SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 140/2015-L.

Sucre, 1 de julio de 2015.

Expediente: OR. 535/2010.

Distrito: Oruro

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 201 a 203, interpuesto por la Empresa Municipal de Aseo Oruro representada por su Gerente General a.i., José Gabriel Aranda Peñaranda y el asesor legal Edwin Hugo Villazón Berrios, contra el Auto de Vista Nº AV-SSA-34/2010 de 8 de abril, cursante de fs. 196 a 198, emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por Félix Ronald Ovando Palacios contra la institución recurrente, el auto de fs. 208 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social, de Oruro, emitió la Sentencia Nº 030/2009 el 31 de julio (fs. 133 a 137), declarando probada en parte la demanda de fs. 5 de obrados, sólo en lo referente al pago de duodécimas de aguinaldo de la gestión 2007, e improbada respecto al pago de desahucio, indemnización, vacación y multa del 30%. Sin costas; disponiendo que el personero legal de la entidad Municipal demandada cancele al actor dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, bajo alternativa de ley, la suma de Bs. 2.036,82.

En grado de apelación formulada por la parte demandante (fs. 151 a 154), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro pronunció el Auto de Vista Nº AV-SSA-34/2010 de 8 de abril, cursante de fs. 196 a 198, revocando la sentencia dictada a fs. 133 a 137 del proceso y deliberando en el fondo declaró probada la demanda disponiendo que la entidad demandada cancele al actor por concepto de indemnización y desahucio, la suma de Bs. 43.057 dentro de tercero día de ejecutoriada la indicada resolución, sin perjuicio de considerar la multa en ejecución de sentencia.

El referido fallo, motivó a la Empresa Municipal de Aseo Oruro a través de sus representantes legales, plantear recurso de casación en el fondo de fs. 201 a 203, quienes denuncian los siguientes hechos:

Expresa que el auto de vista no ha tomado en cuenta lo establecido por los arts. 16 - e) de la Ley General del Trabajo y 9 de su Decreto Reglamentario que establecen no haber lugar a desahucio ni indemnización cuando existe incumplimiento total o parcial del convenio de trabajo, y que no requiere pronunciamiento expreso de la justicia ni está subordinado a juicio criminal previo porque la apreciación de los ilícitos cometidos según el art. 3-j) del citado Código Procesal esta librado al criterio del juez y según las pruebas presentadas.

Indica que el auto de vista se limitó a enunciar las acciones penales que están en trámite, siendo que ya se emitió sentencia condenatoria que fue anulada en apelación por incorrecta valoración de algunas pruebas, sin embargo, el tribunal de alzada en ningún acápite del auto de vista anulatorio exime de los delitos tipificados al demandante al no anular la acusación, estando plenamente corroboradas por este tribunal de alzada los hechos punibles y el incumplimiento a las normas administrativas por parte del demandante.

Señala que el auto de vista recurrido no tomó en cuenta la documental presentada en sobre manila en anexo al expediente que refleja el verdadero incumplimiento de las normas, leyes, estatuto orgánico, reglamento interno y manual de funciones por parte del actor, a quien la EMAO contrato para que se desempeñe como gerente general a.i., quien desempeño estas funciones con poco acierto, constituyendo los errores que cometió una de las causas para prescindir de sus servicios, extremos que el tribunal de alzada no ha analizado ni considerado.

Concluye expresando que el auto de vista contiene violación a los arts. 16-e) de la Ley General del Trabajo, 9-e) de su Decreto Reglamentario, 3 inc. j), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, por lo que el tribunal debe casar el recurso y deliberando en el fondo conforme lo determina el art. 274 del mismo Código Adjetivo de la materia, declarar improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo, se coligen los siguientes aspectos para su resolución.

Respecto a la acusación de violación de los arts. 16-e) de la Ley General del Trabajo y 9-e) de su Decreto Reglamentario que establecen no haber lugar a desahucio ni indemnización cuando existe incumplimiento total o parcial del convenio de trabajo, y que no requiere pronunciamiento expreso de la justicia ni está subordinado a juicio criminal previo porque la apreciación de los ilícitos cometidos según el art. 3-j) del citado Código Procesal esta librado al criterio del juez y según las pruebas presentadas; la empresa demandada no consideró que conforme acertadamente lo determino el tribunal de apelación, de conformidad a lo establecido por el art. 67 del Código Procesal del Trabajo en su última parte: “…las acciones penales, civiles u otras incoadas contra un trabajador, no suspenden ni enervan la instancia laboral”, en el entendido de que encontrándose en trámite un proceso penal, sin contar con una sentencia condenatoria, éste no interrumpe ni impide al trabajador plantear la acción laboral en busca del cobro de sus beneficios sociales.

