SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 137/2015-L.

Sucre, 1 de julio de 2015.

Expediente: SCZ. 525/2010.

Distrito: Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano3

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 245 a 248, interpuesto por Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno representada por Gabriel Salvador Atila Virhuez, contra el Auto de Vista Nº 050 de 25 de marzo de 2010 cursante de fs. 196 a 198, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por Martha Leaños Ibáñez, contra la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, la respuesta de fs. 250 a 252, el auto de fs. 253 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, pronuncio la Sentencia Nº 86/2009 de 10 de septiembre de 2009, de fs. 160 a 163  declarando probada la demanda de fs. 12 a 13 de obrados, con costas, por haberse probado que los contratos a plazo fijo se convirtieron en indefinidos, y el despido de la trabajadora fue injustificado, correspondiendo el pago de sus beneficios sociales, debiendo la institución demandada cancelar a la actora por los derechos sociales requeridos, el monto de Bs.81. 981,74 (ochenta y un mil novecientos ochenta y uno 74/100 Bolivianos),  por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación y sueldos devengados.  

En grado de apelación deducida por la institución demandada de fs. 176 a 178, mediante Auto de Vista Nº 050 de 25 de marzo de 2010 de fs. 196 a 198, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó en todas sus partes la sentencia apelada de fs. 160 a 163, sin costas, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO).

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 245 a 248 interpuesto por la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno representada por Gabriel Salvador Atila Virhuez, argumentando en síntesis lo siguiente:

EN LA FORMA

La institución recurrente acusó que la juez desvirtuando la naturaleza sumaria del proceso laboral señalado en el art. 83 del Código Procesal del Trabajo, dispone la entrega de expediente a las partes para la formulación de conclusiones, condicionando el pronunciamiento de la sentencia al cumplimiento de formalidades propias del proceso ordinario, en evidente violación de los arts. 201 y 79 del Código Procesal del Trabajo que la sentencia debió dictarse inmediatamente vencido el termino de prueba, lo que ocurrió, según  consta en las notificaciones de fs. 34 que inclusive se admitieron otros memoriales con posterioridad, cuando lo que correspondía era que se dicte sentencia luego de estar vencido el termino de prueba, dentro del plazo establecido para los procesos laborales de 10 días inmediatamente vencido el termino de prueba con o sin alegatos o solicitud expresa.

Asimismo acusó que el Auto de Vista Nº 50 de 25 de marzo de 2010 de fs. 196 a 198 de obrados, en su último considerando señala la  prescripción no se habría operado, señalando que por disposición expresa del art. 128 del Código Procesal del Trabajo, las excepciones tienen que oponerse inexcusablemente todas juntas y antes de contestar la demanda; sin embargo en su parte resolutiva del auto de vista de fs. 196 a 198, el tribunal ad quem omite fallar expresamente sobre la procedencia o improcedencia de la excepción de prescripción.

EN EL FONDO

Argumenta que según consta en la prueba aportada por la parte demandante, a fs. 54 cursa el contrato Nº 472/03 de 22 de diciembre de 2003, que señala como termino de duración del contrato 370 días contando a partir del 22 de diciembre de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2004, y el contrato Nº 045/04 de fecha 25 de enero 2005 de fs. 56, por el término de 164 días, computándose desde el 17 de enero 2005 hasta el 30 de junio de 2005. Esta prueba documental reconocida en el proceso, demostró que hubo una interrupción en la relación laboral de 17 días periodo en el que la demandante dejó de trabajar entre el 1 al 17 de enero 2005, por lo que es evidente que la relación laboral quedo cortada o interrumpida, entre la U.A.G.R.M. y la demandante habiendo en consecuencia prescrito cualquier derecho sobre este periodo.

Agrega que conforme determina el art. 120 de la Ley General del Trabajo, “Las acciones y derechos provenientes de esta ley se extinguirán en el término de años de haber nacido ellas” concordante con el art. 163 de su reglamento, por lo que consta en obrados que la demanda fue presentada en fecha 20 de diciembre de 2008, según la constancia de recepción de fs. 14, de donde se tiene que desde la indicada ruptura de la relación laboral de fecha 31/12/04, hasta la mencionada presentación de la demanda en fecha 20/12/08, ha trascurrido 3 años 11 meses 20 días.   

En ese contexto denunció errónea interpretación y violación al art. 1497 del Código Civil, y arts. 127, 128 y 133 del Código Procesal del Trabajo, toda vez que lo dispuesto en las normas citadas precedentemente solo disponen que las excepciones previas son las que sustentan a las obligaciones de ser opuestas al mismo tiempo antes de contestar la demanda, lo que no ocurre con las excepciones de prescripción ya que por lo dispuesto en el art. 127 del Código Procesal, esta no tiene la calidad de excepción previa, sino al contrario, tiene la calidad de excepción perentoria, por lo que al amparo del art. 133 del Código Procesal del Trabajo, ella debe ser resuelta juntamente con la causa principal.     

