SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 70/2015-L.

Sucre, 22 de abril de 2015.

Expediente: CHUQ.139/2011.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 186 a 187, interpuesto por Luis Alberto Rendón Rodríguez contra el Auto de Vista Nº 081/2011 de 12 de febrero, cursante de fs. 181 a 183, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso social por reincorporación y otros, que se tramita en liquidación, seguido por el recurrente contra la Honorable Alcaldía Municipal de Sucre, la respuesta de fs. 194, el auto de fs. 195 que concedió el recurso, el Acuerdo de Sala Plena Nº 4/2015 que autoriza el sorteo anticipado del proceso; los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, la Jueza de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Chuquisaca, emitió la Sentencia Nº 20/2010 el 22 de noviembre (fs. 155 a 157), declarando improbada la demanda de fs. 110 a 113, sin costas.

En grado de apelación formulada por el demandante (fs. 101 a 102), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista Nº 081/2011 de 12 de febrero (fs. 181 a 183), anulando obrados hasta el decreto de fs. 113 vta., disponiendo que el juez de la causa se expida en el marco de los fundamentos expuestos en la indicada resolución. Sin responsabilidad por ser excusable.

El referido fallo, motivó a Luis Alberto Rendón Rodríguez, plantear recurso de casación en el fondo de fs. 186 a 187, quien denuncia los siguientes hechos:

Acusa que el tribunal de apelación en el auto de vista emitido realiza una clasificación de los servidores públicos de conformidad a lo establecido en el art. 59 de la Ley Nº 2028; sin embargo, su persona no se encuentra inmersa en ninguna de ellas, realizando una mención genérica.

Que su persona por la naturaleza de funciones que desempeñó, certificado por el propio municipio, cumplió tareas operativas, es decir funciones no administrativas, y la entidad demandada al no haberle consignado en un puesto acorde a las exigencias del art. 59 de la Ley Nº 2028, ha incumplido con su propio ordenamiento, falencia que no es atribuible a su persona; por lo que el auto de vista atenta contra el principio de proteccionismo laboral y realiza interpretación o aplicación indebida de la Ley de Municipalidades en su art. 59.

Añade que el auto de vista cae en contradicción cuando señala que a efectos de ser acreedor a los derechos laborales demandados tendría que estar catalogado en el tercer grupo, lo que no ocurre por tratarse de un empleado dependiente del municipio sometido a la Ley Nº 2028, y siendo esta su condición, con mayor razón está sujeto a la Ley General del Trabajo, ya que en caso de duda siempre se aplica la ley más favorable al trabajador por el principio in dubio pro operario, por lo que se violó el art. 253.1) y 2) del Código de Procedimiento Civil.

Expresa violación del art. 46 y sgts. de la Constitución Política del Estado al haberle dejado en indefensión forzando una supuesta petición de beneficios sociales, cayendo en interpretación errónea ya que la demanda no es sobre beneficios sociales sino sobre el pago de horas extraordinarias y alternativamente su reincorporación.

Indica que no pueden ser confundidos los trámites de índole administrativo con los derechos laborales, ya que para estos, la instancia competente es la judicatura laboral. Además que, la Constitución Política del Estado no reconoce discriminación alguna como lo hace el auto de vista, en el cual solo a unos les alcanza la protección de la ley y a otros ni siquiera les alcanza la seguridad jurídica de someterse a órganos jurisdiccionales imparciales que garanticen la justicia.

Concluye solicitando al Supremo Tribunal que case el auto de vista recurrido, declarando probada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, conforme el Acuerdo de Sala Plena Nº 4/2015 de 11 de marzo de 2015 (fs. 226), emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art. 38.16 de la Ley Nº 025, por el cual se acuerda autorizar el sorteo extraordinario del presente proceso y, expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo, se coligen los siguientes aspectos para su respectiva resolución.

De la lectura del memorial de recurso interpuesto en contra del Auto de Vista Nº 081/2011 de 12 de febrero de 2011 que anula obrados, se verifica que el demandante recurre de casación en el fondo, exponiendo las causales que considera ameritan la casación. Sin embargo, no consideró que conforme a la jurisprudencia nacional sentada, se ha establecido de manera uniforme que contra una Resolución de Alzada anulatoria no procede recurso de casación en el fondo, sino únicamente en la forma, destinado éste a que el Tribunal de Casación revise si los motivos que dieron lugar a la nulidad dispuesta son o no correctos; pues debe tenerse presente que el Tribunal de Alzada al anular obrados no ingresa a considerar aspectos sobre el fondo del asunto propiamente dicho, lo hace simplemente por cuestiones de forma o de procedimiento.

Por lo que al solicitar se case el auto de vista recurrido, no ha comprendido la naturaleza del fallo, deduciendo equivocadamente la impugnación por este medio, encontrándose este Tribunal Supremo en la imposibilidad de ingresar a considerar aspectos de fondo. Lo señalado es sustentado por la uniforme jurisprudencia sentada a través de los Autos Supremos Nº 73/2012 de 12 de abril; Nº 464/2012 de 3 de diciembre, Nº 479/2013 de 18 de septiembre y Nº 191/2013 de 17 de abril, de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros.

La línea jurisprudencial asumida en ese sentido se justifica plenamente en razón a que, cuando el Tribunal de Alzada anula obrados lo que hace es examinar los actos procesales realizados en primera instancia y en esa labor, no ingresa a resolver el mérito de la controversia planteada, sino, simplemente, en mérito a la consideración de la normativa adjetiva, revisa el orden del proceso y en caso de advertir error en su sustanciación, emite Resolución de Alzada anulatoria de obrados, la cual en caso de ser considerada errada deberá ser cuestionada necesariamente mediante el recurso de casación en la forma.

Siendo que el recurso de casación se constituye en una demanda nueva de puro derecho, que tiene por objeto el enjuiciamiento de la resolución de segunda instancia; según el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, podrá ser en el fondo y en la forma; el primero está reservado para los casos enumerados en el art. 253 del mismo cuerpo legal, en tanto que el segundo procede por violación de las formas esenciales del proceso cuando la sentencia o auto de vista recurrido hubiere sido dictado en los casos previstos en el art. 254 del mismo Adjetivo Civil.

Por lo que, emergiendo la casación en el fondo y en la forma de dos realidades distintas, la fundamentación y la petición del recurrente deben guardar estricta correspondencia; es decir si se denuncia errores in judicando (de derecho) se interpondrá recurso de casación en el fondo y se pedirá casar el auto de vista; en cambio sí se acusa de errores in procedendo (de procedimiento), se interpondrá recurso de casación en la forma y se pedirá la nulidad de obrados o la nulidad llanamente; por consiguiente no es posible recurrir de casación en el fondo contra el Auto de Vista anulatorio, ya que al haberse anulado obrados no ha existido pronunciamiento sobre el fondo del asunto; no ha existido aplicación del derecho material.

En la litis, se verifica que el recurso de casación en el fondo es manifiestamente deficiente, pues deduce recurso de casación en el "fondo" contra el auto de vista anulatorio, acción totalmente incorrecta, pues si el recurrente consideró que el tribunal ad quem incurrió en error al haber anulado la sentencia apelada, correspondía que interpongan recurso de casación en la forma, invocando alguna de las causales previstas por el art. 254 del Código de Procedimiento Civil.

Por los fundamentos expuestos, corresponde en consecuencia resolver el recurso interpuesto por Luis Alberto Rendón Rodríguez a fs. 186 a 187, de acuerdo a lo establecido por los arts. 271.1) y 272 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso con la permisión contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 186 a 187. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.