de la Carta Fundamental actual, 4 de la Ley General del Trabajo, 3. g) y 59 del Código Procesal del Trabajo

En este sentido, tampoco debe perderse de vista que la aplicación de dicho principio debe ser relativo y racional, evitando un absolutismo que pueda dar lugar a la vulneración de los derechos procesales y sustantivos del empleador y menos de soslayar la adecuada apreciación de las pruebas aportadas.  

Debe ponderarse la verdad de lo probado y por lo tanto lograr la verdad material, llegando de este modo a un razonable criterio, por lo que en relación al tema de análisis, no toda prestación de servicios se traduce en una relación de dependencia, correspondiendo establecer si en dicha relación existió y si hubo subordinación y dependencia.

Al respecto, revisada la documentación adjuntada durante la tramitación del proceso, se evidencia que la actora en su demanda de fs. 9 a 12, manifiesta que desde el 30 de enero de 2009, fue contratada en forma verbal, para prestar servicios de lavandería en el Hotel Diana, con un salario mensual de Bs. 1.200.- el cual fue incrementado de forma posterior a Bs. 1.500.-, cumpliendo una jornada laboral de lunes a sábado, función que desempeñó hasta el 31 de enero de 2010, fecha en que habría sido despedida de forma intempestiva, razón que la motivó a iniciar la presente acción en contra de Raúl Fernando Correa Albarado, por el monto que asciende a Bs. 53.146.-, por los conceptos descritos en su demanda. 

De tales antecedentes, se puede advertir que, en el caso objeto de análisis, la actora pretende que el demandado, le cancele los beneficios sociales demandados; petición que resulta desatinada, toda vez que durante la tramitación del proceso, no se demostró que la actora, hubiera trabajado como dependiente de la parte demandada, percibiendo un salario mensual de Bs. 1.500.-, menos de lunes a sábado, como manifiesta en su demanda, ya que de acuerdo a la audiencia de confesión provocada de fs. 105 y las declaraciones de los testigos de cargo, cursantes a fs. 107 a 108, que tienen todo el valor legal que le asignan los arts. 166 y 169, ambos del CPT., manifiestan de forma unánime que la demandante prestaba servicios externos de lavandera, que el contrato verbal era para que lave la ropa en su domicilio particular y no en el Hotel Diana, donde no la vieron trabajar como lavandera; antecedentes que nos permiten apreciar con verosimilitud, que no existió una relación de dependencia, subordinación, ni mucho menos exclusividad, entre el ahora demandante y la parte demandada, que cumpla con las exigencias previstas por ley para que sea acreedora de los beneficios solicitados en su demanda, pues durante este tiempo tenía la libertad de realizar otro trabajo, puesto que como se manifestó precedentemente, la actora lavaba la ropa en su domicilio particular.

Por otra parte, si bien es cierto, en materia social, la carga de la prueba corresponde al empleador quien debe desvirtuar las pretensiones del demandante, conforme prevén los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT., dicha normativa también prescribe que el actor puede aportar también la prueba que estime conveniente, que si bien no es un imperativo para él, sin embargo, es importante su aportación a fin de lograr elementos de convicción para que el juzgador emita un fallo conforme a derecho, extremo que no sucedió en el caso que se analiza, puesto que revisado el cuaderno procesal, se advierte que la parte demandante, no presentó prueba alguna que demuestre la existencia de una relación laboral de dependencia, porque la prueba documental adjuntada, como las literales de fs. 18 a 22, sobre pago de sueldos y salarios y la planilla de fs. 23, con las que la actora pretende justificar una relación laboral de dependencia y subordinación, están a nombre de Julio Cesar Rodríguez, concubino de la demandante, los cuales no son suficientes para determinar tal relación; por el contrario, se advierte que la parte demandada si cumplió con la carga de la prueba prevista por ley, conforme se evidencia de fs. 36 a 73 de obrados, a través de las que se demostró la inexistencia de una relación obrero-patronal, con las características esenciales establecidas en el art. 1 del DS. Nº 23570 de 26 de julio de 1993, que son: a) La relación de dependencia y subordinación  del trabajador respecto del empleador, b) La prestación del trabajo por cuenta ajena y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, concordante con el art. 2 de la misma norma legal, al  establecer que, en las relaciones laborales en las que concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, figura también contenida en el art. 2 del DS. Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, hecho que no se dio en el caso presente, ya que no se evidencia la existencia de ninguna de las características descritas precedentemente, pues en ningún momento la actora trabajó de manera exclusiva y como dependiente de quien ahora demanda; única razón que obligaría al demandado a pagar los beneficios sociales que reclama en su demanda; evidenciándose de esta manera, la inconsistencia de los argumentos esgrimidos por la demandante con relación a su condición de trabajadora con la persona que ahora demanda, más aún si tomamos en cuenta la ausencia de sueldos por todo el tiempo que supuestamente la trabajadora hubiese trabajado, elementos de juicio que nos permiten concluir que no existió remuneración mensual y mucho menos relación laboral.                             

