SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 131/2015-L.

Sucre, 1 de julio de 2015.

Expediente: LPZ. 511/2010.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

VISTOS: El recurso de casación en  el fondo y en la forma de fs. 127 a 128, interpuesto por la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE, representada por José Manuel Pinto Claure, contra el Auto de Vista Nº 010/2010 de 22 de enero de 2010 (fs. 119 a 120), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera  de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales que se tramita en liquidación, seguido por el demandante Félix Ángel Vega Beltrán contra la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE, la respuesta de fs. 131 a 132, el auto que concedió el recurso de fs. 134, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 210/2008 de 24 de diciembre de 2008 de fs. 68 a 73, declarando probada en parte la demanda, cursante a fs. 20 a 21, e improbada la excepción de prescripción, en consecuencia dispone que la Empresa Nacional de Ferrocarriles a través de su representante legal pague a Félix Ángel Vega Beltrán, la suma de Bs. 40.699.32.- (Cuarenta Mil Seiscientos Noventa y Nueve 32/100 Bolivianos), por concepto de Indemnización, desahucio y vacación, estos montos correspondientes a beneficios sociales deberán ser actualizados en ejecución de sentencia de conformidad al D.S. 23381.        

En grado de apelación, deducido por la entidad demandada de fs. 77 a 78 y el demandante de fs. 100 a 102, la Sala Social y Administrativa Tercera del Distrito Judicial de La Paz, por Auto de Vista Nº 010/2010, de 22 de enero de 2010 de fs. 119 a 120, CONFIRMÓ en parte la Sentencia Nº 210/2008 de 24 de diciembre de 2008 de fs. 68 a 73 de obrados, correspondiendo que se cancele al actor la suma de Bs. 60.869.00 (Bolivianos Sesenta Mil Ochocientos Sesenta y Nueve 00/100.-), por concepto de indemnización, desahucio y vacación, por otra parte confirma la Resolución Nº 24/2009 de 6 de marzo de 2009 a fs. 103 a 105 de obrados, sin costas por la doble apelación.

Que, contra el referido auto de vista, la empresa demandada, interpone recurso de casación en el fondo y forma, a fs. 127 a 128, el mismo que indica lo siguiente:

1.- Recurso de casación en la forma y nulidad de obrados

Acusó que mediante Auto de fs. 47 de fecha 13 de noviembre de 2008, se habrió término probatorio de 10 días comunes y perentorios a las partes, que corre con la notificación de 17 de noviembre de 2008 a ambas partes, presentando el  demandante pruebas que solamente demuestran la relación laboral y posteriormente a este plazo, es decir después de haber transcurrido superabundantemente el término probatorio el demandante aparece con otras pruebas de fs. 64, 65 y 66 que interrumpen la prescripción, las mismas que se encontraban fuera de término y no debían ser consideradas conforme establece el art. 377 del Código de Procedimiento Civil, que mínimo para interrumpir la prescripción esta documentación debió ser presentada por ventanilla única de ENFE, y tener sello y hoja de ruta de esta oficina, modalidad que todos los funcionarios conocen.

Que en caso de ser presentadas en forma directa, la nota de fecha 6 de junio del 2002 está dirigida al Sr. Ing. Carlos Augusto Mertens U. Presidente Ejecutivo, sin embargo la presenta en Secretaria General, no coincidiendo el sello con otros documentos de Secretaria General de esa época, así como tampoco en la nota de agosto de 2001 la firma se desconoce a quién y a donde pertenece al no existir sello y por último la nota del 17 de abril de 2003 se presenta en forma directa a Presidencia Ejecutiva, demostrándose con estos hechos la falta de autenticidad y veracidad de estos documentos tal cual establece el art. 399 parte I del C.P.C., por lo que al ser susceptibles de veracidad son nulos para su consideración, omisiones del tribunal ad quem que  trae como consecuencia un fallo injusto e ilegal en contra de la Empresa Nacional de Ferrocarriles e intereses del Estado.

