SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 58/2015-L.

Sucre, 6 de abril de 2015.

Expediente: CHUQ.345/2010.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 212 a 216 interpuesto por Franz Mario Reyes Cabrera contra el Auto de Vista Nº 130/2010 de 17 de abril, cursante de fs. 205 a 209, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso social seguido por el recurrente en contra de COTES Ltda., representada por Gonzalo Ibáñez Ferrufino, las respuestas cursantes de fs. 221 a 223 y 225 a 227; el auto que concedió el recurso de fs. 223 vta., los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso por beneficios sociales (Desahucio), el Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Sucre, pronunció la Sentencia Nº 15/10 de 25 de febrero de 2010 (fs. 166 a 169), declarando improbada la demanda de pago de beneficios sociales interpuesta por Franz Mario Reyes Cabrera.

En grado de apelación deducida por el demandante de fs. 179 a 186, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista Nº 130/2010 de 17 de abril fs. 205 a 209, confirmado la sentencia impugnada.

La Resolución de apelación motivó que el demandante Franz Mario Reyes Cabrera, presentara el recurso de casación en el fondo fs. 212 a 216, denunciando en síntesis lo siguiente:

El demandante ratifica el primer agravio de su recurso de apelación, que también lo esgrime como agravio del recurso de casación, en sentido de que en la sentencia como en el auto de vista, se interpretó de manera incorrecta su relación laboral con COTES Ltda., pues siendo la labor de Asesor Legal una función propia y permanente de COTES Ltda., no era necesario firmar un contrato de trabajo a plazo fijo, conforme señala el Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, por lo que, al sólo establecer este hecho le correspondía el beneficio del desahucio, en aplicación correcta de la referida ley. Dentro del mismo agravio, también denuncia la contradicción existente en el auto de vista impugnado, en razón a que por una parte afirma que quedó demostrada su recontratación en la función de Asesor Legal; empero, ante la movilización del Sindicato de Trabajadores de dicha Cooperativa no se llegó a suscribir contrato laboral alguno, extremos por los que considera vulnerados los arts. 3.g), 59 y 149 con relación al 202 del Código Procesal del Trabajo (CPT), constituyendo tales hechos interpretación errónea o aplicación indebida de la ley conforme al art. 253.1).2) y 3) del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Agrega como vulnerado los arts. 6 y 21 de la Ley General del Trabajo (LGT), 3.g), 59 del CPT y 48.II y III de la Constitución Política del Estado (CPE), por considerar que la exigencia de los Jueces de instancia de contrato escrito a inicio de año, resulta excesiva y demuestra su parcialización con el empleador, sin que se haya valorado que la suscripción de contrato en esa época del año era imposible dada la vacación del Gerente General, extremo respecto al cual denuncia la errónea valoración de la prueba testifical de la testigo Sandra Llave, incurriéndose en errónea e indebida aplicación de la ley, conforme al art. 253.1 y 3) del CPC.

Denuncia errónea interpretación y aplicación indebida de la Ley General de Cooperativas, en lo referido a las facultades del Gerente General y del Consejo de Administración, expresando al respecto que el Consejo de Administración instruyó su continuidad, y que no se llegó a ejecutar por la presión ejercida por el Sindicato de Trabajadores, decisión que según el Tribunal de apelación, demostraría que nunca se suscribió contrato alguno; al respecto reitera los anteriores fundamentos referidos a la imposibilidad de suscribir contrato escrito el 2 de enero de 2008, por lo que considera erróneamente interpretados los arts. 36, 46.o), 47 y 95 de la Ley General de Cooperativas, incurriendo en errónea e indebida aplicación de la ley conforme al art. 253.1) y 3) del CPC.

El recurrente también denuncia que el Juez de instancia y el tribunal de apelación, incurrieron en valoración errada y falta de valoración de la abundante prueba documental, testifical y confesión provocada, por lo que la resolución impugnada carecería de fundamentación legal, especificando que no se valoró la prueba documental que acredita que cumplía funciones propias y permanentes de la empresa; que no se valoró el memorándum de despido de 2 de enero de 2008; que no se valoró los documentos del Sindicato de Trabajadores de COTES Ltda., acreditan que con la finalidad de obtener su despido asumieron medidas de presión; falta de valoración de la documental cursante de fs. 18 a 21, emitida por la Vice Presidenta del Consejo de Administración de COTES Ltda., que acredita plenamente la continuidad en su contrato y que también prueba su despido; que no se valoró el Requerimiento Fiscal y la certificación emitida por Kjarol Herrera, que ratifica lo afirmado por Sandra Llave de Jadue; tampoco se valoró el silencio en la confesión provocada, por parte del Pdte. del Consejo de Administración como del Gerente General a los efectos del art. 166.II del CPT; en relación a la prueba testifical, el recurrente señala que no se valoraron las declaraciones de Sandra Llave y Kjarol Herrera, ambos Consejeros, razones por las que denuncia la violación del art. 3.g) y h) con relación al 59 del CPT, incurriendo así en interpretación o aplicación indebida de la ley conforme al art. 253.1) y 3) del CPC.

