SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 59/2015-L.

Sucre, 6 de abril de 2015.

Expediente: CBBA.355/2010.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de nulidad de fs. 149 a 150, interpuesto por Juan Carlos Revollo Montes en representación de la Cooperativa Agropecuaria Santa Ana Ltda., contra el Auto de Vista Nº 068/2010 de 24 de marzo de 2010 cursante a fs. 145 a 146 emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, dentro del proceso laboral que se tramita en liquidación seguido por Milguer Huáscar Pérez Urna, contra la Cooperativa Agropecuaria Santa Ana Ltda., la respuesta de fs. 153 a 157, el auto de fs. 158 que concedió el recurso, los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, pronuncio Sentencia en fecha 4 de junio de 2008, cursante de fs. 125 a 128, declarando probada en parte la demanda de fs. 1 a 2 de obrados, en lo que respecta al pago de los beneficios sociales de indemnización, desahucio, aguinaldo por 5 duodécimas y 3 días doble por incumplimiento, sueldos adeudados por 14 días del mes de julio de 2006, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 20 días del mes de diciembre de 2006 e IMPROBADA en los demás puntos demandados, conminando en consecuencia a la Cooperativa Agropecuaria Santa Ana Ltda., para que por intermedio de su actual Presidente pague a Milguer Huáscar Pérez Urna, dentro de tercero días de ejecutoriada la sentencia bajo conminatoria de ley el monto total de la liquidación de $us.6.350.58.- (seis mil trescientos cincuenta con 58/100 dólares americanos), más los reajustes establecidos y la multa prevista en el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación de fs. 132 a 133 deducida por Juan Carlos Revollo Montes en representación de la Cooperativa Agropecuaria Santa Ana Ltda., por Auto de Vista Nº 068/2010 de 24 de marzo de 2010 de fs. 145 a 146, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, confirmó la Sentencia de 4 de junio de 2008 de fs. 125 a 128 con costas en ambas instancias.

Dicho fallo motivó el recurso de nulidad de fs. 149 a 150, interpuesto por Juan Carlos Revollo Montes en representación de la Cooperativa Agropecuaria Santa Ana Ltda., expresando en síntesis:

Que el auto de vista recurrido es atentatorio y lesivo a los intereses de la entidad que representa, por no haberse dado cabal interpretación de los arts. 150, 151, 154, 158, 159, 167 y 169 del Código Procesal del Trabajo, toda vez que ha incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas de descargo producidas al no considerarlas ni valorarlas y tachando de oficio la prueba testifical producida por el recurrente; que el auto de vista contiene un análisis superficial de la prueba de fs. 14 a 51, que fue acompañada en un proceso preliminar de conciliación POR EL PROPIO DEMANDANTE, considerando que el inicio de la relación laboral se acredito mediante una simple carta de invitación, como si se tratara de un contrato de trabajo y no dando valor alguno a la abundante prueba literal acompañada en fs. 37 y las declaraciones testificales de cargo cursante de fs. 117 a 120, que prueban fehacientemente que el demandante fue contratado por la ONG-PROYECTO ARCO-USAID, como evidencia el documento de fs. 19, donde claramente se encuentra el nombre del demandante Milguer Pérez, ignorando totalmente la relación de nombres y partes como COOPERATIVA SANTA ANA y las fechas que coinciden con las fechas de la supuesta relación laboral con el demandante de fs. 21.

Acusa también que el auto de vista entra en una serie de contradicciones dándole a una simple carta de invitación el valor de contrato de trabajo, desconociendo que se trata de una carta de intenciones no demuestra por si sola el inicio de la relación laboral, sin embargo no se toma en cuenta que la ONG-ARCO debía cancelar el 90% del salario del demandante, aspecto que es de pleno conocimiento del demandante y está plasmado en la comunicación interna de fs. 39 remitida por Milguer Pérez y las fs. 40 y 41 donde el mismo demandante especifica ASISTENCIA A REUNION CON TECNICOS DE ARCO-ACCION RURAL COMPETITIVA, que en su CONFESION espontánea de fs. 42, las ultimas 6 líneas que señala: “ESTO EN RAZON A UN PRESUPUESTO DE APOYO QUE PRESTA ARCO-USAID A LA COOPERATIVA SANTA ANA LIMITADA”, tomando ilegalmente el tribunal la fecha de esta carta para sustentar como inicio de la relación laboral.