Nulidad de Obrados hasta el vicio más antiguo, así mismo de la revisión de obrados se puede constatar que la demanda inicialmente está dirigida contra Hernán Laruta Rodríguez, posteriormente en dos oportunidades aclara y modifica el nombre de los demandados y mediante memorial de fs. 8, solicitando se tenga presente los nombres de los actuales ejecutivos de ENFE (de ese entonces) siendo los señores Moisés Guzmán Eguez, Director Ejecutivo y Javier Miranda Vargas Director General de Administración y Finanzas, disponiendo el Juez de la causa que el oficial de diligencia tenga presente estos aspectos, y como consta a fs. 10 a 11, deja avisos judiciales y representa a ambas personas Moisés Guzmán y Javier Miranda con dicho actuado mediante decreto de fs. 12 disponiendo “… cítese mediante cédula a los personeros legales de la institución demandada al tenor del art. 76 del C.P.T.”, sin embargo el oficial de diligencias no cumple con lo dispuesto por el juez ni por el art. 21 y 22 del C.P.C., toda vez que notifica a ENFE y no así a sus representantes legales de entonces, peor aún notifica solamente en una oportunidad siendo dos los demandados. Además cabe considerar lo expresado por el demandante mediante su ilustradísimo patrocinante por memorial de fs. 23 donde indica que el C.P.T., en su art. 110 establece que “toda empresa tendrá un representante legal…”, disposición concordante con el art. 56 del C.P.C. respecto a que las entidades autárquicas concurrirán por medio de sus representantes…” Que de conformidad a lo previsto por el art. 128 del C.P.C., la citación con la demanda es nula, debiendo anularse el presente proceso hasta el vicio más antiguo.

Asimismo al no haberse considerado dar cumplimiento a lo previsto por los arts. 81 y 82 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y art. 34 del C.P.T., debido a que el Juez de primera instancia de la causa no subsano la notificación al Ministerio Publico con el ofrecimiento y la producción de las pruebas para su revisión por el fiscal correspondiente, tampoco existe dictamen de fondo con carácter previo a dictarse sentencia en el presente proceso y siendo las normas procesales de orden público y de cumplimiento obligatorio de conformidad al art. 90 del C.P.C., que debe ser aplicado en el presente proceso de conformidad al art. 252 del C.P.L. lo anteriormente expresado constituye nulidad de obrados.

Recurso de casación en el fondo

Que el auto de vista en su parte considerativa establece e incluye montos de dinero que no corresponden a la parte demandante y que son lesivos y atentan a la economía de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, disponiendo que la entidad demandada proceda al pago de Bs. 60.869.00.- por concepto de beneficios sociales, siendo que el cálculo de indemnización es de tres años con un sueldo promedio de los tres últimos meses de trabajo de Bs. 8.934.- no concuerdan con la suma de Bs. 29.600.- como indemnización, debiendo ser únicamente la suma de Bs. 26.802.- por lo que la suma exigida y establecida en el auto de vista impugnado, no corresponde y atenta contra los intereses económicos de ENFE.

Concluyó, solicitando que deliberando en el fondo y en la forma deberá dictar Auto Supremo casando el auto recurrido y disponiendo la nulidad de obrados que correspondan, sea con las formalidades de ley.  

CONSIDERANDO II: Examinados los antecedentes y el recurso de casación interpuesto, se tiene las siguientes consideraciones de orden legal:

Recurso de casación en la forma

Con relación a que la documentación presentada como prueba para enervar la prescripción, la misma que se encontraba fuera de término y no sería documentación idónea o auténticas por no llevar los sellos de las oficinas correspondientes de la empresa, debió haber sido rechazadas de oficio por la Juez a quo; al respecto, es importante tener presente que en materia laboral por la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador a tiempo de tener acceso a la prueba, el legislador a previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, conforme disponen los arts. 3. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo; es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, mas no una obligación; en este contexto, en el caso objeto de análisis, el recurrente se limita a mencionar sin mayor fundamento y sin ningún medio probatorio que la prueba presentada no fuera idónea o auténtica, por ésta razón,  no se evidencia vulneración alguna por parte de los juzgadores de instancia.

