SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 135/2015-L.

Sucre, 01 de julio de 2015.

Expediente: TJA. 519/2010.

Distrito: Tarija

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

VISTOS: El recurso de casación parcial en el fondo de fs. 209 a 210, interpuesto por Víctor Freddy Bustamante Peña, representante de la empresa B y G, y el recurso de casación parcial en el fondo de fs. 215 a 218 interpuesto por Gonzalo Valverde Armella en representación legal de Franz Castro Cardozo, contra el Auto de Vista de 15 de julio de 2010 cursante de fs. 201 a 203, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso social que se tramita en liquidación seguido por Franz Castro Cardozo representado por Waldo Gonzalo Valverde Armella, contra la Empresa Constructora B y G, la respuesta de fs. 215 a 218, el auto de fs. 222 que concedió los recursos; los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de Tarija, en cumplimiento al Auto de Vista de 9 de febrero de 2010 (fs. 163 a 164), pronunció la Sentencia de 15 de marzo de 2010 de fs. 171 a 172,  declarando probada en parte la demanda de fs. 7 a 10, de obrados, e improbada la excepción de pago documentado, con costas, debiendo la empresa demandada cancelar al actor por los derechos sociales el monto de Bs. 33.253 (treinta y tres mil doscientos cincuenta y tres 00/100 Bolivianos), por concepto de quinquenio, bono de antigüedad, horas extras y aguinaldo. 

En grado de apelación deducida por ambas partes de fs. 175 a 179, y de fs. 183 a 186, mediante Auto de Vista de 15 de julio de 2010 de fs. 201 a 203, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Tarija, confirmó  parcialmente la sentencia apelada de fs. 171 a 172 modificando el monto total a pagar en favor del actor la suma de Bs. 21. 793,80 (veintiún mil setecientos noventa y tres 80/100 Bolivianos), por beneficios sociales consistente en indemnización, bono de antigüedad y horas extras, sin costas por la confirmación parcial. Luego a solicitud del demandado por Auto Complementario de 21 de julio de 2010 (fs. 206), aclaró los términos del auto de vista, sobre el salario indemnizable.

Dichos fallos motivaron los recursos de casación en parte en el fondo de fs. 209 a 210 interpuesto por Víctor Freddy Bustamante Peña en representación de la Empresa Constructora B y G, y de fs. 215 a 218 interpuesto por Franz Castro Cardozo representado por su apoderado Gonzalo Valverde Armella, quienes por separado argumentan en síntesis lo siguiente:

En el primer recurso, planteado de fs. 209 a 210 por la empresa demandada:

La empresa recurrente a través de su representante acusó que, el tribunal ad quem cometió error de hecho en la apreciación del salario indemnizable al no considerar las pruebas de descargo ofrecidas, consistentes en los comprobantes de pago cursantes de fs. 17 a 21 y fs. 63 a 65, demostrando con estas pruebas que el salario indemnizable es de Bs. 1.100 y no así de Bs. 1.751,03, es decir, que el tribunal de alzada incurrió en error momento de establecer un sueldo indemnizable superior, cuando debió establecer el salario indemnizable de Bs. 1.100 y en mérito a ello proceder a liquidar el monto de la indemnización de los 8 meses y bono de antigüedad.

Asimismo acusa que el auto de vista impugnado parcialmente, condena a su persona a pagar Bs. 15.600 por 1.248 horas extras, sin establecer el fundamento para fijar dicho pago, toda vez que revisado el expediente la única prueba presentada al proceso fue por su persona de fs. 17 a 21, las mismas que acreditan el pago de las referidas horas extras, las mismas que fueron consideradas por el tribunal ad quem como creíbles, sin embargo de manera contraria ordenan el pago de horas extras, existiendo error de hecho en la apreciación de las pruebas, debiendo haber dejado sin efecto el mismo.  

Concluyó solicitando que la Corte Suprema de Justicia, CASE el Auto de Vista de fecha 15 de julio y se proceda a realizar nueva liquidación.

En el segundo recurso, interpuesto por el actor de fs. 215 a 218:

El recurrente acusó que, la sentencia como el auto de vista es contraria en parte, por errada interpretación y violación a las normas constitucionales como procedimentales en materia laboral; que el salario indemnizable de Bs. 1.751,03 viola el art. 19 de la L.G.T., así como también lo dispuesto en la Ley de 9 de noviembre de 1940 y el D.S. Nº 1592 de 19 de abril de 1949, toda vez que el salario indemnizable comprende el conjunto de dinero que perciba el trabajador, incluyendo las comisiones y participaciones así como también las horas extras, trabajos nocturnos y el trabajo en días feriados, en consecuencia al corresponder de acuerdo al art. 60 del D.S. 21060, un bono de antigüedad del 26%, así como el trabajo realizado en días domingos que debe ser pagado el triple de un día normal, más las dos horas extras trabajadas por día con el 100% de recargo, por lo que considera que el sueldo indemnizable es Bs. 3.054,66, y que la condenación  insulsa de pago de 8 meses de trabajo no es correcta, que  en realidad corresponde el pago por 14 años de indemnización, además del bono de antigüedad y horas extras, probados en la oportunidad procesal; que debía  haberse aplicado el art. 13 de la L.G.T., y el art. 8 del Decreto Supremo Reglamentario Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992; derechos que no fueron valorados ni pronunciados por el tribunal ad quem. Agrega que se infringió el art. 48 inc. IV de la Constitución Política del Estado, como también el art. 44 de la L.G.T., el D.S. Nº 12058 de 24 de diciembre de 1972, concordante con el art. 120 de la L.G.T., porque los juzgadores no se pronunciaron sobre sus derechos de:  pago retroactivo de aguinaldo por dos gestiones conforme la Ley de 18 de diciembre de 1944, de Bs. 12.218,64, asimismo pago retroactivo de 2 gestiones de vacaciones, de acuerdo al art. 44 de la L.G.T., según el D.S. Nº 12058 de 24 de diciembre de 1974, correspondiendo el pago de 60 días, en el monto de Bs. 6.109,32, pago de 48 días domingos de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, concordante con los arts. 46, 47 y 55 de la L.G.T. correspondiéndome la suma de Bs. 14.662,08, pago retroactivo de 22 días feriados de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, concordante con los arts. 46, 47 y 55 de la L.G.T. y el art 35 de su Decreto Reglamentario, correspondiéndole  la suma de Bs. 4.480,08. Aduciendo que estos beneficios sociales le corresponden y que ascienden a un total de Bs. 108.264,1.

