SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 92/2015-L.

Sucre, 12 de mayo de 2015.

Expediente: CBBA. 451/2010.

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

VISTOS: El recurso de casación y/o nulidad de fs. 93 a 94, interpuesto por Grover Villanueva Tapia, en representación legal de la empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A., contra el Auto de Vista Nº 094/2010 de 21 de abril de 2010, cursante de fs. 88 a 90, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales y derechos laborales que se tramita en liquidación, seguido por Alfredo Gaetano Pañoni Kolbe y Carlos Cardozo Iñiguez, representado legalmente por Marta Ruth Patiño de Cardozo el memorial de contestación de fs. 97 a 100, el auto de fs. 101 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

            CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Primera de Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Cochabamba, emitió la Sentencia de 20 de mayo de 2008 de fs. 48 a 51, declarando probada la demanda en todas sus partes, de fs. 2 a 3 en lo que respecta al pago de los beneficios sociales e improbada la excepción perentoria de pago  opuestas por la empresa demandada a fojas 23; en consecuencia ordena a la empresa demandada que a través de su representante legal, Omar Guido Castellón Castellón, pagar a favor de los actores: Alfredo Gaetano Pañani Kolbe, Bs. 657. 449,90 (seiscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve 90/100), por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo y sueldos adeudados, y para Carlos Cardozo Iñiguez, Bs. 225.163,80 (doscientos veinte cinco mil siento sesenta y tres 80/100), a ambos por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldos y sueldos adeudados, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia con el mantenimiento de valor y la multa establecida en el art. 9 del D.S. Nº 28699 del 01 de mayo de 2006.

           En grado de apelación formulada de fs. 68 por la empresa demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 094/2010 de 21 de abril de 2010 de fs. 88 a 90, CONFIRMÓ la sentencia apelada, con la modificación que debe excluirse de la liquidación efectuada en la parte resolutiva de la Sentencia, los salarios adeudados de Alfredo Gaetano Pañoni Kolbe que corrieron de enero a junio de 2006 y de noviembre de 2006 a marzo de 2007 y los de Carlos Cardozo Iñiguez que corrieron de febrero a junio de 2006 y de noviembre de 2006 a marzo de 2007, manteniéndose únicamente el pago de salarios adeudados del mes de abril al 10 de septiembre de 2007 para el segundo. Asimismo, deben excluirse las duodécimas de aguinaldo de enero a marzo de 2007 y mantenerse las de abril al 10 de septiembre de 2007, por las razones contenidas en los puntos 7 y 8 de la resolución, debiendo pagarse a Alfredo Gaetano Pañoni Kolbe la suma de Bs. 505.183,59 (Quinientos cinco mil ciento ochenta y tres 59/100) y para  Carlos Cardozo Iñiguez la suma de Bs. 133.309,59 (Ciento treinta y tres mil trescientos nueve 80/100). Sin costas por la modificación.

            Que, el referido auto de vista, motivó el recurso de casación y/o nulidad de fs. 93 a 94, interpuesto por la Empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A. representada por Grover Villanueva Tapia, en el que señala lo siguiente:

       Alega infracción del art. 253. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil al realizar una aplicación indebida e interpretación errónea de la Ley, al consentir la falta de pago oportuno de salarios como causal de “retiro indirecto” incurriendo en la causal del inciso 1) del precitado precepto, toda vez que dicha figura jurídica se encuentra claramente establecida en la normativa laboral, en el Decreto Supremo de 9 de marzo de 1937, que se refiere únicamente a la rebaja de sueldos, no puede aplicarse al presente caso bajo pretexto que existe jurisprudencia al respecto, que tiene carácter supletorio y no de aplicación preferente, aspecto contemplado en la Constitución Política del Estado en el art. 228, que con toda claridad señala que la Constitución es la Ley Suprema del Ordenamiento Jurídico Nacional y su aplicación es preferente a las leyes y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 

             Refiere que la multa dispuesta en el injusto auto de vista, en aplicación del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, corresponde dejar sin efecto, ya que el actor no acompañó prueba que demuestre que el Ministerio de Trabajo hubiese aprobado el Reglamento que respalde los procedimientos establecidos conforme prevé el art. 13 de la mencionada norma, concluyendo que no es aplicable al presente caso.