Concluyó solicitando que la Corte Suprema de Justicia, CASE el Auto de Vista, e ingresando a considerar en el fondo se dicte nueva sentencia resolviendo el derecho controvertido.

CONSIDERANDO II: Que, del examen a los antecedentes del proceso y lo argumentado en recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde verificar si es o no evidente lo denunciado, de cuyo análisis se establece lo siguiente:

EN LA FORMA

En cuanto a la denuncia de que el juez, vulnero los arts. 201 y 79 del Código Procesal del Trabajo, toda vez que la sentencia debió dictarse inmediatamente vencido el termino de prueba, y lo que ocurrió, según  consta en las notificaciones de fs. 34 que inclusive se admitieron otros memoriales con posterioridad, lo que correspondía, que la sentencia sea dictada dentro del plazo establecido para los procesos laborales de 10 días, con o sin alegatos o solicitud expresa; al respecto cabe señalar que estos extremos, no fueron motivo de análisis, consideración y resolución en grado de apelación, en tal virtud no procede su impugnación, menos su consideración y resolución en la vía de la casación.

Con relación al reclamo de falta de pronunciamiento en el auto de vista recurrido, sobre la prescripción opuesta, acarreando la nulidad de obrados, así como sobre la excepción de prescripción; cabe señalar que dichas aseveraciones no resultan evidentes, toda vez que el tribunal ad quem sí, emitió pronunciamiento al respecto, señalando: “…que asimismo la sustanciación del proceso, se demostró que al haber sucesivos contratos suscritos entre la ex trabajadora y la U.A.G.R.M. no opero la prescripción establecida en el art. 120 de la Ley General del Trabajo, como correctamente lo interpreto la juzgadora. Más aún cuando por disposición expresa del art. 128 del Código Procesal del Trabajo, las excepciones establecidas en el art. 127 del Código Procesal del Trabajo, tienen que oponerse inexcusablemente todas juntas y antes de contestar la demanda, situación jurídica que la U.A.G.R.M., no cumplió…” de tal manera se advierte que los mismos no resultan ser ciertos.

EN EL FONDO

En cuanto al reclamo que se demostró que existió interrupción en la relación laboral de 17 días, por lo que es evidente que la relación laboral quedo cortada o interrumpida, entre la U.A.G.R.M. y la demandante habiendo en consecuencia prescrito cualquier derecho sobre este periodo conforme el art. 120 la Ley General del Trabajo, incurriendo el tribunal en errónea interpretación y violación de los arts. 1497 del Código Civil, y 127, 128 y 133 del Código Procesal del Trabajo, toda vez que lo dispuesto en las normas citadas precedentemente solo disponen que las excepciones previas son las que sustentan a las obligaciones de ser opuestas al mismo tiempo antes de contestar la demanda, lo que no ocurre con las excepciones de prescripción, ya que por lo dispuesto por el art. 127 del Código Procesal, esta no tiene la calidad de excepción previa, sino al contrario, tiene la calidad de excepción perentoria, por lo que al amparo del art. 133 del Código Procesal del Trabajo, ella debió ser resuelta juntamente con la causa principal. Al respecto, es pertinente señalar que la prescripción, es entendida por Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Tomo VI pág. 374), como la “…consolidación de una situación Jurídica por efecto del transcurso del tiempo (…) ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad…”, refiriendo además que la prescripción de acción debe ser entendida como la: “…caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal, por haber dejado transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o demandarlos…”. En ese sentido, queda claro que la inactividad del ejercicio de un derecho o beneficio por el periodo de un tiempo, que debe estar regulado por ley, conduce a su pérdida.
A lo mencionado, corresponde precisar que la prescripción debe ser diferenciada en cuanto a su tratamiento conforme a la naturaleza de la materia en la que es aplicada; de tal forma, es que aquella operada en el derecho civil, en base a las características propias que hacen a dicha materia, a adquirir un derecho o liberarse de una obligación; donde el adquirir un derecho a criterio del autor mencionado precedentemente- se traduce en el derecho por el cual el poseedor de una cosa, adquiere la propiedad de ella por la continuidad de la posesión durante el tiempo fijado por ley; y la liberación de una obligación se constituye en una excepción para repeler una acción, por el sólo hecho de que quien la entabla ha dejado durante cierto tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual se refiere; sin embargo, en materia laboral, asiste el resguardo de un tratamiento diferente, toda vez que “…existe un interés social en no prolongar por demás una situación de incertidumbre…” (Cabanellas, Guillermo, Tratado de Derecho Laboral, Tomo II, Volumen 3, pág. 532); de tal forma en este tratamiento, debe insertarse elementos que hacen a la relación laboral, traducidos en principios protectivos de la trabajadora y del trabajador, en función a su evidente desventaja con su empleador; debiendo además de ello, recordar su contenido con factores propios de desarrollo, al ser materia perfectamente delimitada en la realidad social.

