SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 61/2015-L.

Sucre, 6 de abril de 2015.

Expediente: .TJA.365/2010.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación y nulidad de fs. 176 a 178, interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de Industrias Agrícolas Bermejo “IABSA” a través de su representante Ana María Clotilde Tejerina Núñez contra el Auto de Vista de 3 de mayo de 2010, cursante a fs. 166, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Tarija, en el proceso laboral que se tramita en liquidación, seguido por Vicente Yurquina Ruiz contra la entidad recurrente, la respuesta y el auto de fs. 181 a 182 que concedió el recurso, los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la causa, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Bermejo, emitió Sentencia el 12 febrero de 2010, cursante de fs. 142 a 144, declarando probada en parte la demanda, con costas; disponiendo la cancelación de Bs.100.662,08.-, conforme a la liquidación inserta en dicha resolución; más la multa del 30%.

Que en grado de apelación interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de Industrias Agrícolas Bermejo a través de su representante Alfredo Gonzalo Aguirre Ampuero, cursante de fs. 148 a 149, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista de 3 de mayo de 2010, cursante a fs. 166, resolvió confirmar totalmente la sentencia apelada, con costas.

Contra la resolución de segunda instancia, la parte demandada: Sindicato de Trabajadores de Industrias Agrícolas Bermejo a través de su representante Ana María Clotilde Tejerina Núñez, interpone recurso de casación en el fondo, denunciando lo siguiente:

Que, el auto de vista, incurre en error en la apreciación de las pruebas, violando las normas legales y aplicado indebidamente la ley, al no haber realizado una valoración exacta de los documentos, toda vez que por la prueba testifical, inspección y pericial, se evidencia que el demandante no fue contratado por el Sindicato de Trabajadores de Industrias Agrícolas de Bermejo, por lo que no existe la relación obrero patronal entre partes.

Por otro lado señala que, el auto de vista en su considerando II, parte b), indica que en las certificaciones de fs. 6 a 20, se menciona que tuvieron relación con otras empresas, como EMSEBER, sin embargo los titulares de tal empresa, han sido miembros del Directorio del Sindicato demandado; de lo que se tiene que el demandante al tener conocimiento, que los titulares de la empresa son personas particulares, es a quienes debe demandar y no así al Sindicato de Trabajadores de I.A.B.S.A.

Concluye solicitando en forma incongruente al tribunal de alzada se sirva pronunciar auto supremo casando el auto de vista recurrido y declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, se pasa a considerar el mismo, de donde se establece lo siguiente:

Lo denunciado, tiene que ver con la problemática traída en casación sobre la existencia o no de la relación obrero patronal, bajo las características de dependencia y subordinación laboral, debido a que el recurrente, sostiene que el demandante no fue contratado por el Sindicato de Trabajadores de Industrias Agrícolas de Bermejo “IABSA”.

En principio, corresponde señalar que el derecho laboral, en base a los principios y normas jurídicas que rigen la materia, tiene por objeto la tutela del trabajo humano que es realizado por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación; en ese sentido, la Constitución Política del Estado, como norma jurídica fundamental, consagra el derecho al trabajo y al empleo, en su Título II, Capítulo V, Sección III, estableciendo como una obligación del Estado la protección del ejercicio del trabajo en cualquiera de sus formas, prohibiendo toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución, normando por el art. 48, que señala: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”, aspectos que guardan plena concordancia con lo dispuesto por el art. 4 de la Ley General del Trabajo, que reconoce la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, así como la nulidad de cualquier convención en contrario.

En este sentido y atendiendo la obligación de protección del Estado, con fundamento en los principios protectivos contenidos en la norma constitucional antes mencionada, de primacía de la realidad que guía la prevalencia de los hechos; es decir, la realidad objetiva de la relación jurídica frente a lo acordado expresa o verbalmente por las partes; ajustándose la verdad material, que genera la primacía de la realidad de los hechos, sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas; y finalmente el principio de no discriminación, por el cual ningún trabajador puede encontrarse en situación inferior o desfavorable respecto de otro u otros con quienes mantenga responsabilidades y labores similares, motivando la emisión de normativas que regulen de forma adecuada las diversas prácticas empresariales que tiendan a evadir relaciones típicamente laborales a través de modalidades de subcontratación u otras similares, que vulneren las disposiciones laborales, dado que proliferaron dichas formas bajo la denominación de subcontratación, tercerización, externalización, contratos de enganche y otras modalidades, cuya finalidad última era evadir relaciones típicamente laborales, pese a que en ellas concurrían las características esenciales de una relación laboral previstas en los arts. 1 y 2 del DS N° 23570 de 26 de julio 1993 y también en los arts. 2 y 3 del DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006.

