SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 127/2015-L.

Sucre, 1 de julio de 2015.

Expediente: LPZ. 225/2010.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

VISTOS: El recurso de casación de fs. 175 a 179, interpuesto por Salvador Julio Ernesto Romero Pittari contra el Auto de Vista Nº 127/2010 de 2 de junio de  2010 de fs. 170, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal que se tramita en liquidación, seguido por el Gobierno Municipal de La Paz  contra el recurrente, la respuesta de fs. 183 a 185, el auto de fs. 186 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso coactivo fiscal, la Juez Administrativo, Coactivo Fiscal Tributario de La Paz, emitió Sentencia Nº 46/2002 de 25 de septiembre de 2002 de fs. 118 a 121, declarando IMPROBADA la demanda interpuesta a fs. 1 por el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz representada por su apoderada Dra. Luz Miriam Arispe Nogales, disponiéndose en consecuencia, levantarse todas las medidas precautorias dispuesta en el auto de admisión de fs. 85 de 1 de abril de 2002, dejándose sin efecto la Nota de Cargo Nº 18/02 de la misma fecha.

En grado de apelación, deducida por la institución demandante de fs. 122 a 124, la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en cumplimiento del Auto Supremo Nº 103 de 9 marzo de 2009 de fs. 159 a 160, pronunció el Auto de Vista Nº 127/2010 de 2 de junio de  2010 de fs. 170, REVOCANDO la Sentencia Nº 46/2002 de 25 de septiembre de 2002 y deliberando en el fondo declara PROBADA la demanda de fs. 81 a 83, por consiguiente firme y subsistente la Nota de Cargo de fs. 86.

Que, contra el referido auto de vista Salvador Julio Ernesto Romero Pittari, interpuso recurso de casación de fs. 175 a 179, bajo los siguientes argumentos:

Recurso de Casación en el Fondo:

Acusó error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas por el tribunal ad quem, al señalar que toda la prueba de descargo fue presentada en fotocopias simples, sin cumplir con los requisitos exigidos por el art. 1311 del Código Civil y que no desvirtúan los cargos girados en su contra, generalización que desconoce la prueba original presentada como ser: el memorandum de designación en el cargo de “Asesor B-D3” de fs. 10, el contrato de trabajo de fs. 11, las papeletas de pago de fs. 15 a 28, que prueban fehacientemente que jamás percibió dietas, ni horas extras, tan solo su salario o retribución por su trabajo; así también señala que se pretende quitar valor al Informe de Gestión de 1994 de fs. 60 a 81, documentación que corresponde al Anexo 2 y Anexo 1, bajo el argumento de que no estaría avalada por Autoridad Municipal, cuando dichos informes originales fueron suscritos por el Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo, Lic. Fernando Cajias de la Vega y presentado por él mismo en el proceso, quien por memorial de fs. 91 señala que su persona trabajó de manera regular el año 1994, adjuntando el Informe realizado en base a notas tomadas durante esa gestión, que deliberadamente no se considera; tampoco se valora la prueba testifical de fs. 106 a 107 y memorial de fs. 108, que es absolutamente claro y contundente en las respuestas dadas bajo juramento, las mismas que demuestran que el Lic. Fernando Cajias de la Vega en su condición de Presidente de la Comisión contrató a su persona como Asesor, el año 1994, y en varias oportunidades participaron juntos en la entrega de obras, visita a museos, archivos, biblioteca municipal y otros sobre los que la Comisión había trabajado y que los asesores contratados no discutían las cláusulas de sus contratos; sin embargo nada de esta prueba contundente y reforzada por la documentación original y  fotocopias fue considerada por el tribunal ad quem, incurriendo en flagrante y ostensible error de hecho en la apreciación de las pruebas.

Asimismo se incurrió en error de derecho, por cuanto no se ha dado aplicación debida a los arts. 1327 y 1329 num. 1 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la admisibilidad cuando existe un principio de prueba escrita respecto a la pretensión, que en el caso de autos no son meramente principios de prueba escrita, sino pruebas documentales plenas, lo que se deberá tener presente y verificar.

