SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 103/2015-L.

Sucre, 12 de mayo de 2015.

Expediente: SCZ. 477/2010.

Distrito: Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 113 a 114, interpuesto por la Caja Nacional de Salud a través de su representante Edil Pérez  Severiche,  contra el Auto de Vista  Nº 1.116 de 15 de diciembre de 2008, cursante a fs. 107, complementado por auto de fs. 110, pronunciados  por  la Sala Social  y Administrativa de la Corte Superior de  Justicia de Santa Cruz, en el proceso laboral que se tramita en liquidación, seguido por Denys  Dorado  de  Castedo contra la entidad recurrente, la respuesta de  fs. 115,  el auto  de fs. 116 que concedió el recurso; los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Primero de Trabajo  y  Seguridad  Social  de Santa Cruz,  emitió la Sentencia Nº 33 de 17 de mayo de 2008,  que cursa de fs. 90 a 91, declarando probada la demanda, sin costas, disponiendo la cancelación de Bs. 13.118,79  por concepto de desahucio, indemnización, vacación y  viáticos,   conforme a la liquidación inserta en dicha resolución;  más la multa del 30%  prevista por el art. 9 del DS. Nº28699 de 1º de mayo de 2006.

Que, en grado de apelación de fs. 97 a 98 interpuesto por la Caja Nacional de Salud a través de su representante  Edil Pérez Severiche, la Sala Social  y Administrativa de la Corte Superior de  Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 1.116 de 15 de diciembre  de 2008, cursante a fs. 107, resolvió  confirmar la sentencia apelada.

Luego  por auto  de fs. 110, declaró no ha lugar a la complementación, solicitada por la demandante.

Contra la resolución de segunda instancia,  la  Caja Nacional de Salud a través de su representante  Edil Pérez Severiche, por memorial de fs. 113 a 114  interpone  recurso de casación en el fondo, denunciando lo siguiente:

Que,  el auto de vista, incurrió en error de hecho,  al admitir como válidos los descargos presentados por la  actora que cursan de fs. 27 a 83, no obstante que esos dineros provenientes de aportes patronales pagados por las empresas afiliadas a la Caja Nacional de Salud en San Ignacio de Velasco, correspondiente a los meses de enero a  junio de 2005, no fueron depositados en la cuenta bancaria  fiscal de dicha institución, según informe de fs. 21; de esa manera,  también violó  la norma legal contenida en el art. 1 inc. c) de la Ley 1178 del 20 de julio de 1990.

Asimismo,  al liberar de todo cargo a la ex trabajadora  y admitir como válidos los descargados  presentados de fs. 27 a 83, omitió considerar  lo establecido por el art. 18 tercer  parágrafo de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado, R.S. Nº 218056 del 30/07/1997, de esta manera incurrió en la violación de la norma  prevista en el art. 28 inc. a) de la Ley 1178 del  l20 de julio de 1990;

Agrega, que  además que el auto de vista  al  confirmar la sentencia que  obliga  a la C.N.S.,  a cancelar en favor de la actora  la suma de  Bs. 13.18.79  por  beneficios sociales, no obstante que no corresponde este pago,  que se,  violó  los arts. 16 inc. e) de la LGT. y 9 inc. e) de su Reglamento, por estar tipificada la conducta de la trabajadora en las causales de dichas normas, al  incumplir con su obligación de depositar  los recursos públicos  en la cuenta bancaria de la institución

Concluye solicitando, que se dicte Auto Supremo casando  totalmente el auto de vista recurrido y en forma incongruente se declare improbada la sentencia.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, se pasa a considerar el mismo, de donde se establece lo siguiente:

Que, el recurso de apelación, según la uniforme jurisprudencia del  Tribunal Supremo, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal a través del cual se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, recurso de alzada que constituye un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente. Por su parte, el recurso extraordinario de casación, constituye una demanda nueva de puro derecho, utilizada para impugnar el pronunciamiento de segunda instancia en los casos expresamente señalados por ley, recurso que en el fondo, abre la competencia del Tribunal Supremo para censurar el auto de vista por: violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; por aplicación contradictoria de disposiciones; o cuando en la apreciación de la prueba se hubiera incurrido en error de derecho o de hecho.

