SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 72/2015-L.

Sucre, 22 de abril de 2015.

Expediente: SCZ.571/2011.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 609 a 622, interpuesto por la Empresa Productos Avon Bolivia Ltda. a través de su representante Marisol Ardaya Duran, y el recurso de casación en el fondo de fs. 629 a 632 interpuesto por María De Los Reyes Cortez Pazos contra el Auto de Vista Nº 062 de 12 de enero de 2011 cursante de fs. 589 a 592, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, en el proceso laboral que se tramita en liquidación seguido por María De Los Reyes Cortez Pazos contra la entidad recurrente, la respuesta de fs. 625 a 626 y de fs. 645 a 651, el auto de fs. 652 que concedió el recurso, los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la causa, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 117 de 21 de diciembre de 2009, cursante de fs. 506 a 509, declarando probada la demanda, con costas, disponiendo que la empresa demandada pague en favor de la demandante el monto de Bs.165.446,22.-, conforme al detalle de la liquidación inserta; más la actualización y la multa del 30% acorde a lo que dispone el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Que en grado de apelación de fs. 532 a 545, interpuesto por la empresa demandada representada por Marisol Ardaya Duran, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 062 de 12 de enero de 2011, cursante de fs. 589 a 592, confirmó en todas sus partes el Auto Nº 268 de fecha 15 de septiembre de 2009, cursante a fs. 464, y revocó en parte la sentencia apelada, sin costas; disponiendo que la empresa demandada pague en favor de la demandante, el monto de Bs.51.595.- conforme al detalle de la liquidación establecida; más la actualización y multa del 30% tal como dispone el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Contra la resolución de segunda instancia, mediante memorial de fs. 609 a 622 la empresa demandada, planteó recurso de casación en el fondo y en la forma, expresando en síntesis lo siguiente:

En el recurso de casación en el fondo, la recurrente denuncia:

1.- Que la prueba de cargo, pese a haber sido presentada fuera del término probatorio, sin embargo fue admitida, de esta manera se convalidó un vicio de nulidad; al contrario, la prueba de cargo consistente en confesión provocada y testifical fue desconocida, como tampoco el cuestionario fue tomado en cuenta, a tal punto que al momento de instalarse la audiencia para la confesión provocada a la demandante, la juez a quo, sin ningún motivo la modificó en una simple declaración informativa, que pese a los recursos interpuestos, fue injustamente confirmado, vulnerando de esta manera el derecho a la defensa , a la imparcialidad, a la igualdad de las partes y al debido proceso.

2.- Que, el auto de vista, realizó una interpretación y aplicación incorrecta de la ley en relación al despido justificado de la demandante, tomando en cuenta que el retiro forzoso de la actora como gerente zonal, se debe a su negligencia e incumplimiento de sus obligaciones en el manejo, control de cobranza y su correspondiente depósito, supervisión y seguimiento de los procesos administrativos de la empresa, al estar bajo su cargo y control las líderes; aspectos que están contemplados en el contrato de trabajo con relación al manual de funciones de la gerente zonal, cuyo incumplimiento y negligencia, significó una perdida para la empresa aproximadamente de Bs.87.000.-, ello, producto de una auditoria interna, donde se detectó una serie de irregularidades cometidas por las líderes; hechos que constan de fs. 134 a 163, que no fueron correctamente valoradas por el juez a quo ni por el tribunal ad quem, pruebas que demuestran el despido justificado de la demandante por incumplimiento al contrato de trabajo y al reglamento interno, que son causales para su despido, conforme al art. 16.e) de la LGT y art. 9.e) de su Decreto Reglamentario, por lo que no corresponde el pago de desahucio, indemnización y aguinaldo, menos la multa.

En cuanto al recurso de casación en la forma; la recurrente haciendo cita del art. 254.4) del CPC, denuncia que la audiencia para la confesión de la demandante previo a su instalación, fue modificada a una simple declaración informativa, donde no se tomó en cuenta el cuestionario ni se permitió realizar ninguna pregunta complementaria o aclaratoria, por lo que considera, que se ha vulnerado su derecho a la defensa, a la igualdad de las partes y al debido proceso

Concluye solicitando, que el Tribunal dicte auto supremo casando en la parte recurrida, el auto de vista y en consecuencia revoque la sentencia y el Auto Nº 268, declarando improbada la demanda o en su caso declare la nulidad hasta fs. 58.

