SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 132/2015-L.

Sucre, 1 de julio de 2015.

Expediente: LPZ. 513/2010.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de nulidad o casación de fs. 113 a 114, interpuesto por la Caja Nacional de Salud representada por Abdón Ramiro Laora Blanco, contra el Auto de Vista Nº 024/2010 SSA-III de 5 de febrero, cursante a fs. 109, emitido por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social que se tramita en liquidación, por cobro de beneficios sociales seguido por Juan Carlos Cruz Vargas contra la Caja Nacional de Salud, la respuesta de fs. 116 a 119, el auto de fs. 123 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Séptimo del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 37/2009 el 5 de junio de 2009 de fs. 80 a 85, declarando probada en parte la demanda de fs. 8 a 9 de obrados y probada en parte la excepción perentoria de pago, opuesta por memorial de fs. 22 de obrados, disponiendo que la Caja Nacional de Salud a través de su representante legal, proceda al pago a favor del actor de Bs. 134.370,82.- por concepto de indemnización, desahucio, duodécimas de aguinaldo gestión 2008, vacación por las gestiones 2006, 2007 y 2008, multa del 30% conforme al Decreto Supremo Nº 28699; disponiendo además que, se salvan los derechos que tuviera la parte demandada para recuperar por la vía que corresponda los incentivos cancelados relativos a la gestión 1990.

En grado de apelación formulada por la institución demandada de fs. 98 a 99, la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 024/2010 de 5 de febrero (fs. 109), confirmando la Sentencia Nº 037/2009 de 5 de junio, de fs. 80 a 85 de obrados.

El referido fallo de segunda instancia, motivó a la institución demandada a través de su representante legal, a interponer el recurso de nulidad o casación de fs. 113 a 114, en el que esgrime los siguientes fundamentos:

Expresa que los de instancia no consideraron que los descuentos realizados por concepto de incentivo 1990 y actualización de incentivo 1990, pueden ser descontados de los beneficios sociales, en aplicación del principio universal de prevención de enriquecimiento sin causa, lo que no es igual al embargo, como lo señala la jurisprudencia expresada en el Auto Supremo Nº 66 de 19 de mayo de 1981.

Indica que el documento que cursa a fs. 69, correspondiente a la planilla de beneficios sociales  se encontraba elaborado el 2 de junio de 2008, habiendo sido el demandante quien no realizó el cobro respectivo al no apersonarse a las oficinas de la Caja Nacional de Salud, aspecto que no fue considerado por el tribunal de apelación, no habiéndose podido demostrar por la falta de notificación con el término de prueba por lo que no corresponde la multa del 30%.

Solicita al amparo del art. 247 de la Ley de Organización Judicial, se proceda a la nulidad de obrados hasta fs. 28, por evidenciarse que en dicha foja cursa notificación con el auto de apertura del término de prueba, en el cual no consta sello de recepción del departamento jurídico de la Caja Nacional de Salud, ni de testigo de actuación como en otras notificaciones de fs. 11, 15, 63, 74 y 86 del expediente, ocasionando esta falta, una merma en el derecho a la legítima defensa de la institución conforme se verifica del memorial de fs. 44 a 45 presentado al límite del término de prueba y del cual se enteraron por el seguimiento que realizan los procuradores de la Caja Nacional de Salud en juzgados, motivo por el cuál ante la imposibilidad de acumular pruebas se solicitó por memorial de fs. 60 ampliación del término de prueba, el que fue rechazado. Por lo que al limitarse el derecho a la defensa se incumplió lo dispuesto por el art. 149 del Código Procesal del Trabajo y art. 247 de la Ley de Organización Judicial.

Concluye su memorial de recurso expresando: “de esta manera se evidencia que es posible invocar la nulidad de notificación, puesto que la notificación observada produjo INDEFENSIÓN a la Caja Nacional de Salud, no permitiéndole presentar pruebas ni producirlas durante los diez días dispuestos por el juez de primera instancia.”