Es en ese sentido, que el derecho procesal contempla la posibilidad de oponer excepciones, evitando las consecuencias de un proceso indebido, por existir ciertas circunstancias que impiden la constitución de la relación procesal, por razones de economía, estabilidad y regularidad procesal.

De tal manera, el legislador en resguardo de dichos derechos, y precautelando además los que le asisten al empleador, precisa en la normativa laboral especial aplicable, la interposición de dichas excepciones diferenciándolas en previas y perentorias, disponiendo y delimitando el periodo en el cual deberán ser interpuestas, conforme se tiene de los arts. 127 al 135 del Código Procesal del Trabajo; señalando de manera expresa, y en el caso que atañe, en sus artículos 127. b) la facultad de oponer la excepción perentoria de prescripción, preceptuando: “…Perentorias: de pago, prescripción y cosa juzgada…”, y 133: “…Las excepciones perentorias serán resueltas juntamente con la causa principal. En ejecución de sentencia sólo podrán oponerse las excepciones perentorias sobrevinientes y fundadas en documentos preconstituidos…”; todo ello, en concordancia con los arts. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Decreto Reglamentario; infiriéndose de tal forma que dicha excepción debe ser resuelta con la causa principal; es decir, en sentencia, y de manera extraordinaria las sobrevinientes y fundadas en documentación preconstituida en ejecución de sentencia; infiriendo de tal forma, que bajo los elementos protectivos prevalentes que rigen en materia laboral reconocidos constitucionalmente como principios, la normativa especial, delimita que el periodo de tiempo transcurrido para la pérdida de los derechos y beneficios que asisten al trabajador y operarse la prescripción, sea reclamado en sede jurisdiccional, ante su real existencia y de pleno conocimiento del empleador hasta la resolución de primera instancia; siendo solamente ante el conocimiento sobreviniente del empleador, pueda ser reclamado en ejecución de sentencia en ejecución de sentencia.

Bajo dicho marco jurídico, de la exhaustiva revisión de los antecedentes de la presente causa, se advierte en la especie que la prescripción fue opuesta a momento de plantear el recurso de apelación  (fs. 177 vuelta), al amparo del art. 1497 del Código Civil, concordante con los art. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 del Reglamento a esta norma legal, que conforme lo señalado supra la excepción de prescripción, si bien podrá ser opuesta incluso en ejecución de sentencia, solo si esta fuera planteado en el primer actuado;  lo que en el presente caso no ocurrió.    

Asimismo, podemos señalar que en el derecho laboral, por su naturaleza protectiva a favor del trabajador, debe aplicarse el criterio de  igualdad entre partes, que permitan un razonable equilibrio, notoriamente desigual, dada por la diferencia económica y social existente; entre el empleador y el trabajador, principio protectivo plasmado en los arts. 46 y 48. III de la Constitución Política del Estado, 4 de la Ley General del Trabajo, 3. g) y 59 del Código Procesal del Trabajo.

  En este contexto, el artículo 48 parágrafos I, II y III de la Constitución Política del Estado, sostiene que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajador, asimismo, dispone que los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores son irrenunciables y son nulas todas las convenciones contrarias; a su vez, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 28691 de 1° de mayo de 2006, ratifica la vigencia de los principios del Derecho Laboral, entre ellos el principio protector, por el cual Estado debe proteger al trabajador, el in dubio pro operario que dispone que en caso de duda interpretativa de las normas se debe aplicar la más favorable al trabajador y la regla de la condición más beneficiosa, por la cual se debe respetar la situación anterior concreta que más favorece al trabajador.         

De todo lo expuesto, se concluye que las afirmaciones realizadas en el recurso de casación, carecen de sustento legal; ya que el auto de vista recurrido emitido por el tribunal ad quem, se sujeta a las normas legales en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, al contrario existió correcta valoración, interpretación, congruencia y aplicación de la ley, de conformidad al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso deducido de fs. 245 a 248.

Sin costas por disposición de los arts. 39 de la Ley 1178 (SAFCO) de 20 de julio de 1990. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.