SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 84/2015-L.

Sucre, 5 de mayo de 2015.

Expediente: LP.429/2010.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 168 a 169, interpuesto el Club Bolívar, representado por su presidente, Guido Loayza Mariaca y Secretario General Jorge Jaime Jemio Fernández contra el Auto de Vista Nº 015/10-SSA-I de 25 de enero, cursante a fs. 164, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales , que se tramita en liquidación, seguido por Miguel Víctor Barrientos Gonzáles contra la institución recurrente, el auto de fs. 171 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, la Juez Sexto de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de La Paz, emitió la Sentencia Nº 39/2007 el 18 de mayo, cursante de fs. 127 a 131, declarando probada en parte la demanda de fs. 1 de obrados disponiendo que el Club Bolívar a través de sus representantes cancele al actor por sueldos devengados, la suma de $us.7.699,00.

En grado de apelación formulada por ambas partes a fs. 135 a 136 y 144 a 145, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 015/10-SSA-I de 25 de enero (fs. 164), revocando en parte la sentencia pronunciada a fs. 127 a 131 de obrados, disponiendo que a la liquidación practicada debe adicionarse los conceptos de indemnización y desahucio, manteniendo firme y subsistente lo demás, quedando en definitiva la suma a cancelarse en el monto de $us.16.122,60. Sin costas por ser ambas partes apelantes.

El referido fallo de segunda instancia, motivó a la institución demandada a través de sus representantes legales a interponer el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 168 a 169, en el que esgrime los siguientes fundamentos:

Acusa violación por parte del tribunal de apelación, del art. 397 del Código de Procedimiento Civil por efectuar una valoración caprichosa de la prueba sin considerar toda la aportada en el proceso consistente en recibos de pagos efectuados al demandante (fs. 42 a 48) y toda la información expresada en medios de comunicación donde consta que el demandante ha hecho abandono de sus funciones habiendo incurrido en causal de rescisión por incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, lo que ha dado lugar a la pérdida de los beneficios sociales conforme establece el art. 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Reglamento, habiéndose practicado una liquidación al margen de toda prueba aportada, expresando que de la revisión de antecedentes y del informe del departamento de contabilidad del Club Bolívar (fs. 31) se establece que el único saldo pendiente a favor del demandante es de $us.3.384,40.

Añade que el auto de vista efectúa una corrección en cuanto se refiere a indemnización y desahucio ignorando la existencia de la planilla de asistencia a los partidos de la liga de futbol profesional boliviano de fs. 81 en la que se demuestra el abandono e incumplimiento del contrato del actor, favoreciendo al mismo más allá de la protección de la norma laboral a favor del trabajador.

Concluye solicitando se conceda el “…Recurso de Casación por ante la Exma. Corte Suprema de Justicia con las formalidades de ley y los recaudos pertinentes.”

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los fundamentos del recurso de casación y considerando los antecedentes del proceso, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

De la lectura del recurso de casación, se desprende que los recurrentes aducen incorrecta valoración de las pruebas, habiendo infringiendo el tribunal de apelación lo dispuesto por el art. 397 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, es menester señalar que dicha normativa no puede haber sido infringida por el tribunal ad quem, ya que ésta no es aplicable en materia laboral, por regir para la misma, normativa específica estipulada en el Libro II, Capítulo Primero, Título IV del Código Procesal del Trabajo; y, de conformidad a lo establecido por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo, únicamente se regirán por el Procedimiento Civil y la Ley de Organización Judicial los aspectos no previstos en la indicada ley. Por lo que para el caso en análisis la norma de aplicación especial y preferente es el art. 158 del Código Procesal del Trabajo, que dispone: “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la Ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio.” Es decir, que sólo será admisible la tarifa legal de la prueba o prueba tasada, cuando la ley exija una prueba con contenido material concreto, lo que no sucede en el caso de autos.

