SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 73/2015-L.

Sucre, 5 de mayo de 2015.

Expediente: SCZ.403/2010.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 123 a 125, interpuesto por Luis Valdez Arancibia, contra el Auto de Vista Nº 445 de 14 de octubre de 2009, cursante de fs. 111 a 113, emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales, que se tramita en liquidación, seguido por Juana Yvonne, María Luisa, Maricel, Gabriela Tatiana y Freddy Valdez Bolívar contra el recurrente, el memorial de respuesta de fs. 132 a 133, el auto de fs. 135 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 39 el 4 de mayo de 2009 cursante de fs. 78 a 80, declarando improbada la demanda, sin costas.

En grado de apelación formulado por los demandantes de fs. 97 a 98, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 445 de 14 de octubre de 2009 (fs. 111 a 113), revocando parcialmente la sentencia de fs. 78 a 80 y Auto Complementario de fs. 91 y deliberando en el fondo con los fundamentos expuestos en dicha resolución, declaró probada en parte la demanda de fs. 6 a 8, ordenando al demandado Luis Valdez Arancibia el pago a tercero día de su legal notificación de la liquidación correspondiente a desahucio, indemnización, aguinaldo y vacación a favor de sus ex trabajadores: Juana Ivonne Valdez Bolívar en la suma de $us.32.000,00.- y a Freddy Valdez Bolívar, la suma de $us.21.600,00.-, haciendo un total de $us.53.600,00.-, sin costas por la revocatoria parcial.

El referido fallo, motivó a la parte demandada, a interponer el recurso de casación en el fondo de fs. 123 a 125, en el que esgrime los siguientes fundamentos:

Acusa errónea y mala interpretación del art. 169 del Código Procesal del Trabajo, al no haber cumplido el tribunal de apelación con la valoración de las pruebas aportadas al proceso, vulnerando el precepto legal que otorga al juez la facultad de usar la sana critica establecida en el art. 158 del indicado Código Procesal del Trabajo.

Expresa que se reconoce en el auto de vista, la relación laboral con Juana Ivonne Valdez Bolívar en mérito a su confesión libre, voluntaria y espontánea sin considerar que además expresó en dicha declaración, que le entrego todas esas pequeñas micro-empresas, con el compromiso de que las cuide y administre como suya y con el fruto de la producción de las mismas, sea cubierta la alimentación, educación, vestimenta y salud de ella, y sus hermanos. Además de que el Tribunal de alzada tomo en parte o lo que convenía de su declaración en la contestación a la demanda, interpretando a su manera el hecho de que su persona reconoció que su hija Juana Ivonne, trabajó administrando los negocios familiares, no habiendo su persona manifestado que fuese su dependiente; y, el reconocimiento que se efectúa de la relación laboral con Freddy Valdez Bolívar, lo realiza por las documentales de la empresa Multipastas y Pavos Santa Claus (fs. 23 a 32), considerando el Tribunal como plena prueba para confirmar la relación laboral de 20 años, confundiendo empresas y fechas de creación, sin considerar que la carta de oferta de pavos navideños es de propiedad de su hijo Freddy, que utilizó su nombre por ser conocido y confiable, quien no podía trabajar con la empresa en la ciudad de Camiri y paralelamente estudiar en Santa Cruz como lo hizo en las gestiones 1997 a 2000.

Que el tribunal de apelación afirma que los testigos fueron uniformes en su declaración, siendo que estos testigos de cargo son íntimos de los demandantes y conocen a los actores por menor tiempo del que éstos afirman haber prestado servicios, por lo que estas testificaciones son nulas.

Añade que con relación a la sana crítica se debe considerar el hecho de que los actores no pidieron embargo de las supuestas empresas, para que al ganar el proceso, pasen a sus manos, convirtiéndose en propietarios de las mismas.

Agrega que su persona actuó de buena fe confiando en la justicia por lo que no recusó al vocal relator Limberg Gutiérrez Carreño quien es docente de la carrera de derecho de la UAGRM, colega de cátedra del subdecano Manfredo Menacho Aguilar y suegro de una de las demandantes.

