SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 112/2015-L.

Sucre, 12 de mayo de 2015.

Expediente: LP.195/2010.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 533 a 541 interpuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas representada María Inés Vera de Ayoroa; contra el Auto de Vista Nº 8/10 de 15 de enero de 2010 de fs. 526 a 527 pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal que se tramita en liquidación, seguido por el Ministerio de Hacienda contra la Empresa de Servicios de Custodia SERCA Ltda., la respuesta de fs. 546 a 552, el auto de fs. 553 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, formulada la demanda coactiva fiscal, el Juez de Partido en materia Administrativa, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de La Paz, giro la Nota de Cargo Nº 19/08 de fs. 102, que tramitado el proceso, el Juez emitió la Sentencia Nº 18/2009 de 30 de marzo de 2009 de fs. 482 a 488, declarando improbada la demanda opuesta a fs. 98 a 99 por María Inés Vera Ayoroa apoderada del Ministerio de Hacienda, de acuerdo al Testimonio de Poder 036/2007 de 13 de febrero de 2007 y probada la excepción de prescripción opuesta por el coactivado Weimar Gualberto Ballesteros Sandoval representada legalmente de la Empresa SERCA Ltda. a fs. 140 a 144, disponiendo, primero dejar sin efecto la Nota de Cargo Nº 19/08 de fs. 102 girada en contra de Mauricio Ormachea Gutiérrez representante legal de la empresa de Servicios de Custodia SERCA Ltda. en primera instancia y su representante actual Weimar Gualberto Ballesteros, con el monto de Bs.2.430.606,64.- equivalente a $us.437.283,74.- (cuatrocientos treinta y siete mil doscientos ochenta y tres 74/100 dólares americanos) y segundo, levantar las medidas precautorias a favor del coactivado, Mauricio Ormachea Gutiérrez.

Que en grado de apelación formulada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de fs. 489 a 492, mediante Auto de Vista Nº 8/10 de 15 de enero de 2010, cursante de fs. 526 a 527, la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, confirmó la Sentencia Nº 18/2009 de fecha 30 de marzo de 2009 cursante a fs. 482 a 488 de obrados. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

Que, el referido auto de vista, motivó el recurso de casación en el fondo y forma interpuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en base a los argumentos expuestos en el memorial de fs. 533 a 541.

CONSIDERANDO II: Que así formulado el recurso de casación, de la revisión de los antecedentes del proceso y de las normas aplicables que rigen la materia, corresponde realizar las siguientes consideraciones de orden legal:

Que, con carácter previo a ingresar al análisis del recurso interpuesto, corresponde recordar que, en cumplimiento del art. 15 de la Ley Nº 1455 (Ley de Organización Judicial), vigente a tiempo de la tramitación del proceso, los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes.

En relación con lo señalado precedentemente, el art. 252 del Código Adjetivo Civil, establece, que “El juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.”, en concordancia con la disposición legal citada, el art. 90 del mismo cuerpo legal, es decir, que en virtud de las normas citadas, el tribunal de casación debe revisar de oficio, a momento de tomar conocimiento de una causa, si se observaron las leyes y plazos en la tramitación y conclusión de los procesos, aplicando las sanciones que correspondan, en su caso.

Que de la revisión del expediente se puede evidenciar que a fs. 502 cursa el Auto de fecha 25 de abril de 2009, el mismo que concedió la apelación en efecto suspensivo ante el superior en grado; ahora bien, el art. 197 del Código de Procedimiento Civil, impone: Todas las sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas en general, serán consultadas de oficio ante el superior en grado sin perjuicio de la apelación que pudiere interponerse”. Asimismo la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia respecto del mencionado artículo ha establecido mediante el AS Nº 132 de 27 de abril de 2009 que: “…pronunciada una sentencia contra una entidad pública como es en la especie la Dirección Distrital de La Paz de la Dirección General de Impuestos Internos, el juez a quo tiene siempre e invariablemente la obligación de elevar el expediente en consulta ante el superior de grado, independientemente de que se haya interpuesto o no el recurso ordinario de alzada, como dispone el art. 197 del CPC, de ahí que, cuando el tribunal de segunda instancia conoce una sentencia consultada, ejerce su competencia con mayor amplitud para revisar el proceso…”