Circunstancias que nos llevan al convencimiento de que entre la actora y el demandado, no existió relación obrero patronal de dependencia,  que reúna las características esenciales previstas por las normas citadas precedentemente, como de manera correcta concluyeron los de instancia, valorando de manera adecuada las pruebas adjuntadas durante la tramitación del proceso, conforme le facultan los arts. 3. j) y 158 y 200 del CPT., ya que si bien, la Constitución Política del Estado protege los derechos de las trabajadores y de los trabajadores, los cuales se encuentran consagrados en los arts. 46 y 48 de la Carta Fundamental, esta protección tiene su ámbito de aplicación en los casos en que haya existido o se haya comprobado de manera contundente una efectiva relación laboral, situación que en caso objeto de análisis no aconteció, motivo por el cual no corresponde reconocer a favor de la actora los beneficios sociales que demanda, no siendo evidente la infracción de los arts. 169 y 159 del CPT.

Con relación a la infracción del art. 166 del CPT., porque no se habría llevado a cabo la audiencia de confesión provocada a la hora fijada, este aspecto debió ser planteado en el recurso de casación en la forma, que persigue la nulidad de obrados por algún error de procedimiento en la tramitación de la causa, en tanto que el recurso en el fondo, busca la casación del auto de vista recurrido, pues si bien, conforme señala la recurrente que, la audiencia de confesión provocada fue fijada para el día viernes 25 de junio a horas 9:00 del año 2010 y se llevó a cabo recién a horas 10:30, sin embargo, dicho aspecto fue consentido por ambas partes, pues no existe en obrados reclamo oportuno de ninguna de las partes, motivo por el cual no se ingresa en mayores consideraciones sobre este punto.

Este mismo razonamiento debe ser aplicado para el caso de la infracción del art. 203 del adjetivo laboral, toda vez que si la parte recurrente consideró que la sentencia emitida por el a quo debió ser notificada primero a la parte afectada, extremo que no sucedió en el caso que se analiza, sin embargo, este reclamo debió solicitarlo en el recurso de casación en la forma y no en el fondo como erradamente pretende la parte demandante, debiendo aclararse que de una u otra forma, la parte demandante, de todas formas planteo el recurso de apelación correspondiente, donde no reclamo oportunamente este hecho; por esta razón este reclamo resulta extemporáneo en casación, por tanto no es evidente la infracción denunciada.

Por último, en cuanto a la vulneración del debido proceso, consagrado en los arts. 115. II y 180 de la Constitución Política del Estado, tampoco  es evidente, toda vez que en ningún momento se dejó a la parte demandante en estado de indefensión, prueba de ello es que fue la actora quien inicio la presente acción, de la cual tuvo conocimiento en todas las instancias y etapas de  la presente causa, interponiendo los recursos previstos por ley, motivo por el cual, tal acusación carece de fundamento factico y jurídico.                  

Bajo estos parámetros, se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación, corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271. 2) y 273 del Cód. de Pdto. Civil, aplicables por permisión de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en sujeción a lo estipulado en los art. 184. 1 y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 130 a 132. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.