Concluye solicitando al Tribunal Supremo, case la sentencia en primer grado y revoque el auto de vista impugnado.

En el otrosí 1º de su recurso hace constar que adjunta en calidad de prueba de última obtención, la lista de docentes de la facultad de derecho de la UAGRM y el certificado de matrimonio de su hija María Luisa con Rene Menacho Mariscal.

CONSIDERANDO II: Que, analizados los fundamentos del recurso de casación, se realiza las siguientes consideraciones para resolución:

Respecto a la acusación de errónea y mala interpretación del art. 169 del Código Procesal del Trabajo, al no haber cumplido el tribunal de apelación con la valoración de las pruebas aportadas al proceso, vulnerando el precepto legal que otorga al juez la facultad de usar la sana critica establecida en el art. 158 del indicado Código Procesal del Trabajo; se colige de la revisión de actuados, que lo determinado por el tribunal de apelación es correcto, pues conforme expresa en el auto de vista, durante la sustanciación del proceso, se demostró la relación laboral entre Juana Ivonne Valdez Bolívar y Freddy Valdez Bolívar con Luis Valdez Arancibia, la primera en su condición de administradora de la panadería; granja de pollo y fábrica de alimentos balanceados, por un tiempo de servicios de 25 años, con un salario promedio mensual indemnizable de $us.1.000.-; y, el segundo en diferentes labores en la fábrica de alimentos balanceados, fábrica de fideos “Multipastas” y la granja avícola de pavos “Santa Claus”, por el tiempo de servicio de 20 años, con un salario promedio mensual indemnizable de $us.800.-, siendo el motivo de la extinción laboral para ambos el despido intempestivo e injustificado por parte del empleador.

Así expresa dicha resolución de vista que “…esta relación de trabajo entre Juana Ivonne Valdez Bolívar y Freddy Valdez Bolívar con Luis Valdez Arancibia, ha sido demostrada por la confesión libre, voluntaria y espontánea del empleador, en este caso su padre el señor Luis Valdez Arancibia, cuando en el memorial de contestación y ratificación y ofrecimiento de pruebas cursante de fs. 13 a 15 y fs. 43 a 44, respectivamente, confiesa que Juana Ivonne Valdez Bolívar era la administradora de la panadería, granja de pollo y fábrica de alimentos balanceados, declaración que tiene la fe probatoria del art. 154 del Código Procesal del Trabajo” y que “…por las pruebas que cursan de fs. 23 a 32, se demuestra indubitablemente que, Freddy Valdez Bolívar era proveedor de variedades de pastas y fideos al Hipermaxi, con lo que se confirma que era trabajador de la fábrica de fideos “Multipastas” de propiedad de su padre, asimismo como se tiene demostrado por la carta de Ofertas de pavos Navideños al supermercado Plaza, la misma que suscriben Luis Valdez como Gerente Propietario y Freddy Valdez como Ingeniero de Alimentos, documentos que tienen la fe probatoria del art. 159 del Código Procesal del Trabajo.

Habiéndose cumplido por tanto en la relación laboral, lo estatuido por el art. 1 del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993 respecto a las características esenciales de una relación laboral, como son la relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; la prestación de trabajo por cuenta ajena; y, la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación. En la especie, se ha demostrado la concurrencia de éstos elementos, debiendo considerarse además el art. 2 del indicado decreto supremo, expresa que toda persona natural que preste servicios intelectuales o materiales a otra, sea ésta natural o jurídica, en cuya relación concurran las características señaladas en el artículo primero, se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo y goza de todos los derechos reconocidos en ella, sea cual fuere el rubro o actividad que se realice, así como la forma expresa del contrato o de la contratación verbal si fuera el caso.

En virtud de lo precedentemente relacionado, sobre la base de los principios contenidos en los inc. g), h) y j) del art. 3 y las presunciones señaladas en el art. 182, ambos del Código Procesal del Trabajo, se verifica que existió relación laboral habiendo el tribunal de segunda instancia discernido correctamente al respecto.