Concluyó solicitando que en base a los agravios expresados, se case en forma parcial el auto de vista recurrido que debe contemplarse los derechos pretendidos, con costas y aplicar el art. 9 del D.S. Nº 28699.                                

CONSIDERANDO II: Que, del exámen a los antecedentes del proceso y los argumentos expuestos en los recursos de casación de cuyo análisis se establece lo siguiente:

Previo a ingresar al análisis de los recursos interpuestos, con carácter previo, corresponde recordar que, en cumplimiento del art. 15 de la Ley de Organización Judicial Nº 1455, los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar de oficio a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes o disponer la nulidad de obrados conforme faculta el art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

En relación con lo señalado precedentemente, el art. 252 del Código Adjetivo Civil, establece, que “El juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.” En concordancia con la disposición legal citada, el art. 90 del mismo cuerpo legal, dispone que: I. Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley. II. Las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas.

De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, no es posible admitir la declaración de nulidad por la nulidad misma, o como manifiesta Eduardo Couture, para satisfacer pruritos formales, constituyendo ella una excepción cuando se han vulnerado las normas del proceso, concediéndose al juzgador la facultad de declararla aún de oficio cuando los actos viciados interesen al orden público, pues el cumplimiento de su obligación fiscalizadora le obliga en estos casos, tomando en cuenta que se trata de vicios que se traducen en nulidades inconfirmables por las partes.  Al respecto, Pastor Ortiz Mattos expresa en su obra: El recurso de Casación en Bolivia, “…establece el carácter publicista del proceso que no permite, bajo sanción de nulidad, a convenir renuncias a las reglas del procedimiento, como las permitía la Compilación derogada en la que campeó el principio de disponibilidad del proceso…”

Que, el recurso de casación es considerado como “…aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en revisión por las Cortes Superiores o las sentencias de primera instancia,..” (Hinostroza Minguez Alberto José).

En el caso de autos, examinados los actuados se colige que el tribunal ad quem, emite el auto de vista impugnado, sin ninguna fundamentación, motivación,  congruencia y pertinencia, es decir el auto de vista no guarda relación con los agravios señalados en los recursos de apelación, conforme establece el art. 236  del Código de Procedimiento Civil, que a la letra señala: “El auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el art.  227, excepto lo dispuesto en la parte final del art. 343.” Lo que no sucedió en el presente caso, toda vez que el auto de vista confirma parcialmente la sentencia apelada y modifica la misma realizando una liquidación incongruente con los datos del proceso, sin dar respuesta clara de porque se sanciona al pago de 1.248 horas extras, cuando en el auto de vista señala que la prueba tiene que ser valorada de manera integral debiendo reconocerse la documental de fs. 17 a 21, que fue objeto de pericia, tampoco es precisa para determinar el tiempo de servicios, peor aún, este tiempo de servicios, no coincide con la liquidación del bono de antigüedad dispuesto, aspectos que fueron objeto de reclamo tanto por el demandante como por el demandado, tampoco da respuesta fundamentada y motivada referente al pago retroactivo de aguinaldo, pago retroactivo de 2 gestiones de vacaciones y pago de 48 días domingos; por el contrario sintetiza los agravios reclamados dando respuestas nada claras, sin tomar en cuenta, el deber jurídico que hace al debido proceso, que implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración de manera COHERENTE Y MOTIVADA, de modo tal que le permita al recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos significaría que se vulnera el derecho al debido proceso consagrado y protegido por los arts. 115 y 119. I de la Constitución Política del Estado (2009) y art. 16 de la Constitución Política del Estado (1967), así la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.(...) cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas".

Por consiguiente, en el marco legal descrito, al haberse violado normas de orden público y cumplimiento obligatorio, corresponde enmendar el error incurrido por el tribunal de alzada y dar aplicación, de oficio, a la previsión contenida en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, correspondiendo en consecuencia a este Tribunal Supremo de Justicia, emitir su fallo conforme lo previsto por el art. 271. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en virtud de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fs. 198 vuelta inclusive, disponiendo que el tribunal de apelación, sin espera de turno y previo sorteo de la causa, pronuncie un nuevo auto de vista, aplicando las previsiones contenidas en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Con responsabilidad para los Vocales suscriptores del auto de vista recurrido, que se gradúa en un día de su haber mensual, que les será descontado de sus haberes a favor del Tesoro Judicial.

A los fines de Ley, remítase copia de la presente decisión al Consejo de la Magistratura, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 17.IV de la Ley Nº 025 de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.