Con relación a que el demandante ha hecho abandono de sus funciones, habiendo incurrido en causal de rescisión por incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, lo que ha dado lugar a la pérdida de los beneficios sociales conforme establece el art. 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Reglamento, habiendo el tribunal ad quem practicado una liquidación al margen de toda prueba aportada, señalando que de la revisión de antecedentes y del informe del departamento de contabilidad del Club Bolívar (fs. 31) se establece que el único saldo pendiente a favor del demandante es de $us.3.384,40. Resulta dicha aseveración incorrecta, pues conforme determinó correctamente el tribunal de apelación en el Auto de Vista Nº 015/10-SSA-I, los documentos presentados “…si bien corroboran la prueba común producida, no hacen plena prueba y menos puede asignarse tal calidad al documento de fs. 28, consistente en una Circular que habría extendido el Presidente del Club, es decir una prueba producida por la misma parte demandada, sin siquiera existir constancia de recepción del entrenador; por lo que generándose en la misma entidad, la prueba de fs. 28-29-30 tampoco, no reúne tal calidad probatoria. La parte demandada, no ha probado que el Stadium Bolívar estuvo a expensas del entrenador o que éste supo que estaba oficialmente cerrado y menos que el día 14.12.2005, no hubiera impedido su ingreso desvirtuando las afirmaciones del actor; más aún, era su obligación enervar las afirmaciones del contrario sobre la renuncia producida que no puede justificarse por comentarios de prensa; de los datos procesales acumulados, se deduce que hubo alejamiento como consecuencia del impedimento de ingreso al lugar o recinto laboral, sin olvidar que hubo persuasión posterior que tal vez no tuvo éxito; pero no se demostró que hubiera precedido renuncia ya que esta tiene que ser escrita ó abandono cuyo hecho ultimo tiene su trámite y no es que reuniendo a la prensa se establezcan hechos controvertidos de los que forzosamente requieren ser probados; por lo que no se llegó a probar que hubiera renuncia e incumplimiento del contrato

Además, resulta no ser evidente la aseveración de que el auto de vista ignorando la existencia de la planilla de asistencia a los partidos de la liga de futbol profesional boliviano de fs. 81 en la que se demuestra el abandono e incumplimiento del contrato del actor, efectúa una corrección en cuanto se refiere a indemnización y desahucio; pues el indicado documento de fs. 81 corresponde al partido “apertura- Copa ENTEL S.A. llevado a cabo el 4 de diciembre de 2005 en el estadio Hernando Siles, fecha anterior al cuestionado abandono de funciones que data de fecha 14 de diciembre de 2005, además que, en errada afirmación, la institución demandada aduce abandono de funciones en partido de la liga de futbol profesional boliviano.

Por los fundamentos expuestos, se tiene que la parte demandada no demostró efectivamente que el actor hizo abandono de su fuente laboral, en virtud del principio de inversión de la carga de la prueba sustentado por el inc. h) del art. 3 y de los arts. 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, en mérito a los cuales tenía la obligación de enervar o desvirtuar lo afirmado por el actor, a través de prueba eficiente.

Asimismo, debe tenerse presente que conforme la uniforme jurisprudencia la apreciación y valoración de la prueba por los jueces de instancia, es incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.", lo que en la litis no sucedió.

En ese entendido, se desprende que el tribunal ad quem valoró correctamente las pruebas, conforme se tiene fundamentado precedentemente, habiendo realizado la libre valoración de éstas en función al art. 158 del Código Procesal del Trabajo en sujeción a lo dispuesto en los arts. 3.g) y h); 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, al ser deber primordial del Estado proteger los derechos de los trabajadores, en cumplimiento a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo e inversión de la prueba en materia laboral, por cuanto todo trabajador goza del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por los arts. 162 de la Constitución Política del Estado, 4 y 13 de la Ley General del Trabajo.

Por último, cabe expresar que los recurrentes no efectúan petición concreta alguna respecto a las formas de resolución establecidas por el art. 271 del Código de Procedimiento Civil para el recurso de casación limitándose a solicitar se conceda el “…Recurso de Casación por ante la Exma. Corte Suprema de Justicia con las formalidades de ley y los recaudos pertinentes.”, resultando insuficiente dicha petición.

En el marco legal descrito, el tribunal de alzada al emitir el auto de vista recurrido, no incurrió en violación y errónea aplicación de las normas legales que rigen la materia, ni ha interpretado y aplicado indebidamente la ley, como lo acusa el demandado Club Bolívar en el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 168 a 169, correspondiendo en consecuencia, resolver el mismo en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 168 a 169, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.