También denuncia la violación de los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, relacionados a los principios y presunciones a favor del trabajador y el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que reconoce la estabilidad laboral a favor de los trabajadores de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, que en concordancia con el art. 48.I y II de la CPE, constituyen la suficiente base legal de su demanda, acusando por tal razón la interpretación y aplicación errónea de conformidad al art. 253.1) y 3) del CPC.

Concluye solicitando se emita resolución casando el auto de vista impugnado, y se declare probada la demanda.

CONSIDERANDO II: El recurso de casación en el fondo persigue la modificación del contenido de una resolución definitiva, basada en que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir las referidas resoluciones hubiesen incurrido en "errores in iudicando", aspectos que deberán ser inexcusablemente exteriorizados a través de los tres presupuestos establecidos en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el recurso de casación en el fondo procede: 1) Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador. A lo glosado cabe puntualizar que no es necesario que concurran los tres presupuestos, es suficiente la acreditación de uno de ellos, por cuanto ante la observación del error in judicando, el tribunal se encuentra compelido a emitir un fallo resolviendo el fondo.

Encontrándose así formulado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, revisando los antecedentes del proceso, las normas aplicables al caso en relación a los puntos recurridos, se establece que en el marco de lo establecido por el art. 253.1), 2) y 3) del CPC, el recurrente, en sus diferentes motivos, afirma la existencia de interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, contradicción en el auto de vista, así como la presencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas cursantes en el proceso, aspectos que permiten a este Tribunal realizar el control jurisdiccional en casación, del auto de vista recurrido.

Este tribunal, de manera reiterada ha señalado la importancia en cuanto a la observancia del derecho al debido proceso en materia administrativa y con mayor razón en cuanto a la jurisdicción ordinaria se refiere, elemento que comprende entre otros muchos aspectos, el deber de una correcta valoración de los elementos probatorios aportados por las partes, en cuyo mérito, resulta pertinente mencionar la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, que señaló: “La motivación y también la valoración integral de medios probatorios aportados en una causa jurisdiccional, constituyen presupuestos propios de las reglas de un debido proceso. En ese orden, el Estado Social y Democrático de Derecho, solamente estará asegurado, en la medida en la cual el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, respete los postulados de un debido proceso y en particular la motivación, fundamentación y valoración integral de medios probatorios aportados; por tanto, estos aspectos inequívocamente se encuentran directamente vinculados con la seguridad jurídica, que es concebida como un principio y también como un valor de rango supremo, postulado a partir del cual, el Estado, en la medida en la cual asegure la certidumbre, consolidará la paz social y cumplirá con este fin esencial plasmado en el art. 10 de la CPE”.

Continuando con la referencia a la jurisprudencia constitucional al respecto, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, estableció requisitos para asegurar el elemento motivación en las resoluciones jurisprudenciales y también la valoración integral de la prueba aportada, exigencias entre las cuales se encuentran las siguientes: “a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”; ahora bien, en ese marco doctrinal y jurisprudencial, corresponde analizar los agravios expresados y la resolución impugnada, a dicho fin y por razones de vinculatoriedad entre los motivos se analizará de manera conjunta los que se encuentren relacionados entre sí, sin que por dicha razón se pueda alegar incongruencia alguna.

1. En cuanto al agravio que comprende la denuncia de interpretación errónea de la relación laboral por inobservancia del Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979 y la observación de los Tribunales de instancia en cuanto a la inexistencia de un contrato de trabajo a plazo fijo para la gestión 2008.

El recurrente manifiesta que los Jueces de instancia interpretaron de manera errónea la naturaleza de su relación laboral con COTES Ltda., pues según expresa su decisión se basó principalmente en la falta de un contrato firmado a plazo fijo para la gestión 2008; así antes de ingresar al análisis específico de estos agravios, corresponde señalar que para Chiovenda, el recurso de casación: “esta instituido para preservar la exacta observancia de la ley”, según esta afirmación, este Tribunal Supremo de Justicia debe analizar la fiel ejecución de la norma, por tanto, en la especie debe remitirse a resolver judicialmente la génesis de la controversia entre el demandante y la institución demandada; es decir, en el caso presente si el demandante evidentemente tiene derecho a percibir el beneficio social por concepto de desahucio y multa del 30%, por parte de la institución demandada.