       Que si bien evidentemente la Federación Sindical de Trabajadores del LAB S.A., mediante demanda interpuesta contra la empresa ha logrado el reconocimiento de los salarios adeudados de enero de 2005 a junio de 2006 y de noviembre de 2006 a febrero de 2007, razón por la que el Tribunal aplicó el principio de concentración determinando excluir de la sentencia estos conceptos, no es menos evidente que el caso en particular los periodos o meses objetados de la impugnación hecha de su parte ya han sido cancelados a favor de los actores, por tanto ni en este proceso, ni en el seguido por la Federación Sindical debe ser objeto de cobro alguno, por lo que la pronunciación expresa a este respecto es importante a objeto de que la empresa no proceda al pago doble.

Por otra parte, acusó que se incurrió en la causal de casación establecida en el art. 254. 4) del Código de Procedimiento Civil, al no pronunciarse sobre la pretensión deducida en el recurso de apelación, respecto al pago efectuado a los actores conforme documentos y prueba literal de 23 de mayo de 2008, donde se acredita los montos adeudados efectivamente a los actores, suma de dinero que los demandantes no han declarado en su demanda infringiendo el art. 3-f) del Código Procesal del Trabajo.

        Finalmente denuncia que el fallo fue pronunciado alterando el orden cronológico de resolución y sin ceñirse estrictamente a la fecha de ingreso, vulnerándose el art. 267 del Código de Procedimiento Civil, infringiendo normas de orden público.

Concluye solicitando al Supremo Tribunal, case o en su caso anule el auto de vista recurrido, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los argumentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

En relación con la acusación de que el tribunal de apelación infringió lo establecido en el art. 253. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil, por realizar una indebida y errónea interpretación de la ley; cabe señalar que el citado artículo expresa: incs. “1) Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley. 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”. Es decir éstas disposiciones legales simplemente prevén algunas de las causales descriptivas para la procedencia del recurso de casación en el fondo, y de ninguna manera significa que la violación se encuentre directamente en esa misma norma legal, por lo que, quienes recurren en casación amparados en estos preceptos legales, tienen el deber de fundamentar cuáles de las demás disposiciones legales fueron errónea o indebidamente aplicadas por los jueces de instancia, y sobre todo especificar en qué consiste esa violación, falsedad o error, tal como exige el art. 258. 2) del Código de Procedimiento Civil.

       Ahora bien en cuanto a que la falta de pago oportuno no puede considerarse como causal de retiro indirecto; al respecto corresponde señalar que la doctrina laboral y la uniforme jurisprudencia en materia social por parte del Tribunal Supremo de Justicia ha considerado que la falta de pago de sueldos oportuna sí se constituye en despido indirecto, dicho fundamento encuentra sustento jurídico normativo, en lo dispuesto por el art. 53 de la Ley General del Trabajo, que dispone: “Los periodos de tiempo para el pago de salarios, no podrán exceder de quince días para obreros y treinta para empleados y domésticos…”; que cuidadosamente revisado el expediente, se comprueba que la demandada no demostró a través de prueba idónea que dichos pagos hubieran sido efectivamente realizados aspecto legal que no fue desvirtuado por la empresa demandada, como correspondía hacerlo de conformidad con los arts. 3. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, referido a la inversión de la prueba y que la demandada tiene la obligación de desvirtuar los fundamentos de la acción pretendida por el demandante, por lo que no son evidentes las violaciones acusadas en el recurso de casación al no ser cierta la infracción que se invoca por la empresa demandada.                                                

       Respecto, a la vulneración del art. 228 de la Constitución Política del Estado de 2 de febrero de 1967, corresponde indicar que dicha normativa establecía textualmente: "La Constitución Política del Estado es la Ley Suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones." La misma que se ha mantenido en la actual Constitución Política del Estado en su art. 410. De la revisión de obrados se establece que no se vulneró el principio de jerarquía normativa, ya que los juzgadores de instancia no emitieron falló alguno en contra de ese principio, sino que se hizo una interpretación extensiva del Decreto Supremo de 9 de marzo de 1937, conforme a la tutela efectiva que se debe otorgar al trabajador en resguardo de sus derechos laborales.

       Con referencia al reclamo de dejar sin efecto la aplicación de la actualización y multa prevista por el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, dispuesta su aplicación en el Auto de Vista impugnado, porque atentaría los principios de justicia y equidad, corresponde puntualizar que, si bien es cierto que el art. 13 de dicho cuerpo legal, señala que el Ministerio de Trabajo en un plazo no mayor a 30 días deberá aprobar mediante Resolución Ministerial el Reglamento Específico que respalde los procedimientos, dicho artículo se refiere de forma puntual al procedimiento administrativo de adecuación de reglamentos internos de trabajo, de reincorporación de trabajadores despedidos injustificadamente y otras disposiciones reglamentarias, conforme al Decreto Supremo Nº 28699 y no así a la imposición de la multa del 30% por incumplimiento del pago oportuno de los derechos laborales del trabajador.