Por otra parte, por memorial de fs. 629 a 632 la demandante María De Los Reyes Cortez Pazos, interpone a su vez recurso de casación en el fondo, denunciando:

1.- Que el auto de vista, incurrió en la violación de los arts. 48 y 180 de la CPE, art. 3 y 182.i) del CPT, porque aplicó e interpretó erróneamente el art. 46 de la LGT y además incidió en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas aportadas; toda vez que el contrato laboral al no habérsela entregado y que fue modificado antes de su presentación en juicio, no pudo ser objeto de análisis por parte del tribunal de apelación; a su vez, señala que no es evidente que su persona tenía personal subordinado a su cargo, porque sus funciones se limitaron a las de un personal subalterno con nombre de gerente zonal y jamás de dirección y/ o confianza, porque no tenía capacidad de decisión dentro de la empresa Avon, situación que está demostrado con el aumento del 10% sobre su salario básico en el año 2007; además que, el tribunal de alzada omitió considerar que el plan estratégico de ventas por división fue impuesto por la alta gerencia de las denominadas gerentes zonales, sin que haya tenido ninguna participación en su elaboración, como debería ser en el caso de cualquier gerente.

2.- De otro lado, expresa que el auto de vista, incurrió nuevamente en la violación de los arts. 48 y 180 de la Constitución Política del Estado, art. 32 del Reglamento del Código de Seguridad Social e interpretó erróneamente el art. 1 de la Ley de 9 de noviembre de 1940 y las pruebas aportadas, al tratar de distraer la atención en el análisis sobre la naturaleza jurídica y la relación que existe entre un contrato de alquiler de vehículo y un contrato de trabajo, omitiendo considerar que su demanda es por el reconocimiento de su beneficio adquirido, reconocido por la misma parte demandada en la prueba documental presentada en oportunidad de su contestación, de donde se rescata la existencia de un beneficio y/ o retribución adicional otorgado de manera mensual a su persona consistente en el uso y goce de un vehículo de uso personal alquilado por Avon en la suma de Bs.1.520.-, monto que debe ser sumado a su total ganado de los tres últimos meses para obtener la base de su liquidación de beneficios sociales,

Finaliza solicitando contradictoriamente, que se case parcialmente el auto de vista, revocándolo parcialmente, declarando probada la demanda en todas sus partes y confirmando totalmente la sentencia.

CONSIDERANDO II: Que así planteado ambos recursos, en principio se pasa a considerar el recurso de casación interpuesto por la Empresa Productos Avon Bolivia Ltda. a través de su representante Marisol Ardaya Duran, y por razón de método, corresponde examinar en primer lugar el recurso de casación en la forma, pues en caso de estimarse dicho recurso ya no corresponderá pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo, de donde se establece lo siguiente:

Que, la recurrente en su recurso de casación en la forma, señala que la audiencia para la confesión de la demandante previo a su instalación, fue modificada a una simple declaración informativa, donde no se tomó en cuenta el cuestionario ni se permitió realizar ninguna pregunta complementaria o aclaratoria,

En el caso presente, de los antecedentes del proceso se evidencia, que dicho cuestionamiento al haber merecido su tratamiento en la vía incidental, fue resuelto mediante auto cursante a fs. 464 confirmado por auto de vista objeto de casación; en el cual, el argumento principal está relacionado al incidente de nulidad de obrados, de tal modo que, dichas resoluciones en el presente caso que se analiza, han pasado en autoridad de cosa juzgada, no siendo pertinente de nuevo su tratamiento, a través de los fallos que resolvieron la cuestión principal, por lo que el recurso de casación en la forma deviene en infundado.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo:

Con relación al primer punto denunciado; en el caso en examen, el recurso de casación es manifiestamente defectuoso, pues la recurrente formula denuncias sobre supuestos errores de procedimiento dentro de su recurso de casación en el fondo; olvidando que los errores de procedimiento deben ser denunciados dentro del recurso de casación en la forma, pero de ninguna manera dentro del recurso de casación en el fondo; al margen que lo impugnado en el caso concreto, fue debatida y oportunamente resuelto mediante la vía incidental por auto de fs. 464 y posteriormente confirmado por auto de vista objeto del presente recurso.

En cuanto al segundo punto denunciado, en el que se denuncia la falta de valoración de la prueba en el auto de vista y en sentencia, que tiene que ver con la problemática traída en casación sobre la existencia del despido justificado o no de la demandante, debido a que la empresa recurrente sostiene que el despido fue justificado.

Al respecto en el caso presente, revisado el contenido de la pruebas cursantes en el cuaderno procesal, se advierte a fs. 46 el memorándum, mediante el cual se comunica a la trabajadora María De Los Reyes Cortez Pazos su destitución, amparado en la Ley General del Trabajo y el Reglamento Interno de la empresa, con el argumento de que habría incumplido con el contrato laboral, debido a sus faltas graves en el control y seguimiento en los procesos administrativos relacionados a las cobranzas recibidas por parte de la líderes.

Asimismo se le comunica que, debido a sus deficiencias en su trabajo que han causado importantes pérdidas económicas, se reservan el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan.