En este contexto, el art. 48.I,II y III de la Constitución Política del Estado, sostiene que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajador, asimismo, dispone que los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores son irrenunciables y son nulas todas las convenciones contrarias; a su vez, el art. 4 del Decreto Supremo N° 28691 de 1 de mayo de 2006, ratifica la vigencia de los principios del Derecho Laboral, entre ellos el principio protector, por el cual el Estado debe proteger al trabajador, el in dubio pro operario que dispone que en caso de duda interpretativa de las normas se debe aplicar la más favorable al trabajador y la regla de la condición más beneficiosa por la cual se debe respetar la situación anterior concreta que más favorece al trabajador, asimismo, la norma citada establece la vigencia del principio de primacía de la realidad donde prevalece la realidad de los hechos a lo acordado por las partes.

Dentro del marco descrito y a objeto de resolver de manera adecuada la problemática planteada, este Tribunal considera de vital importancia remitirse al origen de la problemática y en función a ello establecer la naturaleza y características de la relación laboral del trabajador demandante y la Cooperativa demandada, y luego verificar si existió o no el despido intempestivo; en ese objetivo, no está en controversia ni ha sido negada la relación laboral preexistente a la presente demanda, que de acuerdo al contrato de trabajo cursante de fs. 3 a 4 (segundo contrato según oficio de fs. 2), consistía en que el ahora demandante debía desempeñar las funciones de asesor legal de COTES Ltda., siendo así, corresponde mencionar que de la propia redacción del contrato de trabajo se extrae que ésta, es una labor propia y permanente de la empresa; además, siguiendo las reglas de la experiencia y la sana crítica, no es posible concebir una institución de las características de COTES Ltda., sin la existencia de una asesoramiento jurídico permanente, tomando en cuenta sus relaciones laborales y sus obligaciones legales en relación a las normas que rigen al sector de las telecomunicaciones; en virtud a ello, este Tribunal considera que efectivamente los Jueces de instancia inobservaron el art. 2 del Decreto Ley N° 16187 de 16 de febrero de 1979 mencionado por el recurrente que establece: “No está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la empresa (…) En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato de tiempo indefinido”; asimismo, el art. 1 de la Resolución Ministerial 193/72 de 15 de mayo de 1972 determina: “Los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al termino de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y siempre que se trate de realización de labores propias del giro de la empresa; a su vez, también debe considerarse el art. 182.c) y d) del Código Procesal del Trabajo señala: “art. 182.- Sin perjuicio de las presunciones precedentes, en las relaciones de trabajo regirán las siguientes presunciones: c) La relación de trabajo termina por despido, salvo prueba en contrario; d) El despido se entiende sin causa justificada, salvo prueba en contrario”; en el caso de autos, de la prueba aportada se advierte la existencia de dos contratos entre el actor y la institución demandada (fs. 2 a 4), asimismo, se evidencia que los contratos son sucesivos y en actividades propias y permanentes del giro de la empresa, pues el actor inició su relación laboral en la gestión 2006 (fs. 2), el segundo contrato sin interrupción alguna en la gestión 2007, en ambos casos como Asesor Legal, extremo afirmado en la demanda que no ha sido desvirtuado por la empresa demandada, por ende, a partir del segundo contrato el vínculo laboral del actor con la institución demandada, debía considerarse como una contratación de naturaleza indefinida, únicamente en razón a ser una labor propia y permanente de la empresa. En ese contexto, al haberse evidenciado la infracción a la prohibición del art. 2 de la Ley N° 16187 de 16 de febrero de 1979, por ser una labor propia y permanente, el trabajador no podía ser destituido intempestivamente, sino mediaba una causal justificada, conforme lo previsto en los arts. 16 y 9 de la Ley General del Trabajo y Reglamento de la Ley General del Trabajo, respectivamente, por ello, el actor tiene derecho a percibir el pago por concepto de desahucio, tal cual lo prevé el art. 13 de la LGT, puesto que de conformidad al DS Nº 28699, pudiendo demandar la reincorporación, de manera voluntaria optó por el cobro de sus beneficios sociales; conforme a lo expresado resulta evidente el agravio expuesto por el demandante, en sentido de la interpretación errónea de la naturaleza de su relación laboral y la exigencia por parte de los juzgadores de instancia de la existencia de un contrato de trabajo firmado a plazo fijo, sin que hayan tenido en cuenta que se trataba de una relación propia y permanente de la empresa y a la continuidad determinada por el empleador.

