SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 93/2015-L.

Sucre, 12 de mayo de 2015.

Expediente: CBBA. 453/2010.

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación y/o nulidad de fs. 69 a 70, interpuesto por la empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A., representado legalmente por Grover Villanueva Tapia contra el  Auto de Vista Nº 086/2010 de 12 de abril (fs. 65 a 67) emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales que se tramita en liquidación y otros seguido por Juan Enrique Adirázola López contra la Empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A., la respuesta de fs. 73 a 76, el auto de fs. 76 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió Sentencia el 6 de diciembre de 2007 (fs. 38 a 40), declarando PROBADA la demanda de fs. 1 a 2 de obrados y su modificación de fs. 6, con las modificaciones establecidas en dicha resolución, e IMPROBADAS las excepciones perentorias de pago y prescripción opuestas por la empresa demandada mediante memorial de fs. 17 de obrados, por lo que ordena a la empresa demandada para que dentro de tercero día  de ejecutoriada al sentencia y bajo alternativa de ley, de y pague al demandante la liquidación correspondiente a indemnización, desahucio, aguinaldo por duodécimas de 6 meses y 22 días de la gestión 2006, doble por su incumplimiento; 75% del salario del mes de diciembre de 2005; salarios devengados de enero a junio de 2006 y salario devengado de 22 días de julio de 2006 en la suma de Bs. 467.047,12, más la correspondiente actualización y multa establecida en el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, por el retraso en el pago de los beneficios sociales.

       En grado de apelación interpuesto por la empresa demandada de fs. 45 a 46, por Auto de Vista Nº 086/2010 de 12 de abril (fs. 65 a 67), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, CONFIRMÓ la Sentencia apelada, con la modificación que debe excluirse de la liquidación efectuada en la parte resolutiva de la sentencia, los salarios devengados que corrieron de diciembre de 2005 a junio de 2006, manteniéndose únicamente el pago de los 22 días del mes de julio de 2006, según lo dispuesto en el punto 4 del Considerando del auto de vista, modificándose la suma a cancelarse en Bs. 389.867,62, sin costas por la modificación.

       Que, contra el referido auto de vista, la empresa demandada a través de su representante legal, por memorial de fs. 69 a 70, interpuso recurso de casación y/o nulidad en el que expresa los siguientes argumentos:

       Acusa la errónea valoración e interpretación, en el auto de vista, así como indebida aplicación de la ley y de la prueba aportada al proceso, incurriendo en las causales de casación en el fondo y en la forma, de acuerdo con las consideraciones siguientes:

       Expresa que el tribunal de apelación  infringió  lo establecido en el art. 253. 1 y 3, del Código de Procedimiento Civil, al realizar una aplicación indebida e interpretación errónea de la ley, al consentir la falta de pago oportuno de salarios como causal de retiro indirecto, toda vez que dicha figura se encuentra claramente establecida en nuestra normativa laboral en el Decreto Supremo de 9 de marzo de 1937, la que se refiere únicamente a la rebaja de sueldo, no estando legislada la figura del retiro indirecto por falta de pago oportuno de sueldos,  razón por la que no puede aplicarse al presente caso, bajo pretexto de que existe jurisprudencia al respecto ya que la jurisprudencia es supletoria a la norma jurídica sustantiva y adjetiva y no de aplicación preferente, concepto ratificado por la Constitución Política del Estado que en su art. 228 establece que ésta es la Ley Suprema del ordenamiento jurídico nacional, que los jueces y autoridades la aplicaran con preferencia.

       Manifiesta que lo propio ocurre con la actualización y multa previstas en el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 dispuesta en la sentencia, correspondiendo dejar sin efecto la aplicación de dicha sanción toda vez que el actor no acompaño prueba que advierta que el Ministerio de Trabajo hubiese aprobado el Reglamento específico que respalde los procedimientos establecidos conforme previó el art. 13 del mencionado Decreto Supremo.

       Señala que se ha incurrido en la causal de casación en la forma establecida en el art. 25. 4 del Código de Procedimiento Civil, al no pronunciarse sobre la pretensión deducida en el recurso de apelación respecto al pago efectuado a favor del actor, acreditados a tiempo de presentar el recurso de apelación, aspecto que ha sido soslayado a tiempo de dictar el auto de vista.

Que si bien es evidente que la Federación Sindical de Trabajadores del LAB S.A. mediante demanda interpuesta contra la empresa ha logrado el reconocimiento de los salarios adeudados de enero de 2005 a junio de 2006 y de noviembre de 2006 a febrero de 2007, razón por la que, en base al principio de concentración el tribunal de apelación determinó excluir de la sentencia estos conceptos, no es menos evidente que en el caso particular los periodos o meses objeto de la impugnación hecha ya han sido cancelados a favor del actor, por tanto ni en este proceso ni en el seguido por la federación sindical debe ser objeto de cobro alguno, siendo por tanto la pronunciación expresa al respecto importante a objeto de que la empresa no proceda al pago doble, debiendo descontarse estos montos de la liquidación final.

Acusa la nulidad del fallo objeto del presente recurso, por haber sido pronunciado alterando el orden cronológico de resolución y sin ceñirse estrictamente a su fecha de ingreso, vulnerando el orden establecido para resoluciones de la Sala Social, infringiendo normas de orden público como el art. 267 del Código de Procedimiento Civil, encontrándose por ello fuera del plazo legalmente establecido por ley.