En ese contexto, de la revisión de  los antecedentes del proceso se  tiene que,  el auto de vista, con el fundamento  de que el recurso de apelación,  carecía de los requisitos establecidos  por los arts. 219  y 227 del  CPC.. que tiene que ver con la expresión y fundamentación  de  agravios,  por cuya razón  consideró que no se tiene abierta su competencia,  en observancia  del art. 236 de la citada norma, que marca el ámbito de su competencia, por lo que  decidió  confirmar la sentencia apelada,

Sin embargo, el recurrente no tomó en cuenta el fundamento del auto de vista impugnado, que por la carencia de la expresión y fundamentación de agravios, se  vio impedido de analizar y resolver el recurso de alzada; omisión, que no permitió al tribunal ad quem pronunciarse conforme a la pertinencia a la que está obligado de acuerdo a lo previsto en el art. 236 del  CPC.

Por ello, la acusación referida a que la autoridad recurrida habría incurrido en error de  hecho, omitido  considerar lo establecido por el art. 18 tercer  parágrafo de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado, R.S. Nº 218056 del 30/07/1997,  no  es evidente, por cuanto, el tribunal de alzada  al no haber valorado prueba alguna ni analizado las referidas normas, en consideración al fundamento y decisión  de la falta de agravios, mal podía  haber  incurrido en error de  hecho o en omisión.

Por otro lado,  si bien  la entidad recurrente acusó  la violación de las normas legales contenidas en los arts., 1 inc. c), 28 inc. a) de la Ley 1178 del 20 de julio de 1990, arts.  16 inc. e) de la LGT. y 9 inc. e) de su Reglamento; sin embargo, revisado el recurso de apelación interpuesto por  la institución demandada  que cursa de fs. 97 a 98, se advierte que no expresó como agravios la  infracción de dichas normas; omisión que,  no permitió al tribunal ad quem pronunciarse en cuanto a este nuevo reclamo traído hoy en casación; por ello, se colige que fue la institución demandada recurrente quien, por su descuido no reclamó oportunamente   aquellos supuestos agravios que le hubieren causado la sentencia  apelada, lo que ahora tardíamente aduce en el recurso de casación, razón por la cual, se activa la preclusión procesal.

Al respecto, según la doctrina,  el proceso es concebido como la secuencia de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, el juicio ante la autoridad competente, el conflicto sometido a su decisión, siendo un conjunto de actos jurídicos desarrollados de manera sistemática y ordenada con el fin de llegar a la resolución del conflicto jurídico.

Ahora bien, efectivamente el proceso se desenvuelve en instancias o etapas, de modo que los actos procesales deben ejecutarse en un determinado orden; tal desenvolvimiento ordenado responde al principio de preclusión, establecido en al art. 3. e) concordante con el art. 57 ambos del CPT., expresando que el proceso consiste en el desarrollo de las diversas etapas en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, el juez impedirá el regreso a momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de la oportunidad  conferida por ley para la realización de un acto procesal.

Por ello se concluye que, la acusación  referida a que la autoridad recurrida habría incurrido en la violación de dichas normas, no es evidente, por cuanto la decisión de primer grado no fue debida y oportunamente impugnada, resultando por ello inadmisible  que en  la vía del recurso de casación, se pretenda impugnar el reclamo no efectuado en grado de apelación,  en franca contravención  al referido principio de preclusión procesal, no siendo por ello necesario realizar mayor análisis sobre aquel extremo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos corresponde resolver el recurso de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271. 2) y 273 del Cód. de Pdto. Civil, aplicables  por permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42 parágrafo  I numeral 1 de la Ley Nº 25 del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso  de casación en el fondo, cursante  de fs. 113 a 114.

Sin costas,  en aplicación del artículo 39 de la Ley No. 1178 (SAFCO) y art. 52  del D.S. Nº 23215 de 22 de julio de 1992.           

Regístrese, notifíquese y devuélvase.