2. En cuanto a la denuncia de contradicción del auto de vista.

El recurrente también denunció contradicción en el auto de vista, en razón a que por una parte de manera expresa afirma que quedó demostrada la recontratación del demandante en las funciones de Asesor Legal; empero, que ante la movilización del sindicato de trabajadores de COTES Ltda., no se llegó a suscribir un tercer contrato; al respecto, corresponde remitirnos al fundamento contenido en el acápite II.1., y a su vez señalar que, evidentemente el auto de vista ingresa en contradicción, puesto que declaró probada la recontratación del trabajador, en cuyo caso, correspondía en un correcto análisis de los hechos y la prueba, declarar probados los extremos expuestos en la demanda, no siendo posible que una recontratación dispuesta, en este caso, por el máximo órgano de representación de la cooperativa como es el consejo de administración, sea interrumpida en su ejecución por presiones ajenas a las instancias contratantes, como las ejercidas por el sindicato de trabajadores de COTES Ltda., que se encuentran debidamente probadas por la prueba documental y testifical producida en el proceso (fs. 13 a 24, y 30), de ello, resulta irracional que los Jueces de instancia exijan la existencia de un contrato firmado a plazo fijo para hacer viable el beneficio de desahucio reclamado, más si consideramos las circunstancias en que ocurrieron los hechos expuestos en la demanda.

3. En cuanto al agravio referido a la falta y errónea valoración de la prueba documental, testifical y confesión provocada, extremo por el cual el auto de vista impugnado carecería de fundamentación legal y la presunta vulneración del art. 48.I y II de la CPE, del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006

El recurrente también denuncia que no se valoró correctamente la prueba que acredita que cumplió funciones propias y permanentes de la empresa, específicamente la prueba cursante de fs. 1 a 4 y el propio contrato de trabajo; también denunció la falta de valoración del Memorándum de despido N° G.G. 0076/2007, que según expresa acredita que fue despedido el 2 de enero de 2008 a horas 15:00; al respecto, de una valoración conjunta y armónica de estos documentos con la declaración testifical de Sandra Llave de Jadue y Kjarol Herrera, en su condición de Vice Presidenta y Consejero de COTES Ltda., respectivamente, que sumada a las literales cursante de fs. 18 a 21 y de 29 a 30, se establece como evidente que el accionante fue despedido de su trabajo el 2 de enero de 2008, de manera intempestiva, en razón a la presión ejercida por parte del Sindicato de Trabajadores de COTES Ltda., a los directivos de la empresa, quienes así lo expresaron ante el Juez de la causa en sus declaraciones como en la certificación ofrecida como prueba y emitida por Kjarol Herrera, en su calidad de consejero de COTES Ltda.

Por otra parte, denunció la falta de valoración por los Jueces de instancia, la confesión provocada del Presidente del Consejo de Administración demandado y del Gerente General, quienes no concurrieron a la audiencia fijada a objeto de absolver el cuestionario presentado; al respecto, resulta evidente que la resolución impugnada resta mérito a este medio de prueba, cuyo alcance debe ser interpretado conforme al art. 166.II del CPT, en cuyo mérito el Juez de la causa en audiencia de confesión provocada ante la inconcurrencia del demandado de manera expresa señaló: “… en cumplimiento de art. 166 párrafo 2do. del Código Procesal de Trabajo, tomando en cuenta el art. 157 párrafo 2do. se da por confeso en el contenido del interrogatorio propuesto para la presente audiencia” (sic) (fs. 151); sin embargo, no obstante esta afirmación, los Jueces de instancia omiten considerar este medio probatorio en su verdadero alcance a momento de definir la problemática planteada, incurriendo en falta e incorrecta valoración de prueba conforme a la denuncia planteada, ingresando en error de derecho, al no cumplir la normativa de los arts. 3.h) y j), 167 del CPT, debido a que la confesión en material laboral es expresa y divisible, y el hecho admitido en ella no requería más pruebas. En consecuencia, correspondía a los Jueces de instancia valorar dicha prueba conforme a la normativa señalada.