       Concluye su recurso solicitando que este Tribunal Supremo, CASE o en su caso ANULE el auto de vista recurrido, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, analizados los fundamentos del recurso, para su resolución es necesario realizar las siguientes consideraciones:

       Con relación a la acusación de infracción del art. 253.1 y 3 del Código de Procedimiento Civil, por parte del Tribunal de Apelación al pronunciar el Auto de Vista recurrido, cabe indicar que dicho art. refiere al recurso de casación en el fondo, que dispone: "Procederá el recurso de casación en el fondo: 1) Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; y 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador". Del texto transcrito se evidencia que se trata de una disposición descriptiva, no pudiendo por tanto ser violada, pues su fin es indicar o señalar en este caso, cuando procede el recurso de casación en el fondo, por lo que esta acusación resulta incorrecta e incongruente.


       Respecto a la aseveración de que no se encuentra legislada la figura del retiro indirecto por falta de pago oportuno de sueldos, concierne expresar que conforme a la interpretación efectuada por el Tribunal de Alzada, efectivamente la no cancelación de los sueldos devengados por la empresa empleadora correspondientes a los meses adeudados constituye retiro indirecto, pues aquella falta oportuna de pago de sueldos conforme instituye la nueva doctrina laboral y la uniforme jurisprudencia en materia social de este Supremo Tribunal, representa un despido indirecto, así se tiene resuelto en casos similares conforme lo traducen los Autos Supremos Nº 26/2012, Nº 35/2012 y Nº 215/2012 emitidos por la Sala Social y Administrativa del Supremo Tribunal de Justicia, entre otros, los que expresan que “…dicho fundamento encuentra sustento jurídico normativo, en lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General del Trabajo, que señala los periodos de tiempo para el pago de salarios, no podrán exceder de quince días para obreros y treinta días para empleados y domésticos, aspectos que no fueron desvirtuados por la entidad demandada como correspondía hacerlo de conformidad con los artículos 3 inciso h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, referido a la inversión de la prueba, por lo que no son evidentes las violaciones acusadas en el recurso de casación al no encontrarse como cierta la infracción aludida.”

       En la especie sin previo aviso la parte empleadora dejó de cancelar los sueldos correspondientes como contraprestación a la labor desempeñada, aspectos que no fueron desvirtuados por la entidad demandada como correspondía hacerlo de conformidad con los arts. 3. h, 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, referido a la inversión de la prueba. En ese entendido, se concluye que no es cierta la vulneración del principio de jerarquía normativa instituido en el art. 228 de la Constitución Política del Estado de 1967, vigente a momento de emitirse el auto de vista.

       Con relación a que se hubiese aplicado indebidamente el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, resulta no ser evidente, por cuanto si bien este Decreto Supremo, refiere en su art. 11 par. II que mediante otro Decreto Supremo, se reglamentaría la forma y alcances de la Estabilidad Laboral, y en el art. 13. I del referido Decreto Supremo Nº 28699, se determinó que el Ministerio de Trabajo, debería aprobar el Reglamento Específico que respalde los procedimientos establecidos, ninguna de estas normas condiciona la vigencia del Decreto Supremo Nº 28699, que en virtud a las previsiones contenidas en el art. 81 de la Constitución Política del Estado de 1967, es aplicable al caso presente, porque rige a partir de su publicación, y además, dicho reglamento sólo respaldará los procedimientos establecidos para evitar excesiva burocracia, trámites costosos, largos e innecesarios, conforme refieren los dos párrafos del art. 13 de la norma citada.

       En cuanto al pronunciamiento que expresa el recurrente sobre la exclusión de los salarios adeudados de enero de 2005 a junio del 2006 y de noviembre de 2006 a febrero de 2007, resulta inatinente dicha aseveración por cuanto de la lectura del Auto de Vista Nº 086/2010 de fojas 65 a 67, se verifica que a tiempo de Confirmar la Sentencia apelada, ya se dispuso la modificación de la misma excluyéndose los sueldos adeudados de diciembre de 2005 a junio de 2006, manteniéndose únicamente el pago de los 22 días del mes de julio de 2006 a favor del actor.

       Por último, de la revisión de obrados se advierte que no tiene argumento la solicitud de nulidad del fallo por presunta alteración del orden cronológico de la Resolución de Vista, tomando en cuenta para ello, la fecha de ingreso, pues el art. 267 del Adjetivo Civil, establece que la distribución de causas y tablilla se efectúa mediante sorteo ciñéndose estrictamente a la fecha de ingreso, distribución que se hará pública en secretaría de cada sala. En autos no existe evidencia que se hubiera modificado el orden del aludido sorteo, que conforme se verifica a fs. 57, se sujeta a las formalidades previstas en al art. 267 del Código de Procedimiento Civil.

       En cuanto a la efímera acusación que realiza de valoración e interpretación errónea de la prueba aportada al proceso, cabe indicar que el recurrente además de no argumentar su acusación, únicamente expresa textualmente en su recurso: “realizaron una valoración e interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, así como de la prueba aportada al proceso por ambas partes..”, sin fundamentar si se incurrió en error de hecho o error de derecho, y sin tomar en cuenta que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los jueces de instancia, siendo incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la misma, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: “Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador. (Las negrillas son añadidas). Nótese que la disposición citada expresa que deberán cumplirse dos condiciones; es decir, que deberá demostrarse el error por documentos o actos auténticos, que a su vez demuestren la equivocación manifiesta del juzgador, lo que en la especie no sucedió.

       Se hace presente además, que a tiempo de realizar su petitorio, no discrimina ni considera lo establecido por los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, limitándose a solicitar que este Tribunal Supremo “…CASE o en su caso ANULE su injusto auto de vista”. Al respecto, cabe aclarar que el recurso de casación en el fondo y en la forma o de nulidad, tienen efectos distintos, pero de ninguna manera puede producirse una resolución alternativa o complementaria la una de la otra.

       Por lo precedentemente fundamentado, se concluye que las infracciones denunciadas por la empresa demandada no son evidentes, correspondiendo en consecuencia resolver los recursos en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271 2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones aplicables al caso con la permisión contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 69 a 70, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.