SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 57/2015-L.

Sucre, 6 de abril de 2015.

Expediente: TJA.343/2010.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de nulidad o casación de fs. 216 a 217 interpuesto por la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” a través de su representante Marcelo Javier Hoyos Montecinos contra el Auto de Vista de 21 de abril de 2010, cursante de fs. 179 a 180, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Tarija, en el proceso laboral que se tramita en liquidación seguido por Mary Rocha Aparicio de Téllez a través de su representante Ferdy Auza Raya contra la entidad recurrente, la respuestas de fs. 221, el auto de fs. 222 que concedió el recurso, los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la causa, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Tarija, emitió la Sentencia Nº 67/2009 de 30 de noviembre, cursante de fs. 150 a 151, declarando probada en parte la demanda, con costas; disponiendo que la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” pague en favor de Mary Rocha Aparicio de Téllez la suma de Bs.9.084,11.

Que en grado de apelación interpuesto por ambas partes, la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” a través de su representante Carlos Cabrera Iñiguez cursante a fs. 154, y la actora por memorial de fs. 160 a 161, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Tarija, mediante Auto de Vista de 21 de abril de 2010, cursante de fs. 179 a 180, resolvió revocar parcialmente la sentencia apelada, declarando probada la demanda en todas sus partes; asimismo dispuso que en ejecución de sentencia se efectué la liquidación que corresponda.

Contra la resolución de segunda instancia, la parte demandada por memorial de fs. 216 a 217, planteó recurso de nulidad o casación expresando en síntesis lo siguiente:

En el recurso de casación en el fondo, la universidad recurrente denuncia:

Que la rebaja de sueldos instaurada en la UAJMS, obedece al cumplimiento imperativo de la normativa prevista en el DS Nº 28609 de 26 de enero de 2006 y a la Ley de Presupuesto General de la Nación 2009, que establecen la remuneración máxima en el Poder Ejecutivo en el marco de la política de austeridad; instaurando así, la prohibición al sector público de percibir una remuneración mensual superior o igual a la establecida para el Presidente de la República (Bs.15.000.-); por lo que, los vocales no pueden afirmar que se produjo un embargo de hecho y no de derecho respecto al saldo del sueldo de la trabajadora cuando ella continuaba en el trabajo con la misma carga horaria; como tampoco sustentar que las labores como docente a tiempo horario se hacían fuera del horario de tiempo completo; sin considerar que la prohibición para el cobro de sueldos mayores al del Presidente no estipula excepciones; por lo que acusa la aplicación indebida de las siguientes normas: del DS Nº 28609 en razón de que las leyes sociales no pueden tener aplicación preferente; del DS Nº 21137, puesto que la demandante no puede ser indemnizada al no haberse retirado efectivamente de la entidad. Asimismo señala que los vocales no han considerado la existencia y vigencia del instituto del despido indirecto, por cuanto la trabajadora ante la reducción de sueldos tenía dos opciones: aceptar las nuevas condiciones de trabajo o retirarse, al haber optado la primera, no puede tener protección jurídica alguna.

En cuanto al recurso de casación en la forma; la entidad recurrente, denuncia:

Que los vocales en forma ambigua, reconocen que no fue extra petita el fallo de primera instancia al disponer el pago de un reintegro de Bs.9.084,11.-; así también en forma omisa o contradictoria, resuelven revocar parcialmente el fallo, declarando probada la demanda, sin aclarar, si se debe pagar a la a actora el reintegro y todo lo pedido en su demanda; quebrantando de esta manera las formas esenciales del proceso y requisitos que debe observar una resolución judicial, por lo que considera que corresponde la nulidad de obrados.

Por esta razón concluye, que recurre de nulidad y casación, solicitando en forma incongruente al tribunal de alzada, pronuncie resolución casando el auto de vista recurrido y se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, por razón de método corresponde examinar en primer lugar el recurso de casación en la forma, pues en caso de estimarse dicho recurso ya no corresponderá pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo.

En esencia, del recurso en análisis, se desprende que no se menciona los agravios en que podía haber incurrido el auto de segunda instancia, al contrario se limita a señalar que el fallo es ambiguo no entendible, que con la misma pretende una nulidad procesal, mínimamente esa pretendida nulidad procesal, debe estar orientada bajo los principios que rigen las nulidades procesales, como el de trascendencia y finalidad del acto, que en alguna forma hubiera alimentado el recurso de casación en la forma sobre este punto; en sí, en la solicitud de nulidad tanto el interés como el perjuicio deben ser fehacientemente demostrados por ser indispensable que la irregularidad coloque a la parte en estado de indefensión, lo que no ocurre en el caso presente; al margen de ello, si la entidad recurrente consideraba la falta de claridad en el fallo, tampoco utilizó el recurso que le franquea la ley, como es el recurso ordinario de explicación y complementación que es el remedio para obtener que el mismo órgano judicial que dictó una resolución subsane las deficiencias, aclarando los conceptos oscuros, supliendo las omisiones de que adolece el pronunciamiento; lo que significa que voluntariamente se allanó a las formas y condiciones de la resolución recurrida, razón por la cual el recurso de casación en la forma deviene en infundado.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo; se pasa a considerar el mismo, de donde se establece lo siguiente:

Que la problemática central, es determinar si a la actora la corresponde o no la indemnización por la reducción y/o diferencia del salario por el tiempo trabajado en la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, salario que se le habría rebajado en función al Decreto Supremo Nº 28609 de 26 de enero de 2006 y la Ley del Presupuesto General de la Nación 2009, normativas que prohíben una remuneración superior o igual a la establecida para el Presidente de la República (Bs.15.000.-) dentro del sector público; a tenor de este antecedente el recurrente expresa que el tribunal de alzada no ha considerado la existencia y vigencia del instituto del despido indirecto, por cuanto la trabajadora ante la reducción de sueldos tenía dos opciones: aceptar las nuevas condiciones de trabajo o retirarse, al haber optado la primera, no puede tener protección jurídica alguna.