Evidenciada las características de la relación laboral propia y permanente realizada por el actor, como también haberse establecido el despido efectuado el 2 de enero de 2008, mediante Memorándum N° G.G. 0076/2007, aportado como prueba, hechos producidos como emergencia de las acciones de presión ejercidas por el Sindicato de COTES Ltda., sin que haya mediado preaviso o causa legal justificada que imposibiliten la continuidad del actor en las funciones desempeñadas, deriva la obligación de pago del desahucio reclamado, cuya finalidad es cubrir el tiempo considerado como prudencial para que el trabajador busque una nueva fuente laboral a efectos de tener una subsistencia digna. Al respecto el DS Nº 110 de 01 de mayo de 2009, en su art. 3, establece: "Corresponde el pago del desahucio a la trabajadora o al trabajador que sea retirado intempestivamente. No corresponde el pago del desahucio a las trabajadoras o trabajadores que se retiren voluntariamente de su fuente laboral". En consecuencia, no queda duda alguna que, al haberse concluido que existía una relación de carácter laboral, con los antecedentes descritos para desempeñar labores propias y permanentes, y ante el despido intempestivo o retiro forzoso, corresponde el pago del desahucio a favor del actor; en cuyo mérito y luego de valorar en su conjunto las pruebas aportadas y producidas por las partes, este Tribunal estable que corresponde el pago del desahucio demandado, puesto que, en el caso de autos y de acuerdo a los datos del proceso y contrastando las documentales y testificales de cargo y descargo, y la confesión provocada, se tiene que el actor, efectivamente fue despedido de su fuente laboral; por consiguiente, el tribunal de alzada, en este punto del recurso infringió la normativa de los arts. 3.h) y j), 158 y 169 del CPT, y el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, sobre estabilidad laboral.

De la revisión de la resolución impugnada, se establece que el tribunal ad quem dio prevalencia a la falta de nuevo contrato de trabajo firmado a plazo fijo, fundamento por el cual confirmó la sentencia, frente a toda la prueba presentada por el demandante, desconociendo el principio de primacía de la realidad establecido en el art. 4.d) del DS Nº 28699 que señala: “…donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes”, que debió ser interpretado en concordancia con el principio de verdad material consagrado en el art. 180.I de la CPE, como uno de los principios de la justicia ordinaria, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones; es decir, ordinarias como constitucional.

A la normativa citada se agrega que el sistema de libre convicción en la apreciación de la prueba, otorga al juez libertad en la evaluación de la misma, pues su convicción no está ligada a la tarifa legal de la prueba; en este entendido y a su turno, tanto el juez a quo como el ad quem, no tuvieron presentes dichas previsiones y no realizaron una revisión minuciosa de la prueba presentada por las partes, en el marco de los arts. 3. j) y 158 del Código Procesal del Trabajo, pues si bien: “… la valoración de la prueba constituye una atribución privativa de los Juzgadores de Instancia, incensurable en casación, más aún al tratarse de materia laboral en la que el juez no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la misma, sino por el contrario debe formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica en la valoración de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, conforme lo dispone el artículo 158 del Código Procesal del Trabajo, siendo preciso aclarar que la valoración y compulsa de las pruebas, es una atribución privativa de los Juzgadores de Instancia e incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas que se da cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado, o que se hubiere cometido error de derecho que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los Juzgadores de Instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le hubieran asignado un valor distinto…”. AS 514/2013 de 29 de agosto, extremo que ha sido evidenciado en el caso de autos.