Sobre este aspecto, se establece que en las causales de despido, perjuicio económico causado por faltas graves e incumplimiento total o parcial del convenio, ameritaban ser dilucidadas previamente en un proceso administrativo interno, permitiéndosela a la actora, a desvirtuar los hechos o las omisiones que se la atribuyeron en resguardo a su derecho a la defensa y en virtud a la presunción de inocencia que se encuentran regulados y garantizados por los arts. 115.II y 116.I de la Constitución Política del Estado, que al efecto prevén: "el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa..." y “se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado"; pero de ninguna manera proceder directamente a su destitución como aconteció; al margen que en el caso presente, no existe sustento probatorio que justifique, que el incumplimiento de la obligación de depositar dinero a la cuenta de la empresa por parte de las promotoras sea una causal grave de despido imputable a la trabajadora en su condición de gerente zonal; es más, de la prueba cursante de fs. 261 a 263, se evidencia que existía un procedimiento para las cobranzas y el correspondiente depósito que estaba a cargo de los cobradores que eran supervisados administrativamente por el departamento de cobranzas y cuya misión de éste último, fue el de reportar a la gerencia de finanzas los pagos realizados por las promotoras y mantener todos las cuentas actualizadas en el sistema.

En mérito a dichas consideraciones, no se evidencia que el auto de vista, habría incurrido en una errada valoración de la prueba y menos conculcado disposición legal alguna; al contrario, al haber confirmado la sentencia de primera instancia que dispuso el pago de los beneficios sociales al establecer el despido injustificado de la trabajadora, ha obrado correctamente en base a una atinada valoración de la prueba, conforme determinan los arts. 3.j) y 158 del CPT; razón por la cual el recurso de casación en el fondo también deviene en infundado.

Respecto del recurso de casación en el fondo de fs. 629 a 632 interpuesto por María De Los Reyes Cortez Pazos, se establece lo siguiente:

Referente al primer punto denunciado; en principio, con respecto a que el contrato laboral al no habérsela entregado, no pudo ser objeto de análisis por parte del tribunal de apelación.

De la revisión de obrados, se evidencia que tal situación, no ha sido reclamada ni denunciada en su oportunidad por la demandante ante las autoridades judiciales de instancia, resultando por ello inadmisible que pretenda impugnar en casación tal reclamo no efectuado en apelación, en franca contravención al principio de preclusión procesal, no siendo por ello factible realizar mayor análisis sobre tal reclamo.

Por otro lado, con relación al resto del punto denunciado, referido a la falta de valoración de la prueba en el auto de vista; al margen de señalar error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas, no fundamentó de manera alguna porque razón o motivo se habría incurrido en tales errores, no obstante estas falencias; en la especie, siguiendo los antecedentes del caso, se tiene que la recurrente ocupó un cargo de confianza dentro de la estructura de Productos Avon Bolivia Ltda., al haber desempeñado funciones gerenciales en el desarrollo y promoción de productos de la empresa.

En efecto, del contenido del contrato cursante de fs. 33 a 37 y de fs. 39 a 43, se advierte que no sólo se establece expresamente que, el cargo es de “confianza”, sino que también la demandante se compromete a observar, entre otros, lealtad para con la empresa, cumplir y hacer cumplir la normativa interna de la empresa, con facultades de incorporar, seleccionar y de reemplazar promotoras que estaban a su cargo y dirección, y por el cargo que desempeñaba no se encontraba sometida a una jornada de trabajo común.

Por las consideraciones expuestas, se concluye que no es cierto ni evidente las infracciones de las disposiciones acusadas, ni mucho menos que el tribunal de alzada hubiera incurrido en error de hecho o derecho en la apreciación de la prueba citada por la parte recurrente, por cuanto tampoco se ha demostrado conforme exige la última parte del art. 253.3) del CPC, la existencia de dichos errores; al contrario, resolvió el caso en análisis valorando la prueba en función de los arts. 3.j) y 158 del CPT.

Con relación al segundo punto denunciado; al respecto, se hace necesario en principio considerar que el contrato de trabajo, es la relación jurídica mediante la cual una persona natural o jurídica llamada empleador contrata los servicios personales de otra denominado trabajador para que realice una determinada obra o preste un específico servicio a cambio de una remuneración o salario, con el que se establece un nexo que los une y dan las condiciones y características propias de la relación obrero-patronal, lo que no ocurre en el caso de autos, una vez que el contrato de fs. 38 y 44, es un típico contrato de alquiler o arrendamiento de vehículo con las características propias de naturaleza civil regida por el art. 685 del CC, sin que exista relación obrero-patronal alguna, resultando de ello, que el pago del canon de arrendamiento por el uso y goce de la cosa, en este caso del vehículo arrendado, es independiente al pago como efecto de la relación laboral emergente de los contratos de trabajo de fs. 33 a 37 y de fs. 39 a 43, de todo lo que se infiere que el tribunal ad quem ha actuado correctamente sin infringir regla de criterio legal alguna.

Consiguientemente, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el presente recurso de casación, estas devienen en infundadas,

En consecuencia, por los fundamentos expuestos corresponde resolver los dos recursos conforme a la previsión de los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso presente, en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y el fondo de fs. 609 a 622 y el recurso de casación en el fondo de fs. 629 a 632.

Sin costas, por ser ambas partes recurrentes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.