SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 90/2015-L.

Sucre, 12 de mayo de 2015.

Expediente: SCZ.441/2010.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 107 a 108, interpuesto por el Sindicato de Transportistas Santa Cruz representado legalmente por Mario Guerrero Gonzáles, contra el Auto de Vista Nº 253 de 3 de junio de 2009 (fs. 104 a 105), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales que se tramita en liquidación, seguido por el demandante Jhonny Ponce Rodríguez, contra Sindicato de Transportistas Santa Cruz, la respuesta al recurso de casación de fs. 110 a 111 y el auto de fs. 112 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 86 de 15 de diciembre de 2008 (fs. 147 a 148), declarando PROBADA el derecho demanda, con costas, en cuyo mérito ordena que el Sindicato de Transportistas Santa Cruz en la persona de su Secretario General Sr. Mario Guerrero Gonzáles, pague a tercero día de su notificación los beneficios sociales del demandante Jhonny Ponce Rodríguez, en la suma de Bs.15.710,50.- (quince mil setecientos diez 50/100 bolivianos), por concepto de, desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación, horas extras, bono de antigüedad y 30% de multa en conformidad del art. 9.II DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Por Auto Complementario Nº 42 de 12 de enero de 2009 (fs. 149), se aclaró que el monto total por cancelar a favor del trabajador asciende a la suma total de Bs.18.375,92.

En grado de apelación, deducido por el demandado de fs. 153 a 154, la Sala Social y Administrativa del Distrito Judicial de Santa Cruz por Auto de Vista Nº 253 de 3 de junio de 2009 (fs. 104 a 105), confirmo lo determinado en la Sentencia Nº 86 de fs. 147 a 148 de fecha 15 de diciembre de 2008 y el Auto Nº 42 de fs. 149 de fecha 12 de enero de 2009 pronunciada por el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social, con costas.

Que, contra el referido auto de vista, el demandado interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, esgrimiendo los siguientes argumentos:

I.- Recurso de casación en la forma:

Acusó vulneración del art. 16 de la LOJ toda vez que los juzgadores deben procurar que las partes arriben a una conciliación, la misma que nunca se fijó en el proceso, contravención que implica violación al art. 90 del Código de Procedimiento Civil y al principio procesal que es de carácter obligatorio, que al omitir este hecho se incurrió en grave vicio de nulidad.

2.- Recurso de casación en el fondo:

Denunció que mediante el memorial de fs. 14 de junio de 2007 se objetó el auto que traba la relación procesal y fija los puntos de hecho a probar, solicitando al juez inferior dicte resolución al memorial de fs. 38 y 39, en el mismo que se pide se suspenda la audiencia de testigo reiterando dicha solicitud en fecha 6 de noviembre de 2007, por lo que los juzgadores de instancia violaron la seguridad jurídica establecida en la Constitución Política del Estado al dejarlo en indefensión por no resolver el memorial de fs. 38 y 39.

Que a fs. 130 cursa notificación al Sindicato de Transportistas Santa Cruz en su domicilio procesal señalado en fs. 120 el mismo que corresponde a Jhonny Ponce Rodríguez y no así a su persona el cual señaló su domicilio en memorial de fs. 112, por lo que demuestra que existen vicios en la notificación al no tomar en cuenta que el domicilio señalado a fs. 130 no es del Sindicato, y al encontrarse en indefensión se violó sus derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna.

Concluyó solicitando que se anule obrados hasta el vicio más antiguo, o se case el auto de vista recurrido, como solicita tanto en su recurso de casación en la forma como en el fondo respectivamente.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es necesario realizar las siguientes consideraciones:

       Previamente a la consideración del recurso interpuesto en la presente causa, la institución demandada recurre de nulidad o casación al amparo del art. 210 del Código Procesal del Trabajo y arts. 250, 251, 253.1) y 254.4) y 7) del Código de Procedimiento Civil, sin distinguir ambos recursos y sin considerar que éstos se sustentan en causas diferentes y persiguen efectos distintos que no pueden confundirse entre sí como erróneamente plantea, no habiendo tomado en cuenta que el recurso de casación en el fondo debe fundarse en errores in judicando (de derecho) en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, debiendo estar debidamente identificadas en las causales señaladas en el art. 253 del Código Adjetivo Civil, en tanto que para el recurso de casación en la forma, que se funda en errores in procedendo (de procedimiento), tiene relación con la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, especificadas en el art. 254 de la misma norma legal, careciendo dicho recurso de pericia procesal.