También acusa que la Juez de oficio admitió la tacha de los testigos, desconociendo y violando totalmente el procedimiento de las tachas previsto en los arts. 446 y 447 del CPC, plenamente aplicables por permisión del art. 252 del CPT, sin haber probado el demandante conforme a ley la tacha por la causal respectiva, sino de oficio y en total contravención a la normativa señalada que conforme al art. 90 del CPC, las normas son de orden público y por lo tanto de cumplimiento obligatorio y extrañamente no se aplicó en la litis.

Concluye, que al haberse demostrado y fundamentado conforme a ley el recurso, la violación, interpretación errónea de hecho y derecho en la apreciación y valoración de la prueba en el auto recurrido, solicitó que se case el auto de vista, con referencia a la inexistente relación laboral e ilegal exorbitante liquidación de beneficios sociales y deliberando en el fondo declare improbada la demanda, con costas.        

CONSIDERANDO II: Que en mérito a los antecedentes del memorial del recurso, corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Antes de ingresar en el análisis de la problemática planteada, se debe dejar establecido que la entidad demandada recurre de nulidad incongruentemente al recurrir al amparo del “art. 220 del Código Procesal del Trabajo concordante con el art. 250 del Código de Procedimiento Civil” (sic)., asimismo no toma en cuenta que el recurso de casación en la forma, se funda en errores in procedendo (de procedimiento), que tiene relación con la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, especificadas en el art. 254 del Código Adjetivo Civil, en tanto que para el recurso de casación en el fondo debe fundarse en errores in judicando (de derecho) en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, debiendo estar identificadas en las causales señaladas en el art. 253 de la misma norma legal, sin embargo el memorial de interposición del recurso carece de técnica jurídica y pericia procesal, efectuando una relación de hechos que se produjeron durante la tramitación del proceso y en consecuencia carente de relevancia jurídica.

Aún más, al manifestar en su petitorio que “…se conceda el presente Recurso ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que case con referencia a la inexistente relación laboral e ilegal exorbitante liquidación de beneficios sociales…” (sic), incurriendo en una grave contradicción en su petición, pues presenta recurso de nulidad y solicita se case el auto de vista, olvidando que el recurso de casación en la forma, o de nulidad propiamente dicho, persigue la nulidad de la resolución impugnada a diferencia de la casación en el fondo. No obstante de las deficiencias enunciadas, se pasa a fundamentar a efectos de resolver la causa y dar una respuesta.

En relación a la denuncia de que el auto de vista habría incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas de descargo producidas que no fueron consideradas ni valoradas, estableciendo el inicio de la relación laboral mediante una carta de invitación, como si se tratara de un contrato de trabajo sin dar valor alguno a la abundante prueba literal acompañada en fs. 37 y las declaraciones testificales de cargo cursante de fs. 117 a 120, así como que no se toma en cuenta que la ONG-ARCO debía cancelar el 90% del salario del demandante, y la CONFESION espontánea de fs. 42; al respecto, es necesario señalar que con relación a la simple referencia que realiza el recurrente en cuanto a que se hubiese omitido el análisis y evaluación fundamentada de la prueba, es oportuno aclarar que el análisis y valoración de la prueba, es facultad privativa de los juzgadores de instancia, incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba le hubiera asignado un valor distinto, aspecto que en el caso de autos no ocurrió.

Que del análisis de la documentación que se encuentra aparejada en el proceso en fs. 112 se encuentra la carta de invitación mediante la cual se invita al demandante a trabajar en el asesoramiento técnico en producción de piña, exportación de piña a otros países internacionales, asesoramiento técnico en auditoria económica, carta de invitación directa que cursaron al actor los representantes legales de la cooperativa demandada, de manera que implica la proposición de la realización de un trabajo independiente y por comisión, como se señala en la apelación, acreditándose de esta manera la relación laboral del demandante con la institución demandada, no pudiendo la cooperativa desvirtuar la demanda en el sentido que el referido actor era empleado dependiente de la empresa sujeto a una remuneración asumiendo esta la carga de la inversión de la prueba que le imponen los arts. 66 y 150 del CPT, además que las pruebas literales de fs. 93 a 111 dan una clara percepción de dicho trabajo bajo condiciones de dependencia cumpliéndose por lo tanto lo previsto en los arts. 1 y 6 de la LGT y art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, así como el DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, indicándose que el contrato verbal o escrito resulta ser toda relación que importa una prestación de trabajo por cuenta ajena con relación de dependencia y remuneración en cualquiera de sus formas de manifestación, encontrándose por lo tanto dentro del campo de aplicación de la LGT, por lo que de la revisión del proceso, no se observa ninguna prueba que destruya la acción. En consecuencia, no se evidencia vulneración alguna por parte de la juez a quo, o el tribunal ad quem, sobre la relación laboral existente entre el demandante y la empresa demandada, por no haber sido desvirtuado la relación laboral entre ambos.