Al respecto, debe tenerse presente que los derechos laborales son irrenunciables, así los protege tanto el art. 162 de la Constitución Política del Estado, 4 de la Ley General del Trabajo, y 3 inc. g) del Código Procesal del Trabajo, en cuyo cumplimiento y desvirtuada que fue la causal de despido invocada por el empleador, en razón a no cursar sobre el demandante sentencia condenatoria ejecutoriada, resulta impertinente cualquier otra consideración ajena al fondo de la litis, para negar al actor el derecho a los beneficios sociales demandados, en este caso, por la supuesta configuración de la causal prevista en el art. 16 inc. e) de la Ley General del Trabajo, correspondiéndole por consiguiente el desahucio y la indemnización al tenor del art. 13 de la L.G.T., toda vez que su empleador Empresa Municipal de Aseo Oruro, no demostró estar ejecutoriada la resolución en la vía penal que acredite que el mismo hubiera incurrido en la causal de despido invocada para su destitución, es decir, la consignada en el inc. e) del art. 16 de la L.G.T. habiendo el tribunal ad quem con mejor criterio valorado los antecedentes y pruebas en correcto ejercicio de la facultad concedida por el art. 158 del Código Procesal del Trabajo, resultando no ser evidentes las violaciones aducidas en el recurso.

En cuanto a la aseveración de que el auto de vista recurrido no tomó en cuenta la documental presentada en sobre manila en anexo al expediente, que refleja el verdadero incumplimiento de las normas, leyes, estatuto orgánico, reglamento interno y manual de funciones por parte del actor; al respecto corresponde señalar que de la lectura del Auto de Vista AV-SSA-34/2010 (fs. 196 a 198), se evidencia que a tiempo de la emisión del mismo el tribunal de instancia consideró la prueba adjunta al proceso conforme señala en el segundo considerando: “Que del examen de los antecedentes y demás datos del proceso…”, extremo del cual se deduce su conocimiento.

Concluyéndose que la prueba fue compulsada por el tribunal ad quem de conformidad a lo establecido por los arts. 158 y 3 inc. j) del Código Procesal del Trabajo, resulta adecuada la fundamentación realizada por los vocales que suscribieron el auto de vista impugnado, al revocar la sentencia y declarar probada la demanda disponiendo el pago de indemnización y desahucio al actor, resultando no ser evidente la vulneración al art. 3-j) del Código Procesal del Trabajo.

Asimismo, cabe expresar que, conforme a la uniforme jurisprudencia nacional, la apreciación y valoración de la prueba por los juzgadores de instancia, es incensurable en casación; y excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la misma, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.", lo que en autos no sucedió.

En relación a la vulneración de lo previsto en los arts. 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, debe tenerse presente que en materia laboral, se aplica la inversión de la carga de la prueba según los artículos antes mencionados, teniendo el empleador la obligación de la carga de la prueba, sin perjuicio de que el trabajador pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes, correspondiendo al empleador desvirtuar los fundamentos de la acción.

En autos, la parte demandada-recurrente, sin considerar la finalidad de estas normas las acusa de vulneradas, sin especificar en qué consiste la violación señalada y sin cumplir con lo establecido por el art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil a efectos de su consideración por éste tribunal de casación, no procediendo por tanto realizar mayor análisis  en resolución.

Por último, es menester tenerse presente que, los apoderados de la institución recurrente de manera ilógica solicitan a este tribunal “casar el recurso”, sin considerar que en casación se recurre el auto de vista emitido por el tribunal de segunda instancia; y, el memorial de recurso presentado impugnando dicha resolución es el mecanismo para hacer conocer al tribunal de casación el o los agravios que considera ocasionados por el tribunal ad quem; estableciéndose de conformidad a lo establecido por el art. 271 del Código de Procedimiento Civil las formas de resolución para éste tipo de recursos.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto anteladamente, no siendo evidentes las violaciones aducidas por la Empresa Municipal de Aseo Oruro a través de sus representantes legales en el recurso de casación en el fondo de fs. 196 a 198, corresponde resolver el recurso conforme disponen los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 201 a 203.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.