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los fundamentos del recurso, se pasa a considerar para su resolución:

En relación a la acusación que los de instancia no consideraron que los descuentos realizados por concepto de incentivo 1990 y actualización de incentivo 1990, pueden ser descontados de los beneficios sociales, en aplicación del principio universal de prevención de enriquecimiento sin causa; debe tenerse presente al respecto que el juez de primera instancia con justo criterio, al no encontrar sustentado legalmente el descuento ni establecerse los motivos del mismo dispuso que corresponde su reposición, señalando en la parte resolutiva de la sentencia que “…con relación a los incentivos de 1990, se salva los derechos que tuviera la parte demandada para recuperar por la vía que corresponda…”; y el tribunal ad quem a tiempo de confirmar dicha resolución, adecuadamente expresó: “Que, la institución demandada en su recurso de apelación manifiesta que el incentivo percibido por el actor en la gestión 1990 fue producto de la anarquía existente en esa institución quienes manejaron de forma irresponsable, imprudente y discrecional la Caja Nacional de Salud autorizando incentivos ilegales, que el mismo demandante reconoció haber percibido, por lo que siendo estos ilegales deben ser devueltos a la institución, al respecto como bien señala la parte apelante, el actor efectivamente manifiesta haber percibido dicho incentivo reconocido no solo a su persona sino a todos los dependientes de la caja Nacional de Salud, constituyéndose en un derecho reconocido por todos los trabajadores en la gestión señalada, no habiendo la parte empleadora demostrado la ilegalidad de dicha retribución por ningún medio de prueba más aún si se toma en cuenta que en la materia rige el principio de la inversión de la prueba según mandan los Arts. 66 y 160 del C.P.T.; siendo más bien ilegal la forma en la que se procede a momento de liquidar los derechos laborales del demandante, consiguientemente dicho pago debe mantenerse, mientras la parte demandada no demuestre en la vía legal que corresponda la ilegalidad en el cobro de dicho incentivo.” (las negrillas son añadidas), motivo por el cual resulta correcta la determinación de disponer que no es válido el descuento efectuado por la institución del finiquito correspondiente al actor; sin embargo, no se niega dicho aspecto, pudiendo la Caja Nacional de Salud recuperar por la vía correspondiente dichos montos si en derecho correspondieren.

En efecto, cabe señalar que la Constitución Política del Estado de 1967, dispone en su art. 162 par. II que "los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias y que tiendan a burlar sus efectos", es decir que la norma fundamental del ordenamiento jurídico aplicable con preferencia a las leyes, establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, en consecuencia, es imprescindible no ignorar que los tribunales, jueces y autoridades deben aplicar la ley suprema del ordenamiento jurídico con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otra resolución, a más de que los beneficios sociales son inembargables por imperio de los arts. 52 del Decreto Supremo de 16 de marzo de 1925 y 92 de la Ley General del Trabajo; asimismo el art. 3 inc. g) del Código Procesal del Trabajo, establece el principio de proteccionismo, por el que los procedimientos laborales busquen la protección y la tutela de los derechos de los trabajadores. En ese marco, la deducción realizada por la institución demandada a momento de la liquidación de beneficios sociales va en contra de la Constitución Política del Estado, así como el art. 4 de la Ley General del Trabajo, normas aplicables con preferencia, por lo que los tribunales de instancia determinaron correctamente al respecto.

De la aseveración de que fue el demandante quien no realizó el cobro de su finiquito oportunamente, al no apersonarse a las oficinas de la Caja Nacional de Salud, por lo que no corresponde la multa del 30% aplicada; se debe puntualizar que el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en su artículo 9 señala: (DESPIDOS). I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor”.

En mérito a ésta norma, se garantiza el derecho de las trabajadoras y los trabajadores, a percibir el pago de los beneficios sociales de manera pronta y oportuna una vez se haya producido la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días de haberse efectuado, con el 30% de multa del total de beneficios y derechos laborales impagos.

Ante ello, el empleador en cumplimiento de lo que la ley le ordena, debe tomar los recaudos necesarios para efectivizar el pago de los beneficios sociales y derechos laborales adeudados, más allá de ser un retiro forzoso, indirecto o voluntario, en resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo, garantizando así su subsistencia y la de su familia; de tal forma, queda facultado para efectuar dicho pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia por ante el Ministerio de Trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia de las observaciones que considere necesarias, salvaguardando además con ello, posibles acciones dilatorias que tiendan a la obtención de un beneficio indebido, como la multa del 30% por parte del trabajador; resguardando de tal forma, el equilibrio necesario entre empleador y trabajador, toda vez que al dar cumplimiento al amparo que la ley otorga al pago oportuno de lo adeudado al trabajador, también la ley precautela los derechos del empleador, siendo este quien debe hacer uso de ellos; concluyéndose en mérito a ello no ser evidente la afirmación efectuada por la institución recurrente.