Que, con relación a la valoración de la prueba, cabe aclarar que en materia laboral, el juzgador no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba o prueba tasada, aplicándose el art. 158 del Código Procesal del Trabajo que dispone: “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes…” , por lo que la ley confiere la facultad de analizarla de acuerdo con la sana crítica, que conforme la jurisprudencia emitida por este tribunal en su Sala Social y Administrativa Liquidadora mediante el AS Nº 177/2014 de 29 de octubre de 2014, menciona que; Por otro lado, debe entenderse la sana crítica como una facultad conferida al Juez, que en la comprensión del tratadista Herberto Amilcar Baños, señala que: “Las reglas de la sana crítica no son otra cosa que las de la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia y en la observación, que conducen al juez a discernir lo verdadero de lo falso (...) se trata de criterios normativos (reglas no jurídicas) que sirven al hombre normal, en una actitud prudente y objetiva (sana) para emitir el juicio de valor acerca de una cierta realidad." Además, esta observación con relación a la valoración de la prueba debe realizarse dentro del recurso de casación en el fondo y no en la forma y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.", que en el caso de autos de la revisión del expediente esto no sucedió pues mediante la documental de fs. 112 donde se invita al actor a realizar “trabajos” en asesoramiento de técnico en producción, en auditoria y exportación de piña a otros países, aspecto considerado por los juzgadores de instancia, de ninguna forma fue desvirtuado por el recurrente conforme establecen los arts. 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, que disponen, en todo juicio laboral incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, quien debe desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el trabajador pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes.

Que, en el caso presente, no puede ignorarse la aplicación del principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador. En el caso de análisis el tribunal ad quem a determinado la existencia de la relación laboral al haberse cumplido con lo previsto en el art. 1de la LGT y art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, por lo que no se evidencia la vulneración acusada.

Con referencia a la acusación que la Juez de oficio admitió la tacha de los testigos, desconociendo y violando el procedimiento de las tachas y sin que la parte haya probado conforme a ley la tacha por la causal respectiva; al respecto, cabe señalar que esto no es evidente pues la prueba testifical de descargo fue tachada conforme acredita el memorial de fs. 88, al haberse ratificado mediante las declaraciones testificales de fs. 117 a 119 que los mismos testigos eran socios de la cooperativa recurrente, aspecto que fue considerado por la juez a quo y mereció pronunciamiento en el auto de vista que estableció que los testigos al ser socios de la empresa tenían interés directo en el litigio, por lo que se determinó correctamente la tacha de los mismos al estar dentro de las causales establecidas en el art. 446.2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el art. 171 del Código Procesal del Trabajo, en consecuencia no se evidencia vulneración alguna sobre este punto del recurso.

De todo lo expuesto, se concluye que las afirmaciones realizadas en el presente recurso de nulidad son incongruentes al recurrir el recurrente al amparo del “art. 220 del Código Procesal del Trabajo concordante con el art. 250 del Código de Procedimiento Civil” (Sic)., asimismo no toma en cuenta que el recurso de casación en la forma, se funda en errores in procedendo (de procedimiento), que tiene relación con la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, especificadas en el art. 254 del Código Adjetivo Civil, en tanto que para el recurso de casación en el fondo debe fundarse en errores in judicando (de derecho) en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, debiendo estar identificadas en las causales señaladas en el art. 253 de la misma norma legal, sin embargo el memorial de interposición del recurso carece de técnica jurídica y pericia procesal, efectuando una relación de hechos que se produjeron durante la tramitación del proceso y en consecuencia carente de relevancia jurídica además de ser confuso el planteamiento entre la casación en la forma y en el fondo dado que no puede confundirse como si fueran idénticos cuando los requisitos y sus efectos de ambos son diferentes; que el auto de vista recurrido emitido por el Tribunal ad quem se sujeta a las normas legales en vigencia, donde no se observa violación de norma legal alguna, al contrario existió correcta valoración, interpretación y aplicación de la ley por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 149 a 150, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.