Que, si bien el recurrente manifiesta en su recurso interponer la casación en la forma y en el fondo, sin embargo, en los reclamos mencionados incurre en una grave contradicción, pues los mismos corresponden a la forma o de nulidad propiamente dicho que persigue la nulidad de la resolución impugnada a diferencia de la casación en el fondo. No obstante de las deficiencias enunciadas, se pasa a fundamentar a efectos de resolver la causa y dar respuesta oportuna a las partes en litigio.

1.- Que, considerando la nulidad solicitada en la casación en la forma, por vulneración del art. 16 de la LOJ, toda vez que los juzgadores deben procurar que las partes arriben a una conciliación, la misma que nunca se fijó en el proceso; al respecto, previamente amerita señalar que la nulidad por la nulidad misma no tiene más efecto que la innecesaria obstrucción en la pronta solución de las controversias, en ese objetivo el Código de Procedimiento Civil limita las nulidades, sólo para aquellos casos expresamente previstos y cuando afectan el orden público, sin embargo, siempre como una decisión de última ratio.

En ese contexto, si bien es cierto que los arts. 252 y 254.7) del Código de Procedimiento Civil, establecen el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales del proceso, esta permisión debe necesariamente ser concordada con el parágrafo I del art. 251 del mismo cuerpo normativo, cuando dispone que: "Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley", principio que se sustenta en el hecho que en materia de nulidad, debe haber un manejo cuidadoso y aplicado únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley.

En este entendido, la jurisprudencia del Supremo Tribunal de Justicia, ha establecido que en materia de nulidades procesales, se deben observar ciertos principios, como el principio de especificidad, -por el cual el error in procedendo debe estar expresamente sancionado por ley- el principio de trascendencia y convalidación, de tal modo que la nulidad resulte útil en el proceso y tenga la bondad de restablecer derechos procesales que pudieron haberse lesionado, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva en el caso del demandante o el derecho a la defensa en el caso del demandado o, para evitar la intromisión de determinada causa de terceros ajenos a la litis y, en definitiva, garantice la justicia del fallo.

Cabe precisar también, que conforme estableció la abundante y constante jurisprudencia nacional, el recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, no es una continuación del proceso o una tercera instancia; el recurso de casación no constituye y no es un medio para la resolución de una controversia entre las partes, sino una cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores, más aun si de la revisión de obrados no se evidencia reclamo o solicitud alguna ante los tribunales de instancia, respecto a la conciliación; por lo que, al plantear recién en casación, es extemporánea, motivo por el cual no amerita ingresar en mayores consideraciones al respecto, máxime, si la supuesta falta de audiencia de conciliación no constituye causal de nulidad.

2.- En cuanto a la denuncia en el recurso de casación en el fondo, sobre la falta de pronunciamiento respecto al memorial de fs. 38 y 39, hecho que violaría el principio a la seguridad jurídica; al respecto, se debe señalar que de la revisión de obrados se colige que a fs. 129, cursa el Auto de fecha 7 de enero de 2008, el mismo que rechaza el recurso interpuesto de reposición bajo alternativa de apelación, mantiene las resoluciones del proceso como la objeción planteada de fs. 38 y 39, la cual fue concedida en apelación y fue resuelto rechazando dicha petición, confirmada por Auto de Vista Nº 261 de 24 de mayo de 2008 de fs. 142 a 143, en consecuencia, no es evidente la indefensión señalada como tampoco existe violación alguna a la seguridad jurídica.

En relación al vicio de nulidad de la notificación de fs. 130 la misma que equivocadamente señala como domicilio procesal el señalado a fs. 120 y siendo correcto el domicilio señalado a fs. 112, que esta situación habría causado indefensión y vulnerando sus derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna; sobre el particular cabe señalar que, de la revisión de la notificación de fs. 130 la misma señala que se notifica al señor Mario Guerrero Gonzáles, en su domicilio procesal señalado en fs. 112, otrosí 2, por consiguiente tampoco es evidente la vulneración acusada, por lo que no amerita mayor consideración al respecto.

Consiguientemente, al no estar demostrada la infracción de las normas denunciadas por el recurrente, corresponde resolver el recurso de casación, conforme disponen los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 107 a 108. Con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs.500.- que mandara pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.