Por lo indicado, teniendo en cuenta el carácter tutelar del derecho laboral, es menester señalar que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, como nulas las convenciones en contrario o que tienda a burlar o desvirtuar sus efectos al tenor de los arts. 162.II de la Constitución Política del Estado (1967), asimismo expresado por el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo del 2006. En el mismo sentido dispone el art. 4 de la Ley General del Trabajo, particularmente en lo que hace al presente caso y tomando en cuenta el principio protector, el principio de inversión de la carga de la prueba y el principio de primacía de la realidad; este último en relación con el art. 5 de la Constitución Política del Estado (1967), debiendo prevalecer la interpretación de la realidad sobre la apariencia, resultando que, en autos, se tiene claramente identificada la relación laboral de Juana Ivonne y Freddy Valdez Bolívar con el demandado y los derechos emergentes de la misma.

Se debe tener presente además, que en materia laboral, la autonomía de la voluntad se encuentra restringida a los límites constitucionales y legales impuestos en virtud del principio protector y de tutela que el Estado ejerce sobre el trabajador y el trabajo. Lo anterior no significa una negación o desconocimiento que el empleador también goza de protección, derechos y garantías constitucionales y legalmente reconocidas, punto en el que los que corresponden al trabajador encuentran su límite, pues lo contrario significaría no solamente vulnerar, sino desconocer la existencia de los derechos de la otra parte en la relación laboral.

En relación a la acusación de que se valoró incorrectamente la prueba aportada; esta afirmación no tiene asidero legal, más aún si se considera que conforme la uniforme jurisprudencia la apreciación y valoración de la prueba por los jueces de instancia, es incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.", no siendo admisible en esta instancia la presentación de nueva prueba como pretende el recurrente a través del otrosí 1º de su recurso

En ese entendido, se desprende que el tribunal ad quem valoró correctamente las pruebas, conforme se tiene fundamentado precedentemente, habiendo realizado la libre valoración de éstas en función al art. 158 del Código Procesal del Trabajo en sujeción a lo dispuesto en los arts. 3.g) y h); 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, al ser deber primordial del Estado proteger los derechos de los trabajadores, en cumplimiento a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo e inversión de la prueba en materia laboral, por cuanto todo trabajador goza del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por los arts. 162 de la Constitución Política del Estado, 4 y 13 de la Ley General del Trabajo.

Por lo cual, si los actores demandaron el pago de beneficios sociales y el demandado afirma y sostiene que dicho pago no corresponde, en aplicación del inc. h) del art. 3 y de los arts. 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, en observancia del principio de inversión de la carga de la prueba, el empleador se encuentra obligado a enervar o desvirtuar lo afirmado por el trabajador, a través de prueba eficiente, pues el demandado debió demostrar que los actores no fueron sus dependientes conforme lo expresan en su demanda.

Por todo lo fundamentado, se concluye no ser evidente la errónea y mala interpretación del art. 169 del Código Procesal del Trabajo, acusada por el demandado.

Respecto a la aseveración de que su persona actuó de buena fe, confiando en la justicia por lo que no recusó al vocal relator Limberg Gutiérrez Carreño quien es docente de la carrera de derecho de la UAGRM, colega de cátedra del subdecano Manfredo Menacho Aguilar y suegro de una de las demandantes; dicha denuncia se encuentra fuera de contexto y no corresponde a ésta instancia en mérito al principio de preclusión establecido en la materia.

Por último, en relación al petitorio efectuado por el recurrente, de que se case la sentencia en primer grado y revoque el auto de vista impugnado, es menester indicar que dicho petitorio es incongruente, y demuestra el total desconocimiento del mismo, de las formas de resolución, establecidas por el art. 271 del Código de Procedimiento Civil, para el recurso de casación.

En el marco legal descrito, el tribunal de alzada al emitir el auto de vista recurrido, no incurrió en violación y errónea aplicación de las normas legales que rigen la materia, ni ha interpretado y aplicado indebidamente la ley, como lo acusa el demandado Luis Valdez Arancibia en el recurso de casación en el fondo de fs. 123 a 125, correspondiendo en consecuencia, resolver el mismo en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 123 a 125, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.