       A mayor fundamentación, cabe decir que dicha reglamentación se encontraba aprobada y vigente al momento de plantear el recurso de casación por la empresa demandada, toda vez que por Decreto Supremo Nº 28913 de 8 de noviembre de 2006 al haber vencido el plazo de 30 días señalado en el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 28699, para la elaboración del Reglamento, se otorgó nuevos 30 días; en consecuencia en fecha 6 de diciembre de 2006, por Resolución Ministerial Nº 551/06 se aprobaron los procedimientos administrativos establecidos en el Decreto Supremo Nº 28699, modificándose posteriormente su artículo 10 mediante Decreto Supremo Nº 0495 de 1 de mayo de 2010, encontrándose vigente a la fecha la Resolución Ministerial Nº 868/2010 de 26 de octubre de 2010, que abroga la Resolución Ministerial Nº 551/06 de 6 de diciembre de 2006, no siendo imprescindible que el trabajador adjunte como prueba, la normativa reclamada por la empresa recurrente, pues a partir de su publicación se asume su cumplimiento obligatorio, no pudiendo alegar su desconocimiento.

       En cuanto a que a pesar que auto de vista impugnado, confirmó la Sentencia, con la modificación que deben excluirse algunos salarios devengados sin embargo no correspondería tampoco el pago de los periodos o meses objetados de la impugnación hecha; al respecto cabe señalar que la empresa recurrente se limita a mencionar sin especificar de manera clara respecto a que supuestos periodos o meses objetados a parte de los excluidos no le correspondería pagar, olvidando que el art. 258 del Código de Procedimiento Civil señala en su inciso 2) que el recurrente deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos, lo que en caso de autos no sucedió.

       Respecto a la observación de que el tribunal de apelación incurrió en la causal de casación en la forma establecida en el artículo 254. 4) del Código de Procedimiento Civil, al no pronunciarse sobre el pago efectuado a los actores conforme documentos y prueba literal de 23 de mayo de 2008, vulnerando el art. 3.f del Código Procesal del Trabajo; al respecto se debe tener presente que en la litis la empresa no cursa documentación alguna de fecha 23 de mayo de 2008, no evidenciándose que se haya desvirtuado los extremos deducidos en la demanda, sin establecer el nexo causal entre el hecho y su vinculación con la norma supuesta e indebidamente aplicada y erróneamente interpretada. El inciso f) del art. 3 del Código Procesal del Trabajo, como uno de los principios aplicables, base de los procedimientos y tramitación de los procesos en la materia, dispone: “La lealtad procesal, por la que las partes ejerciten en el proceso una actividad exenta de dolo o mala fe”, por lo que, al no expresar el recurrente, cómo, por qué y de qué manera se produjo la vulneración acusada, este Supremo Tribunal se encuentra impedido de emitir criterio al respecto.  

       Por otra parte, sobre la casación en la forma reclamando la supuesta nulidad del auto de vista impugnado, en virtud a que el mismo hubiera sido pronunciado alterando el orden cronológico de resolución de las causas y sin ceñirse a la fecha de ingreso, infringiendo normas de orden público como el art. 267 del Código de Procedimiento Civil que señala: “Semanalmente y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Organización Judicial se procederá a la distribución mediante sorteo, ciñéndose estrictamente a su fecha de ingreso. Esta distribución se hará pública en la secretaría de cada sala”; cabe señalar que en el caso de autos, previo a la emisión del auto de vista, objeto del recurso en análisis, se verifica que el sorteo correspondiente, se realizó el 12 de abril de 2010, por consiguiente, el tribunal ad quem dictó el auto de vista Nº 094/2010 el 21 de abril de 2010; es decir, dentro del plazo señalado por ley, por lo que, no existe evidencia que se hubiera modificado el orden de resolución del aludido sorteo, en ese sentido carece de sustento legal, el reclamo efectuado por la empresa recurrente.

       Que, en el marco legal descrito, el Auto de Vista recurrido, no incurrió en violación de las disposiciones legales como se acusó en el recurso de casación de fs. 93 a 94, correspondiendo, en consecuencia, aplicar los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso deducido a fs. 93 a 94, con costas.

       Se regula honorario profesional para el abogado en la suma de Bs. 500,00.- que mandará a pagar el tribunal de alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.