Así también, se emitió el DS Nº 521 de 26 de mayo de 2010, que prohíbe de manera taxativa la evasión de normas laborales mediante cualquier forma o modalidad de contratación, subcontratación, tercerización, externalización, enganche u otras modalidades en tareas propias y permanentes del giro del establecimiento laboral, cuyo art. 4, prevé: “…Cuando se constituya una relación que simule una modalidad no laboral pero en la misma hayan concurrido las características de una relación de trabajo, ésta se considerará como una relación laboral en todos sus efectos…”, por otro lado, su art. 5.III señala: “…Las empresas e instituciones que cedan fraudulentamente en todo o en parte sus establecimientos, que estén habilitados a su nombre, a terceristas, subcontratistas, externalizadores, enganchadores y otros, son responsables del cumplimiento de obligaciones socio laborales…”.

De la normativa citada, se advierte la especial protección a la parte más débil de la relación laboral; es decir, al trabajador, no permitiendo burlar sus derechos a través de actos simulados o fraudulentos, en cualquiera de las formas señaladas anteriormente y sancionando tal proceder.

En ese contexto, en principio corresponde referirnos a la relación laboral; al respecto de los antecedentes, se establece que el proceso se desarrolló a consecuencia de la demanda de pago de beneficios sociales, desahucio, indemnización, reintegro del subsidio de frontera, vacaciones, reintegro de aguinaldo doble, horas extras y multa del 30%, formulada por el actor, quien sostuvo que trabajó en favor del Sindicato de Trabajadores de Industrias Agrícolas Bermejo “IABSA”, desde septiembre de 1908, en el cargo de carguío y estibado de azúcar en predios del referido sindicato, hasta el 30 de noviembre del 2006, fecha en el que fue despedido intempestivamente

Que el Juez de instancia concluyó que efectivamente el demandante prestó servicios a favor de “IABSA”, en base a un contrato verbal de trabajo, en forma periódica casi todos los años, desde el mes de septiembre de 1998 al 30 de noviembre de 2006, fecha en el que fue despedido, afirmación corroborada por la solicitud de trabajo de fs. 32, certificación de fs. 33, recibo de fs. 73, acta de inspección y las sentencias pronunciadas en casos similares que cursan de fs. 52 a 58 así como los autos de fs. 78 a 83. La entidad demandada, se limitó a desconocer la existencia de relación laboral con el actor, adjuntando la prueba documental que cursa de fs. 6 a 20, que no demuestra la inexistencia del nexo laboral entre el demandante y el sindicato demandado, por lo que el recurrente no desvirtuó con prueba fehaciente que el actor no era su dependiente o que haya sido contratado por terceros, pues conforme establecen los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, rige el principio de la inversión de la carga de la prueba por la que el demandado está obligado a desvirtuar la demanda,

Ahora bien, estando demostrado la relación laboral entre el actor y el sindicato demandado, y analizando los antecedentes que informan el proceso bajo la perspectiva de la norma glosada precedentemente; el tribunal de alzada, con la facultad privativa de la libre valoración de la prueba aportada al proceso, que es incensurable en casación, estableció que, los titulares de las empresas como EMSEBER, han sido miembros del directorio del sindicato demandado, con registros que resulta una apariencia, como la contratación con supuestos particulares para simular la actividad, presumiendo la existencia de un fraude laboral en perjuicio de los trabajadores.

En este entendido, en el caso sub lite, se observa que si bien I.A.B.S.A. contrató los servicios de terceros para el carguío de azúcar como para el estibado; sin embargo de ello, el a quo determinó que dichas microempresas no tenían una existencia real sino figurativa, con aparente Registro de Comercio, Certificado de Impuestos Nacionales y del Ministerio de Trabajo, lo que se demostró, con las solicitudes de pago, comprobantes de pago y facturas emitidas a favor de I.A.B.S.A., que ésta última desde su propio inmueble contrataba personal y pagaba a los estibadores a través de su secretaría, a nombre de microempresas figurativas particulares a destajo, como EMSEBER; por lo que, en criterio de éste Tribunal, la acusación formulada en el recurso de casación, respecto al presunto error en la apreciación de las pruebas, no resulta evidente.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto precedentemente, se establece que el tribunal ad quem, al confirmar la sentencia de primera instancia, actuó acertadamente observando las normas que rigen la materia, no siendo evidentes las infracciones acusadas por el representante de la empresa recurrente, deviniendo estas en infundadas, correspondiendo en consecuencia resolver el recurso de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 176 a 178. Con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs.500.- que mandará a pagar el tribunal de alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.