Recurso de Casación en la Forma

Acusó que, el tribunal de alzada otorgó mas de lo pedido por las partes, sin pronunciarse sobre varias de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente; que el coactivante solo sostuvo que los contratos de los asesores no contenían las labores a realizar al ser una especie de formularios, cuando sí lo hubo, conforme se puede evidenciar de los arts. 42 a 44, 50 y 79 del Reglamento Interno del H. Concejo Municipal de La Paz, vigente en 1994, el mismo que cursa de fs. 38 a 56 del Anexo 2, y señala con absoluta claridad y detalle las funciones que debían desempeñar los Asesores contratados; sin embargo el tribunal ad quem, se limitó a expresar que los descargos presentados demuestran únicamente la relación laboral con el Gobierno Municipal y que no existe evidencia del trabajo efectivamente realizado, sin hacer referencia al memorial de contestación en el que detalla toda la prueba plena aporta por su parte con señalamiento de fojas específicas, las mismas que fueron ignoradas absolutamente, comprobando que el auto de vista ha sido pronunciado sin resolver las pretensiones deducidas y reclamadas oportunamente en el proceso.

Concluyó  solicitando que se dicte auto supremo anulando obrados hasta el vicio más antiguo o casando el auto de vista y deliberando en el fondo declarando improbada la demanda en atención a la amplia y contundente prueba aportada.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los fundamentos del recurso de casación, los antecedentes del proceso, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Previamente por metodología y efectos que conlleva el recurso de casación se pasa a resolver las cuestiones de forma, a fin de verificar si existen errores en el procedimiento que hubieren vulnerado derechos y garantías constitucionales  que merezcan en su caso la nulidad de obrados, porque en caso de ser cierta las afirmaciones ya no sería necesario ingresar a analizar la casación en el fondo; de donde se establece los siguientes hechos.

En la casación en la forma, referente a la denuncia de que el tribunal ad quem  otorgó mas de lo pedido a las partes y se limitó a expresar que no existía documento alguno que señalará sus funciones, sin considerar los arts. 42 a 44, 50 y 79 del Reglamento Interno del H. Concejo Municipal de La Paz, donde se establece con absoluta claridad las funciones que debían desempeñar los asesores contratados, por lo que al desconocer tan contundente y amplia prueba presentada, se excede la pretensión y petición del Gobierno Municipal de La Paz, siendo esta la razón que da lugar al recurso de casación en la forma; al respecto, en el caso de análisis, el recurrente se limita a mencionar la relación de hechos suscitados en el proceso, sin precisar de manera clara  y suficiente los agravios que den lugar a la nulidad de obrados, tal como exige también el art. 258. 2) del Código de Procedimiento Civil, olvidando su deber procesal de especificar y demostrar la infracción o vulneración en que hubiera incurrido el tribunal de alzada, motivo por el que este Tribunal Supremo se encuentra impedido de emitir criterio al respecto.

En consecuencia, no existiendo ninguna causal que amerite declarar la nulidad de obrados, se ingresa a resolver los reclamos planteados en la casación en el fondo.  