Partiendo del principio de protección que la Constitución Política del Estado, concede al derecho del trabajo la calidad de un Derecho Fundamental y Garantía a la vez, así el parágrafo II del art. 48 de la CPE, al tenor señala que “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”; es decir que principios que hacen tanto al Derecho Sustantivo Laboral como los principios que hacen a su procedimiento, han sido elevados a rango Constitucional, resaltando entonces la importancia que el trabajo, el trabajador y las relaciones laborales tienen en el Estado Plurinacional de Bolivia. En igual sentido, el art. 49.III de la CPE, prescribe: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado”, postulado que es simétrico a lo establecido por la propia normativa sustantiva laboral, en el art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT).

En ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SC 0032/2011-R de 7 de febrero, señaló respecto del Principio de protección y tutela, que: “…la razón del derecho laboral es esencialmente de protección, de ahí que si se emiten normas laborales, éstas tienen que estar orientadas al resguardo del trabajador; dicho de otro modo no se busca la paridad jurídica sino la de establecer un amparo preferentemente a favor del trabajador”.

Siendo ese razonamiento, es importante no perder de vista que la propia Norma Cúspide, señala que todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a su texto, y disponiendo que ella es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, ordenando y direccionando su aplicación preferente ante normas de inferior jerarquía; primacía normativa prevista en el art. 410.II de la Constitución Política del Estado.

En la especie, la indemnización por el tiempo de servicios, constituye un derecho de orden público, entendido como una compensación económica al trabajador por el desgaste físico e intelectual que realizó a favor del empleador durante la prestación de servicios.

El art. 2 del DS Nº 0110, define a la indemnización por tiempo de servicios como la compensación al desgaste psíquico y físico que genera la actividad laboral.

Este beneficio social es abonable al trabajador dentro del equivalente a un sueldo por año de servicio o en su caso de manera proporcional a los meses trabajados cuando no se alcanzó el año, empleando a ese fin el cálculo por duodécimas. Asimismo, garantiza la indemnización por tiempo de servicios cuando el trabajador, al simple cumplimiento de un periodo superior a 90 días de trabajo continuo, sin importar que éste se retire voluntariamente o sea despedido de manera forzosa o intempestiva; en ese entendido, la indemnización al ser un beneficio social se encuentra exento de cualquier impuesto, a su turno el art. 19 de la LGT, determina que el cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses. Por último señalar que el art. 2 del Decreto Ley (DL) de 9 de marzo de 1937, manifiesta que: “En caso de rebaja de sueldos, los empleados tendrán la facultad de permanecer en el cargo o retirarse de él, recibiendo indemnización correspondiente a sus años de servicio”.

En el caso en análisis, si bien la entidad recurrente afirma que el no pago de la indemnización por reducción de salario, obedece a la disminución que se habría producido en razón del DS Nº 28609 de 26 de enero de 2006 y la Ley Financial de 2009, y que estas disposiciones prohibirían una remuneración superior a la percibida por el Jefe de Estado; sin embargo, no es menos evidente que conforme a la normativa constitucional, los derechos sociales reconocidos a los trabajadores son irrenunciables siendo deber del Estado a través de la jurisdicción laboral, brindarles la tutela efectiva conforme con el principio protector que rige y sustenta a la Legislación Laboral en Bolivia; más aún si se tratase del salario, que conforme el art. 52 de LGT, se otorga por el pago del trabajo efectivo del trabajador empleándose para su sustento y el de su familia, no pudiendo demorar su pago fuera de los plazos establecidos por ley, precisamente por su finalidad de subsistencia al que corresponde.

En el caso presente, bajo los principios de proteccionismo e indubio pro operario, dispuestos en los arts. 3.g) del CPT, y 4 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, la empleada pese a la reducción de su salario optó por permanecer en su fuente de trabajo; lo que no le imposibilita ni le priva a percibir la indemnización por el periodo de trabajo anterior a la reducción de su salario, ya que el mismo es irrenunciable y es un derecho de carácter social que alcanza a todo trabajador, siendo nula cualquier convención en contrario como dispone el art. 4 del LGT, norma que precautela los derechos fundamentales y constitucionalizados en los arts. 46 y sgts. de la Constitución Política del Estado; por lo que en ese marco normativo, no se le puede negar el derecho a la indemnización por la diferencia de sueldo motivada en la rebaja salarial ; un entendimiento distinto en la eventualidad de una futura controversia de distracto laboral, el cálculo de su promedio salarial a efectos de indemnización afectaría en gran magnitud a la suma total; por ello debe aplicarse la condición más favorable y beneficiosa a favor del trabajador bajo los principios de primacía de la realidad y la aplicación de la jerarquía normativa prevista en el Texto Constitucional; es decir, la aplicación de los postulados Constitucionales frente a disposiciones de rango inferior. De lo que se concluye que el tribunal de alzada al revocar parcialmente la sentencia apelada y modificar el fallo declarando probada la demanda en todas sus partes, no vulneró ninguna norma jurídica como pretende el recurrente, ya que emitió su fallo en base a los principios normativos constitucionales. Conforme estableció la jurisprudencia al resolver casos similares mediante Autos Supremos Nos. 137/2014 de 28 de mayo; 102/2014 de 22 de mayo; 187/2014 de 5 de noviembre, entre otros, por lo que este recurso también deviene en infundado.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos corresponde resolver ambos recursos conforme a la previsión de los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso presente, en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 216 a 217.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.