En cuanto a la solicitud de nulidad de obrados hasta fs. 28, por evidenciarse que en dicha foja cursa notificación con el auto de 31 de octubre de 2008 de apertura del término de prueba en el cual no consta sello de recepción del departamento jurídico de la Caja Nacional de Salud, ni de testigo de actuación como en otras notificaciones de fs. 11, 15, 63, 74 y 86 del expediente, ocasionando ésta falta, una merma en el derecho a la legítima defensa de la Caja Nacional de Salud; al respecto, de la revisión de obrados se verifica de fs. 44 a 45, memorial, por el cual el representante de la Caja Nacional de Salud presenta prueba de descargo sin expresar vulneración de derecho alguno ni la falta de notificación expresa con el auto de apertura de término de prueba de 31 de octubre de 2008 (fs. 27). No habiéndose cuestionado este aspecto en el momento procesal correspondiente, ni en ningún actuado procesal posterior, hasta antes del recurso de casación, por lo que, es necesario indicar que la jurisprudencia de este Tribunal, estableció que en materia de nulidades procesales, se deben observar ciertos principios, tales como: el principio de convalidación, de especificidad y trascendencia entre otros, de modo que la nulidad resulte útil en el proceso y tenga la bondad de restablecer derechos procesales que pudieron haberse lesionado, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva en el caso del demandante, o el derecho a la defensa en el caso del demandado, o para evitar la intromisión en determinada causa de terceros ajenos a la litis y, en definitiva, garantice la justicia del fallo.

En ese marco, el error procedimental debe estar expresamente sancionado por ley (principio de especificidad), además debe reclamarse a tiempo; lo contrario, en caso de no haberse reclamado oportunamente, el error se tendrá por convalidado (principio de convalidación) y consiguientemente precluido el derecho.

Es decir, que "frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho", como lo afirma el tratadista Eduardo J. Couture, (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, página 391), lo que significa que si la parte que se creyere afectada no impugna mediante los recursos que la ley le franquea y deja vencer los términos de interposición, sin hacerlo, debe presumirse que la supuesta nulidad no le perjudica gravemente y que renuncia a los medios de impugnación, operándose la preclusión de su etapa procesal, no pudiendo acusar vicios de nulidad en el recurso de casación.

En ese análisis es preciso recordar que el proceso se desenvuelve en instancias o etapas, de modo que los actos procesales deben ejecutarse en un determinado orden y observando una debida diligencia y cuidado del interesado; ese desenvolvimiento procesal ordenado responde al principio de preclusión; el principio que en el derecho procesal supone que las diversas etapas del proceso se desarrollen en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiendo su regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados; por ello, la preclusión se entiende como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.

Por lo cual, si el recurrente, no observó en su oportunidad como correspondía su derecho a plantear los recursos que la ley le franqueaba; ahora ya no es posible pretender que ese su error sea extemporáneamente considerado y enmendado por esta instancia de casación, cuya competencia está limitada para el conocimiento exclusivo de cuestiones de puro derecho; debiendo considerarse lo dispuesto en el art. 258 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil que determina que: "En el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos, ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores", imponiendo la norma que el reclamo deb realizarse oportunamente en las instancias correspondientes mediante el respectivo incidente de nulidad. En consecuencia este Tribunal se halla imposibilitado de realizar mayor análisis con referencia a esta petición, resultando desatinadas las violaciones invocadas respecto al art. 149 del Código Procesal del Trabajo y 247 de la Ley de Organización Judicial.

Por último, de la lectura del memorial del recurso en estudio se verifica que el mismo no formula un petitorio claro y concreto, concluyendo el recurso expresando que “de esta manera se evidencia que es posible invocar la nulidad de notificación, puesto que la notificación observada produjo INDEFENSIÓN a la Caja Nacional de Salud, no permitiéndole presentar pruebas ni producirlas durante los diez días dispuestos por el juez de primera instancia.”, sin tomar en cuenta que las formas de resolución están establecidas en el art. 271 del Código de Procedimiento Civil,  para el recurso de casación.

Consiguientemente, no siendo evidentes las violaciones aducidas en el recurso de nulidad o casación de fs. 113 a 114, corresponde resolver el recurso conforme disponen los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso con la permisión contenida en el art. 252 del Código Procesal Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 180. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de nulidad o casación de fs. 113 a 114; sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.