En relación a la casación en el fondo, donde el recurrente acusa que el tribunal ad quem incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, al señalar que toda la prueba de descargo fue presentada en fotocopias simples y desconociendo la prueba original presentada de fs. 10, 11, 15 a 28, las mismas que demuestran que jamás percibió dietas, ni horas extras, sino solo su salario; así como pretender quitarle valor al Informe de Gestión de 1994 de fs. 60 a 81, la declaración testifical de fs. 106 a 107 y el memorial de fs. 108, que no fueron valoradas, a pesar de que las mismas demuestran su  trabajó de manera regular en la gestión 1994, incurriendo el tribunal ad quem en flagrante y ostensible error de hecho en la apreciación de las pruebas; al respecto cabe señalar que, de la documental aportada por el recurrente de fs. 11 y 13 consistente en contratos de trabajo Nro. 0115 y 188 respectivamente, se evidencia que el coactivado fue contratado por el H. Concejo Municipal de La Paz como Asesor dependiente de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo, primeramente por el término de tres meses, a partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 1994 y el segundo, por el término de nueve meses, a partir del 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 1994, con un sueldo mensual de Bs. 3.530, contratos que fueron firmados por el Presidente y Concejal Secretario del H. Concejo Municipal de La Paz; asimismo consta a fs. 10 y 12 memorándums donde se señala que conforme a las Órdenes Ejecutivas Nro. 115 y 188 respectivamente, el recurrente fue designado dependiente de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo del Concejo Municipal, de acuerdo a contrato y con el nivel de Asesor B-D3 correspondiente al escalafón vigente en ese tiempo; así también consta a fs. 14 Orden Ejecutiva dirigida al director Administrativo de Recursos Humanos, que instruye incluir en las planillas de personal del Concejo Municipal al coactivado; en concecuencia de los documentos referidos se puede evidenciar que entre el recurrente y la institución demandante existió relación laboral y que estos contratos, memorandums y orden ejecutiva fueron suscritos por el Presidente y Concejal Secretario del H. Concejo Municipal de La Paz de ese entonces; ahora bien según el auto de vista impugnado no se evidencia el trabajo efectivamente realizado por el coactivado; sin embargo para determinar este aspecto es preciso tomar en cuenta que la documentación presentada de fs. 148 a 189 del anexo, consistente en el Informe de Gestión de 1994 de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo, fue presentado ante el Presidente del H. Concejo Municipal de La Paz, Alberto Valle, acreditado este aspecto con sello de recepción de fecha 23 de diciembre, demuestra que dentro de la comisión de la que presidia el Concejal Fernando Cajías de la Vega, se realizaron diferentes actividades como ser la aprobación de 36 ordenanzas y resoluciones relacionadas con el fomento a la cultura, el desarrollo del turismo y la defensa del medio ambiente; asimismo dentro del Informe de Gestión cursa a fs. 155 del anexo 1, resumen de informes enumerados y por fechas señalando de referencia la actividad organizada, documentación que si bien fue presentada en fotocopia simple, fue verificada por personal de la Contraloría como resultado de  un trabajo adicional realizado en el Concejo Municipal, tal como fue expresado en el Tomo I del Informe Complementario al Nº L215N0011 10046G21, al comprobar que dichos  informes y oficios se encontraban en los archivos de Comisión de Educación (fs. 306); que si bien el argumento para determinar la responsabilidad del recurrente es que en dichos informes no se evidencia la participación y/o trabajo desarrollado, no se debe perder de vista que esta conclusión es tomada sin fundamento jurídico sobre el que se basan para exigir esta formalidad, tampoco se analiza la situación real de los hechos,  y que el Contrato de Trabajo ni el Reglamento Interno del Concejo Municipal señalan que los funcionarios, en este caso asesores deban presentar informes ante la Comisión, simplemente refiere en su art. 42 que: “Las Comisiones son órganos especializados de carácter técnico, consultivo y de asesoramiento para el Concejo Municipal y tienen por objeto formular políticas generales y específicas sobre temas relacionados con el área de su competencia, así como estudiar y analizar los asuntos derivados a su conocimiento, sobre cuya base elaboraran proyectos, informes, dictámenes y proposiciones afines. Deberán coordinar funciones con las otras Comisiones a fin de lograr y evitar duplicidad de esfuerzos.” (Las negrillas son añadidas), es decir que los informes presentados debían ser de la Comisión; así también este reglamento especifica que para el cumplimiento del objetivo de cada comisión se contrate equipos de asesores multidisciplinarlos conforme señala el art. 78 que expresa: “El Concejo Municipal contará con un cuerpo de Asesores y Personal Administrativo, sujetos a la Ley General del Trabajo, la Seguridad Social y demás disposiciones conexas” a la vez el art. 79 dice “Los Presidentes de Comisión podrán sugerir la contratación de sus Asesores del más alto nivel y del personal de apoyo que tenga condiciones de idoneidad en el área específica de la Comisión…”, que de las normas plasmadas, se deduce que el personal contratado únicamente tenia que cumplir condiciones de idoneidad para asumir el cargo, aspecto que fue demostrado por el recurrente al adjuntar su hoja de vida respaldada, que acredita su formación profesional como abogado y filósofo, con especialización y doctorado en Sociología, documentación que no fue valorada sin fundamento alguno por el tribunal ad quem como tampoco en la auditoria.

Asimismo se debe tener claro que los indicios de responsabilidad civil en contra del demandado establecido en aplicación del inc. d) del art. 77 de la Ley del Sistema, únicamente están referidos a la percepción de sueldos indebidos de asesores y no así de dietas, horas extraordinarias, pasajes y viáticos, que si bien formaron parte de la Auditoria los mismos no fueron demostrados con relación al recurrente, más aún si con la prueba aportada de fs. 15 a 28 consistente en papeletas de pago originales e informes de auditoría, se demuestra que estos cargos no existen para el demandado; ahora bien, el art. 180.I de la Ley Fundamental, consagra los principios de la jurisdicción ordinaria, donde se halla contemplado el de verdad material, que comprende la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que concierne a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos, a la persona encargada de juzgar a otro, o de definir sus derechos y obligaciones, arribando a una decisión injusta que no corresponda a los principios, valores y valores éticos instituidos en la Ley Fundamental y a los que todas las autoridades de todos los órganos de poder, están compelidos a cumplir; en ese sentido, es lógico que a fin de efectivizar una impartición de justicia menos formalista y procesalista, dando lugar a una material y efectiva, que respete los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, devenga la obligación de una correcta apreciación de los medios probatorios durante el proceso, lo que en el caso de autos no ocurrió, limitándose derechos bajo los argumentos de que “los descargos presentados no muestran evidencia del trabajo desarrollado”, que “los informes presentados no consignan iniciales”, o “no cuenta evidencia del responsable de su elaboración”, cuando en los hechos el trabajo realizado por las comisiones era en equipo tal como se manifestó anteriormente, aspecto que no consideró el tribunal ad quem al emitir su resolución.