Que, en cuanto a la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo donde el recurrente acusó que la demanda inicialmente estaba dirigida contra Hernán Laruta Rodríguez, posteriormente contra los señores Moisés Guzmán Eguez, Director Ejecutivo y Javier Miranda Vargas Director General de Administración y Finanzas, que al disponer la Juez de la causa que el oficial de diligencia tenga presente este aspecto, sin embargo el mismo no cumplió lo dispuesto por el juez, toda vez que notifica a ENFE y no así a sus representantes legales de entonces, y de conformidad a lo previsto por el art. 128 del C.P.C., la citación con la demanda es nula; al respecto con referencia a la personería, debemos señalar que de acuerdo con el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, es “…capacidad legal para comparecer en juicio, así como también en el de representación legal y suficiente para litigar. Trátese, pues, tanto de la aptitud para ser sujeto de Derecho cuanto para defenderse en juicio…”, ahora bien, no se debe perder de vista que nuestro ordenamiento jurídico ha establecido como una forma de defensa el planteamiento de excepciones previas o dilatorias, fundadas por su objeto, naturaleza y efecto, como medio de defensa en lo formal, tiende a corregir errores (defecto legal en la demanda), a evitar un proceso inútil (litispendencia), a impedir un juicio nulo (incompetencia, falta de capacidad o personería); de manera que su finalidad es prevenir y subsanar oportunamente vicios de procedimiento, pero nunca para retardar o diferir el juicio; de ahí que resultan de previo y especial pronunciamiento. Así lo expuso el tratadista Eduardo Couture en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, donde señala que las excepciones previas "…. son defensas previas alegadas in liminelitis y que, normalmente, versan sobre el proceso, no sobre el derecho material alegado por el actor…." P. 115, Ed. Depalma, Buenos Aires 1981.

En ese sentido, el art. 128 del Código Procesal del Trabajo dispone: “Todas las excepciones previas se opondrán al mismo tiempo, antes de contestar a la demanda acompañando prueba preconstituida”, en el presente caso la empresa recurrente no interpuso en su oportunidad la excepción previa de impersonería si consideraba que existía algún vicio de nulidad en el proceso, pretendiendo  hacer dicho reclamo en esta instancia, cuando asumió defensa y prosiguió con su defensa sin hacer reclamo alguno en su oportunidad, por consiguiente, dichas actuaciones subsanaron cualquier irregularidad que hubiera existido; asimismo, el recurrente no toma en cuenta que la demanda está dirigida contra la Empresa ENFE y no así a una persona particular, es decir olvido que en materia laboral se aplica la segunda parte del art. 72 del código procesal del Trabajo; en consecuencia sobre este punto del recurso deviene en infundado.   

Asimismo acusa que, el juez de primera instancia de la causa, no subsanó la notificación al Ministerio Público con el ofrecimiento y la producción de las pruebas para su revisión por el fiscal correspondiente y que al no existir dictamen de fondo con carácter previo a dictarse sentencia se vulneró el art. 90 del C.P.C., y art. 252 del C.P.L.; al respecto, cabe señalar que este extremo, no fue motivo de análisis, consideración y resolución en grado de apelación, en tal virtud no procede su impugnación, menos su consideración y resolución en la vía de la casación, sin embargo y por simple aclaración al recurrente se debe tener presente que a partir de la Ley N° 2175 de 13 de febrero de 2001, vigente desde la fecha de su publicación, 20 de febrero de 2001, la intervención del Ministerio Público es obligatoria únicamente en materia penal y en todos aquellos procesos que se hubiesen iniciado con anterioridad a la vigencia de la mencionada Ley, de igual manera la Sala Plena de este Tribunal ha emitido la Circular N' 25/2004 de 21 de junio de 2004, disponiendo "la no intervención del ministerio público en las causas que no fueren penales", de donde queda claro que habiéndose iniciado la demanda en fecha posterior a la vigencia de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, su no intervención en la presente causa no es causal de ninguna nulidad.

Recurso de casación en el fondo

Referente a que el auto de vista en su parte considerativa establece e incluye montos de dinero que no corresponden a la parte demandante y que son lesivos y atentan a la economía de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, disponiendo que el cálculo de indemnización es de tres años con un sueldo promedio de los tres últimos meses de trabajo de Bs. 8.934.- no concuerdan con la suma de Bs. 29.600.- como indemnización, debiendo ser únicamente la suma de Bs. 26.802.; al respecto, se debe considerar que el recurrente no toma en cuenta que el recurso de casación en el fondo debe fundarse en errores in judicando (de derecho) en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, debiendo estar identificadas en las causales señaladas en el art. 253 del Código Adjetivo Civil, que dispone: "Procederá el recurso de casación en el fondo: 1) Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias y 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador", lo que en autos no sucedió, omisión que impide a este tribunal pronunciarse sobre este punto del recurso.

Que, en este marco legal, se concluye que el auto de vista recurrido se ajusta a las normas legales en vigencia y no se observa violación de norma legal alguna; al contrario, realiza una correcta valoración y apreciación de la prueba adjuntada al proceso, así como la interpretación y aplicación de las normas legales citadas. Por consiguiente, habiendo el Tribunal de Alzada, obrado sin incurrir en las violaciones acusadas en el recurso, corresponde resolver conforme previene el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso deducido a fs. 127 a 128. Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.