De igual manera la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado al respecto en la SC 0854/2005-R de 28 de julio, que expresa: “ …el hecho de que la Jueza a quo incumplió la obligación procesal establecida en la norma prevista por el art. 197 del CPC, que dispone que todas las Sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas en general, serán consultadas de oficio ante el superior en grado, sin perjuicio de la apelación que pudiera interponerse, por lo que, en el caso presente al dictarse la sentencia de primera instancia disponiendo que (…) la Jueza del proceso tenía obligación de elevar en consulta dicha Sentencia, situación que no se dio constituyéndose en otro vicio que fue observado, analizado y considerado por el Tribunal de casación al emitir su Resolución”.

En ese entendido en el caso de autos siendo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas una entidad pública, se evidencia que el juez a quo al emitir Sentencia Nº 18/2009 de 30 de marzo de 2009, que cursa de fs. 482 a 488, declarando improbada la demanda opuesta a fs. 98 a 99 por María Inés Vera Ayoroa apoderada del Ministerio de Hacienda, y probada la excepción de prescripción opuesta por el coactivado Weimar Gualberto Ballesteros Sandoval representada legalmente de la Empresa SERCA Ltda. a fs. 140 a 144, al ser esta resolución impugnada mediante recurso de apelación por la entidad demandante se advierte que el juez no dio cumplimiento a lo previsto en el art. 197 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo el Auto de Vista Nº 8/10 de 15 de enero de 2010 de fs. 526 a 527, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, confirmó la Sentencia Nº 18/2009 de fecha 30 de marzo de 2009 cursante a fs. 482 a 488 de obrados, sin haber observado y revisado este aspecto conforme establece el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, disposición vigente en ese momento, toda vez que es obligación de los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes, y que, en consecuencia, al ser las normas procesales de orden público y de cumplimiento obligatorio, conforme dispone el art. 90 del Código Adjetivo Civil, cuerpo normativo que establece en su art. 197: “Todas las sentencias dictadas contra el Estado serán consultadas de oficio al superior en grado sin perjuicio de la apelación a interponerse”; es decir, que los jueces de instancia tenían la obligación de aplicar la normativa señalada y emitir su fallo tomando en consideración la misma; consulta que es coactiva e imperativa, impidiendo en contrario, que por aplicación del art. 236 abra su competencia para conocer y hacer revisión integral de la norma sustantiva y adjetiva aplicada, por cuanto, se trata de intereses del Estado en litigio.

Por todo lo anotado, toda vez que el juez a quo concedió la apelación interpuesta por la entidad demandante, sin cumplir la aplicación del art. 197 del Código de Procedimiento Civil, y por su parte, el tribunal ad quem, a tiempo de resolver la apelación, no revisó si se omitió elevar de oficio en revisión la resolución pronunciada, sin perjuicio de la apelación interpuesta, actuación que va en detrimento de los intereses del Estado.

Asimismo advertido del error la entidad recurrente hace mención de este hecho en su recurso de casación en la forma, acusando la infracción del art. 197 del Código de Procedimiento Civil, al evidenciarse que el juez a quo no cumplió con el mandato de dicho artículo por disposición del art. 1 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

En consecuencia, al no haberse observado por los juzgadores de instancia lo previsto en el art. 197 del Código de Procedimiento Civil, corresponde resolver conforme las previsiones contenidas en los arts. 271.3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso de autos por mandato de la norma remisiva de los arts. 1 y 24 del Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados con reposición hasta fs. 502, debiendo el juez de la causa cumplir lo extrañado. Sin responsabilidad por ser excusable.

Por secretaría cúmplase con lo previsto por el art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.