En ese contexto, se debe tener presente que el art. 7 de la Constitución Política del Estado (1967) establece que: “Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: j) A una remuneración justa por su trabajo que le asegure para sí y su familia una existencia digna del ser humano…”, que el tribunal de alzada al determinar que el coactivado supuestamente hubiera incurrido en responsabilidad civil, se  advierte que en la labor interpretativa no aplicó el principio de la unidad normativa y el principio de concordancia práctica; de manera que, no ha realizado la interpretación desde y en conformidad con las normas previstas por el art. 48 de la Ley Fundamental, tampoco ha aplicado el método sistemático, sino solamente el método literal o gramatical; sin aplicar los argumentos a contrario sensu ni el argumento a fortiori ratione pues, de aplicarse esos cánones, es muy probable que el tribunal ad quem hubiese asumido una determinación diferente a la que adoptó, más aun cuando en el Reglamento Interno del Concejo establece que los contratados estarán sujetos a la Ley General del Trabajo.

Asimismo se debe tener presente que si bien el Dictamen de Responsabilidad Civil se constituye en base o fundamento para el inicio de un proceso coactivo fiscal, este Supremo Tribunal al respecto ha emitido criterio al señalar en el A.S. Nº 32 de 11 de septiembre de 2013, que “…en sentido genérico, es una opinión o el consejo de una autoridad o de una organización respecto de un tema en cuestión. En el caso que nos ocupa, de acuerdo con lo que señala el artículo 51 del Decreto Supremo Nº 23318-A de 3 de noviembre de 1992, es una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor General de la República….. La finalidad del Dictamen, se encuentra explicitada por el artículo 52 de la misma norma.” en relación a lo manifestado la Sentencia Constitucional Nº 21/2007 de 10 de mayo, contribuye a aclarar su compresión, en cuanto señala: En este entendimiento, si bien resulta evidente que los informes de auditoría son opiniones técnico-jurídicas que no constituyen normas ni verdades jurídicas inamovibles, por lo que, sometidas al proceso coactivo fiscal o al proceso penal, administrativo o ejecutivo, admiten prueba en contrario y que el dictamen de responsabilidad constituye una opinión que no juzga ni condena a nadie, sino que tiene la finalidad de que la entidad inicie la acción legal que corresponda en la que los presuntos involucrados podrán hacer valer sus excepciones o descargos; sin embargo, es necesario subrayar que del acto administrativo de auditoría emergen los presuntos indicios de las responsabilidades señaladas, en razón de que el mismo es desplegado con la finalidad de evaluar y controlar la actuación del servidor sujeto a control, para cuyo efecto, se inicia un proceso investigativo de análisis y verificación sobre su gestión, evaluando el grado de cumplimiento y eficacia prestada. (Las negrillas son añadidas). Por lo manifestado, al ser el Dictamen una opinión técnico-jurídica que no constituye una norma, ni una verdad jurídica inamovible, y que dentro del proceso fue desvirtuada por la prueba de descargo, se evidencia que los de instancia no valoraron la prueba bajo los principios de razonabilidad, buena fe y/o equidad, pues el órgano jurisdiccional debe aspirar permanentemente a pronunciar fallos que expresen no solamente criterios de legalidad, sino de justicia, otorgando a los litigantes la seguridad, certeza y firmeza de sus resoluciones.

Que, en el marco legal descrito, el Tribunal de alzada incurrió en error al revocar la sentencia de primera instancia y declarar probada la demandada, por lo que corresponde aplicar el art. 274 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del 1 y 24 del Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista Nº 127/2010 de 2 de junio de  2010 de fs. 170, y deliberando en el fondo mantiene firme y subsistente la Sentencia Nº 46/2002 de 25 de septiembre de 2002 de fs. 118 a 121.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.