Por otra parte, y no obstante el razonamiento expuesto supra, este Tribunal considera que los Jueces de instancia inobservaron la previsión contenida en el art. 12 de la LGT, que precisa que el contrato podrá pactarse:1) por tiempo indefinido, 2) cierto tiempo; o, 3) realización de obra o servicio. Sobre el segundo supuesto, es decir el contrato de trabajo pactado con una fecha de culminación predeterminada y acordada entre las partes, si bien por la naturaleza contractual de la relación laboral se intuye que las condiciones en las que la misma se desarrollará, se hallan anticipadas, ello no significa que este tipo de contrato, llegado que sea el término establecido, se origine un cese brusco de las habituales actividades que el trabajador o la trabajadora hubiera pactado como parte objeto del contrato; en tal sentido el art. 21 de la LGT que también fue base legal de la demanda, prevé que en los contratos a plazo fijo se entenderá existir reconducción cuando el trabajador o la trabajadora continúe sirviendo vencido el término del convenio. Dicho ello, la reconducción del contrato laboral a la que el art. 21 de la LGT hace referencia, no es más que la prórroga que de modo expreso o tácito se realiza sobre la duración del contrato de trabajo, figura que se da en los contratos pactados por tiempos anteladamente definidos o contratos a plazo fijo. En éste tipo de contratos la reconducción opera cuando el trabajador continúa sirviendo habiendo vencido el término del mismo, en la eventualidad de que el empleador permita o solicite a la trabajadora o al trabajador, que continúe sus labores por períodos subsiguientes; al respecto, y dada la problemática planteada, esta Sala considera conveniente recalcar que la reconducción es producida por el hecho manifiesto de que el trabajador o la trabajadora continúen prestando servicios habiendo vencido el término pactado en el contrato, mediando de manera recíproca tanto aquél elemento como la aceptación del empleador, extremo que en el caso en análisis ha sido debidamente probado con la documental, testifical y confesión provocada producida dentro del término probatorio por el demandante, así por ejemplo la testifical cursante a fs. 154 que señala: “… el Presidente de Administración Gonzalo Ibáñez Ferrufino fue el que le transmitió la decisión del pleno del Consejo de Administración al Dr. Reyes de que continúe como asesor legal de la cooperativa solicitándole se constituya en su fuente laboral el día 2 de enero de 2008, para cumplir sus funciones …” (sic), prueba que sumada a las antes referidas, evidencian que existió la continuidad de funciones alegada en la demanda por decisión de la máxima instancia de administración y representación de la Cooperativa (art. 36 del Estatuto); en consecuencia, se establece que concurrieron los dos elementos, lo que demuestra que los razonamientos expresados por los jueces de instancia fueron producto de la errónea aplicación e interpretación de la norma laboral supra referidas.

Finalmente, el actor también demandó el pago de la multa del 30% como multa por el incumplimiento del pago del beneficio reclamado en el plazo fijado en el art. 9 del DS 28699 que señala: (Despidos) I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos Devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito (…) II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor”; en la especie, este pago debió efectivizar la entidad demandada al actor en el plazo de 15 días de producido el despido, lo que no ocurrió, incumplimiento que acciona la imposición de la multa consistente en el 30% del monto total, que deberá ser cancelado en ejecución de sentencia.

En cuanto a las observaciones de fondo y formales efectuadas al recurso de casación por la empresa demandada (fs. 221 a 223 y 225 a 227), así por ejemplo respecto a la falta de señalamiento del folio correspondiente al auto de vista impugnado, al margen de que dicha situación fue aclarada por memorial que cursa a fs. 218, corresponde señalar que el nuevo sistema judicial boliviano, se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, entre otros, previstos en los arts. 3 y 30 de la Ley del Órgano Judicial y conforme a los fundamentos jurídicos del fallo esgrimido en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2210/2012 de 8 de noviembre de 2012, dichas observaciones no ameritan impedimento alguno para que este alto Tribunal Supremo de Justicia, resuelva la problemática planteada.

Conforme a la fundamentación y lo expuesto precedentemente, se establece que el tribunal de alzada, al emitir el Auto de Vista Nº 130/2010 de fs. 205 a 209, actuó incorrectamente respecto a la valoración de la prueba, la naturaleza de las funciones de Asesor Legal, la continuidad dispuesta por el Consejo de Administración y el despido intempestivo, lo que derivó en la desestimación del pago del desahucio y la multa solicitada, incurriendo así en la previsión del art. 253.3) del CPC; por lo que corresponde resolver conforme dispone los arts. 271.4) y 274 de la citada norma, por permisión recursiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, CASA el Auto de Vista Nº 130/2010 de 17 de abril de 2010, de fs. 205 a 209 por tanto, deja sin efecto la resolución del tribunal de apelación, declarando PROBADA la demanda, disponiendo el pago del beneficio del desahucio, así también la multa y mantenimiento de valor correspondiente, con costas; conforme a la siguiente liquidación:

Sueldo Promedio: Bs.8.680,00.- (ocho mil seiscientos ochenta 00/100 bolivianos)

Desahucio:        Bs.26.040,00.- (veintiséis mil cuarenta 00/100 bolivianos)

Multa 30%:        Bs.7.812,00.- (siete mil ochocientos doce 00/100 bolivianos)

Total:        Bs.33.852,00.- (treinta y tres mil ochocientos cincuenta y dos 00/100 bolivianos)                        

Debiendo en ejecución de sentencia, procederse a su cancelación al actor dentro del tercero día.

En cumplimiento al art. 41 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2537/2012 de 14 de diciembre de 2012, no es necesaria la convocatoria de un tercer Magistrado.

Sin multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.